- Mientras Claudia Sheinbaum condena el uso de la fuerza para remover gobiernos, la presión de Estados Unidos por seguridad y narcotráfico coloca a México en una zona de riesgo que exhibe similitudes incómodas con el caso venezolano.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica: México no puede avalar que una potencia extranjera utilice la fuerza para remover a un jefe de Estado. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos dijo, cruza una línea inaceptable en las relaciones internacionales, más allá de las críticas al régimen venezolano.
La mandataria defendió la soberanía como un derecho absoluto, no selectivo, y reivindicó la tradición diplomática mexicana de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En el discurso, la posición es consistente con décadas de política exterior. En la práctica, sin embargo, el escenario regional plantea una paradoja que México no puede ignorar.
Ernesto Madrid
El caso venezolano ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde la defensa de la soberanía protege a los pueblos y en qué momento comienza a blindar a estructuras de poder que han perdido control territorial, legitimidad política y capacidad de garantizar seguridad a su población?
La contradicción es evidente. México rechaza la intervención armada como método, pero al mismo tiempo enfrenta señalamientos crecientes de Estados Unidos sobre la penetración del crimen organizado en estructuras civiles, políticas y económicas. En ambos casos —México y Venezuela— el discurso de soberanía convive con una realidad donde el Estado es desafiado por redes criminales transnacionales.
Para Washington, la discusión dejó de ser ideológica y se trasladó al terreno de la seguridad nacional. La captura de Maduro se inscribe en una estrategia más amplia: frenar la influencia de Rusia y China en América Latina y desmontar regímenes acusados de haber construido economías criminales paralelas vinculadas al narcotráfico.
México aparece de forma recurrente en ese mapa. Documentos judiciales y acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense mencionan al país como pieza clave en las rutas de tráfico de drogas, lavado de dinero y cooperación entre cárteles regionales. No se trata solo de geografía, sino de gobernabilidad.
Aquí surge una similitud incómoda con Venezuela: cuando el crimen organizado deja de ser un fenómeno periférico y se convierte en un factor estructural, la soberanía comienza a ser cuestionada desde el exterior, no por razones morales, sino por cálculo estratégico.
Sheinbaum subrayó que la soberanía no puede condicionarse por simpatías políticas. Sin embargo, el espejo venezolano refleja un riesgo que México conoce bien: cuando el Estado pierde control efectivo sobre su territorio y la violencia sustituye al derecho, la defensa automática de la soberanía deja de ser un principio y se convierte en una narrativa defensiva.
Estados Unidos ha sido explícito al elevar el fentanilo a la categoría de amenaza estratégica y al catalogar a organizaciones criminales como grupos terroristas. La presidenta reconoció que esta clasificación “da elementos” para justificar presiones adicionales, aunque insistió en que una intervención unilateral en México es poco probable.
El problema no es la probabilidad inmediata, sino el precedente. Venezuela muestra cómo el argumento de la seguridad puede desplazar, en los hechos, al de la soberanía.
México respondió reforzando su marco constitucional para impedir cualquier tipo de intervención extranjera. Las reformas a los artículos 40 y 19 buscan cerrar esa puerta. Pero el contraste es evidente: la ley puede blindar la soberanía en el papel, mientras la realidad la erosiona en el territorio.
La insistencia de Sheinbaum en que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad —tráfico de armas, consumo de drogas y lavado de dinero— apunta a una corresponsabilidad real. Sin embargo, no elimina la asimetría de poder entre ambos países ni la centralidad de México en la agenda de seguridad estadounidense.
La posición mexicana enfrenta un desafío mayor: defender la soberanía sin replicar los errores que hoy colocan a Venezuela en el centro de una intervención de facto. La diferencia entre ambos países no puede sostenerse solo en el discurso histórico, sino en la capacidad del Estado para ejercer control, garantizar seguridad y evitar que el crimen organizado se convierta en un actor político y económico dominante.
En ese punto, la contradicción es clara: México defiende un principio que considera inviolable, mientras Estados Unidos redefine ese mismo principio bajo la lógica de la seguridad, y Venezuela muestra las consecuencias de perder el control del Estado. El margen de maniobra se estrecha, y el discurso, por sí solo, ya no alcanza.
@JErnestoMadrid
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