• Empresarios desconocidos hace una década hoy mueven miles de millones en contratos públicos, principalmente con Pemex. Investigaciones periodísticas y filtraciones apuntan a una red político-empresarial ligada al círculo cercano de López Obrador y al senador Adán Augusto López Hernández.

En política, las casualidades suelen ser demasiado costosas para ser solo coincidencias. En Tabasco, varios de los caminos del dinero público parecen conducir al mismo punto: el entramado político que rodea al hoy senador de Morena Adán Augusto López Hernández y al grupo de poder que se consolidó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La promesa de la Cuarta Transformación era romper con las élites económicas que históricamente prosperaron al amparo del poder. Sin embargo, a siete años del inicio del proyecto lopezobradorista, una nueva generación de empresarios ha emergido —rápidamente y con contratos públicos millonarios— bajo un patrón que recuerda demasiado al viejo sistema que el propio movimiento prometió erradicar.

Ernesto Madrid

El fenómeno ha sido documentado por investigaciones periodísticas, reportes de inteligencia y filtraciones que revelan cómo una red de negocios, notarías y operadores financieros ha acompañado el ascenso político del llamado Grupo Tabasco.

En Tabasco, al menos una veintena de empresarios han experimentado un crecimiento económico exponencial desde 2019, coincidiendo con la llegada de López Obrador a la presidencia y el control de Petróleos Mexicanos por parte del también tabasqueño Octavio Romero Oropeza.

Uno de los casos más visibles es el de Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario prácticamente desconocido en el círculo tradicional de contratistas petroleros que saltó a la atención pública tras organizar una ostentosa fiesta de XV años para su hija, un evento que, según reportes periodísticos, exhibió el nuevo poder económico de un grupo de empresarios cercanos al gobierno.

Contratos públicos confirman que Guerrero Rojas y su red de socios han recibido beneficios en contratos vinculados a Pemex desde 2019. Entre ellos destacan Ángel Ernesto García Castillo, José del Carmen Olán Arce y Héctor Peralta Grappin, quienes en conjunto aparecen vinculados a decenas de empresas relacionadas con obras y servicios petroleros.

Solo una de esas compañías, Petroservicios Integrales México, ha obtenido contratos que alcanzan hasta los cuatro mil millones de pesos. Otro ejemplo es Construcciones Garza, empresa que desde 2019 comenzó a recibir contratos relacionados con la construcción y mantenimiento en la Refinería Olmeca Dos Bocas, uno de los proyectos insignia del lopezobradorismo. A inicios de 2026, la empresa recibió un nuevo contrato por 72 millones de pesos mediante adjudicación directa cuando solo trabajaban en el ámbito municipal.

De acuerdo con investigaciones publicadas por El Universal, varios de los empresarios beneficiados en los últimos años constituyeron sus compañías en notarías vinculadas a amigos o aliados políticos del exgobernador tabasqueño Adán Augusto López. Estas notarías, según el diario, operan como una red de servicios legales que se ha heredado durante generaciones y que facilita la creación de estructuras empresariales utilizadas para contratos públicos.

El patrón no es nuevo en la política mexicana: redes jurídicas que permiten abrir empresas, transferir acciones o reorganizar socios cuando aparecen nuevas oportunidades de negocio vinculadas al gobierno.

Las sospechas sobre este entramado crecieron en 2023 cuando se filtraron grabaciones telefónicas en las que aparece el “empresario” Amílcar Olán com vínculos familiares con los López Obrador y filtradas por Germán Pérez, quienes hablaban sobre negocios vinculados a los hijos del presidente.

El material fue difundido en investigaciones periodísticas y citado por el columnista Raymundo Riva Palacio, quien documentó que en esas conversaciones se mencionaban operaciones multimillonarias en las que aparecerían Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán.

Los audios provocaron un intento interno por identificar su origen. Según distintas versiones periodísticas, operadores financieros cercanos a Adán Augusto López habrían buscado rastrear a los responsables de la filtración. Uno de los nombres que apareció en esa trama fue el del empresario Mario Pacchiano, señalado por presuntas operaciones irregulares en contratos de medicamentos.

La historia tomó una dimensión internacional cuando Amílcar Olán salió de México y, según reportes citados por fuentes gubernamentales, transfirió cerca de tres mil millones de pesos mediante complejas rutas financieras. El empresario habría pasado por Dubái y posteriormente por Suiza, donde autoridades mexicanas detectaron movimientos financieros sospechosos.

Fuentes citadas en investigaciones periodísticas aseguran que agencias estadounidenses han mantenido conversaciones con él, lo que podría convertirlo en un testigo cooperante en indagatorias relacionadas con corrupción y lavado de dinero.

En medio de estas polémicas, el senador Gerardo Fernández Noroña defendió públicamente que los políticos de la 4T no están obligados a vivir en austeridad personal, siempre que el presupuesto público se maneje correctamente. El argumento revela una paradoja política. El movimiento que llegó al poder denunciando la riqueza de las élites ahora se enfrenta a cuestionamientos sobre el surgimiento de una nueva clase empresarial ligada al poder político.

La historia del Grupo Tabasco parece repetir un viejo patrón de la política mexicana: empresarios que prosperan al ritmo del poder. La diferencia es que ahora ocurre bajo un discurso que prometía terminar precisamente con esa práctica.

Sin embargo, el uso de redes de factureros y la transferencia de capitales al extranjero sugieren que no se trata solo de un "estilo de vida", sino de un presunto lavado de dinero que, irónicamente, podría ser frenado si la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) aplicara los bloqueos de cuentas que la Suprema Corte validó este lunes.

Si la transformación era desmontar el viejo sistema de privilegios, el surgimiento de nuevos millonarios vinculados al poder plantea una pregunta incómoda para el proyecto político que domina México desde 2018: si cambió el régimen… ¿por qué los beneficiarios del poder siguen apareciendo exactamente en el mismo lugar donde siempre han estado? —en los contratos públicos.

@JErnestoMadrid 

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Ernesto Madrid

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2026-04-06T17:15:12-06:00

• Los Precriterios de Política Económica 2027 plantean un crecimiento moderado, menor ingreso petrolero y recorte del gasto, mientras el secretario de Hacienda confía en que la inversión, el crédito y el consumo impulsen a la economía hacia un 3% en 2026.

La publicación de los Precriterios Generales de Política Económica 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirma un diagnóstico cauteloso para la economía mexicana. El documento mantiene para 2026 un crecimiento del PIB en un rango de 1.8% a 2.8%, mientras que para 2027 lo ubica entre 1.9% y 2.9%.

Las cifras reflejan un crecimiento moderado, muy lejos del dinamismo que México necesitaría para acelerar la inversión y el empleo. Sin embargo, durante la 89 Convención Bancaria, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, planteó que la economía podría acercarse a un crecimiento cercano al 3% hacia finales de 2026, una meta más ambiciosa que las propias proyecciones oficiales.

Ernesto Madrid

La diferencia entre el documento técnico y el mensaje político marca la tensión central del escenario económico: prudencia en las cifras, optimismo en las expectativas.

El marco macroeconómico prevé que la inflación cierre 2026 en 3.7% y baje a 3.0% en 2027, en línea con el objetivo del Banco de México. Con ese telón de fondo, Hacienda anticipa que el ciclo de relajamiento monetario continúe. La tasa de referencia podría ubicarse en 6.3% al cierre de 2026 y descender a 5.5% en 2027, lo que en teoría facilitaría el crédito y la inversión.

El tipo de cambio se proyecta relativamente estable, con un promedio de 18 pesos por dólar en 2026 y 18.5 en 2027, un escenario que apunta a estabilidad financiera, aunque sin grandes motores de crecimiento. Uno de los cambios más relevantes en el documento es la caída prevista en el precio del petróleo. Hacienda estima 77.3 dólares por barril para 2026, pero apenas 54.7 dólares para 2027, una reducción significativa que impactará directamente los ingresos públicos.

Cada dólar adicional en el precio del crudo implica alrededor de 9.6 mil millones de pesos en ingresos para el gobierno, por lo que un escenario de precios más bajos obliga a una mayor disciplina fiscal. En ese contexto, el gobierno plantea continuar con la reducción gradual del déficit. Para 2027, el saldo histórico de la deuda pública se ubicaría alrededor de 55% del PIB, dentro de una estrategia de consolidación fiscal.

El presupuesto proyectado refleja ese esfuerzo de ajuste. Los ingresos totales alcanzarían 8.83 billones de pesos, pero con un cambio en su composición. Mientras los ingresos petroleros caerán en casi 293 mil millones de pesos, los ingresos tributarios aumentarán cerca de 347 mil millones, impulsados por mayor fiscalización y eficiencia recaudatoria.

Por el lado del gasto, el gasto programable —el destinado a programas y proyectos— se reducirá en términos reales, mientras aumentan compromisos inevitables como el costo financiero de la deuda.

Para cerrar la brecha entre el crecimiento proyectado y el deseado, Hacienda apuesta por una estrategia basada en inversión y financiamiento. Entre los ejes destacan la digitalización de la economía, el impulso a nuevos jugadores financieros —fintech, neobancos y sofipos— y una ley de inversión mixta que busca utilizar recursos públicos como ancla para atraer capital privado, particularmente en infraestructura.

El propio documento reconoce, sin embargo, que el crecimiento dependerá de un entorno internacional complejo. Persisten riesgos asociados a conflictos geopolíticos, interrupciones en rutas comerciales estratégicas y cambios en la política comercial de Estados Unidos, en un momento clave por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, el gobierno confía en que la inversión privada repunte gradualmente a medida que las empresas se adapten al nuevo marco regulatorio y avance la renegociación del acuerdo comercial. También prevé que la inversión pública y los esquemas de inversión mixta, vinculados al Plan México y al programa de infraestructura para el desarrollo con bienestar que aún se discute en el Congreso, ayuden a cerrar brechas en infraestructura y a fortalecer la capacidad productiva.

Hacienda estima que el consumo interno seguirá siendo un soporte importante, impulsado por el crecimiento de los salarios reales, el empleo asociado a la inversión y el respaldo de los programas sociales del gobierno. A ello se sumaría un desempeño favorable de las exportaciones, en parte porque México mantiene una posición arancelaria más competitiva que otros países exportadores, lo que le permite conservar ventajas dentro de las cadenas productivas de América del Norte.

En conjunto, los Precriterios dibujan una economía estable, pero con márgenes limitados de crecimiento. Menores ingresos petroleros, ajustes en el gasto y una economía que aún depende de la inversión privada, explican la cautela de las proyecciones. Por eso la apuesta de Hacienda es clara: si el crédito, la inversión y el comercio exterior responden, la economía podría acercarse al 3% de crecimiento.

Pero por ahora, ese escenario sigue siendo más una aspiración política que una certeza en las cifras.

@JErnestoMadrid 

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Ernesto Madrid

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2026-04-02T10:00:23-06:00

• Mientras el gobierno presume ingresos récord en las aduanas y apuesta por su digitalización, el diagnóstico comercial de Estados Unidos advierte que México endurece trámites, eleva sanciones y genera mayores riesgos logísticos para exportadores.

El relevo en la Agencia Nacional de Aduanas de México ocurre en un momento delicado para la relación comercial con Estados Unidos. Mientras el gobierno federal destaca el aumento “impresionante” en la recaudación aduanera, el diagnóstico comercial más reciente de Washington advierte que el sistema mexicano se ha vuelto más restrictivo y costoso para las operaciones de comercio exterior.

El informe National Trade Estimate (NTE) 2026 amplió el apartado dedicado a México al pasar de siete páginas en 2025 a nueve este año, reflejando una mayor preocupación sobre las barreras regulatorias y operativas que enfrentan empresas estadounidenses.

Ernesto Madrid

Uno de los focos del reporte está en el funcionamiento de las aduanas. A diferencia del diagnóstico previo —que señalaba problemas operativos como notificaciones tardías o criterios inconsistentes—, el documento de 2026 describe un sistema más punitivo.

Según el informe, ahora se exige más información en cada operación de importación y se amplió la responsabilidad por posibles sanciones, lo que incrementa los costos de cumplimiento. Además, las autoridades aduaneras tienen mayores facultades para detener o decomisar mercancías, lo que introduce incertidumbre logística y riesgos financieros para exportadores.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas, a quien reconoció por haber incrementado la recaudación. El funcionario será enviado a Yucatán como delegado federal.

En su lugar fue designado Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien trabajaba en la Agencia de Transformación Digital y tendrá la tarea de profundizar la digitalización y modernización tecnológica de las aduanas.

El mensaje presidencial dejó claro que la prioridad es mantener el aumento en la recaudación y fortalecer los controles en aduanas marítimas y terrestres. Sin embargo, para Washington ese endurecimiento administrativo comienza a traducirse en nuevas barreras comerciales.

El informe también identifica otras tensiones. En compras gubernamentales, México otorgará puntos adicionales a empresas que inviertan o produzcan localmente, una medida que podría colocar en desventaja a compañías estadounidenses, especialmente en el sector salud.

En energía, el diagnóstico es más crítico. El reporte señala que las reformas recientes favorecen a las empresas estatales y limitan la participación privada. Entre los cambios más relevantes está la reducción de permisos para importar combustibles —de hasta 20 años a solo cinco— y nuevas restricciones logísticas que elevan costos y favorecen a Pemex.

A ello se suman adeudos reportados por más de 2 mil 500 millones de dólares de Pemex con empresas estadounidenses, lo que aumenta la presión financiera en el sector.

El documento también incorpora preocupaciones ambientales. Washington advierte que prácticas como la pesca ilegal o la tala clandestina distorsionan los precios y afectan la competitividad de productores estadounidenses. Solo en el sector pesquero, Estados Unidos importó desde México 646.9 millones de dólares en 2025, aunque parte de esos productos podría estar vinculada a actividades ilegales.

En el sector forestal, el informe estima que entre 30 y 70 por ciento de la madera comercializada en México podría tener origen ilegal.

En conjunto, el diagnóstico refleja una tensión creciente: mientras el gobierno mexicano mide el éxito de sus aduanas por la recaudación y el control administrativo, su principal socio comercial advierte que ese mismo endurecimiento comienza a convertirse en un obstáculo para el comercio.

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Ernesto Madrid

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2026-04-01T12:59:10-06:00

• En medio de señales de desaceleración global, el mercado financiero mexicano refuerza el papel de los fondos de inversión y los vehículos bursátiles como alternativas de financiamiento y refugio para los inversionistas.

En un entorno internacional marcado por la incertidumbre económica, los fondos de inversión y los instrumentos bursátiles han vuelto a colocarse en el centro del sistema financiero como mecanismos clave para canalizar recursos, diversificar riesgos y sostener el financiamiento hacia distintos sectores productivos.

En ese contexto, Operadora de Fondos Banorte recibió el reconocimiento al NTEESG como Mejor Fondo de Renta Variable Global en México en los Morningstar Awards for Investing Excellence 2026, un galardón que refleja la creciente relevancia de los vehículos de inversión global en tiempos de volatilidad.

Ernesto Madrid

El fondo invierte en acciones internacionales bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), un enfoque cada vez más demandado por inversionistas que buscan combinar rentabilidad con sostenibilidad. Sin embargo, al tratarse de un fondo de renta variable, su rendimiento no es fijo y depende del comportamiento de los mercados. Además, como ocurre con los fondos de gestión activa, suele implicar comisiones de administración más elevadas que las de instrumentos pasivos o de deuda, y está expuesto al riesgo cambiario derivado de las variaciones entre el peso y las divisas en las que invierte.

El interés por estos instrumentos se da en medio de una economía global más frágil. Europa enfrenta debilidad estructural, China no termina de recuperar su dinamismo y Estados Unidos —referente económico clave para México— enfrenta dilemas monetarios mientras la inflación vuelve a presionar al alza.

En este escenario comienzan a reaparecer condiciones asociadas con episodios de estanflación: energía más cara, mayores costos de transporte, cadenas de suministro más vulnerables y una inversión más cautelosa.

Ante este panorama, los mercados buscan nuevas vías de financiamiento. Algunas emisiones recientes han estado dirigidas a facilitar crédito a intermediarios financieros que lo canalizan hacia productores del sector agropecuario —agricultura, ganadería, avicultura y agroindustria— además de programas de capacitación empresarial y transferencia tecnológica. Estas emisiones cuentan con las máximas calificaciones crediticias del mercado local —HR AAA de HR Ratings y mxAAA de S&P Global Ratings— lo que indica un riesgo mínimo de incumplimiento.

En paralelo, Fibra Park Life Properties (PLIFE 26) debutó en la Bolsa Mexicana de Valores con una oferta pública por 268 millones de pesos, convirtiéndose en la primera FIBRA enfocada en vivienda en renta. La colocación incluyó más de 1.2 millones de certificados bursátiles a 220 pesos por título y un portafolio inicial de cuatro propiedades en Ciudad de México y Querétaro con cerca de 20 mil metros cuadrados de área rentable.

Con esta incorporación, el mercado mexicano suma ya 15 FIBRAS listadas, consolidando a estos instrumentos como vehículos relevantes para el financiamiento inmobiliario y la inversión de largo plazo.

En este contexto, la Asociación de Bancos de México informó que las sucursales bancarias del país no abrirán al público el jueves 2 y viernes 3 de abril, conforme al calendario de días inhábiles establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Durante esos días los servicios bancarios continuarán disponibles mediante cajeros automáticos, corresponsales bancarios y plataformas digitales y telefónicas, mientras que las sucursales ubicadas en supermercados operarán con normalidad. La legislación financiera también establece que, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, éste podrá realizarse al siguiente día hábil sin penalización.

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Ernesto Madrid

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2026-03-31T12:34:52-06:00

• Funcionarios del entorno regulador señalan que los señalamientos difundidos carecen de rigor analítico, se basan en documentos filtrados y no prueban un vínculo sistemático entre CiBanco y el crimen organizado.

La discusión sobre la eventual transformación de Finsus en institución bancaria ha abierto un nuevo frente dentro del sistema financiero mexicano, luego de que una nota periodística vinculara su proyecto con los señalamientos hechos en Estados Unidos contra CiBanco. Sin embargo, funcionarios del entorno regulador consideran que la interpretación difundida es incorrecta y que, además, la publicación se basa en la filtración de documentos sensibles que forman parte de expedientes regulatorios.

Ernesto Madrid

De acuerdo con estas fuentes, la difusión de información contenida en expedientes entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no sólo rompe con la confidencialidad que rige los procesos de supervisión financiera, sino que también puede implicar riesgos personales para quienes aparecen mencionados en dichos documentos.

“La nota es particularmente grave porque parte de una filtración de documentos regulatorios. La exposición pública de datos como domicilios, estructuras corporativas o información patrimonial puede generar riesgos reales para las personas involucradas, incluso en materia de seguridad personal”, señalaron funcionarios consultados.

Las mismas fuentes sostienen que, más allá de los documentos citados, gran parte de la interpretación presentada carece de rigor conceptual y analítico, ya que mezcla información documental con inferencias que no necesariamente se desprenden de los datos disponibles.

El contexto de esta discusión se relaciona con los señalamientos realizados en 2025 por la agencia estadounidense Financial Crimes Enforcement Network, que identificó a CiBanco como una institución financiera extranjera de preocupación primaria en materia de lavado de dinero.

El reporte estadounidense menciona operaciones presuntamente vinculadas con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.

No obstante, dentro del entorno regulador mexicano se subraya que las afirmaciones deben analizarse dentro del volumen total de operaciones del banco. Funcionarios consultados indican que, incluso si se consideraran válidos los casos mencionados por FinCEN, el monto señalado representaría menos del 1% del total de operaciones en dólares realizadas por la institución durante el periodo referido.

Desde el punto de vista técnico de supervisión financiera, agregan, la prueba de un vínculo estructural entre una institución bancaria y organizaciones criminales requeriría demostrar un patrón sistemático y repetido de operaciones de esa naturaleza.

“La evidencia de una relación con el crimen organizado no se determina por una operación aislada, sino por la repetición constante de ese tipo de transacciones. Si existiera una relación estructural con grupos como el CJNG, lo que se observaría sería una recurrencia significativa en las operaciones. Eso no ha sido acreditado”, explicaron.

Las fuentes consultadas también advierten que el análisis de operaciones financieras en regiones afectadas por el crimen organizado debe considerar el contexto en el que operan muchas sucursales bancarias en el país.

En zonas donde los grupos criminales ejercen control territorial, señalan, los empleados bancarios pueden enfrentar amenazas directas para aceptar determinadas operaciones. “En regiones remotas puede ocurrir que un grupo armado llegue a una sucursal y obligue al gerente a aceptar un depósito bajo amenaza de muerte. Negarse en esas circunstancias puede significar perder la vida”, explicaron.

En ese sentido, dentro del entorno regulador se insiste en que cualquier evaluación sobre la idoneidad de una institución financiera o de sus accionistas debe basarse en evidencia técnica que demuestre conductas sistemáticas y no únicamente en interpretaciones construidas a partir de episodios aislados o de documentos difundidos fuera del contexto completo de los procesos de supervisión.

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Ernesto Madrid

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2026-03-30T13:45:36-06:00

• El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios recurre al mercado bursátil para ampliar el crédito al sector rural. La operación revela tanto la búsqueda de liquidez para el campo como el creciente papel de la Bolsa en el financiamiento productivo.

En medio de un entorno económico marcado por tasas de interés aún elevadas y una desaceleración del crecimiento, el financiamiento al campo mexicano encontró un nuevo camino: el mercado bursátil.

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), fideicomiso del gobierno federal administrado por el Banco de México, realizó una colocación de 7 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para productores agropecuarios.

Ernesto Madrid

La operación se estructuró mediante tres emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo:

• FEFA 26, por 2,706 millones de pesos, con plazo de 1.5 años.
• FEFA 26-2, por 1,371 millones de pesos, con plazo de 3 años.
• FEFA 26V, por 2,940 millones de pesos, con plazo de 5 años.

Los recursos obtenidos se canalizarán a intermediarios financieros autorizados, quienes a su vez otorgarán créditos a productores dedicados a agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria y actividades complementarias como capacitación empresarial y transferencia tecnológica.

Aunque el campo representa una parte estratégica de la seguridad alimentaria del país, el acceso al crédito sigue siendo limitado para miles de productores. Según especialistas del sector financiero, el modelo utilizado por FEFA busca justamente cerrar esa brecha.

En lugar de prestar directamente, el fideicomiso obtiene recursos en el mercado de capitales y los distribuye a través de bancos e intermediarios financieros que tienen presencia regional. Esto permite ampliar la capacidad de financiamiento sin depender exclusivamente del presupuesto público.

La emisión obtuvo además las máximas calificaciones crediticias del mercado local, HR AAA de HR Ratings y mxAAA de S&P Global Ratings, lo que indica un riesgo muy bajo de incumplimiento.

La colocación también refleja el papel creciente del mercado bursátil en el financiamiento de sectores productivos. La operación fue estructurada por varias instituciones financieras, entre ellas Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

Para el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, este tipo de emisiones fortalecen el papel de la Bolsa como canal de financiamiento para proyectos productivos y no solo para grandes corporativos.

Sin embargo, el desafío no está únicamente en conseguir los recursos, sino en garantizar que efectivamente lleguen a pequeños y medianos productores, quienes históricamente enfrentan mayores obstáculos para acceder al financiamiento.

En los hechos, buena parte del crédito agropecuario suele concentrarse en empresas agroindustriales o productores de gran escala, mientras que el productor rural de menor tamaño continúa dependiendo de financiamiento informal o de apoyos gubernamentales.

La colocación bursátil de FEFA abre así una ventana de liquidez para el sector agropecuario, pero también deja sobre la mesa una pregunta clave: si los recursos que hoy se captan en los mercados financieros realmente terminarán fortaleciendo al campo mexicano o quedarán atrapados en la intermediación bancaria.

@JErnestoMadrid 

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Ernesto Madrid

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2026-03-27T18:36:24-06:00

• La desaceleración económica, un peso fuerte y los riesgos internacionales llevaron al banco central a recortar el costo del dinero, pese a que los precios aún presionan el bolsillo de los mexicanos.

En apariencia, la decisión parece contradictoria: si la inflación sigue elevada, ¿por qué el Banco de México decidió bajar la tasa de interés?

La respuesta está en una combinación de factores que van más allá de los precios. El banco central redujo su tasa de referencia a 6.75%, en una votación dividida dentro de su Junta de Gobierno, con el argumento de que la economía mexicana muestra señales de debilidad y de que el peso fuerte ha ayudado a contener parte de las presiones inflacionarias.

Ernesto Madrid

Para entenderlo en términos simples: la tasa de interés es el principal instrumento que utiliza el banco central para controlar la inflación. Cuando sube las tasas, el crédito se encarece, la gente y las empresas gastan menos y eso ayuda a frenar el aumento de precios. Cuando las baja, ocurre lo contrario: el dinero se vuelve más barato y la economía puede moverse con mayor facilidad.

El problema es que hoy México enfrenta dos fenómenos al mismo tiempo: inflación persistente y una economía que pierde dinamismo.

Uno de los elementos que influyó en la decisión fue el comportamiento del tipo de cambio. En los últimos meses el peso mexicano se ha mantenido relativamente apreciado frente al dólar, lo que ayuda a abaratar importaciones como combustibles, maquinaria o alimentos procesados.

Cuando el peso se fortalece, el impacto inflacionario de los productos importados disminuye. Eso le da al banco central cierto margen para relajar la política monetaria.

En su comunicado, el Banco de México explicó que tomó en cuenta tres factores principales: el nivel actual del tipo de cambio, la debilidad de la actividad económica y el grado de restricción monetaria que ya se había aplicado en los últimos años. En otras palabras, después de un largo periodo de tasas altas, el banco central considera que parte del trabajo para controlar la inflación ya está hecho.

El otro factor clave es el enfriamiento de la economía. Diversos indicadores muestran menor crecimiento en inversión, consumo y producción industrial. En ese contexto, mantener tasas demasiado altas puede terminar frenando aún más la actividad económica.

Para el economista Felipe Hernández, citado por Bloomberg, la desaceleración económica podría presionar a la autoridad monetaria a continuar con los recortes, aunque advierte que hacerlo demasiado rápido también implica riesgos si la inflación vuelve a acelerarse.

La decisión no fue unánime. Dentro de la Junta de Gobierno hubo diferencias sobre el momento adecuado para reducir las tasas. Los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja votaron por mantener la tasa en 7%, al considerar que las presiones inflacionarias aún no están completamente bajo control. Finalmente, la mayoría optó por iniciar nuevamente el ciclo de recortes.

El entorno internacional también influyó en la decisión. La tensión geopolítica derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán ha provocado volatilidad en los mercados energéticos. El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo— elevó los precios del crudo, lo que podría trasladarse eventualmente a la inflación global.

Ante ese panorama, el banco central optó por un movimiento moderado que busca equilibrar dos riesgos: una inflación que aún no desaparece y una economía que empieza a perder velocidad.

El propio Banco de México dejó abierta la puerta a nuevos recortes si las condiciones lo permiten. Sin embargo, el ritmo dependerá de tres variables clave: la evolución de la inflación, el comportamiento del peso frente al dólar y la situación económica internacional. Si la economía continúa desacelerándose y el peso se mantiene fuerte, es probable que las tasas sigan bajando gradualmente.

Pero si la inflación vuelve a repuntar —especialmente por factores externos como energía o alimentos— el banco central podría frenar o incluso revertir el ciclo de recortes.

En otras palabras, la decisión de bajar las tasas no significa que la batalla contra la inflación esté ganada. Más bien refleja el delicado equilibrio que hoy enfrenta la política monetaria: estimular una economía que se enfría sin dejar que los precios vuelvan a descontrolarse.

@JErnestoMadrid 

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Ernesto Madrid

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2026-03-26T21:25:56-06:00

• El gobierno insiste en atraer inversión privada mientras impulsa reformas políticas que siembran dudas sobre la estabilidad institucional y la certeza jurídica que reclaman los mercados.

México necesita inversión privada y la necesita pronto. Ese fue el mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum dejo entrever frente a industriales y banqueros en las últimas semanas. El llamado fue directo y reiterado: primero en la 89 Convención Bancaria, donde el secretario de Hacienda Edgar Amador delineó la estrategia económica hacia 2026 y después durante 82 Asamblea de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), uno de los organismos empresariales más influyentes del norte del país.

Ernesto Madrid

El mensaje oficial plantea una ruta clara: digitalización financiera, esquemas de inversión mixta y una expectativa positiva para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En el discurso, el gobierno busca posicionar a México como destino confiable para el capital privado en un momento en que la economía requiere dinamismo.

Sin embargo, convencer a los inversionistas no depende únicamente de foros empresariales o mensajes políticos. En paralelo al discurso de apertura económica, el país enfrenta una cadena de señales contradictorias que alimentan la incertidumbre.

Una de ellas es el ruido político en torno al llamado “Plan B” electoral. Aunque el Senado desechó modificar el artículo 35 constitucional —lo que mantiene la revocación de mandato presidencial para 2028 y no para 2027— el debate dejó en evidencia la tensión entre la narrativa gubernamental y las preocupaciones del sector privado.

El episodio ocurrió en el pleno del Senado de la República, donde una reserva presentada por el Partido del Trabajo evitó la modificación constitucional. La senadora Lizeth Sánchez argumentó que su partido respalda la participación ciudadana, pero rechazó que la presidenta pudiera participar en campaña durante el proceso electoral de 2027.

Para la presidenta, sin embargo, la discusión tiene otra lectura política. Sheinbaum sostuvo que, si el Congreso rechaza el llamado Plan B electoral, no será una derrota sino una forma de exhibir quién defiende “privilegios” dentro del sistema político.

El problema es que esa narrativa choca con las advertencias del sector empresarial. El 22 de marzo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) envió un mensaje directo al Congreso: “la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral” en este momento.

Para el organismo, el país necesita fortalecer el Estado de derecho, garantizar seguridad, asegurar energía suficiente y ofrecer certeza jurídica. Alterar las reglas institucionales en medio de un entorno económico delicado —advirtieron— genera señales de incertidumbre que afectan directamente la llegada de capital.

La preocupación no es menor. Empresarios y analistas coinciden en que la reforma judicial impulsada por la llamada Cuarta Transformación ha abierto dudas sobre la independencia del sistema judicial. A esto se suman las controversias alrededor de perfiles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Lenia Batres, el endurecimiento de la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria y los problemas estructurales de infraestructura en agua, energía eléctrica y gas.

Desde la sociedad civil, el diagnóstico tampoco es optimista. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sostiene que el Plan B electoral se diseñó sin suficiente debate público y podría favorecer la consolidación política del partido gobernante. En contraste, el gobierno defiende la iniciativa como una medida para reducir privilegios y redirigir recursos a programas públicos.

El contraste revela una paradoja que pesa sobre la estrategia económica del gobierno: mientras el discurso oficial insiste en atraer capital privado, el entorno político envía señales ambiguas sobre la estabilidad institucional.

Y en economía, como en política, las percepciones suelen pesar tanto como las cifras. El capital busca oportunidades, pero también reglas claras. México hoy promete ambas cosas, aunque todavía no logra convencer de que pueden coexistir sin sobresaltos.

@JErnestoMadrid 

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Ernesto Madrid

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2026-03-26T07:57:34-06:00

• El repunte del crudo por la crisis en Medio Oriente obliga a Hacienda a reactivar el IEPS, mientras analistas advierten riesgos fiscales y el gobierno explora una alianza entre Pemex y Petrobras para compensar rezagos estructurales.

La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de reactivar los estímulos al IEPS en combustibles revela un delicado equilibrio: contener el impacto inflacionario sin agravar el deterioro fiscal. La medida responde a un entorno internacional adverso, marcado por el repunte del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y la posible intervención de Estados Unidos.

Para la última semana de marzo, los estímulos alcanzan 24% para la gasolina magna, 7.5% para la premium y 62% para el diésel, lo que implica una renuncia recaudatoria relevante. En términos prácticos, el gobierno está absorbiendo parte del alza internacional para evitar que el consumidor enfrente un “gasolinazo”, trasladando el costo a las finanzas públicas.

Ernesto Madrid

Analistas coinciden en que, bajo el escenario actual, el efecto podría ser neutral en el papel: el alza en los precios del crudo generaría ingresos petroleros extraordinarios que compensarían el subsidio. Sin embargo, la realidad es más frágil. La sensibilidad de los ingresos a los precios internacionales es menor a la estimada oficialmente, mientras que el costo de importar combustibles —México depende de importaciones para cerca de la mitad de las gasolinas— presiona al alza el gasto fiscal.

El mercado energético global añade incertidumbre. El crudo Brent crude oil superó los 100 dólares por barril ante el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente, con Irán endureciendo su control sobre el Estrecho de Ormuz y Washington evaluando un despliegue militar. Este contexto no solo eleva los precios, sino que fortalece al dólar y encarece aún más las importaciones mexicanas.

Frente a este panorama, la estrategia de Hacienda parece apostar por un esquema de costos compartidos: parte del impacto sería absorbido por el sector gasolinero, que en 2025 operó con márgenes amplios gracias a precios internacionales bajos y un tipo de cambio favorable. No obstante, este supuesto enfrenta límites en un entorno de alta volatilidad.

Los riesgos son claros: una prolongación del conflicto, una depreciación del peso o una menor capacidad del sector privado para absorber costos podrían romper la neutralidad fiscal y presionar aún más una deuda pública creciente advierte un análisis de Banamex.

En paralelo, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca una salida estructural al rezago energético. La posible alianza entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras apunta a fortalecer capacidades en aguas profundas y biocombustibles, áreas donde México mantiene un rezago frente a mercados como el estadounidense, que produce cerca de 2 millones de barriles diarios en el Golfo.

El eventual acuerdo podría aportar tecnología, técnica y diversificación energética —especialmente en etanol— a una empresa mexicana altamente endeudada y con limitaciones operativas. Sin embargo, también implicaría un giro en la política energética reciente, marcada por la suspensión de asociaciones privadas en exploración.

Así, mientras el IEPS funciona como amortiguador de corto plazo, la viabilidad del sector energético mexicano dependerá de decisiones de fondo: desde la apertura a nuevas alianzas hasta la capacidad de Pemex para reinventarse en un mercado global cada vez más volátil y geopolíticamente condicionado.

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Ernesto Madrid

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2026-03-25T15:08:23-06:00

• Sheinbaum niega decisión política en sanción a ONG, pero el contexto exhibe tensiones entre discurso de honestidad y hechos de opacidad

La cancelación de permisos a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno federal y los organismos que históricamente han funcionado como contrapeso técnico del poder.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la medida no responde a una decisión política, sino a un análisis técnico del Servicio de Administración Tributaria. “Yo no ordeno al SAT”, afirmó, deslindándose de una determinación que, sin embargo, impacta directamente a organizaciones que investigan, documentan y exhiben el uso de recursos públicos.

Ernesto Madrid

El argumento oficial sostiene que se trata de revisiones administrativas, incluso iniciadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuya pérdida de estatus fue atribuida a la recepción de financiamiento extranjero.

Pero más allá de la narrativa técnica, el contexto revela una contradicción de fondo: muchas de las organizaciones afectadas —como México Evalúa o Mexicanos Primero— no sólo investigan, también proponen.

Son centros de pensamiento que analizan políticas públicas, evalúan el gasto y generan evidencia para mejorar decisiones gubernamentales. No sustituyen al Estado: lo observan, lo miden y, en muchos casos, lo corrigen.

Reducir su margen de operación, aunque sea bajo criterios fiscales, impacta directamente en el ecosistema de rendición de cuentas.

La tensión no es menor. Mientras el gobierno se presenta como garante de la “honestidad” y la transformación institucional, diversos casos han puesto en entredicho esa narrativa.

Proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas —operada por Petróleos Mexicanos— han sido señalados por sobrecostos, opacidad en contratos e incidentes y riesgos operativos.

A ello se suman cuestionamientos recurrentes sobre adjudicaciones directas, ampliaciones presupuestales y falta de información pública detallada, elementos que han sido documentados precisamente por las organizaciones hoy bajo presión fiscal.

En paralelo, el discurso oficial ha tendido a descalificar a estos organismos, asociándolos con intereses políticos o económicos contrarios al gobierno. Esta narrativa ha alcanzado incluso a colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos.

El resultado es un entorno donde la crítica técnica se percibe como confrontación política, y donde el espacio cívico —clave en cualquier democracia— comienza a estrecharse.

La paradoja es evidente: mientras el gobierno afirma no intervenir y actuar con base en criterios técnicos, las decisiones afectan de manera sistemática a actores que incomodan al poder.

En una economía con crecimiento débil, presiones fiscales y megaproyectos bajo escrutinio, la existencia de contrapesos técnicos no es un obstáculo, sino un mecanismo de corrección. Limitarlos, directa o indirectamente, no elimina los problemas que señalan. Sólo reduce la visibilidad de estos.

Lejos de ser adversarios, estos organismos cumplen una función que el propio Estado no siempre logra sostener: vigilar, sí, pero también proponer. Ahí radica el punto de quiebre. No se trata de quién tiene la razón, sino de si el gobierno está dispuesto a convivir con la crítica informada o prefiere administrar la narrativa.

Porque en política pública, como en economía, lo que no se mide —o se deja de medir— termina por deteriorarse.

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Ernesto Madrid

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2026-03-24T11:18:14-06:00

• Actividad productiva cae más de lo previsto mientras el alza en alimentos presiona a Banxico a frenar recortes

El arranque de 2026 encendió señales de alerta para la economía mexicana: mientras la inflación vuelve a tomar fuerza, la actividad económica muestra un debilitamiento más pronunciado de lo esperado, configurando un escenario de bajo crecimiento con presiones en precios agrícolas.

Ernesto Madrid

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en enero una contracción mensual de (-)0.9%, muy por encima de la caída estimada inicialmente (-0.2%) y peor incluso que el consenso del mercado.

La debilidad no fue aislada. Los tres grandes sectores productivos mostraron retrocesos: Actividades primarias: (-)3.7%; las secundarias (industria): (-)1.1%  y las terciarias (servicios): (-)0.6%.

Este resultado contrasta con el ligero crecimiento de 0.2% registrado en diciembre de 2025 y confirma un inicio de año con pérdida de dinamismo. A tasa anual, el crecimiento fue de apenas 0.5%, muy por debajo del 1.9% esperado.

El deterioro es particularmente relevante en el sector industrial, que representa cerca de un tercio del PIB y que no logró consolidar su recuperación durante 2025.

Analistas de Banamex anticipan que este desempeño podría traducirse en una ligera contracción del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2026.

Aunque se mantiene una expectativa de crecimiento anual de 1.6%, este nivel seguiría por debajo del promedio histórico de 1.9% observado entre 2000 y 2018, lo que implicaría tres años consecutivos de desempeño mediocre.

Los motores de crecimiento —consumo, inversión y exportaciones— aún muestran resiliencia, pero insuficiente para compensar la debilidad estructural que arrastra la economía.

En paralelo, la inflación sorprendió al alza. Durante la primera quincena de marzo, los precios aumentaron 0.62%, el mayor incremento para un periodo similar desde 1998.

El principal detonante fue el encarecimiento de frutas y verduras, que registraron un alza quincenal de 8.34%, acompañado por incrementos en productos pecuarios y energéticos.

Con ello, la inflación anual se ubicó en 4.63%, acelerándose desde 4.13% en la quincena previa y alejándose del objetivo del Banco de México.

El repunte inflacionario complica el margen de maniobra del banco central. Aunque se anticipaba un recorte en la tasa de interés, el nuevo escenario apunta a una pausa en la política monetaria ante el riesgo de que se desanclen las expectativas de inflación.

Factores como el encarecimiento de energéticos, presiones salariales y efectos de aranceles comienzan a trasladarse a los precios, generando un sesgo claramente al alza.

El inicio de 2026 plantea una combinación incómoda: crecimiento débil y presiones inflacionarias, un entorno que limita tanto la política fiscal como la monetaria.

Si bien se prevé cierta recuperación en los próximos meses, el balance de riesgos se inclina hacia un desempeño económico moderado y una inflación más persistente de lo anticipado.

En otras palabras, la economía mexicana entra al año con el pie izquierdo: menos crecimiento del esperado y más inflación de la deseada.

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Ernesto Madrid

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2026-03-24T11:16:01-06:00

• La presencia silenciosa de autoridades estadounidenses en la Convención Bancaria revela un endurecimiento del escrutinio internacional, mientras persisten debilidades internas en el control de recursos y la concentración del sistema financiero.

La reciente edición de la Convención Bancaria 2026 dejó algunas dudas. Aunque el discurso oficial de la Asociación de Bancos de México (ABM) se limitó a un comunicado escueto de apenas dos párrafos, el trasfondo apunta a una realidad más compleja: el endurecimiento del escrutinio de Estados Unidos sobre el sistema financiero mexicano.

Ernesto Madrid

En el documento, los banqueros destacaron reuniones “rutinarias” del Comité de Compliance con autoridades como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Office of Foreign Assets Control, la Financial Crimes Enforcement Network y el Internal Revenue Service. El tono institucional buscó proyectar normalidad: cooperación periódica para fortalecer la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con el contexto. Cuestionado sobre posibles investigaciones adicionales, el presidente de la ABM, Emilio Romano Mussali, negó que existan nuevos bancos bajo la mira. La respuesta, más que disipar dudas, evidenció la cautela del sector ante una supervisión externa cada vez más directa.

La presencia de la OFAC —manejada con extremo sigilo durante el encuentro— no es un detalle menor. Este organismo, clave en la imposición de sanciones financieras globales, opera bajo una lógica de inteligencia y presión preventiva.

Funcionarios como Lisa Palluconi han mantenido una actividad constante en territorio mexicano, marcando una transición de advertencias diplomáticas a mecanismos de vigilancia estructurada.

El antecedente es claro. Hace poco más de un año, instituciones como Vector, CIBanco e Intercam fueron objeto de sanciones derivadas de investigaciones del FinCEN. Hoy, la estrategia estadounidense no solo continúa, sino que se ha sofisticado mediante acuerdos bilaterales que obligan a resultados tangibles.

Dos movimientos recientes lo confirman. El primero, el memorándum entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el brazo criminal del IRS, que permite el intercambio directo de inteligencia fiscal para rastrear operaciones transfronterizas y empresas fachada. El segundo, el fortalecimiento de la coordinación entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Ángel Cabrera, con el objetivo de corregir fallas históricas en la integración de expedientes.

Ambas acciones responden a la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene a México bajo evaluación constante. Desde Washington, el mensaje es inequívoco: la tolerancia a la autorregulación bancaria se ha agotado.

No obstante, mientras el foco internacional se centra en grandes operaciones y flujos ilícitos, en el ámbito interno persisten vacíos críticos. Recursos públicos —particularmente del Ramo 33 destinados a municipios— continúan siendo vulnerables a desvíos hacia redes criminales, derivando en esquemas de fraude que afectan directamente a ciudadanos, sin mecanismos efectivos de trazabilidad ni sanción.

A este escenario se suma la alta concentración del sistema bancario. Instituciones como BBVA México, Santander México, Banorte, Banamex y HSBC México concentran la mayor parte de activos, depósitos y utilidades. Se trata de un modelo que privilegia la rentabilidad sobre la intermediación financiera: captan recursos a bajo costo —principalmente vía nómina— y colocan crédito con altos márgenes o los canalizan a instrumentos gubernamentales.

El resultado, de acuerdo con el directivo de Grupo Mifel, Daniel Becker, es un sistema sólido en utilidades, pero limitado en impacto productivo. Las pequeñas y medianas empresas, motor de la economía, siguen enfrentando barreras de acceso al financiamiento.

Así, la Convención Bancaria dejó al descubierto una dualidad incómoda: mientras el sistema financiero mexicano se alinea —bajo presión— a estándares internacionales de vigilancia, en el frente interno persisten zonas grises donde el control institucional es débil y el costo lo asume, una vez más, el ciudadano.

@JErnestoMadrid 

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Ernesto Madrid

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2026-03-23T16:13:01-06:00