Luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informará la decisión de modificar las bases de regulación tarifaria con efecto inmediato, los grupos aeroportuarios del país vieron caer sus acciones hasta en más de dos dígitos en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los principales Grupos afectados como son: Aeroportuario del Sureste (Asur), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)acusaron de que fue una decisión tomada de manera unilateral por la AFAC.
Destacaron que la Agencia modificóla estructura de tarifas relacionadas con sus aeropuertos es decir la llamada Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que es una de las principales fuentes de ingresos de los operadores aeroportuarios que proviene de las tasas a los pasajeros por el uso de los aeropuertos.
Esto fue tomado por los analistas como un desafió más del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los intereses empresariales ya que además no quedó claro de inmediato qué cambios había introducido el Gobierno, y las empresas no dieron más detalles. GAP, Asur y OMA declararon que están evaluando el efecto de los cambios en sus operaciones.
En el trasfondo la realidad es que desde el 2018 que llegó a la presidencia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ha visto acciones en contra de algunos grupos empresariales y otros que se ha beneficiado como cuando se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, luego se limitó la expansión de inversión privada en energía y se confiscó parte de la línea ferroviaria del segundo hombre más rico del país, Germán Larrea.
A lo anterior se suma que, en las últimas semanas, el Gobierno ha incrementado su actividad en el sector de los aeropuertos, primero con la reactivación de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y luego con la transferencia de la gestión del aeropuerto Internacional Benito Juárez a la Marina.
No obstante, López Obrador ya había realizado la advertencia, cuando en agosto, embistió contra los elevados beneficios de los grupos aeroportuarios, que aunque dijo que no tocaría las concesiones, si les dio un golpe certero al anunciar de manera improvisada, un cambio en los acuerdos de concesión de los operadores aeroportuarios.
El presidente ya había puesto en duda, los ingresos de los operadores aeroportuarios cuando se cuestionó el 10 de agosto: “¿Saben cuánto ganan en promedio cada año “¡Cincuenta por ciento por año! Somos respetuosos de los acuerdos, y por eso no estamos modificando esas concesiones, pero ya no podemos seguir con esa política. El Gobierno tiene que ser para servir al pueblo, no para ser un comité al servicio de una minoría”, habría advertido.
Por lo que este jueves se registraban retrocesos del 2.62% en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), S&P/BMV IPC, el cual se encamina a registrar su mínimo del año, pues ronda en las 49,401.26 unidades e incluso, durante su apertura el IPC llegó a caer 4.4 por ciento, la mayor caída intradía desde marzo de 2020. Después redujo las pérdidas a 3.32 por ciento, a los 49 mil 46 puntos.
Ante esto, las empresas indicaron que se encuentran evaluando los cambios en las bases de regulación tarifaria implementados por la AFAC, así como los impactos potenciales que estos pudieran tener en el negocio, resultados deoperación y condición financiera por lo que no descartaron fuertes afectaciones.
La próxima semana la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados podría aprobar el dictamen que propone laextinción de 13 de 14 fideicomisosdel Poder Judicial de la Federación y transferirmás de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación para que el Gobierno federal pueda disponer de ellos.
Lo anterior con base en la iniciativa que presentó el coordinador de Morena en la Cámara Baja Ignacio Mier, siguiendo el mandato presidencial en el que propone que solo se conserven los fondos y fideicomisos previstos en laLey Orgánica del Poder Judicial de la Federación(PJF), es decir, la extinción de esos 13 de los 14 instrumentos que actualmente existen en el órgano independiente.
Lo anterior como consecuencia de que el Poder Judicial de la Federación no se ha sometido a los mandatos presidenciales y con el fin de presionar a la SCJN para someterlo a las determinaciones de la ‘transformación’ que dice López Obrador, esta logrado en el país.
Por lo anterior, se planteó en el documento la adición de un segundo párrafo al Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dice: “En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente”, mismo que dio a conocer el diputado morenista Hamlet García Almaguer, para la extinción de los “fideicomisos multimillonarios” del Poder Judicial.
En el texto y en la exposición de motivos, se hace la aclaración de que los recursos de los fideicomisos eliminados deberán pasar, primero a la tesorería del Poder Judicial, que a su vez deberá transferirlos a laTesorería de la Federación.
Uno de los argumentos de fondo es que la Ley Federal de Presupuesto establece queel Poder Judicial sí puede tener fideicomisos, pero todo aquel que esté relacionado con el fortalecimiento del objetivo constitucional de garantizar justicia o la instrumentación de las reformas.
Por el contrario, Ignacio Mier, (ahora aspirante al gobierno de Puebla) destacó que “es más grande el fideicomiso de compensación que el propio presupuesto anual y que lo lleva a teneringresos directos para cada uno de los ministros por más de 10 millones de pesos al año para servicios personales, sueldos y todo lo que tiene que ver de servicios personales y servicios generales entorno a ellos”.
Es decir que de “los 14 (fideicomisos) que suman cerca de 22 mil millones de pesos, solo uno está en la ley. O sea, quienes deben de cumplir la ley no la cumplen. Todos los demás(fideicomisos) están fuera de ley”.
Aunado a lo anterior explicó que también se observa el presupuesto de la Judicatura Federal, que entre juzgados y tribunales de circuito son “55 mil trabajadores que están en el Poder Judicial a nivel de impartición de justicia, tutores de justicia son 63 mil millones de pesos y no hay justicia y le sangra, le quitan más de mil 500 millones de pesos para que se vayan al Fideicomiso de la Suprema Corte”.
Al respecto, la ministra presidenta de la corte Norma Piña Hernández, no ha fijado postura sobre esta discusión y por el momento viajó a Madrid, España para participar en un evento de jueves, mientras que los primos Mier (Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velasco) se pelean el poder en Puebla.
Ciudad de México (IN).- Tras 20 años de lucha, hoy por fin avizoran regular a las empresas y hacer justicia a los guardias de seguridad privada en Sonora.
En entrevista exclusiva para este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, Claudio Huidobro Cárdenas reveló que el gobernador Alfonso Durazo Montaño, ordenó una reunión interinstitucional para aplicar la ley a las compañías y profesionalizar esta labor en el estado.
El secretario del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de la CTM Sonora, dijo que la próxima semana sostendrá reunión con la secretaria de Seguridad Pública del Estado, del Trabajo y de Economía para analizar las acciones a emprender.
Huidobro Cárdenas señaló que buscan justicia laboral para más de 28 mil guardias en Sonora.
Más aún, estableció, regular el funcionamiento de las compañías que incumplen con la ley y mantienen en condiciones infrahumanas a los trabajadores.
Miles de hombres y mujeres que aspiran a un ingreso digno negado sin contemplación de empresarios y Gobierno, trabajan sin Seguro Social, Infonavit ni Afores.
Sin capacitación, certificación y ninguna prestación para ellos y sus familias.
En nuestro país, el Gobierno de México y el de Sonora no hacen cumplir la Ley Federal del Trabajo que se pactó en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec).
De esta manera, se violenta la ley al imponerles largas jornadas diarias de 12 horas.
Lo anterior, sin el pago histórico de las 4 horas extras diarias ni días festivos.
Menos aún, cubren los estándares de competencia de los programas Conocer y Simapro para garantizar la calidad en el servicio, salario digno y prestaciones a los guardias de seguridad.
Claudio Huidobro Cárdenas llamó al gobernador Alfonso Durazo Montaño a aplicar la ley.
Pidió enfáticamente dignificar la vida de los 28 mil guardias de Seguridad Privada en Sonora.
Destacó que para ello urge regular esta actividad.
En la entidad existen 434 compañías de Seguridad Privada.
De este universo, 170 están reguladas pero 264 empresas no cuentan con las prestaciones laborales como el IMSS e Infonavit.
El líder de los guardias en Sonora dijo que “la Ley de Seguridad Privada de Sonora fue pensada para dar un servicio de calidad a clientes, usuarios y a la sociedad; certeza a los empresarios del ramo, salarios, prestaciones, capacitación y certificación al personal para terminar con la anarquía que impera en esta actividad”.
De esta manera, dijo, “con el cumplimiento de esta ley, más de 28 mil guardias serán beneficiados así como sus familias .
Agregó "pero además el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la misma sociedad sonorense, porque podrán contar con esta importante cantidad de hombres y mujeres".
Ello porque "desde sus lugares de trabajo, servirán en las tareas de Seguridad Pública al denunciar delitos".
Añadió además que “los guardias estamos listos para contribuir con el Gobierno del Estado para lograr la paz y estabilidad que la sociedad demanda".
"Somos 28 mil en el estado, somos más que las Fuerzas Públicas, sin costo al erario", reiteró.
Claudio Huidobro expuso que "estamos obligados a coadyuvar con las instituciones para brindar seguridad a las familias, instituciones, empresas y a la industria en Sonora”.
Resaltó que “sólo basta aplicar la Ley 196 de Seguridad Privada del Estado de Sonora para optimizar estos servicios profesionales por el bien de clientes, usuarios, empresarios del ramo, guardias de seguridad y para bien de la sociedad en genera".
"Estamos listos para sumar y construir con el Gobierno del Estado que encabeza Alfonso Durazo”, reiteró.
Agregó que “principalmente, pedimos al gobierno que regule la operación de más de 264 compañías Golondrinas o Fantasmas que emplean a 28 mil guardias bajo condiciones de trabajo miserables, con jornadas de 12 horas y sueldos de miseria de 3 mil pesos a la quincena”.
Señaló además que los guardias “no cuentan con Seguro Social, Infonavit".
Además, "no les pagan horas extras, no reciben aguinaldo y se les explota arbitrariamente".
Más aún, "qué decir de los gastos médicos mayores, seguro de vida, nada, nada de prestaciones”.
En este sentido, al no regular la Seguridad Privada en Sonora, “se está violando la Ley 196 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora".
Lo anterior, "respecto a la regulación de las compañías de Seguridad Privada que establece el registro ante la Secretaría de Seguridad Pública para normar el desempeño de estas empresas prestadoras del servicio”.
Las toallas sanitarias femeninas son un elemento esencial en la vida de la mayoría de las mujeres, utilizado para manejar el flujo menstrual durante décadas. A lo largo de la historia han evolucionado desde simples trozos de tela, hasta productos altamente tecnológicos. Sin embargo, su impacto en el medio ambiente y la salud femenina plantea preocupaciones significativas.
Materiales de Fabricación y sus Consecuencias: Las toallas sanitarias convencionales suelen estar elaboradas con una combinación de tela de pellón sintético, algodón sintético y plástico reciclado. Estos materiales, a pesar de su comodidad y eficacia en la absorción, tienen consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para la salud de las mujeres.
Impacto Ambiental: El uso masivo de plástico en las toallas sanitarias convencionales contribuye al problema global de la contaminación plástica. Estos productos desechables tardarán cientos de años en degradarse y terminarán contaminando los océanos y dañando la vida marina.
Riesgo de Infecciones: La combinación de materiales sintéticos y químicos utilizados en las toallas sanitarias convencionales puede aumentar el riesgo de irritaciones e infecciones en la zona íntima. Los productos químicos utilizados en la fabricación pueden causar reacciones alérgicas y desequilibrios en la flora vaginal.
Síntomas relacionados: Algunos síntomas asociados con el uso de toallas sanitarias convencionales incluyen picazón, quemazón, flujo vaginal anormal y mal olor, lo que puede causar molestias y afectar la calidad de vida de las mujeres.
La Alternativa Naturista y Biodegradable en México: Shuya
En respuesta a estas preocupaciones, ha surgido una alternativa revolucionaria en México: Shuya, una toalla sanitaria naturista y biodegradable que ofrece una solución sostenible para las mujeres durante su período menstrual. Características Destacadas de Shuya:
Materiales Biodegradables: Las toallas Shuya están elaboradas con materiales biodegradables, contribuyendo a la reducción de la contaminación plástica y minimizando su impacto ambiental.
Capa de Algodón Seda con Oxígeno Activo: Shuya cuenta con una capa de algodón seda que contiene oxígeno activo de iones negativos, lo que evita el crecimiento de bacterias.
Cama Herbolaria: Las toallas Shuya incorporan una cama herbolaria con plantas de menta y lavanda, lo que ofrece una experiencia refrescante y relajante, además de reducir la inflamación y evitar cólicos, lo que la hace diferente a cualquier otra toalla sanitaria disponible.
Altamente absorbente: Gracias a su capa de fécula de maíz, las toallas Shuya son cinco veces más absorbentes que las toallas convencionales, garantizando una protección superior durante el período menstrual.
Transpiración y Prevención de Infecciones: La tela de caucho utilizada en Shuya permite una mejor transpiración en la zona íntima, ayudando a prevenir infecciones y el mal olor.
Fijación Segura: Shuya está diseñada con un pegamento que asegura que la toalla se mantenga en su lugar, brindando comodidad y seguridad durante todo el día.
Además, Shuya cuenta con certificaciones ISO 9001 y 14001, es reconocida por la FDA y se produce en China bajo estándares de calidad rigurosos. Mientras que las toallas sanitarias convencionales, debido a sus materiales y químicos, plantean desafíos significativos para el medio ambiente y la salud femenina: Shuya se perfila como una alternativa naturista y biodegradable, ofrece una solución innovadora que aborda estos problemas, brindando comodidad, protección y sostenibilidad a las mujeres durante su período menstrual. Al optar por productos como Shuya, las mujeres pueden tomar medidas para proteger su salud y el planeta.
Mientras Xóchitl Gálvez dijo que las “encuestas solo sirven para crear una impresión, y -este gobierno- lo van a hacer y le van a meter mucho dinero” calificando de 'risa' la encuesta publicada por El Universal que la coloca 30 puntos por debajo de Sheinbaum, esta última dijo que “demuestra que el pueblo no quiere regresar al pasado”.
Por: ErnestoMadrid
La encuesta publicada este miércoles para el diario El Universal de Buendía & Márquez que no menciona por quién fue pagada, fue aplicada a nivel vivienda e indica que, en términos de preferencia electoral, usando una boleta genérica (sin nombres de candidato(a)s , sólo con emblemas de los partidos), Morena obtiene más de la mitad de las simpatías de los encuestados (53%) y sus probables socios de coalición —PVEM y PT— 5 puntos adicionales.
En contraste señala que los partidos del Frente Amplio por México, por su parte, suman el 21% de las preferencias (PAN 11%; PRI 8%; PRD 2%). Movimiento Ciudadano obtiene sólo el 6% y señala que Claudia Sheinbaum está en el 50% en las preferencias electorales contra el 20% de su más cercana contrincante Xóchitl Gálvez que es donde se centra la principal disputa de cara a las elecciones de 2024.
La realidad de caso es que aún faltan 214 días para las elecciones y faltan aún 32 días para que comiencen las precampañas electorales. Es mucho tiempo en donde se puede apreciar que luego de la designación de Gálvez como coordinadora del Frente habría perdido impulso.
Por eso, la aspirante Xóchitl Gálvez respondió desde el senado que “No me preocupan las encuestas, son propaganda, esto apenas va a empezar” y se trata como “si desde ahora morirán como campeón de 2024 al América” pero que la realidad del caso es que, de acuerdo con su encuesta, va entre nueve y 14 puntos abajo de Sheinbaum.
Por eso dijo “me muero de la risa (…) as encuestas solo sirven para crear una impresión, y lo van a hacer y le van a meter mucho dinero, porque ellos tienen mucho dinero, porque se roban mucho dinero. Dos Bocas cuesta tres veces más y ese dinero ¿dónde creen que va a ir? A pagar; o sea, a comprar, pero la gente ya no es tonta, como dijera el presidente, la gente es inteligente y la gente sabe qué son en realidad. Entonces, tranquilos, esto todavía no empieza, faltan ocho meses y su servidora va a dar la madre de todas las batallas y se van a ir sumando más y más ciudadanos”.
En el fondo es la realidad, la única posibilidad de que Xóchitl Gálvez gane la elección presidencial es que construya un movimiento ciudadano tan poderoso que no pueda ser frenado por el poder del Estado y que desborde las fronteras de los partidos políticos que serán formalmente quienes la postuleno.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum se mostró confiada al señalar que “más que un asunto personal es un asunto de proyectos. Yo lo he dicho en todos lados, el pueblo de México está con la transformación, el pueblo de México no quiere regresar al pasado, y eso es lo que muestra la encuesta, que el Movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones al pasado. Eso es lo que dice la encuesta”.
Por eso es interesante que Gálvez contienda frente a Claudia Sheinbaum para que la competencia sea pareja y no contra el proyecto del presidente, es decir, frente a López Obrador, porque iría en camino a la derrota a menos de que López Obrador le pueda trasladar su aprobación que hasta este momento es de 58% con la contra de que sus acciones de gobierno son reprobatorias, sobre todo en materias como seguridad, combate a la corrupción o manejo de la economía.
Ciudad de México.- El Cisen, Marina, FGR y Sedena frenan los archivos históricos de los crímenes de lesa humanidad, como el ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre en México.
Este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS accedió a la demanda que hace el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Entre estos, la matanza de estudiantes en Tlatelolco, "el 2 de octubre que no se olvida".
El MEH denuncia que ha experimentado "serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías".
Precisa que "a 22 meses de su creación, el MEH no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI); material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en este periodo".
Lamenta que esta falta de acceso, "constituye el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia. Por ello, las Personas comisionadas del MEH demandamos lo siguiente:
La garantía de transferencia total y de acceso de archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN) que incluya los faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgcisen, 1985-1989) y los del Cisen (1989-1993) que el CNI debe tener aún bajo su poder y que son cruciales para el cumplimiento del mandato del MEH".
Por ello, "exigimos el acceso a la brevedad, a los depósitos en bóveda tanto del CNI como del AGN .
Expone la imperiosa necesidad del cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019.
En este sentido, "hacemos un llamado a que las autoridades competentes atiendan la orden del Presidente de la República, que declaró que corresponde a su gobierno, y al Estado mexicano permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”.
Este acuerdo ordenó a todas las oficinas de Gobierno transferir al AGN “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.
Esta instrucción ha sido incumplida parcial o totalmente por la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI.
Hasta el momento, el único expediente de CNI disponible para su consulta en AGN es el relativo al homicidio del periodista Manuel Buendía en 1984.
El cumplimiento por parte del CNI de lo previsto por la LGA sobre la transferencia de toda la documentación al AGN que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción, es decir, la generada hasta 1993.
Preocupa especialmente que no esté disponible para su consulta "aquella relacionada con violaciones a derechos humanos cuya consulta está garantizada por la LGA y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
Para 2020 debería haberse completado la transferencia total de documentos producidos hasta 1990.
Pide el cumplimiento del decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 por el que se crea la COVEHJ y que autoriza a su personal a acceder a todos los documentos históricos de la Administración Pública necesarios para realizar su investigación.
Para comenzar "a cumplir de manera cabal con el mandato presidencial llamamos enérgicamente a que el CNI y el AGN permitan el acceso a sus depósitos en bóveda para consulta y digitalización :sin ningún límite' al personal del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que está facultado para ello por orden presidencial".
Aclara que los archivos son fundamentales para la investigación de ese pasado en el que están las claves que nos permiten entender y reinterpretar las violencias del presente.
"Sin acceso a archivos no hay verdad", culmina el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Nogales, Sonora (IN).- La Unión de Usuarios de Hermosillo amplió la cobertura de servicios y atención en Sonora.
Ignacio Peinado Luna reveló a este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, la toma de protesta de Jesús Pesqueira como Coordinador de la Unión de Usuarios en Nogales.
Nacho Peinado apuntó que ante la fata de agua, la deficiencia en los servicios de drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura y más en energía eléctrica, los nogalenses solicitaron la existencia de una Unión de Usuarios para ser atendidos.
Resaltó que se busca contar con un instruumento que esté al servicio y alcance de la sociedad vulnerable y en general en Nogales.
Expresó que se busca ampliar la cobertura de servicios de asesoría, acompañamiento, mediación y apoyo como en Hermosillo.
En tofo momento, atender y buscar la solución de fondo de la problemática social.
En esta gira de trabajo y de difusión en los medios de comunicación, informó también sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista, Peinado Luna destacó que lleva a cabo una intensa jornada de difusión en el estado sobre el tema de los logros en la lucha por una tarifa eléctrica justa.
Expuso que gracias a la lucha social de miles de sonorenses, se logró un apoyo del 25 % en los recibos de luz durante los meses de diciembre, enero y febrero.
Además el tema de elevar al rango constitucional el servicio de energía eléctrica como un Derecho Humano.
Indicó que en este sentido, se crea esta Coordinación de la Unión de Usuarios en Nogales.
Estos esfuerzo, dijo, se llevarán a cabo en los Municipos del Norte de Sonora.
Anticipó que la semana próxima, la Unión de Usuarios hará lo propio en Cananea.
Hermosillo, Sonoŕa (IN).- La crisis, carestía e impuestos, orillan a la vendimia o "venta de garage" familiar en Sonora.
Este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS constató que durante las últimas semanas, decenas de familias decidieron sumarse a la informalidad y sacar a vender sus pertenencias a sus patios y jardines por la falta de dinero para pagar el recibo de luz.
El regreso a clases también orilló a las familias a sumarse a esta actividad de la vendimia en Sonora.
Y así lo hacen cada fin de semana vecinos de Los Naranjos, El Ranchito (Irrigación), El Coloso, Las Amapolas, Metalera, Bella Vista y Rinconada.
Igualmente, en El Mariachi, 5 de Mayo, San Luis, Café Combate, Universitaria, Revolución I y II.
Además en la San Juan, La Matanza, Cerro de la Campana e incluso, en Casa Blanca.
Las familias consultadas afirman que la crisis económica, el recibo de energía eléctrica y la falta de empleo son las principales razones de optar por la vendimia.
A través de la llamada "venta de garage", ofertan ropa usada, calzado, electrodomésticos, juguetería y juegos de sala.
Además, joyería, estufas, refrigeradores, herramienta, autopartes, roperos, bicicletas, bases para cama y colchones.
La mayoría de las familias vende artículos usados y unas cuantas más, los combinan con productos o ropa nueva.
Desde el viernes, sábado y domingo, convierten sus casas en tianguis familiares.
Otras más optan por la elaboración y venta de tortillas de harina.
Venden elotes, dulces, raspados, hielitos y duritos con chile.
La venta de tamales, barbacoa, ceviches, hot dogs y tostitos, son otras opciones para enfrentar la crisis y la catestía en Sonora.
La Cámara Nacional de Comercio ha detectado este crecimiento informal en Hermosillo.
Juventino Félix Lugo, presidente de la Canaco llama a los vendedores ambulantes del Centro a afiliarse.
Asegura que se ven "desde los camellones, en calles importantes, desde los negocios que hay en las colonias".
Precisa que "ya se ven en demasía los negocios y se ve que cada semana se abren nuevos negocios informales”.
Destacó que "invitamos a que se acerquen a Canaco Hermosillo porque tenemos muchos programas y planes en donde ellos pueden regularizarse con apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado”.
Bajo la advertencia de que podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral que se encuentra en curso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Presidencia de la República eliminar la “posdata” que incluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la transmisión de sus mañaneras.
Por: Ernesto Madrid
Lo anterior porque en el fondo, para la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, en la “posdata” se reproducen palabras que han sido motivo de la jurisdicción, como “conservador” y “ya se está incumpliendo el mandato de esta comisión y ahí debemos de dictar la medida por el incumplimiento de estos mandatos expresos”.
Incluso los consejeros electorales ordenaron a Presidencia que en se haga auditivo el mensaje que ya había instruido colocar al inicio de las mañaneras que establece los límites contenidos en el artículo 134 de la Constitución, en la que se mencionan los principios de "imparcialidad y neutralidad que rigen el actuar de todos los servidores públicos que acuden a estas conferencias".
Sin duda López Obrador que actúa como el líder espiritual e intelectual empeñado en la prédica de mejores prácticas públicas y valores morales más humanistas, no estará de acuerdo la mañanera de este miércoles, pero Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, refirió que se ordenó que al inicio de las mañaneras se pusiera un texto, pero la queja se presentó por la “posdata”. Incluso destacó que esa postdata “no es ordinario que nosotros conozcamos agregados de ese tipo, porque además habrá que hacer un estudio más profundo de si este tipo de agregados se valen cuando se está cumpliendo con una determinación de una autoridad o implican algún incumplimiento o algún reto a la autoridad en el modelo constitucional”, cuestión cuyo análisis de fondo lo tendrá que hacer la sala regional especializada del TEPJF.
Pero la consejera Ria Bell también se pronunció por eliminar “la postdata” por algunas “palabras” que ya fueron revisadas por la Sala Superior del TEPJF a lo que se sumó el consejero Arturo Castillo dijo que el agrado del Presidente, desde una perspectiva preliminar, es un posible acto que podría resultar violatorio de la normativa electoral.
De ninguna manera se le podrá señalar como ‘torturador’ o autor de la ‘verdad histórica’ ante la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó contra el subsecretario de Derechos Humanos
Por: Ernesto Madrid
En la otra batalla por presentar la pudrición de los gobiernos anteriores resulta que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal negó una orden de aprehensión girada en contra de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito, mientras que el caso vigente y sin resolver de Ayotzinapa un juez prohibió referirse a Tomás Zerón como ‘torturador’ y autor de la ‘verdad histórica’.
El argumento de la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández es que mientras no exista sentencia firme en su contra del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por el Caso Ayotzinapa, que aún está pendiente de resolverse, el gobierno federal no podrá realizar “declaraciones de manera verbal, escritas y a través de diversa red social” en contra del exfuncionario.
Es más, de ninguna manera se le podrá señalar como ‘torturador’ o autor de la ‘verdad histórica’ ante la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, por los señalamientos en sitios oficiales de que es un torturador y responsable de la “verdad histórica”.
Lo anterior porque la jueza dejó en claro dos cosas: que el Estado está obligado a dar trato digno al imputado, de “modo que ni la policía ni los medios de comunicación puedan calificar a alguien como culpable, sino solo cuando una sentencia lo declare como tal a fin de respetar su derecho al honor e imagen”.
Y segunda, que la Constitución otorga a Zerón “una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo y ‘condenarlo sin que exista una sentencia firme’. Así es que por lo pronto la jueza negó a Tomás Zerón la suspensión definitiva para el efecto de que Alejandro Encinas Rodríguez y diversas autoridades eliminen de las páginas oficiales, tales como Facebook, X, Instagram y YouTube, toda publicación en la que se afirme que es responsable de la “verdad histórica” y torturador en el caso Ayotzinapa.
Mientras tanto, en el caso García Luna, la FGR se mostró ‘enchilada’ y sentenció que procederá legalmente contra un juez y tres magistrados por actuar en contra de la procuración de justicia en el caso García Luna.
Lo anterior bajo el argumento de que el juez de control Gerardo Genaro Alarcón negó llevar a cabo una orden de aprehensión por el ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública entre 2000-2012 en dónde además fue respaldada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.
Para la FGR se violentó el Artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época en que ocurrieron los hechos, el cual indica lo siguiente: “se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito”.
Lo cierto es que en Estados Unidos el jurado se dijo convencido de que García Luna recibió millones de dólares de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva pero la realidad es que la autoridad aún no ha emitido una sentencia en contra de García Luna y es más, el pasado 24 de julio, el juez Brian Cogan informó que la audiencia de sentencia se pospondrá hasta el primero de diciembre de 2024 dando tiempo a los abogados del exfuncionario de preparar evidencia que podría resultarle favorable.
¿Se le cae el teatro al gobierno? Sería la pregunta
Ciudad de México (IN).- Activistas de todo el país protestarán en el Zócalo contra los abusos de la Guardia Nacional y exigirán libre tránsito en las carreteras de México.
Alfonso Canaan Castaños reveló hoy a este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, que la manifestación será el próximo domingo 22 de octubre.
Apuntó que están convocados a esta protesta nacional, "todos los colectivos de resistencia civil pacífica y organizaciones sociales de México".
Además, "todos los transportistas y ciudadanos que se quieran sumar a la protesta pacífica".
La protesta, dijo, es "en contra de los abusos de la Guardia Nacional, inseguridad en carreteras y las ilegales casetas de cobro con concesiones abusivas y ya vencidas".
Recientemente, Canaan Castaños destacó que una juez federal liberó a integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora.
Indicó que esta situación "sienta un precedente en la lucha contra la corrupción en las ilegales casetas en la Cuatro Carriles".
El líder de esta lucha señaló que la juez federal del Quinto Circuito recomendó abordar estas acciones desde el punto de vista social más allá de lo legal.
Lo anterior, luego de las demandas presentadas por Capufe y la Fiscalía General de la República (FGR) por ataques a las vías generales de comunicación en Sonora.
En este sentido, Canaan Castaños llamó a los funcionarios públicos que criminalizan y persiguen esta lucha policial y judicialmente, a llegar a los acuerdos y buscar una solución de fondo al problema.
Resaltó que en el Poder Judicial ya se tiene otra óptica de abordar este tema.
Un juzgado federal absolvió a los 4 activistas del MLT detenidos en la caseta de cobro en Hermosillo.
A través de un video, Alfonso Cannan Castaños anunció la liberación de los integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora.
El líder de esta lucha social contra el cobro de peaje en la Cuatro Carriles, advirtió que iniciarán con procesos penales contra Capufe, Policía Estatal y Guardia Nacional por las detenciones arbitrarias.
Destacó que el 8 de septiembre es un día histórico en materia de justicia para el movimiento.
Reiteró que la lucha continúa a favor de las familias sonorenses.
Antes, el Movimiento Libre Tránsito por Sonora denunció represión en la caseta de cobro en Hermosillo.
La víspera, Canaan Castaños criticó el operativo donde participaron más de 100 policías estatales y guardias nacionales para detener a 4 activistas que realizaban un "boteo".
Lamentó que se haya utilizado un estado de fuerza considerable "cuando hay tanta inseguridad en el estado y no se combate".
Señaló además que "al menos 6 o 7 agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional sometieron con exceso de uso de fuerza a un compañero".
Consideró "un claro ejemplo de represión y de uso irracional e innecesario de la fuerza pública".
Canaan Castaños dijo estar abiertos al diálogo y a los acuerdos; sin embargo, "el gobierno no los respeta".
Recordó que "la concesión de la caseta de cobro en Hermosillo ya está vencida pero aún así se sigue cobrando peaje".
Además, "el Gobierno de México, a través de Capufe y la SCT acordaron exentar el cobro a los sonorenses y no sucedió".
Se entregaría "un chip a cada automovilista de los municipios donde se encuentra instalada una caseta de cobro".
Al día de hoy, "esos acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, no se han cumplido".
Por ello, insistió en que "las ilegales casetas de cobro ya no deben operar en Sonora".
Expuso que "el gobernador Alfonso Durazo Montaño niega haber ordenado la represión en contra de los manifestantes".
Apuntó que "necesitamos saber quién está girando esas instrucciones ya que se han violado derechos humanos de manera flagrante en contra de ciudadanos pacíficos".
Recordó que el sábado se interrumpió temporalmente la protesta "debido a que hubo un llamado para una reunión con funcionarios de la SCT y Capufe".
Consideró que "el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que reorientar su política frente al tema de las concesiones carreteras en el país".
Es lamentable "lo que declaró en el sentido de que avala los aumentos a las tarifas de peaje implementadas por Capufe, justificando dicha acción en el aumento de la inflación".
Sin embargo, "el Presidente sabe que los concesionarios sólo le retribuyen al Gobierno federal el .005 % de lo que recaudan en las casetas de cobro, lo que significa un enriquecimiento desmedido y fuera de toda proporción para un grupo de concesionarios a costillas de miles de automóvilistas".
Dijo que "no todo termina en el enriquecimiento desmedido de unos cuantos, sino que además incumplen sus obligaciones de dar mantenimiento mayor y menor a los tramos carreteros que tienen concesionados y en un esquena perverso, corrupto y criminal".
Criticó que "los diputados y senadores les aprueban miles de millones de pesos del presupuesto público para que reparen las carreteras y autopistas concesionadas, siendo que esa debería de ser una de sus principales obligaciones".
Describió que "el problema de la corrupción y saqueo de recursos públicos en el tema de las carreteras, es igual o más grave que el 'huachicoleo' de Pemex".
El activista dijo que ello, "ya que prácticamente toda la red carretera en el país está concesionada a estos empresarios particulares que no tienen llenadera y no justifican los aumentos en el peaje, pues no invierten un solo peso en las propias autopistas a su cargo".
El que el Presidente avale esta política "significa que no está combatiendo la corrupción o que sólo lo hace en algunas cosas y en otras no y para el caso pues es lo mismo que no enfrentar y resolver este grave problema de fondo al otorgarle la razón a los concesionarios para que sigan con el saqueo y fraude a miles tal vez millones de usuarios".
Canaan Castaños precisó que "México es el país más caro del mundo para viajar por carretera, sin agregar la inseguridad y las pésimas condiciones de la mayoría de las vías de comunicación además de la molestia de infinidad de retenes por parte de diferentes cuerpos de seguridad pública que en realidad se dedican a extorsionar a los automovilistas".
Con estas políticas que afectan gravemente a millones de usuarios en las carreteras y que encarecen los productos y servicios, "no vemos cómo se vaya a lograr la Cuarta Transformación del país".
La semana pasada, integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito denunciaron represión, amenazas y perecución judicial en Sonora.
Canaan Castaños destacó que el lunes se lograron acuerdos con Capufe pero a 4 días, continuó la persecución policiaca y judicial.
El activista describió que "cuando se supone que por gestiones del movimiento social y la mediación del Gobierno del Estado de Sonora por fin se estableció una mesa formal de trabajo y diálogo con Capufe y la SCT para trabajar por la vía del diálogo y de la concertación el tema del libre tránsito para los sonorenses, siguió la persecución contra integrantes de esta lucha".
Criticó que ello "habiéndose llevado a cabo la primera de varias reuniones programadas el lunes pasado, cuatro días después de dicha reunión empezó la persecución judicial como estrategia para romper los acuerdos y terminar con dicha mesa de trabajo".
Lo anterior "para no dar el beneficio a los residentes de Sonora de poder circular por las casetas exentos de pago".
Canaan Castaños señaló que "las dependencias del Gobierno de México como Capufe y Banobras, las principales implicadas en la carretera Estación Don -Nogales, utilizan un esquema terrorista de represión policíaca y judicial en contra de manifestantes".
Esta reresión es porque "exigimos un alto a la corrupción y abusos que imperan en la concesión carretera a lo largo de sus 650 kilómetros".
Por ello, "queremos aprovechar este humilde espacio de las benditas redes sociales para denunciar persecución policiaca y judicial".
Además "de amenazas que nos han hecho llegar a varios integrantes de organizaciones sociales que luchamos por justicia en este tema".
Dichas amenazas son "por parte de funcionarios de dichas dependencias del Gobierno Federal y los hacemos responsables de cualquier atentado arbitrario o fatal en contra nuestra y de nuestras familias".
En este sentido, "le hacemos también un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga ante estas dependencias del Ejecutivo Federal y cesen de inmediato la persecución y amenazas en contra de ciudadanos pacíficos".
"Lo único que buscamos es justicia y un alto total y definitivo al mar de corrupción en la carretera Cuatro Carriles" en Sonora, culminó.
Recientemente, el dirigente de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa (Ultracasin) Rigoberto López Martínez, advirtió al gobierno estatal y federal que "en caso de no tener una respuesta favorable a sus peticiones en la carretera federal 15 tramo Estación Don -Nogales, se provocaría un paro total en el Servicio Público federal, bloqueando el acceso en ambos sentidos de la rúa federal".
Lo anterior, durante la manifestación pacífica que ejercieron varias organizaciones sociales en la caseta de cobro de Esperanza en el municipio de Cajeme.
Ello "como réplica a las acciones arbitrarias y represivas, así como la detención ilegal y encarcelamiento de manifestantes pacíficos por parte de la Policía Estatal".
Ciudad de México (IN).- Habitantes de la región e integrantes de los Comités de Cuenca exigieron alto a la impunidad, la remediación y la reintegración del Fideicomiso Río Sonora.
Lo anterior, luego de que la Semarnat, junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), presentaran el "Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora".
Los pobladores establecen que el peritaje ambiental, con base científica, contó con monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos y pérdidas económicas.
Este afirma, entre otras cosas, que "la contaminación crónica del suelo, aire y agua es producto tanto del derrame tóxico de 2014 en los Ríos Sonora y Bacanuchi, como de la actividad minera de 'Buenavista del Cobre', de Grupo México".
Sontienen que "no fue un accidente, sino que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema Tinajas 1 de la empresa".
Además, existe sobreexplotación muy grave de los mantos acuíferos en la zona atribuible a la extracción extensiva de cobre.
También "hay acaparamiento de grandes cantidades de agua por parte de la empresa y hay limitaciones de acceso al agua para la población y las actividades agropecuarias".
Los metales encontrados "rebasan los valores permitidos por normas nacionales e internacionales".
Se encontró mercurio en agua, aire y suelo, "excediendo valores recomendados, que no es un elemento que se encuentre en la geología natural de la zona, sino que proviene de la actividad minera y llega hasta la boquilla de la presa 'El Molinito', que alimenta a la ciudad de Hermosillo".
La Semarnat no acepta el cierre del Fideicomiso Río Sonora (FRS) de 2014 "porque no ha habido justicia ni remediación ambiental; este expiraría en el 2026".
El costo total del impacto por el derrame tóxico "asciende ya a más de 20 mil 508 millones de pesos".
El Fideicomiso "fue un mecanismo fallido y de ninguna manera cubrió los impactos directos e indirectos de los daños causados por el derrame".
Por ello, "celebramos este dictamen técnico y los esfuerzos de las instituciones que los llevaron a cabo reconociendo la gravedad de este asunto".
Sin embargo, "la Semarnat debe continuar firme con su compromiso para la remediación integral de los daños causados por Grupo México y abordar la impunidad de la empresa que ya lleva más de 9 años".
La presentación y resultados del Dictamen "son un paso más hacia el avance del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora pero se requieren acciones concretas para abordar los hallazgos, incluyendo las graves afectaciones a la salud humana".
Desafortunadamente, "las consecuencias ambientales y económicas que se derivaron de este derrame sobre las comunidades no fueron atendidas".
Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de este análisis, "se puede determinar que ni el monto pagado por la multa, ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario, cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de monitoreo y atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud".
Apuntan que "nuestra agua sigue contaminada, nuestra sangre tiene metales pesados en exceso, nuestros campos y biota siguen afectados".
Por ello, "hacemos un llamado a que la Semarnat dé las indicaciones en torno a la reapertura y actualización del Fideicomiso Río Sonora (FRS), pues en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 2021, la Semarnat declaró abierto el FRS".
Igualmente que se coordine con la Conagua y con la Secretaría de Salud estatal y federal para diseñar y presentar en octubre un Plan Oficial para la Reparación, Remediación y Acceso a la Salud y al Agua Potable, que incluya infraestructura, personal médico especializado y presupuesto, con una línea de tiempo dentro de esta administración y alcance transexenal, que dé justicia a nuestras comunidades.
Que "sigan trabajando para detener la impunidad de la empresa responsable, Grupo México, con acciones concretas que sean comunicadas a las comunidades afectadas".
"Seguimos en pie y continuaremos aportando con el vasto conocimiento de nuestros territorios, protegiendo a estos y a nuestras familias y participando en los asuntos que nos afectan y en cómo repararlos", señalan.
Por último, aseguran que "no descansaremos hasta alcanzar la justa reparación integral de los daños y la no repetición".
Ernesto Madrid
