La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no solo construyó su carrera en los bastiones de la izquierda capitalina. También —según testigos clave y documentos revelados por Los Ángeles Press— permitió que se tejiera, desde el corazón de su administración, una red criminal con ramificaciones en los penales, las alcaldías y hasta el despacho de la Fiscalía capitalina.

Ernesto Madrid

Uno de los testimonios más contundentes proviene de Jorge Enrique Terán, exservidor público del sistema penitenciario, hoy exiliado. Su relato es demoledor: presiones para introducir droga al Reclusorio Norte, amenazas por negarse a transportar dinero ilícito, castigos institucionales y el encubrimiento de una maquinaria de extorsión encabezada por Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y asesinada en condiciones que apuntan a una ejecución planeada desde dentro del poder.

Terán asegura que Guzmán operaba cobros de “diezmo para el movimiento” a funcionarios penitenciarios y empleados de gobierno. Coordinaba el ingreso de muebles de lujo y mercancías a las cárceles, destinadas a líderes de La Unión Tepito, quienes operaban desde celdas de privilegio con teléfonos, cantinas y trato VIP. Una red institucionalizada desde los tiempos del PRD y que sobrevivió al paso de gobiernos, gracias al silencio y la complicidad.

En el penal psiquiátrico CEVASEP, Terán escuchó a Florentino Guzmán Arcos, violador serial, presumir su cercanía con Clara Brugada y su influencia para recibir favores, incluso desde la gestión de Claudia Sheinbaum. Todo, a cambio de “lealtad” política y cuotas económicas.

Pero lo que parecía una red de corrupción encubierta, estalló en violencia política. El asesinato de Guzmán y del asesor José Muñoz fue precedido por semanas de tensión, reacomodos internos y amenazas. Según Rómulo Catalán, exdirector del C5 en Campeche, las cámaras de seguridad fueron manipuladas y la escena del crimen, sobre Calzada de Tlalpan, limpiada por manos institucionales. No fue un crimen común: fue una ejecución protegida.

Y detrás de la cortina, Brugada.

Durante sus nueve años al frente de Iztapalapa, logró reducir la percepción de inseguridad, pero su último año encendió alarmas. Informes internos advertían que el Cártel Unión Tepito había puesto precio a su cabeza, responsabilizándola de haber fortalecido a sus enemigos: la Anti-Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un reacomodo político-criminal en la demarcación más poblada del país.

Las alertas llegaron hasta el expresidente López Obrador, quien optó por reforzar su seguridad —impulsándola como candidata—, pero nunca ordenó investigar. Posteriormente se supo que la propia Brugada, junto a la fiscal Ernestina Godoy, eran señaladas por La Unión de romper pactos y favorecer a rivales. Aunque nunca se confirmaron oficialmente, el silencio institucional fue ensordecedor.

La historia no se cierra con dos muertos ni con un testimonio. Se cierra —por ahora— con una certeza: la red criminal sigue intacta, operando desde los penales, disfrazada de servicio público y protegida por el poder político.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-05-23T16:21:34-06:00

• "Nos negamos a vivir en la miseria", clama la CNTE mientras exige más plazas, más dinero y más beneficios.

Lo hacen a su manera: cercando Palacio Nacional, paralizando el tráfico en la capital y tomando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como si la protesta se validara por acumulación de caos.

Ernesto Madrid

Esta semana, el colmo fue mantener sitiada la sede del Poder Ejecutivo con la presidenta dentro, aislada y hablándole a las sillas por lo que, la reunión pactada con los dirigentes magisteriales era cancelada con el pretexto de no caer en provocaciones. “El diálogo sigue abierto”, se dijo… pero con la secretaria y el secretario de Educación, Mario Delgado incluido, quien hasta ahora no ha dado la cara.

La CNTE fue durante años el ariete del obradorismo contra gobiernos del PRI y del PAN. Lo que hoy se vive es el resultado de haber sembrado tempestades: aplaudieron sus bloqueos, justificaron sus excesos y convirtieron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en grupo de choque y fábrica de votos. Ahora, los otrora aliados se convirtieron en verdugos.

Este grupo disidente del SNTE ha hecho del chantaje su método: plantones, marchas, provocaciones que canjean por privilegios. ¿Quieren diálogo real o simplemente pasar la factura por los favores electorales prestados a Morena?

En el AICM, la protesta magisterial bloqueó tanto la Terminal 1 como la 2. A los reclamos de usuarios exasperados –“Hacen más desmadre ustedes que ellos, todos estorban, yo tengo que trabajar, tengo que volar”–, los maestros responden que es la sociedad la que les falta al respeto.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, lanzó su proclama desde el aeropuerto: “El poder cree que solo se gobierna desde adentro de Palacio Nacional; el país se le está cayendo a pedazos y no atiende un movimiento que ha tendido la mano con propuestas. Claro que sí, nos negamos a vivir en la miseria”. Acusan a la presidenta de respaldar a las Afores, por no abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

La mandataria respondió hace unos días: "El presupuesto no alcanza. Hay temas donde no podemos avanzar más, pero el diálogo está abierto". Traducido: promesas sí, dinero no.

Desde 2018, con López Obrador, la CNTE recibió un trato preferencial como nunca antes: se revirtió la reforma educativa, se descongelaron sus cuentas bancarias, se les devolvió el control de plazas, se eliminaron sanciones por ausentismo, se reinstalaron maestros destituidos y se les dio acceso directo a funcionarios de alto nivel. Incluso colocaron a una de las suyas al frente de la SEP. También lograron que se detuviera la reforma al ISSSTE, se congelara la edad de jubilación y se condonaran deudas del FOVISSSTE.

¿Y a cambio? Nada. O peor: en los estados donde tienen mayor presencia, los alumnos obtienen los peores resultados y los maestros encabezan las estadísticas de ausentismo. Se resisten incluso a tomar cursos de actualización. La CNTE se ha vuelto una burocracia sindical cómoda, institucionalizada e impune, avalada por el mismo poder al que hoy desafían.

Obrador y Sheinbaum los apapacharon por conveniencia política: porque ayudaron a dinamitar la credibilidad del gobierno de Peña Nieto y debilitaron a la oposición. Pero hoy, ese cálculo político pasa factura. La CNTE se sabe intocable y lo deja claro: “¡Si el gobierno no nos escucha, aquí seguimos la lucha!”.

Hoy, el gobierno enfrenta a una CNTE fortalecida por años de privilegios y consentimientos. No dialogan, exigen. No negocian, imponen. No educan, chantajean. Y mientras el país se paraliza entre bloqueos y discursos, el nuevo gobierno descubre —demasiado tarde— que criar cuervos no solo cuesta votos… también encierra presidentas en Palacio.

Porque si algo ha quedado claro, es que cuando se gobierna con clientelas en lugar de instituciones, los aliados de ayer se convierten en los verdugos de mañana. Y en el tablero del poder, la CNTE ya no juega a favor: juega sola, juega duro… y juega por todo.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

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2025-05-23T15:36:55-06:00

*Encuestas de opinión ubican a la candidata 30 de la planilla morada como finalista a la SCJN

*A dos semanas de la elección de ministros del Poder Judicial Federal, la abogada constitucionalista se mantiene en el cuarto lugar de la preferencia de la ciudadanía.

*La abogada Tapia Gutiérrez cuenta con treinta años de experiencia en litigios del orden constitucional, electoral y civil.

*Es favorita en las encuestas por su propuesta para que las mujeres y los hijos abandonados por los padres tengan acceso a la justicia.

A dos de semanas del proceso para renovar el Poder Judicial de la Federación y elegir personas juzgadoras, la abogada Ingrid Tapia Gutiérrez, registrada como la número 30 en la planilla morada, se perfila para ser electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo domingo primero de junio.

En casi dos meses de campaña que inició el primero de abril y que está a punto de concluir el próximo 28 de mayo, la abogada constitucionalista con treinta años de experiencia en litigios del orden electoral y civil se mantiene entre la cuarta y quinta posición de preferencia, de acuerdo con varias encuestas.

En un repaso de las más recientes consultas de opinión hechas por las firmas Electoralia, GobernArte, Massive Caller y MetaMetrics, Tapia Gutiérrez se mantuvo en los primeros lugares de preferencia en la votación del Poder Judicial desde que inició la contienda de este proceso electoral.

En primer término, en un sondeo hecho el 10 de mayo pasado, la consultora Electoralia, ubica a Tapia Gutiérrez con 9 por ciento de intención de voto, en quinto lugar, mientras la agencia GobernArte la ubicó en cuarta posición con 7.2 por ciento de preferencia ciudadana, apenas el pasado 14 de mayo.

Por su lado, la encuestadora Massive Caller, posiciona a la abogada Ingrid Tapia en 6.19 puntos en cuarto lugar, según un sondeo levantado el 11 de mayo pasado y, finalmente, MetraMetrics registra a la candidata 30 de la planilla morada en 6.9 puntos, en cuarta posición en un ejercicio demoscópico hecho el pasado 8 de mayo.

Antes de su posición en cuarto o quinto lugar en las encuestas están con diferentes porcentajes de preferencia ciudadana, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Zulema Mosri, Loretta Ortiz y Paula García Villegas Sánchez, pero de acuerdo con el proceso de elección judicial serán votadas cinco ministras al más Alto Tribunal.

Durante su acercamiento con la ciudadanía y siempre como lo establecen las reglas del proceso, Ingrid Tapia planteó un cambio en el seno del Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y a los hijos abandonados por los padres.

En diferentes foros, Tapia Gutiérrez consideró que las mujeres viven no sólo una violencia de género, sino una violencia psicológica, una violencia económica, en general una violencia sistémica de la que ella misma ha sido víctima como mujer y que la llevó a formar el movimiento de “Las Novias”, un colectivo que aglutina a miles de mujeres de todo el país que padecen diversas formas de abuso y violencia.

En declaraciones sobre el proceso electoral inédito del Poder Judicial Federal, la candidata a ministro recomendó a la ciudadanía acudir a las urnas el próximo primero de junio porque es el mejor antídoto para evitar este proceso de elección de ministros, jueces y magistrados sea un fracaso.

Ernesto Madrid

Noticias

2025-05-22T11:10:31-06:00

• “Hay partes de México gobernadas por los cárteles” reclama Marco Rubio
• Violencia política, crimen y presión de E.U.: el otro rostro de la seguridad en México

“La violencia política en México es real”. La frase no viene de un opositor local, sino del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien esta semana reiteró ante el Congreso de su país que partes del territorio mexicano están controladas por el crimen organizado. Desde Washington, el mensaje es firme: Estados Unidos quiere intervenir, equipar y compartir inteligencia con México para frenar a los cárteles que -según sus agencias- representan una amenaza directa a su seguridad nacional.

Ernesto Madrid

En paralelo, el Departamento del Tesoro sancionó a dos líderes del Cártel del Noreste (CDN), organización que -de acuerdo con el gobierno estadounidense- opera como una red transnacional de tráfico de drogas, armas, personas y terrorismo fronterizo. Las sanciones bloquean sus activos en E.U. y prohíben cualquier transacción con ellos. El mensaje es inequívoco: la frontera sur ya no es solo un asunto migratorio, sino un frente de seguridad binacional.

Este contexto golpea de lleno en México, donde los discursos oficiales siguen hablando de “atención a las causas” mientras la violencia escala. El asesinato reciente de dos colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue descrito por la fiscal Bertha Alcalde Luján como un “ataque directo y altamente organizado”, sin descartar que esté vinculado a violencia de género.

No obstante, este crimen se inscribe en un patrón más amplio. El propio gabinete de seguridad había informado al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre amenazas del Cártel Unión Tepito contra Brugada, motivadas por disputas de control territorial en Iztapalapa. Se reforzó su seguridad… y luego se relajó. Hoy, la línea de investigación vuelve a apuntar al crimen organizado.

Según México Evalúa, la inversión y la gobernabilidad son imposibles en territorios dominados por la ley del más fuerte. A la fecha, al menos siete grandes estructuras criminales -como el CJNG, Sinaloa, CDN, Tren de Aragua y mafias chinas- y más de 60 bandas locales disputan regiones en la capital del país. La violencia política no es abstracta: se expresa en asesinatos, cooptación de campañas, control de territorios y, en este caso, en una ejecución en el corazón del poder capitalino.

A diferencia de gobiernos anteriores, E.U. ha enviado a México no a un embajador diplomático o comercial, sino a un experto en inteligencia, antiterrorismo y crimen organizado con trayectoria en la CIA. La prioridad ya no parece ser renegociar el T-MEC, sino contener lo que perciben como una amenaza interna desbordada.

Marco Rubio confirmó que viajará pronto a México. Sus dos prioridades serán comercio y seguridad. Pero el orden de los factores importa: el libre mercado no se sostiene sin Estado de derecho. Y si la violencia no se contiene, la cooperación se convertirá en presión.

En plena conferencia matutina del “pueblo”, el día del asesinato de los colaboradores de Brugada, el gobierno federal repitió su optimismo. Pero fuera del recinto, la realidad impone otros términos. La violencia está organizada. ¿Lo está el Estado?

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-05-21T15:21:55-06:00

La inversión privada necesita certidumbre, no discursos. Y hoy en México, esa certidumbre no existe. El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sacudió a la opinión pública y dejó en el aire una pregunta clave: ¿estamos atendiendo la inseguridad o solo administrando la narrativa?

Ernesto Madrid

La presidenta Claudia Sheinbaum, sorprendida por el crimen en plena conferencia del Pueblo, pidió no especular: “No tenemos conocimiento de amenazas… son compañeros que no usan vigilancia”. Pero en un país donde las autoridades no anticipan ni protegen a sus propios colaboradores, porque son del pueblo, la incertidumbre es inevitable.

El problema es estructural. La violencia no es una excepción, es la norma. De acuerdo con México Evalúa, grupos criminales están disputando el control de municipios en entidades como Veracruz, donde el riesgo electoral ya no viene de la polarización política, sino del narcotráfico. “La inversión no prospera donde rige la ley del más fuerte”, advierte el think tank en su análisis más reciente. Y ese principio se extiende ya por buena parte del territorio nacional.

En paralelo, la confianza en las instituciones de justicia es prácticamente inexistente. En la CDMX, más del 80% de los ciudadanos percibe corrupción en el Ministerio Público. La idea de elegir jueces por voto popular —como plantea el gobierno— no resolverá el verdadero problema: fiscalías débiles, sin autonomía ni eficacia. Y sin justicia, no hay inversión posible destaca el análisis del organismo.

A la inseguridad se suma otro fenómeno igual de preocupante: la censura. El intento del Tribunal Electoral de Tamaulipas por silenciar al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal, tras la publicación de una columna que liga al poder judicial local con el crimen organizado, encendió las alarmas. El uso de datos personales del padrón electoral para perseguirlo —con la colaboración del INE— podría configurar una violación constitucional.

Más allá del caso, el mensaje es claro: quien se atreva a denunciar los vínculos entre política y crimen será castigado. Así no se construye un Estado de derecho. Se construye miedo. Y el miedo es el enemigo número uno de la inversión.

El llamado Plan México, con el que el gobierno busca proyectar estabilidad ante los mercados internacionales, luce cada vez más frágil. A las amenazas externas —como las presiones de Donald Trump o los vaivenes del T-MEC— se suma una crisis interna más profunda: la descomposición institucional que arrastramos desde sexenios anteriores, hoy agravada por la concentración del poder y la falta de contrapesos con el proyecto de la transformación.

La visita de Sheinbaum a Sinaloa el próximo fin de semana, una de las regiones más golpeadas por la violencia desde 2023, será breve y simbólica. Se anunciarán programas sociales, se repetirá el mensaje de que "la seguridad se está atendiendo". Pero la realidad no se resuelve con actos protocolarios ni frases de ocasión.

México necesita instituciones fuertes, justicia imparcial y una prensa libre. Solo así podrá ofrecer la certidumbre que exige el capital productivo. Lo demás —programas, planes, giras y discursos— son castillos en el aire.

Y todo, en el preámbulo de la llegada del embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson, que le presentó sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-05-20T12:39:20-06:00

• Estados Unidos espera la autorización de México para poder subir al buque escuela Cuauhtémoc para iniciar sus investigaciones y entrevistar a la tripulación

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “mezquindad” las críticas dirigidas a la Secretaría de Marina (Semar) y al gobierno federal por el lamentable accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc, ocurrido en el puerto de Nueva York. Dijo que no se debe politizar una tragedia, y defendió tanto a la institución como a la tripulación, destacando que se trataba de un evento abierto al público.

Ernesto Madrid

Hasta ahí, el discurso parecía razonable. Pero lo que resulta inusual —por no decir preocupante— es que, por primera vez en sus 36 años de servicio, esta embarcación emblemática fue escenario de propaganda política en favor de Morena.

Que quede claro: el uso del Buque Cuauhtémoc para promover la elección judicial no tiene una relación causal directa con el accidente, pero sí plantea una inquietud legítima. En más de tres décadas, este símbolo flotante de diplomacia naval ha navegado por 64 países, atracado en 212 puertos y dado 35 vueltas simbólicas al planeta sin haber sido utilizado nunca para actividades partidistas. Hasta ahora.

En videos difundidos en redes sociales, simpatizantes de Morena grabaron mensajes dentro del buque —horas antes del accidente— llamando a votar en la consulta judicial del 1 de junio. Uno de ellos, identificado como Ulises, alentaba a “cambiar el Poder Judicial”. Incluso mencionaron nombres: Isaac de Paz y Lenia Batres, ambos afines al oficialismo y aspirantes a la Suprema Corte.

La pregunta es válida: ¿Es aceptable que una embarcación militar, operada por la Marina Armada de México y representando al Estado mexicano en el extranjero, sea utilizada como plataforma de propaganda? Y más aún, ¿bajo el pretexto de que "la gente puede subir al barco" en visitas públicas?

La presidenta buscó deslindar a la Semar de cualquier responsabilidad, diciendo que esas expresiones “no deben atribuirse” a la institución. Pero lo cierto es que ya se volvió costumbre en este sexenio ver cómo se borran los límites entre gobierno, partido y Estado.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), espera la autorización de México para subir al Cuauhtémoc y entrevistar a la tripulación como parte de su investigación. Hasta ahora, se sabe que el buque solicitó apoyo de un remolcador para zarpar del muelle 17 el sábado 17 de mayo por la noche. Sin embargo, las maniobras fallaron y a las 20:24:45, el Cuauhtémoc colisionó con la parte inferior del puente de Brooklyn. El saldo: dos mexicanos fallecidos —una cadete y un marino— y varios lesionados.

“No especularemos”, dijo Michael Graham, representante de la NTSB. La investigación aún está en fase preliminar, pero incluirá la revisión de los protocolos tanto del buque como de los remolcadores.

En cualquier otro contexto, esto habría sido una lamentable tragedia náutica. Pero el uso político del buque ha encendido una chispa que no se puede ignorar. No es mezquindad señalarlo. Es sentido común.

Cuando el gobierno convierte cualquier espacio —terrestre, aéreo o marítimo— en trinchera electoral, incluso los símbolos más respetados se ven arrastrados al oleaje de la política. Y a veces, como ocurrió en Nueva York, ese oleaje puede chocar con algo más sólido: la realidad.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-05-19T19:20:22-06:00

Carlos Roberto Matty

Sonora

2025-05-17T20:37:16-06:00

Carlos Roberto Matty

Sonora

2025-05-17T07:01:04-06:00

• COPARMEX, México Evalúa y el Laboratorio Electoral denuncian deficiencias graves del proceso y alertan sobre perfiles judiciales vinculados al crimen organizado.

La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, impulsada como una supuesta democratización del Poder Judicial, es en realidad un experimento de alto riesgo. Un ensayo populista que amenaza con desmantelar uno de los últimos contrapesos institucionales en México. En un país con estructuras débiles, justicia parcial e infiltración criminal documentada, esta reforma judicial no sólo es imprudente, es peligrosamente regresiva.

Ernesto Madrid

Desde la trinchera ciudadana, COPARMEX, el Laboratorio Electoral y México Evalúa han alzado la voz con argumentos sólidos: este proceso está plagado de irregularidades, improvisaciones, opacidad y —más grave aún— abre la puerta a perfiles judiciales con vínculos criminales o partidistas. ¿De verdad alguien cree que elegir jueces con campaña, clientela y propaganda garantiza imparcialidad?

Juan José Sierra, presidente de COPARMEX, lo resumió bien: “La justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos”. Pero eso es exactamente lo que pretende el nuevo modelo. Porque el verdadero propósito de esta reforma no es democratizar, sino capturar. La independencia judicial está bajo ataque.

Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral, advirtió que ya existen candidaturas con antecedentes preocupantes. Hay nombres en las listas con vínculos al crimen organizado, sin experiencia judicial ni credenciales mínimas. ¿Qué puede salir mal cuando pones la justicia en manos de quienes aspiran a manipularla?

El contexto no ayuda: reducción del 50% de las casillas, boletas incomprensibles, una plataforma digital con fallas persistentes, y sin cadena de custodia efectiva en el conteo. A eso se le llama fabricar una elección sin garantías. Votar en esas condiciones no empodera, desinforma.

Mientras tanto, los datos duelen: sólo el 38.6% de la ciudadanía confía en el Ministerio Público y el 81.7% lo percibe como corrupto. La mayoría de los casos penales se archivan o se rechazan por incompetencia de acuerdo con México Evalua. ¿En serio creemos que un cambio cosmético como este resolverá la crisis de justicia?

Lo que más preocupa es que la oposición a la reforma no viene solo de críticos locales. Es un clamor internacional.
Morgan Stanley, Citibanamex, Bank of América y Fitch Ratings han lanzado alertas sobre los riesgos económicos y de inversión.

Embajadores de Estados Unidos y Canadá consideran que esta medida amenaza la democracia.
La ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Jueces han pedido frenar la iniciativa por vulnerar la independencia judicial.

Y desde la academia, nueve de las principales universidades del país —de la UNAM al CIDE— ya la califican como un retroceso histórico.

¿De verdad vamos a ignorar todas esas señales? ¿O nos vamos a resignar a ver cómo se construye un poder judicial a modo, dócil, dispuesto a servir al poder político o, peor, a intereses criminales?

Hay quienes aplauden esta reforma en nombre del “pueblo”, pero omiten decir que sin instituciones independientes no hay justicia posible. Que sin jueces libres no hay Estado de derecho. Y que, sin contrapesos, no hay democracia: hay obediencia.

Este país necesita un Poder Judicial fuerte, profesional y autónomo. Lo que hoy tenemos entre manos es justo lo contrario: una simulación con consecuencias reales. Urge detener esta locura antes de que sea irreversible. Porque cuando la justicia se somete al poder, el siguiente paso ya no es democracia, es autoritarismo coincidieron en señalar.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-05-16T15:37:36-06:00

• Los impuestos a las remesas se perfilan como un arma más de los republicanos en EU contra los inmigrantes

Mientras los republicanos en Estados Unidos promueven un impuesto de hasta 37% a las remesas, como parte de su “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, el gobierno de Claudia Sheinbaum se encierra en la negación: no hay intervención extranjera, no hay subordinación, no hay narcopolíticos en Morena. Pero Washington ya no solo observa a los cárteles: mira con lupa a los políticos mexicanos que los han cobijado.

Ernesto Madrid

El contraste es obsceno. Por un lado, se busca castigar a los migrantes que sostienen a sus familias desde el extranjero —con afectaciones que Banamex calcula serían de apenas 0.1% del PIB, aunque letales para estados como Guerrero, Michoacán o Chiapas—. Por el otro, se protege a los operadores políticos que pactan, encubren o se benefician del crimen organizado.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes, advierte en entrevista con EFE: “En lugar de mejorar el panorama de la inmigración, estas propuestas lo van a empeorar”. Pero más grave aún es que mientras se ataca al migrante trabajador, se silencian las investigaciones contra funcionarios mexicanos.

Esta semana, ICE presumió haber desmantelado tres narcos laboratorios en Sinaloa, en coordinación con unidades mexicanas certificadas por agencias estadounidenses. En respuesta, Sheinbaum, desde su conferencia del pueblo, declaró: “No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo”.

La embajada de EE. UU. desmintió esa narrativa en una tarjeta informativa enviada al programa de Ciro Gómez Leyva: sí hubo colaboración directa, aunque canalizada a través de la Agencia de Investigación Criminal. La soberanía, al parecer, aplica solo cuando conviene.

Pero los indicios del descontento estadounidense van más allá: se habría retirado la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo Carlos Torres, excoordinador de Programas Sociales y figura cercana a Palacio Nacional. También se menciona al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como parte del creciente interés de Washington en políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen.

Claudia Sheinbaum insiste en que todo es un intento por recuperar el poder que E.U. tenía durante el “periodo neoliberal”. Pero el silencio sobre estos nombres y estos vetos es más elocuente que cualquier discurso soberanista. Si no se trata de intervención, ¿por qué no hablar con claridad?

Tal vez la clave para enfrentar al crimen organizado no pase por sumar más patrullas o apostar todas las fichas a Omar García Harfuch, sino por algo más incómodo: redefinir el papel del gabinete económico en la estrategia de seguridad. Porque el problema ya no es solo de balas, sino de estructura.

El ritmo con el que los cárteles regeneran su fuerza es brutal. Lo que para cualquier ejército sería una pérdida insostenible, para ellos parece rutina. Caen sicarios, capos, operadores… y aun así reclutan, compran armas, infiltran y corrompen con una capacidad casi ilimitada. El poder de fuego del Estado simplemente no alcanza.

La evidencia está en los números: durante años los homicidios se mantuvieron por encima de los 35 mil anuales, y aunque en 2024 hubo una reducción a 27 mil, el sexenio saliente acumula casi 200 mil asesinatos. Son cifras de guerra, pero una guerra que no está debilitando al enemigo.

Podemos asumir que buena parte de esas muertes se concentran entre quienes están directa o indirectamente involucrados en actividades criminales, pero eso no hace menos grave el fenómeno. El crimen organizado no está cediendo terreno, está evolucionando. Y lo está haciendo más rápido que el Estado.

Pensar que con más policías y retenes se resolverá el problema es no querer ver lo esencial: el crimen se alimenta de desigualdad, de impunidad… y de política. Y ahí es donde más se resiste a intervenir este gobierno.

Lo cierto es que, apenas se recuperan de un escándalo cuando ya tienen otro listo para hornearse. Entre visas que desaparecen, vacas varadas, narcos arrepentidos y el afán de ordeñar las remesas, ¡la agenda del gobierno es un no parar de emociones! Uno casi siente lástima... casi…

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-05-15T11:29:43-06:00

En el marco del proceso inédito de renovación total del Poder Judicial en la Ciudad de México, la candidata a magistrada de disciplina, Nahyeli Ortiz, subraya la necesidad de reforzar la transparencia, erradicar el nepotismo y garantizar la participación ciudadana en la vigilancia judicial. Con más de tres décadas de experiencia en la defensa de derechos humanos, propone crear observatorios ciudadanos, aplicar sanciones efectivas y adoptar metodologías con perspectiva de género para asegurar un acceso real a la justicia.

Por Marta Obeso y Ernesto Madrid

En un momento clave para la vida democrática de México, el país vive un proceso inédito: la renovación total del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. Para Nahyeli Ortiz, defensora de derechos humanos con más de tres décadas de experiencia y actual candidata a magistrada de disciplina, esta transformación representa una oportunidad histórica para combatir la corrupción, garantizar la independencia judicial y acercar la justicia al pueblo.

Un cambio estructural sin precedentes
“El proceso es inédito en el país”, explica Ortiz, quien actualmente dirige la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. “Se está renovando el 100% del Poder Judicial, lo que representa un cambio estructural importante para fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia y combatir la corrupción”.

Ortiz señala que esta reconfiguración no debe verse como un simple relevo de personal, sino como una posibilidad concreta para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

La ciudadanía como contrapeso activo
Uno de los pilares de su visión es la participación ciudadana. “Las organizaciones y la ciudadanía deben involucrarse activamente en la vigilancia de jueces y magistrados”, propone. Para ello, sugiere la creación de observatorios ciudadanos y otros mecanismos que permitan supervisar el actuar de quienes imparten justicia, garantizando transparencia y efectividad.

Nepotismo, corrupción y rendición de cuentas
Sobre los males que históricamente han dañado al sistema judicial, Ortiz es clara: “Se deben fortalecer metodologías que permitan detectar y sancionar conductas corruptas e indebidas. Las sanciones deben ir desde multas hasta destituciones”. Su propuesta incluye fomentar una cultura real de rendición de cuentas y control social, indispensable para erradicar redes de complicidad y abuso.

Justicia con perspectiva de género
Para Nahyeli Ortiz, aplicar metodologías con perspectiva de género no es opcional, sino esencial. “Se deben utilizar lentes del género para abrir la visión y asegurar un acceso real a la justicia para todas las personas, eliminando sesgos y promoviendo la igualdad”, afirma. Esto implica también capacitar al personal y establecer criterios claros para decisiones judiciales más justas.

Independencia judicial sin presiones
La candidata subraya que la independencia judicial se construye día con día y enfrenta amenazas constantes, como presiones políticas o influencias externas. “Debemos garantizar que las decisiones y sanciones en el sistema judicial sean libres de intereses indebidos. Solo así podemos hablar de una justicia auténtica y confiable”, sentencia.

Elección popular y responsabilidad ciudadana
Frente al nuevo proceso electoral que permitirá a la ciudadanía votar por magistradas y magistrados, Ortiz hace un llamado a la responsabilidad informada. “El voto será popular, por lo que la ciudadanía debe conocer los perfiles y participar activamente. El poder lo otorga el pueblo, y por eso es tan importante que lo ejerza con conciencia”, señala.

Agencias del Ministerio Público: foco de atención
Otro eje de su propuesta es el fortalecimiento de las agencias del Ministerio Público y fiscalías. “Debemos mejorar su actuación con capacitación constante, vigilancia social y sanciones efectivas para quienes incurran en irregularidades. Es clave para reducir la impunidad y mejorar la impartición de justicia”, afirma.

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Hacia un Tribunal de Disciplina independiente y vigilado
En su propuesta como candidata al Tribunal de Disciplina, Nahyeli Ortiz plantea la creación de un observatorio ciudadano especializado en supervisar sus procesos y resoluciones. Esta iniciativa busca romper el aislamiento institucional y abrir espacios para una fiscalización directa de la ciudadanía sobre los jueces y magistrados.

Una reforma que puede cambiar el rumbo de la justicia en México
Pese a la desconfianza social acumulada, Ortiz es optimista. “Confío en que este proceso traerá cambios positivos. Fortalecerá la independencia judicial y permitirá una justicia más transparente y cercana a la ciudadanía, con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas”, concluye.

En un sistema judicial que durante décadas ha sido señalado por opacidad, influencias indebidas y deshumanización de las víctimas, la voz de Nahyeli Ortiz resuena como un llamado firme a transformar la justicia en una institución ética, accesible y verdaderamente al servicio del pueblo.

En entrevista: Nahyeli Ortiz subraya que la independencia del Poder Judicial es esencial para garantizar decisiones justas y libres de influencias externas. Propone implementar un observatorio ciudadano, promover la participación social, fortalecer la capacitación y la ética en los jueces y magistrados, y mejorar los mecanismos de sanción para crear un sistema de justicia más transparente, imparcial y confiable.

 Entrevista completa:

Esfera Noticias

CDMX

2025-05-14T17:12:37-06:00

• En palabras de un exfuncionario de Pemex que pidió anonimato: “Solo cambiaron los apellidos, pero el negocio sigue siendo de familia”.

La autoproclamada lucha contra la corrupción que enarboló el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio escondía en su núcleo una red de nepotismo, pactos silenciosos y privilegios familiares que tejieron un nuevo andamiaje de poder alrededor del sector energético. El epicentro: Pemex, la empresa estatal petrolera, donde se cruzan los intereses de la familia presidencial, viejos operadores del PRI y nuevas y viejas caras del empresariado sexenal.

Ernesto Madrid

Marinsa vs. Baker Hughes: la batalla por el petróleo familiar

Al cierre de 2019, Marinsa de México, subsidiaria de Grupo Cemza, acumulaba contratos por hasta 10 mil millones de pesos como proveedor de plataformas y embarcaciones para Pemex. Detrás de esta empresa, se encontraba Felipa Obrador Olán, prima hermana del entonces presidente López Obrador.

Pero Marinsa no operaba sola. Su principal rival era la firma CA Twelve S.A. de C.V., vinculada a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente. Adams, de origen brasileño y extrabajadora del sector energético, estableció alianzas con Eduardo Joel Arratia Vingardi, contratista con historial en Pemex. La asociación los conectó indirectamente con la multinacional Baker Hughes, que ya tenía operaciones en la polémica refinería Dos Bocas.

El punto álgido estalló con la investigación del periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló el caso de la "Casa Gris" en Houston, donde vivía José Ramón con Carolyn Adams. La propiedad pertenecía a un exdirectivo de Baker Hughes, detonando un escándalo que obligó al gobierno a cancelar los contratos de Marinsa, a pesar de que ya había operado en los sexenios panistas y priistas, sin consecuencias.

El “Clan Obrador” y el negocio extendido

El reportaje “El Clan”, difundido en Latinus el 6 de diciembre de 2023, expuso una estructura de tráfico de influencias encabezada por los hijos mayores del presidente —José Ramón, Andrés y Gonzalo Alfonso— y su íntimo amigo, el empresario Amílcar Olán, primo segundo de Felipa Obrador.

El entramado familiar es denso: Amílcar es sobrino de Felipa Olán, tía de Felipa Obrador. Su cercanía sanguínea con los hijos de AMLO y los negocios adjudicados en contratos millonarios consolidaron lo que diversos analistas llaman ya un “cártel de contratos familiares” en la 4T.

El movimiento interno en Pemex

La salida de Marinsa no fue solo un ajuste administrativo, sino una operación cuidadosamente ejecutada. En los primeros años del sexenio, Miguel Ángel Lozada Aguilar, entonces director de Pemex Exploración y Producción (PEP), advirtió que retirar contratos a Marinsa colapsaría la producción. La advertencia fue falsa. Sirvió, en cambio, para justificar la redistribución de contratos a nuevas empresas alineadas con el grupo presidencial.

Los contratos fueron refrendados por José Eduardo Beltrán Hernández —consejero independiente de Pemex y familiar político de Beatriz Gutiérrez Müller— y Abraham David Alipi Mena, identificados como los autorizadores clave en favor de Baker Hughes.

El pacto Peña Nieto-AMLO: Atlacomulco reencarnado

Detrás del telón, otro actor operaba silenciosamente: el Grupo Atlacomulco, estructura política del priismo mexiquense. La reconfiguración del poder petrolero dio paso al ascenso de Opex, empresa de José Miguel Bejos, allegado al expresidente Enrique Peña Nieto y beneficiario histórico de obras públicas, en el sexenio pasado, como el Tren Maya, a través del consorcio Mota Engil México.

Opex recibió más de 18 mil millones de pesos en contratos y se convirtió en un nuevo jugador dominante, desplazando a Marinsa en favor del "nuevo PRI morenista". En el fondo, afirman fuentes cercanas, se consolidó un pacto político-financiero entre Peña Nieto y López Obrador, basado en preservar el control del negocio petrolero a través de nuevos apellidos con viejos vínculos.

La cortina de humo y la campaña mediática

Para sellar la operación, se activó una campaña mediática donde se acusó a Marinsa de lavado de dinero y huachicoleo, sin que hasta la fecha se presentaran pruebas judiciales contundentes. En contraste, informes señalan que otra empresa, Blue Marine, podría estar más directamente vinculada al robo de hidrocarburos.

Pese a todo, el modelo económico de privilegios sobrevivió al discurso de austeridad y moralización pública. Los intereses del Grupo Atlacomulco, de la familia presidencial, y de empresarios estratégicos como Bejos o Arratia Vingardi, convergieron en una red de protección mutua, negocios compartidos y contratos dirigidos.

El caso demuestra que la 4T heredó y adaptó la arquitectura del viejo régimen: uso discrecional del poder, nepotismo, tráfico de influencias y negocios familiares ocultos bajo el velo de una narrativa anticorrupción. El petróleo, como en sexenios anteriores, sigue siendo el botín político por excelencia.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

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2025-05-14T13:20:18-06:00