La sequía severa que ha afectado a Sonora entre 2023 y 2025 ha tenido consecuencias significativas tanto en la ganadería como en la salud humana.
Mortandad de ganado
Desde 2023 hasta principios de 2025, la sequía ha provocado la muerte de más de medio millón de cabezas de ganado en Sonora. Este fenómeno ha reducido el hato ganadero de más de 1.2 millones de vientres a menos de 700 mil ejemplares. Las regiones más afectadas incluyen los municipios del sur del estado, como Navojoa, Álamos, Quiriego, Etchojoa y Huatabampo, donde se han reportado pérdidas significativas de ganado debido a la falta de agua y alimento .
Impacto en la salud humana
Las altas temperaturas asociadas a la sequía también han tenido un impacto considerable en la salud de la población. En 2023, Sonora registró 118 muertes atribuibles al calor extremo, la cifra más alta en más de dos décadas. En 2024, se reportaron 48 muertes adicionales y 692 personas afectadas por enfermedades relacionadas con el calor, como deshidratación y golpes de calor .
Estos datos reflejan la gravedad de la crisis hídrica en Sonora y la necesidad urgente de implementar medidas para mitigar sus efectos en la población y el sector agropecuario.
La Codependencia: Un Vínculo Tóxico en Nuestras Relaciones.
Por Carlos Roberto Matty Ortega
La codependencia es un patrón de comportamiento en el que una persona se enfoca excesivamente en las necesidades y problemas de otra, descuidando sus propias necesidades y bienestar. Este tipo de relación puede manifestarse en diferentes áreas de nuestra vida, como la familia, los amigos, el amor y el trabajo.
*¿Qué es la codependencia?*
La codependencia se caracteriza por una relación desequilibrada en la que una persona asume un rol de cuidador o salvador, mientras que la otra persona se convierte en el centro de atención. Esto puede llevar a una dinámica de dependencia emocional, en la que la persona codependiente se siente responsable de la felicidad y el bienestar de la otra persona.
*Tipos de codependencia*
1. *Codependencia en la familia*: Puede manifestarse en relaciones entre padres e hijos, hermanos o parejas. Por ejemplo, un padre que se sacrifica excesivamente por sus hijos puede crear una dinámica de codependencia.
2. *Codependencia en la amistad*: Puede ocurrir cuando un amigo se convierte en el centro de atención y el otro amigo se siente responsable de su bienestar.
3. *Codependencia en el amor*: Puede manifestarse en relaciones románticas en las que una persona se siente responsable de la felicidad y el bienestar de la otra.
4. *Codependencia laboral*: Puede ocurrir en entornos laborales en los que un empleado se siente responsable de la carga de trabajo de otro o se sacrifica excesivamente por la empresa.
*Consecuencias de la codependencia*
La codependencia puede tener consecuencias negativas en nuestra salud mental y emocional, como:
- Pérdida de identidad y autonomía
- Ansiedad y estrés
- Depresión y baja autoestima
- Problemas de comunicación y resolución de conflictos
*Cómo romper con la codependencia*
1. *Reconocer el patrón*: Identificar la dinámica codependiente y reconocer su impacto en nuestra vida.
2. *Establecer límites*: Establecer límites saludables y claros en nuestras relaciones.
3. *Fomentar la independencia*: Fomentar la independencia y la autonomía en nuestras relaciones.
4. *Buscar ayuda*: Buscar ayuda profesional si es necesario.
En conclusión, la codependencia es un patrón de comportamiento que puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones y nuestra salud mental. Reconocer y abordar la codependencia es fundamental para establecer relaciones saludables y equilibradas.
COPARMEX, México Evalúa y el Laboratorio Electoral denuncian deficiencias graves del proceso y alertan sobre perfiles judiciales vinculados al crimen organizado.
La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, impulsada como una supuesta democratización del Poder Judicial, es en realidad un experimento de alto riesgo. Un ensayo populista que amenaza con desmantelar uno de los últimos contrapesos institucionales en México. En un país con estructuras débiles, justicia parcial e infiltración criminal documentada, esta reforma judicial no sólo es imprudente, es peligrosamente regresiva.
Ernesto Madrid
Desde la trinchera ciudadana, COPARMEX, el Laboratorio Electoral y México Evalúa han alzado la voz con argumentos sólidos: este proceso está plagado de irregularidades, improvisaciones, opacidad y —más grave aún— abre la puerta a perfiles judiciales con vínculos criminales o partidistas. ¿De verdad alguien cree que elegir jueces con campaña, clientela y propaganda garantiza imparcialidad?
Juan José Sierra, presidente de COPARMEX, lo resumió bien: “La justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos”. Pero eso es exactamente lo que pretende el nuevo modelo. Porque el verdadero propósito de esta reforma no es democratizar, sino capturar. La independencia judicial está bajo ataque.
Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral, advirtió que ya existen candidaturas con antecedentes preocupantes. Hay nombres en las listas con vínculos al crimen organizado, sin experiencia judicial ni credenciales mínimas. ¿Qué puede salir mal cuando pones la justicia en manos de quienes aspiran a manipularla?
El contexto no ayuda: reducción del 50% de las casillas, boletas incomprensibles, una plataforma digital con fallas persistentes, y sin cadena de custodia efectiva en el conteo. A eso se le llama fabricar una elección sin garantías. Votar en esas condiciones no empodera, desinforma.
Mientras tanto, los datos duelen: sólo el 38.6% de la ciudadanía confía en el Ministerio Público y el 81.7% lo percibe como corrupto. La mayoría de los casos penales se archivan o se rechazan por incompetencia de acuerdo con México Evalua. ¿En serio creemos que un cambio cosmético como este resolverá la crisis de justicia?
Lo que más preocupa es que la oposición a la reforma no viene solo de críticos locales. Es un clamor internacional. Morgan Stanley, Citibanamex, Bank of América y Fitch Ratings han lanzado alertas sobre los riesgos económicos y de inversión.
Embajadores de Estados Unidos y Canadá consideran que esta medida amenaza la democracia. La ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Jueces han pedido frenar la iniciativa por vulnerar la independencia judicial.
Y desde la academia, nueve de las principales universidades del país —de la UNAM al CIDE— ya la califican como un retroceso histórico.
¿De verdad vamos a ignorar todas esas señales? ¿O nos vamos a resignar a ver cómo se construye un poder judicial a modo, dócil, dispuesto a servir al poder político o, peor, a intereses criminales?
Hay quienes aplauden esta reforma en nombre del “pueblo”, pero omiten decir que sin instituciones independientes no hay justicia posible. Que sin jueces libres no hay Estado de derecho. Y que, sin contrapesos, no hay democracia: hay obediencia.
Este país necesita un Poder Judicial fuerte, profesional y autónomo. Lo que hoy tenemos entre manos es justo lo contrario: una simulación con consecuencias reales. Urge detener esta locura antes de que sea irreversible. Porque cuando la justicia se somete al poder, el siguiente paso ya no es democracia, es autoritarismo coincidieron en señalar.
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los impuestos a las remesas se perfilan como un arma más de los republicanos en EU contra los inmigrantes
Mientras los republicanos en Estados Unidos promueven un impuesto de hasta 37% a las remesas, como parte de su “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, el gobierno de Claudia Sheinbaum se encierra en la negación: no hay intervención extranjera, no hay subordinación, no hay narcopolíticos en Morena. Pero Washington ya no solo observa a los cárteles: mira con lupa a los políticos mexicanos que los han cobijado.
Ernesto Madrid
El contraste es obsceno. Por un lado, se busca castigar a los migrantes que sostienen a sus familias desde el extranjero —con afectaciones que Banamex calcula serían de apenas 0.1% del PIB, aunque letales para estados como Guerrero, Michoacán o Chiapas—. Por el otro, se protege a los operadores políticos que pactan, encubren o se benefician del crimen organizado.
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes, advierte en entrevista con EFE: “En lugar de mejorar el panorama de la inmigración, estas propuestas lo van a empeorar”. Pero más grave aún es que mientras se ataca al migrante trabajador, se silencian las investigaciones contra funcionarios mexicanos.
Esta semana, ICE presumió haber desmantelado tres narcos laboratorios en Sinaloa, en coordinación con unidades mexicanas certificadas por agencias estadounidenses. En respuesta, Sheinbaum, desde su conferencia del pueblo, declaró: “No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo”.
La embajada de EE. UU. desmintió esa narrativa en una tarjeta informativa enviada al programa de Ciro Gómez Leyva: sí hubo colaboración directa, aunque canalizada a través de la Agencia de Investigación Criminal. La soberanía, al parecer, aplica solo cuando conviene.
Pero los indicios del descontento estadounidense van más allá: se habría retirado la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo Carlos Torres, excoordinador de Programas Sociales y figura cercana a Palacio Nacional. También se menciona al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como parte del creciente interés de Washington en políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen.
Claudia Sheinbaum insiste en que todo es un intento por recuperar el poder que E.U. tenía durante el “periodo neoliberal”. Pero el silencio sobre estos nombres y estos vetos es más elocuente que cualquier discurso soberanista. Si no se trata de intervención, ¿por qué no hablar con claridad?
Tal vez la clave para enfrentar al crimen organizado no pase por sumar más patrullas o apostar todas las fichas a Omar García Harfuch, sino por algo más incómodo: redefinir el papel del gabinete económico en la estrategia de seguridad. Porque el problema ya no es solo de balas, sino de estructura.
El ritmo con el que los cárteles regeneran su fuerza es brutal. Lo que para cualquier ejército sería una pérdida insostenible, para ellos parece rutina. Caen sicarios, capos, operadores… y aun así reclutan, compran armas, infiltran y corrompen con una capacidad casi ilimitada. El poder de fuego del Estado simplemente no alcanza.
La evidencia está en los números: durante años los homicidios se mantuvieron por encima de los 35 mil anuales, y aunque en 2024 hubo una reducción a 27 mil, el sexenio saliente acumula casi 200 mil asesinatos. Son cifras de guerra, pero una guerra que no está debilitando al enemigo.
Podemos asumir que buena parte de esas muertes se concentran entre quienes están directa o indirectamente involucrados en actividades criminales, pero eso no hace menos grave el fenómeno. El crimen organizado no está cediendo terreno, está evolucionando. Y lo está haciendo más rápido que el Estado.
Pensar que con más policías y retenes se resolverá el problema es no querer ver lo esencial: el crimen se alimenta de desigualdad, de impunidad… y de política. Y ahí es donde más se resiste a intervenir este gobierno.
Lo cierto es que, apenas se recuperan de un escándalo cuando ya tienen otro listo para hornearse. Entre visas que desaparecen, vacas varadas, narcos arrepentidos y el afán de ordeñar las remesas, ¡la agenda del gobierno es un no parar de emociones! Uno casi siente lástima... casi…
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En el marco del proceso inédito de renovación total del Poder Judicial en la Ciudad de México, la candidata a magistrada de disciplina, Nahyeli Ortiz, subraya la necesidad de reforzar la transparencia, erradicar el nepotismo y garantizar la participación ciudadana en la vigilancia judicial. Con más de tres décadas de experiencia en la defensa de derechos humanos, propone crear observatorios ciudadanos, aplicar sanciones efectivas y adoptar metodologías con perspectiva de género para asegurar un acceso real a la justicia.
Por Marta Obeso y Ernesto Madrid
En un momento clave para la vida democrática de México, el país vive un proceso inédito: la renovación total del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. Para Nahyeli Ortiz, defensora de derechos humanos con más de tres décadas de experiencia y actual candidata a magistrada de disciplina, esta transformación representa una oportunidad histórica para combatir la corrupción, garantizar la independencia judicial y acercar la justicia al pueblo.
Un cambio estructural sin precedentes “El proceso es inédito en el país”, explica Ortiz, quien actualmente dirige la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. “Se está renovando el 100% del Poder Judicial, lo que representa un cambio estructural importante para fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia y combatir la corrupción”.
Ortiz señala que esta reconfiguración no debe verse como un simple relevo de personal, sino como una posibilidad concreta para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
La ciudadanía como contrapeso activo Uno de los pilares de su visión es la participación ciudadana. “Las organizaciones y la ciudadanía deben involucrarse activamente en la vigilancia de jueces y magistrados”, propone. Para ello, sugiere la creación de observatorios ciudadanos y otros mecanismos que permitan supervisar el actuar de quienes imparten justicia, garantizando transparencia y efectividad.
Nepotismo, corrupción y rendición de cuentas Sobre los males que históricamente han dañado al sistema judicial, Ortiz es clara: “Se deben fortalecer metodologías que permitan detectar y sancionar conductas corruptas e indebidas. Las sanciones deben ir desde multas hasta destituciones”. Su propuesta incluye fomentar una cultura real de rendición de cuentas y control social, indispensable para erradicar redes de complicidad y abuso.
Justicia con perspectiva de género Para Nahyeli Ortiz, aplicar metodologías con perspectiva de género no es opcional, sino esencial. “Se deben utilizar lentes del género para abrir la visión y asegurar un acceso real a la justicia para todas las personas, eliminando sesgos y promoviendo la igualdad”, afirma. Esto implica también capacitar al personal y establecer criterios claros para decisiones judiciales más justas.
Independencia judicial sin presiones La candidata subraya que la independencia judicial se construye día con día y enfrenta amenazas constantes, como presiones políticas o influencias externas. “Debemos garantizar que las decisiones y sanciones en el sistema judicial sean libres de intereses indebidos. Solo así podemos hablar de una justicia auténtica y confiable”, sentencia.
Elección popular y responsabilidad ciudadana Frente al nuevo proceso electoral que permitirá a la ciudadanía votar por magistradas y magistrados, Ortiz hace un llamado a la responsabilidad informada. “El voto será popular, por lo que la ciudadanía debe conocer los perfiles y participar activamente. El poder lo otorga el pueblo, y por eso es tan importante que lo ejerza con conciencia”, señala.
Agencias del Ministerio Público: foco de atención Otro eje de su propuesta es el fortalecimiento de las agencias del Ministerio Público y fiscalías. “Debemos mejorar su actuación con capacitación constante, vigilancia social y sanciones efectivas para quienes incurran en irregularidades. Es clave para reducir la impunidad y mejorar la impartición de justicia”, afirma.
Hacia un Tribunal de Disciplina independiente y vigilado En su propuesta como candidata al Tribunal de Disciplina, Nahyeli Ortiz plantea la creación de un observatorio ciudadano especializado en supervisar sus procesos y resoluciones. Esta iniciativa busca romper el aislamiento institucional y abrir espacios para una fiscalización directa de la ciudadanía sobre los jueces y magistrados.
Una reforma que puede cambiar el rumbo de la justicia en México Pese a la desconfianza social acumulada, Ortiz es optimista. “Confío en que este proceso traerá cambios positivos. Fortalecerá la independencia judicial y permitirá una justicia más transparente y cercana a la ciudadanía, con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas”, concluye.
En un sistema judicial que durante décadas ha sido señalado por opacidad, influencias indebidas y deshumanización de las víctimas, la voz de Nahyeli Ortiz resuena como un llamado firme a transformar la justicia en una institución ética, accesible y verdaderamente al servicio del pueblo.
En entrevista: Nahyeli Ortiz subraya que la independencia del Poder Judicial es esencial para garantizar decisiones justas y libres de influencias externas. Propone implementar un observatorio ciudadano, promover la participación social, fortalecer la capacitación y la ética en los jueces y magistrados, y mejorar los mecanismos de sanción para crear un sistema de justicia más transparente, imparcial y confiable.
En palabras de un exfuncionario de Pemex que pidió anonimato: “Solo cambiaron los apellidos, pero el negocio sigue siendo de familia”.
La autoproclamada lucha contra la corrupción que enarboló el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio escondía en su núcleo una red de nepotismo, pactos silenciosos y privilegios familiares que tejieron un nuevo andamiaje de poder alrededor del sector energético. El epicentro: Pemex, la empresa estatal petrolera, donde se cruzan los intereses de la familia presidencial, viejos operadores del PRI y nuevas y viejas caras del empresariado sexenal.
Ernesto Madrid
Marinsa vs. Baker Hughes: la batalla por el petróleo familiar
Al cierre de 2019, Marinsa de México, subsidiaria de Grupo Cemza, acumulaba contratos por hasta 10 mil millones de pesos como proveedor de plataformas y embarcaciones para Pemex. Detrás de esta empresa, se encontraba Felipa Obrador Olán, prima hermana del entonces presidente López Obrador.
Pero Marinsa no operaba sola. Su principal rival era la firma CA Twelve S.A. de C.V., vinculada a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente. Adams, de origen brasileño y extrabajadora del sector energético, estableció alianzas con Eduardo Joel Arratia Vingardi, contratista con historial en Pemex. La asociación los conectó indirectamente con la multinacional Baker Hughes, que ya tenía operaciones en la polémica refinería Dos Bocas.
El punto álgido estalló con la investigación del periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló el caso de la "Casa Gris" en Houston, donde vivía José Ramón con Carolyn Adams. La propiedad pertenecía a un exdirectivo de Baker Hughes, detonando un escándalo que obligó al gobierno a cancelar los contratos de Marinsa, a pesar de que ya había operado en los sexenios panistas y priistas, sin consecuencias.
El “Clan Obrador” y el negocio extendido
El reportaje “El Clan”, difundido en Latinus el 6 de diciembre de 2023, expuso una estructura de tráfico de influencias encabezada por los hijos mayores del presidente —José Ramón, Andrés y Gonzalo Alfonso— y su íntimo amigo, el empresario Amílcar Olán, primo segundo de Felipa Obrador.
El entramado familiar es denso: Amílcar es sobrino de Felipa Olán, tía de Felipa Obrador. Su cercanía sanguínea con los hijos de AMLO y los negocios adjudicados en contratos millonarios consolidaron lo que diversos analistas llaman ya un “cártel de contratos familiares” en la 4T.
El movimiento interno en Pemex
La salida de Marinsa no fue solo un ajuste administrativo, sino una operación cuidadosamente ejecutada. En los primeros años del sexenio, Miguel Ángel Lozada Aguilar, entonces director de Pemex Exploración y Producción (PEP), advirtió que retirar contratos a Marinsa colapsaría la producción. La advertencia fue falsa. Sirvió, en cambio, para justificar la redistribución de contratos a nuevas empresas alineadas con el grupo presidencial.
Los contratos fueron refrendados por José Eduardo Beltrán Hernández —consejero independiente de Pemex y familiar político de Beatriz Gutiérrez Müller— y Abraham David Alipi Mena, identificados como los autorizadores clave en favor de Baker Hughes.
El pacto Peña Nieto-AMLO: Atlacomulco reencarnado
Detrás del telón, otro actor operaba silenciosamente: el Grupo Atlacomulco, estructura política del priismo mexiquense. La reconfiguración del poder petrolero dio paso al ascenso de Opex, empresa de José Miguel Bejos, allegado al expresidente Enrique Peña Nieto y beneficiario histórico de obras públicas, en el sexenio pasado, como el Tren Maya, a través del consorcio Mota Engil México.
Opex recibió más de 18 mil millones de pesos en contratos y se convirtió en un nuevo jugador dominante, desplazando a Marinsa en favor del "nuevo PRI morenista". En el fondo, afirman fuentes cercanas, se consolidó un pacto político-financiero entre Peña Nieto y López Obrador, basado en preservar el control del negocio petrolero a través de nuevos apellidos con viejos vínculos.
La cortina de humo y la campaña mediática
Para sellar la operación, se activó una campaña mediática donde se acusó a Marinsa de lavado de dinero y huachicoleo, sin que hasta la fecha se presentaran pruebas judiciales contundentes. En contraste, informes señalan que otra empresa, Blue Marine, podría estar más directamente vinculada al robo de hidrocarburos.
Pese a todo, el modelo económico de privilegios sobrevivió al discurso de austeridad y moralización pública. Los intereses del Grupo Atlacomulco, de la familia presidencial, y de empresarios estratégicos como Bejos o Arratia Vingardi, convergieron en una red de protección mutua, negocios compartidos y contratos dirigidos.
El caso demuestra que la 4T heredó y adaptó la arquitectura del viejo régimen: uso discrecional del poder, nepotismo, tráfico de influencias y negocios familiares ocultos bajo el velo de una narrativa anticorrupción. El petróleo, como en sexenios anteriores, sigue siendo el botín político por excelencia.
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
México va directo a un periodo de inestabilidad, pero no por causas naturales o una conspiración extranjera —aunque siempre ayuda tener a quién culpar—, sino por una revisión pactada, firmada y hasta celebrada: la del T-MEC. La Secretaría de Hacienda ya lo dijo con la cara seria que amerita el momento: vienen tiempos difíciles. Pero claro, cuando se firmó el tratado, se aplaudió como si fuera un matrimonio con final feliz. Hoy, llega la hora del balance… y de las facturas.
Ernesto Madrid
Mientras tanto, del otro lado del mundo, China no duerme. Xi Jinping acaba de anunciar, con su tono sereno pero firme, que quiere más con América Latina. Más comercio, más inversión, más visas sin restricciones y —por supuesto— más influencia. No mencionó directamente a ningún país, como quien no quiere incomodar, pero dejó claro que las guerras comerciales no tienen ganadores y que el hegemonismo, ese vicio tan occidental, solo lleva al aislamiento. Sutil, pero demoledor.
Y como si eso no fuera suficiente, soltó una línea de crédito de 66 mil millones de yuanes (unos 9,200 millones de dólares), para que los gobiernos de la región —si quieren— tengan algo más con qué negociar. Todo esto ocurrió en Beijing, durante la cuarta reunión del Foro China-CELAC. No en Washington. Y eso importa.
En este tablero global, los mercados captaron el mensaje antes que muchos gobiernos. Bastó el anuncio de una reducción preliminar de aranceles entre E.U. y China para que las bolsas respiraran aliviadas y cerraran la jornada con ganancias. ¿Optimismo o ilusión pasajera? Eso está por verse. Pero el movimiento sí fue claro: China quiere reposicionarse como líder del Sur Global. Y lo está logrando.
¿Y México? Bueno, aquí seguimos peleando con nuestras propias sombras. En la reciente Convención Bancaria, Emilio Román, nuevo presidente de la Asociación de Bancos, dijo en voz alta lo que muchos murmuran en corto: la reforma judicial no convence. No mientras no existan tribunales financieros especializados, ni mientras el poder judicial siga siendo más un laberinto que una solución. Los banqueros, que no son precisamente revolucionarios, piden certezas. Y no las hay.
Román también apuntó a una verdad incómoda: México no tiene la infraestructura que se requiere para competir. Ni en transporte, ni en telecomunicaciones, ni en energía. Y por más que se hable del “Plan México”, sin colaboración real entre sector público y privado, todo queda en discursos.
La organización México Evalúa fue aún más directa: nuestros intereses no se defienden solos; se negocian, se proyectan y —aquí lo duro— se sostienen con hechos. No con declaraciones. Si el nuevo gobierno quiere encender la economía, tendrá que hacerlo con inversión real, gasto inteligente y, sobre todo, rompiendo con el mito energético que nos vendieron como la panacea. El petróleo ya no es destino, es lastre.
Y en el tema de justicia, la cosa tampoco mejora. ¿Una reforma judicial sin fortalecer antes a las fiscalías? Suena más a fantasía que a estrategia. La impunidad no se resuelve quitando jueces como si fueran fichas de ajedrez. Se resuelve investigando, denunciando y, claro, fortaleciendo al Ministerio Público. Pero eso exige tiempo, dinero y, sobre todo, voluntad política.
Así que, mientras China hace amigos, ofrece crédito y siembra influencia, México se prepara para renegociar un tratado clave sin infraestructura, sin confianza plena en sus instituciones y con un discurso que, en lugar de liderar, reacciona. Y en la política internacional —como en la vida— quien solo reacciona, pierde.
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Estados Unidos explicar la revocación de la visa de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres, ambos cercanos a la cúpula de Morena. “Esperaremos a conocer el motivo de esta acción, porque aún no sabemos cuál fue la causa que la originó”, declaró la mandataria.
Ernesto Madrid
El reclamo ocurre justo cuando, en un movimiento que pasó casi inadvertido por el gobierno mexicano, Griselda López Pérez, exesposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán, cruzó a pie por la garita de San Ysidro acompañada de 17 familiares. De acuerdo con información confirmada por el Servicio de Alguaciles de EU (US Marshals), los esperaba un operativo federal en suelo estadounidense. La presidenta afirmó no tener conocimiento del caso.
¿Por qué a Marina sí y a Griselda no?
Lo que indigna al círculo más cercano a Sheinbaum es que la visa de Marina del Pilar fue revocada de forma directa por el Departamento de Estado, sin explicaciones públicas, mientras figuras vinculadas al narcotráfico parecen circular libremente. Pero la diferencia radica en que la gobernadora de Baja California aparece en investigaciones de agencias de seguridad estadounidenses desde hace más de dos años.
Según fuentes de inteligencia mexicanas, Marina del Pilar y su esposo fueron vinculados a un reacomodo de cárteles en Tijuana, y la campaña de Ávila recibió dinero del huachicolero Sergio Carmona, quien financió varias candidaturas de Morena en 2021. La DEA habría participado en la indagatoria inicial.
No es una acción aislada. Según altos funcionarios, el retiro de visas responde a una lista negra de políticos, empresarios y funcionarios mexicanos bajo investigación por lavado de dinero, tráfico de hidrocarburos, personas y drogas —especialmente fentanilo—. La advertencia fue lanzada desde marzo por la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, en su visita a Palacio Nacional. Desde entonces, la Casa Blanca ha insistido en que espera acciones judiciales claras del gobierno mexicano, que no han llegado.
Un desvisadero anunciado
El “desvisadero” ya empezó, y fue anunciado. Se trata de una estrategia que marca distancia con la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior, y que evidencia que E.U. ya no esperará a que México actúe contra los nexos entre poder político y crimen organizado. La decisión se basa en inteligencia propia, no en denuncias mexicanas.
Lo paradójico es que Marina del Pilar ha sido una de las figuras más protegidas del lopezobradorismo. AMLO llegó a decir que era “lo mejor que le había pasado a Baja California”, y Sheinbaum la ha calificado como “una mujer sensible y cercana a la gente”. Pero para E.U., eso no pesa frente a los indicios de corrupción, financiamiento ilícito y omisiones frente a la violencia criminal en su estado.
Una señal para toda la clase política
El ingreso de la familia de “El Chapo” al mismo tiempo que la revocación de la visa a una mandataria morenista no es una coincidencia: es un mensaje. Mientras México se muestra tibio ante los pactos con el crimen, Estados Unidos asume el costo político de intervenir directamente, incluso contra aliados del poder actual.
El caso Baja California no es el único. Documentos filtrados a medios mexicanos detallan cómo en Morelos, la Unión Tepito ha extendido sus vínculos con funcionarios municipales y estatales, particularmente en municipios como Cuautla, Yecapixtla y Ayala. La complicidad institucional se mantiene como telón de fondo.
Estados Unidos ha comenzado a desmontar, visa por visa, una red de tolerancia y complicidad tejida desde el Estado mexicano, que va más allá de colores partidistas y que, por omisión o protección, ha normalizado el financiamiento criminal de campañas, la presencia de cárteles en las aduanas y el uso del poder para blindar intereses oscuros.
El mensaje: la impunidad tiene fecha de caducidad
Aunque Sheinbaum intenta tomar distancia, el retiro de visas abre una nueva etapa en la relación bilateral, donde la cooperación no será diplomática sino coercitiva. Y lo que ocurrió en Baja California podría repetirse en otros estados, si se comprueba que los nexos entre política y crimen organizado no se rompieron, sino que se reciclaron bajo nuevas siglas.
Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno alista acciones contra funcionarios de Pemex, pero solo por Huachicol Fiscal
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tocado fondo no solo financiero, sino ético. El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, considerado uno de los más transparentes y responsables del mundo, anunció la retirada de 2,692 millones de pesos de su inversión en la paraestatal mexicana. El motivo: la falta de transparencia ante múltiples escándalos de corrupción, acumulados entre 2004 y 2023.
Ernesto Madrid
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum intentó encapsular el problema al caso Odebrecht, el fondo noruego fue categórico: Pemex ha sido incapaz de rendir cuentas sobre una larga lista de contratos opacos, sobornos y manejos irregulares. Peor aún, en lugar de aclarar las acusaciones, la empresa descalifica la información publicada y la tacha de “falsa y sensacionalista”.
El expediente es amplio: desde los sobornos pagados por Vitol para ganar contratos; la compra a sobreprecio de Fertinal durante el peñismo; hasta el escándalo de Emilio Lozoya, cuya investigación sigue abierta desde 2017. La corrupción, lejos de acabarse, mutó de forma. Con la llegada de la 4T, el discurso cambió, pero las prácticas siguieron.
Un caso emblemático es Dos Bocas. En 2021, Francisco Javier Vega, auditor interno de Pemex nombrado por el propio gobierno de López Obrador, renunció tras denunciar que se le negó acceso a los contratos del proyecto. En el centro de esa opacidad están Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía, y Octavio Romero, actual director de Pemex. Desde su salida, el número de contratos se disparó y el costo de la refinería creció en 6 mil millones de dólares. Nadie ha rendido cuentas.
Pero el foco no está solo en la ineficiencia: está en el saqueo institucionalizado mediante el huachicol fiscal. En lo que va del año, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 28 millones de litros de diésel ilegal en operativos en Tamaulipas, Baja California y Veracruz, todos vinculados a un mismo esquema: empresas privadas importando combustible disfrazado de aditivos, usando amparos exprés, facturas texanas y complicidad aduanal.
El caso de Intanza, una de las principales involucradas, es revelador. Importó el combustible desde Texas en el buque Challenge Procyon y tras el decomiso, interpuso cuatro juicios de amparo para recuperar 20 millones de litros de diésel, el doble de lo asegurado oficialmente. Todo esto con respaldo documental emitido por Hevi Transport LLC, una empresa estadounidense con trayectoria opaca.
Otra pieza clave es Mefra Fletes, empresa vinculada al tráfico ilegal desde 2020. En sus instalaciones se hallaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y más de 20 tractocamiones. Mexicanos Contra la Corrupción ha documentado que la compañía ha contado entre sus filas a un juez federal destituido por amparos irregulares y a una mujer cuyos restos aparecieron en una fosa clandestina. Los hilos del negocio cruzan el crimen, la política y el poder judicial.
Y es aquí donde el mapa se ensucia aún más: detrás de estas operaciones aparece el resurgimiento del Grupo Atlacomulco, ese viejo aparato priista que dominó el país desde el Estado de México. Opex, una de las empresas beneficiadas en este esquema, tiene vínculos con este grupo que, sorprendentemente, ha sido acogido por el obradorismo como socio estratégico silencioso.
El contubernio no es casual ni superficial. Bajo la retórica de "no somos iguales", la 4T integró a su estructura de poder a los mismos empresarios, políticos y operadores del viejo régimen. En esta red aparecen Felipa Obrador, prima del expresidente; José Ramón López Beltrán, su hijo; y una serie de firmas proveedoras del sector energético que pasaron del PRI al morenismo sin mover un dedo.
La recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dirigida por Raquel Buenrostro, ha prometido acciones contundentes contra funcionarios involucrados en el huachicol fiscal. Pero la duda es legítima: ¿puede una dependencia desmantelar un sistema que opera desde las entrañas del propio gobierno?
Lo que queda claro es que la corrupción en Pemex no se transformó: cambió de manos. El saqueo ya no es exclusivo de los priistas. Hoy es un negocio compartido, un pacto intergeneracional entre el PRI de Atlacomulco y la 4T de Palacio Nacional. Se heredaron las estructuras, se renovaron las siglas, pero se mantuvieron los contratos, los privilegios y los silencios.
Pemex no es solo la empresa más endeudada del mundo: es el cementerio de promesas incumplidas y la prueba viviente de que, en México, los negocios sobreviven a cualquier transformación.
Emilio Romano, nuevo presidente de la ABM, plantea reducir la carga administrativa mientras la economía muestra señales de enfriamiento
Nuevo Nayarit, 9 de mayo. - La banca mexicana se prepara para una nueva etapa en medio de un entorno económico desafiante. La Asociación de Bancos de México (ABM), bajo la presidencia de Emilio Romano Mussali (2025-2027), anunció que su gestión buscará reducir la carga regulatoria administrativa, garantizar certeza jurídica y ampliar el crédito a personas y empresas.
Ernesto Madrid
“Queremos trabajar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para reducir regulación que no añade calidad al sistema financiero”, afirmó Romano previo a su toma de protesta en la 88 Convención Bancaria. También propuso revisar los cálculos de capitalización para asegurar que los bancos tengan “espacio suficiente” para prestar.
Sin embargo, el nuevo presidente de la ABM advirtió sobre riesgos crecientes en el entorno económico, incluyendo una posible desaceleración global por el reacomodo de los mercados comerciales. En ese contexto, subrayó la importancia de colaborar con el Gobierno para garantizar una justicia rápida e imparcial en las disputas financieras, lo cual, dijo, es clave para brindar seguridad jurídica al sector.
Vientos en contra
El optimismo moderado de la ABM contrasta con diagnósticos menos alentadores. Citi México redujo su pronóstico de crecimiento para 2025 a apenas 0.2%, muy por debajo del potencial económico del país. “El consumo y el empleo muestran señales de desaceleración, y el espacio fiscal para contrarrestar esta tendencia es muy limitado”, advirtió Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México.
Ruiz enumeró tres principales riesgos: la incertidumbre sobre la política comercial con Estados Unidos, las secuelas de la reforma judicial, y la necesidad de consolidar las finanzas públicas, con una meta ambiciosa de reducir el déficit fiscal de 5.7% a 3.9% en 2025.
La discrepancia entre las expectativas oficiales de crecimiento (1.5 a 2.3%, según Hacienda) y las de Citi podría impactar negativamente en los ingresos tributarios y complicar el ajuste fiscal, alertó.
La deuda pendiente con las MiPymes
Durante un panel de la Convención, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, lanzó una crítica directa: “Los bancos no están haciendo lo suficiente, el gobierno no está haciendo lo suficiente, las empresas no estamos haciendo lo suficiente.”
Gómez defendió el peso de las MiPymes, que representan casi la totalidad de las empresas en México, pero enfrentan una tasa de mortalidad del 80% en los primeros dos años. Subrayó que el reto no es solo formalizar, sino garantizar su viabilidad y traducir su existencia en riqueza y bienestar.
Coincidió con Eduardo Osuna, vicepresidente de BBVA México, en que la informalidad es un obstáculo crítico para el acceso al crédito. Ambos apuntaron a la digitalización y simplificación de trámites como vías necesarias para fortalecer el ecosistema empresarial.
Un camino cuesta arriba
Entre la promesa de menos burocracia y la urgencia de más crédito, la banca mexicana enfrenta una paradoja: expandir su alcance mientras la economía pierde fuerza y la confianza empresarial flaquea. La agenda de Romano busca desatar el potencial financiero, pero los vientos macroeconómicos no soplan a favor.
La gestión arranca con metas claras, pero el desafío será cumplirlas sin sacrificar prudencia ni solidez en un entorno de incertidumbre creciente.
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
“Vamos a firmar hoy con el Gobierno Federal un acuerdo para impulsar a las Mipymes”: Julio Carranza
Nuevo Nayarit, Nayarit. - Por años, el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) ha sido una promesa que nunca termina de cumplirse. Cada sexenio, cada administración, cada convención bancaria, el discurso se repite: es momento de apostar por las MiPyMEs. Pero más allá de los anuncios, el acceso real, amplio y competitivo al crédito sigue siendo una quimera para el sector que genera ocho de cada diez empleos en México.
Ernesto Madrid
Este jueves, en la inauguración de la Convención Bancaria, se presentará un nuevo intento: un programa que promete flexibilizar las políticas de crédito de la banca, acompañado de una estrategia para bajar las tasas de interés —o, como prefieren decir los banqueros, “hacerlas más competitivas”. Será, además, la primera Convención a la que asista como presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho un llamado directo a los bancos para reducir las tasas en beneficio de la población. Pero, como advirtió Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), no basta la voluntad política: “la clave está en ofrecer mejores garantías”.
Aunque la tasa de referencia de Banxico ha bajado de 11.25% a 9%, los créditos al consumidor no han seguido esa lógica. Hoy las tarjetas de crédito tienen las tasas más altas desde 2020 y las hipotecas los costos más elevados en 13 años.
El problema estructural: la informalidad
Según Carranza Bolívar, la banca ya tiene 500 mil millones de pesos otorgados a MiPyMEs, apenas el 8% del crédito total al sector privado. De las 4.8 millones de unidades económicas del país, el 95% son microempresas, pero solo 1 millón de pequeñas empresas son formales y sujetas a crédito. De estas, apenas 255 mil acceden a financiamiento bancario. “Tenemos un universo de 780 mil empresas que podrían tener crédito y no lo tienen”, admitió.
La raíz del problema añadió, está en la informalidad: el 63% de las pequeñas empresas operan fuera del marco formal. Esto no solo limita su acceso a financiamiento; también las condena a buscar créditos caros e informales, mientras se autoexcluyen por miedo a la fiscalización y a la formalidad misma.
“La tasa promedio de la banca para las MiPyMEs es de 16%, frente al 45% de otros intermediarios. La diferencia es enorme, pero no basta con ofrecer mejores tasas si las empresas no quieren o no pueden entrar al sistema”, subrayó Carranza.
¿Promesa cumplida o nueva ilusión?
En este contexto, la presidenta Sheinbaum impulsa el “Plan México”, que busca posicionar al país en las cadenas de suministro globales frente a las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Este jueves se firmará un acuerdo entre la banca y el gobierno federal para lograr que el 30% de las MiPyMEs accedan a financiamiento en 2030, con una meta de crecimiento anual de 3.5%.
Suena ambicioso. Pero sin cambios estructurales que ataquen la informalidad, la falta de garantías, la desconfianza y la cultura financiera, este nuevo intento podría terminar como los anteriores: una promesa bien intencionada, sin resultados tangibles para el sector que sostiene el empleo en México.
Por ahora, la duda persiste: ¿ahora sí será diferente o solo es la misma historia con otro discurso?
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Ciudad de México.- Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la rectificación de identidad de género a una niña de 11 años y a un menor de 17 años en Sonora.
La asociación "Sonora Trans A.C." informó a través de un comunicado de prensa que logró el fallo a favor por lo que los menores sonorenses podrán modificar género y nombre de su elección y preferencia en sus Actas de Nacimiento.
Además, ordena al Congreso del Estado reformar el Artículo 116 Bis de la Ley del Registro Civil de Sonora.
Lo anterior, luego de que los menores de 11 y 17 años presentaran una demanda por incumplimiento a la invalidez hacia el Registro Civil del Gobierno de Sonora.
La asociación expone en el comunicado fechado el 28 de abril del 2025 que "el dia de hoy queda como fecha histórica al celebrarse por primera vez en Sonora las primeras rectificaciones de identidad de género para infancias y adolescentes trans".
Lo anterior, en correspondencia a la invalidez de la porción "mayores de edad" en el Articulo 116 Bis de la Ley del Registro Civil de Sonora, la cual, entró en vigor el pasado 2 de febrero en el Boletin Oficial del Estado.
Cita que "la rectificación de la identidad de género es un trámite administrativo sin costo, de reconocimiento y legitimidad del sexo/género manifiesto, asi como el(los) nombre(s) elegido(s), de las personas trans, en este caso, de una niña de 11 años y un joven de 17 años".
El documento indica que el Articulo 116 Bis de la Ley del Registro Civil de Sonora no ha sido reformado y aún contiene la porción "mayores de edad" que, en consecuencia, sigue manteniendo este derecho solo a las personas trans que han cumplido los 18 años.
Sin embargo, "la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023 sentenció la Acción de Inconstitucionalidad 45/2021 en la cual resuelve un fallo a favor de las infancias y adolescencias trans pues les excluye de su derecho a la identidad y al libre desarrollo de su persona".
El comunicado expone que esta resolución "ordena al Congreso del Estado de Sonora legislar y reformar tal articulo con un plazo de 12 meses a partir de haber sido notificada la institución y, además, agrega que desde el vencimiento la porción en cuestión quedará legalmente sin validez".
Sin embargo, dicho plazo culminó el 5 de julio de 2024.
Lamentablemente, "la Legislatura pasada y la actual han sido omisas en su responsabilidad de trabajo para cumplir con lo sentenciado por la SCJN; lo cual constituye una violación reiterada a los derechos humanos de niñas, niños, niñes y adolescentes trans en nuestra entidad".
En ese sentido, añade "desde Sonora Trans A.C. y México Igualitario Derribando las Barreras A.C. se ha implementado una estrategia juridica para solicitar la protección de esta población a través de una demanda de una denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad".
Cabe destacar que, "mientras el amparo se distingue por buscar que se cumpla un derecho constitucional que ha sido violado o negado por alguna autoridad, la denuncia por incumplimiento, de invalidez en caso (invalidez de la porción "mayores de edad"), se define por acusar a alguna autoridad o institución de no acatar alguna resolución juridica inapelable".
En ese sentido, "el reconocimiento de Vy A es resultado de un recurso de Incumplimiento de invalidez y no de la reforma legislativa al artículo inconstitucional".
En este sentido, "la importancia del reconocimiento de la identidad de género de las infancias y adolescencias trans se sustenta a la luz de un contexto del avance del fascismo global y de movilizaciones de grupos ultraconservadores que buscan, entre otras formas de opresión, el exterminio de los derechos humanos de las personas trans en su totalidad".
La asociación indica que "es por eso que celebramos este avance y lo estimamos como francamente relevante para el progreso de la sociedad sonorense y mexicana en general".
Destaca que "Claudia y Elena, son las mamás que acompañan a su hija e hijo! son ellas, el resto del núcleo familiar, y el circulo social que les rodea, quienes testimonian el desarrollo positivo y saludable de V y de A de acuerdo con sus identidades".
.En ese sentido, "el reconocimiento juridico de sus identidades de género es sustancial para brindar una certeza identitaria para sus proyectos de vida".
Carlos Roberto Matty
