Hermosillo, Sonora, a 30 de octubre de 2025.– Cada día es más evidente el malestar ciudadano por el abandono y deterioro de las calles, así como por la falta de agua y las constantes fallas en la red hidráulica en Hermosillo.
Ante esta realidad, David Figueroa Ortega continúa recorriendo las colonias de Hermosillo con el programa “Diputado en tu Colonia”, cuya Jornada #33 se llevó a cabo en los sectores Los Jardines y Miguel Hidalgo.
Durante el encuentro con vecinos, Figueroa Ortega escuchó y atendió diversas inquietudes relacionadas con servicios públicos, alumbrado y agua potable.
El legislador señaló que los reportes sobre las vialidades, la falta de agua y las deficiencias en la red hidráulica serán canalizados ante las autoridades correspondientes, además se brindaron asesorías jurídicas gratuitas y entrega de alimentos del campo a familias que lo solicitaron.
El programa “Diputado en tu Colonia” ha recorrido más de 30 colonias de Hermosillo como la Olivares, Internacional, Sahuaro, San Pablo, Los Jardines, Dunas, Las Ladrilleras, Sahuaro Final, Nueva Castilla, El Mirador, Atardeceres, Reforma Norte, Benito Juárez, Floresta, Camino Real, Machi López y San Judas.
Igualmente, la Unión de Colonos, Oasis Lantana, Primero Hermosillo, Sonacer, Luis Encinas, Pimentel, Mirasoles, Fraccionamiento Arizona, Sahuaro Indeco, Lomas de Madrid, Álvaro Obregón, Rancho Bonito, Mártires de Cananea, El Choyal, Los Jardines y Miguel Hidalgo.
Figueroa Ortega reiteró que estas jornadas se mantendrán de manera permanente, reafirmando su compromiso con los principios que guían su labor legislativa: informar, escuchar y servir.
“La mejor forma de legislar es mantenerse cerca de la gente, conocer sus realidades y construir soluciones desde el territorio”, expresó el diputado.
Con estas acciones, David Figueroa Ortega refrenda su compromiso de ser un puente entre la ciudadanía y las instituciones, impulsando un ejercicio legislativo más humano, participativo y cercano a las necesidades reales de las familias hermosillenses.
Pese a los acuerdos nocturnos y los anuncios triunfalistas, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un creciente frente de inconformes: agricultores, transportistas y piperos que alguna vez fueron aliados electorales hoy exhiben la falta de oficio político y la incapacidad para cumplir las promesas del “gobierno del pueblo”.
Durante la madrugada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con aire de alivio el “primer acuerdo” con los agricultores que mantuvieron bloqueadas las carreteras del país por más de 24 horas. Un pacto que, según dijo, pondría fin a las protestas en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Pero la sonrisa duró lo mismo que una cosecha sin agua.
Ernesto Madrid
Tras varios tropiezos y una evidente falta de experiencia política, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, logró finalmente encauzar un acuerdo en la madrugada que permitió la liberación de las carreteras. Según lo informado, el gobierno ofreció 950 pesos por tonelada de maíz blanco para el Bajío, beneficio que alcanzará a unos 90 mil productores. Además, se abrirán líneas de crédito accesibles a través del programa Cosechando Soberanía con una tasa del 8.5% anual, se establecerá un Sistema Nacional de Comercialización del Maíz, y se crearán mesas de diálogo permanentes entre productores y compradores para regular el mercado.
El compromiso incluyó también priorizar la compra de la cosecha nacional y permitir que los representantes campesinos hagan observaciones directas a las reglas operativas.
Sin embargo, más que un triunfo, el acuerdo parece un respiro temporal. El gobierno logró desactivar momentáneamente los bloqueos, pero no disipar el malestar de un sector que se siente traicionado por quienes prometieron devolverle la dignidad al campo. La negociación nocturna puede presumirse como un éxito logístico, pero no como una victoria política.
Porque mientras Sheinbaum presume estabilidad, los agricultores insisten en que solo levantaron los bloqueos, no las exigencias. Y el campo, que alguna vez fue la tierra fértil del voto lopezobradorista, hoy germina descontento con la misma rapidez con la que el gobierno intenta apagar incendios.
La ironía alcanza niveles de tragicomedia cuando el gobierno que pregona la “soberanía alimentaria” importa ya el 58% del maíz que consumen los mexicanos. Sí, “sin maíz no hay país”, repiten con orgullo en los discursos, mientras los productores sobreviven entre deudas, recortes y promesas incumplidas. El eslogan que alguna vez fue emblema de lucha hoy suena más a epitafio del campo mexicano.
Y por si los tractores no bastaran, el gobierno enfrenta también a sus otros aliados descontentos. La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) suspendió su bloqueo masivo en la Ciudad de México tras alcanzar un acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para “reanudar el diálogo” sobre la tarifa del transporte público. Una tregua frágil, sostenida más por la cortesía que por la confianza.
Pero aún no se secaba la tinta del comunicado, otro frente estalló en Tepotzotlán. Un contingente de piperos bloqueó la autopista México–Querétaro porque, según denuncian, los acuerdos alcanzados el lunes resultaron tan falsos como los números telefónicos que les dio la Comisión del Agua del Estado de México para “coordinar la distribución del líquido”. “Marcan y no contesta nadie”, dijeron. En efecto, ni el teléfono ni el gobierno dan tono.
Y mientras los piperos reclamaban agua, comerciantes y transportistas del Valle de Cuautitlán Izcalli marchaban hacia la capital para exigir el fin de lo que llaman “persecución judicial” por parte de la Fiscalía mexiquense.
Así, entre tractores enardecidos, pipas varadas y transportistas irritados, la administración de Sheinbaum enfrenta un cóctel explosivo: las inconformidades de quienes alguna vez fueron su base social. Los mismos que llenaron plazas y urnas, hoy llenan carreteras y casetas.
En los pasillos de Palacio Nacional ya buscan culpables. Se dice que detrás de la “articulada protesta campesina” podría estar la mano de “Alito” Moreno, ese enemigo que resucita cada vez que el gobierno necesita un villano. Pero ni el PRI tiene tantos tractores, ni los productores tanta paciencia.
Porque en el fondo, lo que se cosecha hoy no es más que el fruto amargo de la improvisación y la soberbia: un gobierno que prometió escuchar al pueblo, pero ahora solo oye el eco de sus propios discursos.
Y mientras los conflictos germinan por todo el país, Sheinbaum parece decidida a probar si también puede cosechar tempestades.
@JErnestoMadrid
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Mientras el gobierno celebra cifras “estables”, el INEGI confirma que la desocupación alcanzó su punto más alto en más de un año, la informalidad crece, Pemex se hunde con discursos y los organismos internacionales piden menos aplausos y más coherencia fiscal.
Durante septiembre, el país vivió una paradoja digna de gabinete: la “transformación del empleo” alcanzó su mejor momento… en las cifras de desocupación. La tasa de desempleo llegó a 3.04% de la Población Económicamente Activa, el nivel más alto en los últimos trece meses, de acuerdo con el INEGI. Es decir, 1.85 millones de personas buscan trabajo sin encontrarlo, un detalle que suele pasarse por alto en las conferencias matutinas.
Ernesto Madrid
Aunque con cifras desestacionalizadas el desempleo “se mantuvo sin cambios” en 2.7%, la realidad laboral muestra un cuadro más áspero: la informalidad subió a 54.9%, un repunte silencioso que contradice los discursos de estabilidad. A pesar de ello, los informes oficiales presumen que la población ocupada creció a 60.1 millones, aunque buena parte de esos empleos provienen del mismo territorio que produce tortillas sin factura y sueldos sin recibo.
La subocupación, ese elegante término para quienes trabajan más y ganan menos, bajó a 7.3% respecto al año pasado, pero la subutilización laboral repuntó a 17.3%, su nivel más alto desde noviembre pasado. En palabras simples: hay más gente que trabaja sin llegar a fin de mes, y menos que confía en jubilarse algún día.
Y es que, según México Cómo Vamos, solo el 42.2% de la población cuenta con una Afore, y de ellos apenas 7.9% realiza aportaciones voluntarias. La brecha de género también marca el paso: 51% de los hombres tiene cuenta de ahorro para el retiro, frente a un 34% de las mujeres. En un país donde más de la mitad trabaja en la informalidad, el retiro digno se ha vuelto un lujo comparable al ahorro mismo.
En paralelo, la economía real también muestra sus grietas. En septiembre, la balanza comercial registró un déficit de 2,400 millones de dólares, con importaciones creciendo más que las exportaciones. La construcción cayó 2.9% mensual y las manufacturas se contrajeron 1.6% en el trimestre, según estimaciones del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional recomendó a México “pausar los recortes de tasas” y fortalecer los ingresos fiscales “sin recortar gasto”. Una forma diplomática de decir que el optimismo económico debe medirse con calculadora, no con aplausos.
Pero la ironía del mes la protagonizó Petróleos Mexicanos. El director Víctor Rodríguez Padilla acudió al Congreso a presumir que la petrolera “ya paga a sus proveedores” y que “la deuda se redujo a la mitad”. Los números oficiales, sin embargo, narran otra historia: Pemex perdió 61 mil 250 millones de pesos en el tercer trimestre y sus pasivos con contratistas aumentaron 40%, hasta los 28 mil 130 millones de dólares, el nivel más alto desde 2020.
Detrás de los discursos de “reestructura” se esconden pagos diferidos, convenios maquillados y un fondo financiero de 250 mil millones de pesos respaldado por la banca de desarrollo, diseñado para que la crisis no se llame quiebra. En nueve meses, Pemex apenas pagó 299 mil millones, la cifra más baja para un periodo similar en cinco años.
El SAT incluso embargó un equipo de perforación de una empresa vinculada a Carlos Slim, lo que parece más un acto de fe fiscal que una política estructurada. La operación, inédita, mostró que el nuevo enfoque de recaudación podría tocar a los poderosos… o al menos asustarlos en público.
Mientras tanto, México Evalúa advierte que la política nacional ha dejado de ser espacio de debate para convertirse en un escenario de “afirmaciones unilaterales”. La reconciliación democrática —dice el organismo— requiere diálogo, evidencia y una política fiscal que no sea solo contabilidad, sino justicia social.
En resumen: el gobierno celebra la “estabilidad laboral” mientras sube el desempleo; presume disciplina financiera con Pemex en números rojos; y aplaude la recuperación mientras los organismos internacionales le piden frenar la euforia. Todo un acto de equilibrio contable… o de magia política.
@JErnestoMadrid
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El pleito entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno de Claudia Sheinbaum no nació de una súbita conciencia fiscal ni de diferencias ideológicas: estalló cuando se rompió el flujo de contratos y privilegios que unieron al magnate con el lopezobradorismo. Hoy, el “Tío Richie” se presenta como el opositor que TV Azteca nunca fue… hasta que el SAT tocó su puerta.
Hubo un tiempo en que Ricardo Salinas Pliego era el empresario favorito del régimen. No porque fuera un genio de las finanzas o un filántropo del alma, sino porque su banco servía mejor que cualquier programa social: Banco Azteca era, de facto, el Banco del Bienestar. Desde sus ventanillas salían los miles de millones que el gobierno presumía como dádivas del pueblo para el pueblo… con comisión incluida, claro está.
Ernesto Madrid
De su mente brillante —o su instinto de supervivencia— surgió el famoso Consejo Asesor Empresarial, esa mesa de ricos donde se pretendía dar un toque de legitimidad al discurso antielitista. Y mientras el presidente hablaba de austeridad, Grupo Salinas facturaba seguros, telecomunicaciones, energía y obras públicas. En los tiempos dorados de la 4T, los contratos fluían como el rating de sus telenovelas.
El poder era tan generoso que hasta colocó a sus piezas en el tablero: Esteban Moctezuma, exportado de Fundación Azteca a la embajada en Washington, y Jorge Mendoza Sánchez, heredero político de la casa, dirigiendo Banobras. Era una familia feliz: el presidente con su discurso moral, el empresario con su cuenta bancaria y el país mirando la novela.
Pero llegó el corte comercial.
Cuando el dinero dejó de fluir, la lealtad también. La relación se agrió justo cuando Banco Azteca se negó a facilitar una operación que, dicen, olía más a lavandería que a filantropía. Desde ahí, el aliado pragmático se convirtió en el enemigo predilecto. El SAT se vistió de inquisidor, los tuiteros patrióticos afilaron hashtags, y la narrativa oficial encontró su nuevo villano: el rico que no quería pagar impuestos.
El gobierno necesitaba una cruzada moral y Ricardo ofrecía el perfil perfecto. Pero el magnate, experto en manejar cámaras, decidió cambiar el libreto. Se inventó un personaje —“El Tío Richie”— que, entre sarcasmos y videos de en redes sociales, se transformó en el opositor más histriónico del país. Primero se burló de los radicales de Morena, luego del presidente, y ahora de la presidenta. Una evolución digna de serie en horario estelar.
Lo que empezó como auditoría terminó como reality político. El SAT le exige más de 74 mil millones de pesos; él responde que el monto está inflado, manipulado y, por supuesto, injusto. Para rematar, lanza su jugada maestra: dice estar dispuesto a pagar “lo que corresponde”, en diez días. Un jaque mediático. Porque si paga, el discurso de justicia fiscal se desmorona; y si el gobierno rechaza el pago, queda claro que lo importante no eran los impuestos, sino el escarmiento.
Mientras tanto, el régimen titubea. No puede aceptar el dinero sin perder el relato, ni rechazarlo sin quedar en evidencia. La 4T, que se jacta de castigar la corrupción de los poderosos, ahora se enfrenta al dilema de que su villano está dispuesto a cumplir la ley. Un contratiempo terrible para la moral revolucionaria.
Lo irónico es que el empresario que hoy se proclama adalid de la libertad fue, durante años, beneficiario de este, poder que ahora denuncia. Lo digo con conocimiento de causa: conocí de cerca, como reportero de TV Azteca, la censura interna para proteger los contratos que alimentaban sus pantallas.
El medio que ahora presume rebeldía fue, durante años, el silencio mejor pagado del poder. Hoy, la televisora presume espíritu crítico, pero su valentía llegó justo cuando se cerró la llave de los contratos. Qué coincidencia tan patriótica.
Y mientras Salinas Pliego se monta en un templete a celebrar su cumpleaños número setenta entre botargas de ratas con uniforme de Morena y gritos de “¡presidente!”, el país asiste a un espectáculo de revancha empresarial. La misma televisión que servía al poder ahora le vende resistencia.
Así que vale la pena preguntar —con la ironía que la realidad impone—: ¿Si no existiera la disputa fiscal, tendríamos al feroz crítico que tuitea como libertador digital?
¿Seguiría el “Tío Richie” denunciando al autoritarismo si los contratos regresaran? ¿O volvería a su papel favorito: el de socio silencioso del poder?
Porque, al final, este pleito no trata de moral ni de justicia fiscal. Se trata de algo mucho más simple y antiguo: el presupuesto, esa forma tan mexicana de medir la lealtad.
Lo digo con la memoria de quien fue reportero en TV Azteca y conoció de cerca la censura.
Y como suele ocurrir en México, el conflicto no es de principios… es de presupuesto.
@JErnestoMadrid
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Pese a la reducción de la pobreza infantil, el país enfrenta un retroceso alarmante: crece la mortalidad en menores de cinco años, persisten las brechas regionales y se amplía el rezago en salud y educación. Early Institute advierte que “las niñas y los niños no pueden esperar”.
El discurso de que “primero los pobres” parece no alcanzar a los más pequeños. El Reporte ¿Cómo vamos con la primera infancia?, elaborado por Early Institute y SIPI México, revela que México atraviesa un serio retroceso en materia de bienestar infantil: la mortalidad en menores de cinco años aumentó 16.4% entre 2022 y 2023, mientras las carencias en salud y cuidado adecuado siguen creciendo.
Ernesto Madrid
Aunque el informe reconoce una disminución del 20% en la pobreza infantil entre 2018 y 2024, las cifras revelan el reverso de la moneda: la vulnerabilidad por carencias sociales aumentó 25% en el mismo periodo. En otras palabras, hay menos niños pobres, pero más niños sin acceso a servicios esenciales.
La investigadora Renata Díaz-Barreiro advirtió que el país mantiene una brecha profunda entre regiones, donde el bienestar de la primera infancia depende del lugar en el que se nace. “El progreso existe, pero no es homogéneo ni equitativo; sin equidad, los avances no se traducen en justicia ni bienestar duradero”, subrayó.
Los datos son contundentes: la tasa de mortalidad infantil pasó de 13.8 a 16 muertes por cada mil nacidos vivos en cinco años. En paralelo, el cuidado inadecuado en el hogar creció 13.6% entre 2022 y 2023, y las carpetas de investigación por delitos contra menores de cuatro años se dispararon en varios estados —con aumentos extremos en Oaxaca (1,127%), Campeche (534%) y Aguascalientes (181%).
En materia educativa, el panorama tampoco es alentador. Si bien la educación inicial creció 5.9% a nivel nacional, el acceso sigue siendo limitado. Estados como Querétaro (-13%), Chiapas (-11.1%) y Quintana Roo (-9.1%) registraron retrocesos significativos. En el nivel preescolar, el rezago también es evidente: Yucatán (-21.2%), Quintana Roo (-10%) y Nuevo León (-9.1%) encabezaron las caídas.
Para Cándido Pérez Hernández, vocero de Early Institute, los avances “no están llegando a todas y todos por igual”. La desigualdad territorial, dijo, sigue marcando el destino de millones de niñas y niños desde sus primeros años de vida.
El informe advierte que, sin políticas integrales y focalizadas, los esfuerzos aislados no revertirán los retrocesos. Early Institute propone un “nuevo pacto por la primera infancia”, con responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad civil y sector privado, que garantice salud, educación, nutrición y protección desde los primeros años.
“Las niñas y los niños no pueden esperar”, insistió Pérez Hernández. En un país donde las prioridades suelen medirse en votos y no en años de vida, la advertencia es clara: la primera infancia ha quedado fuera del radar del Estado.
@JErnestoMadrid
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Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada. Las transferencias se disfrazan de comercio y los bancos —grandes y pequeños— fingen no ver.
En México, el dinero sucio no huele, se audita. Y los bancos —los mismos que anuncian su compromiso con la transparencia y la “inclusión financiera”— parecen haber olvidado que los espejos también reflejan el lodo.
Ernesto Madrid
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la ruta del fentanilo y de los dólares manchados pasa, inevitablemente, por la banca mexicana. Lo confirma FinCEN, su brazo investigador: las llamadas Chinese Money Laundering Networks (CMLN) han montado una banca paralela que permite a los cárteles de Sinaloa y Jalisco mover millones bajo apariencia de comercio legítimo.
La mecánica es elegante, casi artística.
Los dólares de la droga en Los Ángeles se convierten en pesos en Ciudad de México sin cruzar la frontera. Un cliente chino deposita yuanes en Shenzhen; un corredor da la instrucción; y, en México, una empresa “proveedora” transfiere los pesos al beneficiario del cártel. Todo amparado con una factura por “insumos”, “consultoría” o “muestras”. Un teatro contable donde las mercancías no existen, pero las cuentas cuadran.
“Compran el valor de los dólares generados por la droga en Estados Unidos y lo devuelven en pesos a México sin mover físicamente el efectivo”, explica el abogado internacionalista Jaime Ortiz en El Universal. Lo llaman el espejo: tres plazas, tres movimientos, y una comisión que brilla más que cualquier diamante de Hong Kong.
Los bancos, esos discretos espectadores
Cuando FinCEN detectó patrones de transferencias repetidas, ráfagas nocturnas de pagos SPEI, y facturas de empresas sin historial, la sospecha apuntó a nombres conocidos: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Las tres instituciones fueron clasificadas como “de preocupación principal por lavado de dinero vinculado a opioides sintéticos”.
La orden estadounidense prohíbe transferencias con ellas desde el 25 de junio, extendida al 20 de octubre de este año. México respondió con discreto nerviosismo: medidas “temporales” para evitar un colapso reputacional. Pero el rumor se extendió a la gran liga.
Porque, según fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las operaciones espejo también podrían estar atraviesando los circuitos de BBVA y Banamex, donde los pagos por “consultoría química”, “muestras farmacéuticas” o “servicios internacionales” se confunden entre millones de transacciones legítimas.
Un analista de FinCEN, consultado por El Universal, describe con ironía quirúrgica:
“Los bancos no ven crimen; ven flujo. Y mientras el flujo pague comisiones, nadie pregunta de dónde viene la marea”.
Facturación creativa, compliancia ciega
Las empresas fachadas que sostienen la red aparecen en el padrón del SAT y la ANAM, con giros que van de importación de “equipo farmacéutico” a “consultoría industrial”. Sus facturas justifican pagos a China y Hong Kong, donde los precursores químicos viajan de regreso como cargamentos sobrefacturados.
La FinCEN ha identificado tres banderas rojas comunes:
Pagos pequeños y repetidos hacia Asia con conceptos genéricos.
Ráfagas SPEI nocturnas o de fin de semana.
Depósitos inexplicables en cuentas de estudiantes o personas de bajo ingreso, seguidos de transferencias P2P o compras de cheques de caja.
El sistema de pagos mexicano —el SPEI— se convierte así en el carril exprés del lavado. Y los bancos, con sus algoritmos de “monitoreo de riesgo”, simplemente no ven el elefante blanco... que está en su sala de juntas.
Del narco a la bolsa: una red sin fronteras
El informe del Departamento de Justicia (DoJ) sobre la Operation Fortune Runner describe cómo las redes chinas de lavado de dinero y el Cártel de Sinaloa compartieron infraestructura para mover millones de dólares en criptomonedas, comercio internacional y operaciones fraccionadas.
El DoJ ya trabaja con la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para rastrear los fondos y cerrar las válvulas del sistema dólar. Mientras tanto, los bancos mexicanos aplican la estrategia de siempre: publicar comunicados con frases como “rechazamos categóricamente cualquier relación con actividades ilícitas”, y confiar en que el escándalo dure menos que una transferencia SPEI.
La moral líquida del dinero
El verdadero desafío, como advierte el DoJ, no es técnico sino ético:
“Nada de esto funciona sin transparencia sobre quién es el dueño final de cada empresa.”
Pero en México, los beneficiarios reales suelen ser tan invisibles como los precursores químicos en la aduana. Las cuentas están a nombre de terceros, los fideicomisos se esconden en paraísos fiscales, y los reportes de operaciones inusuales terminan archivados junto con los discursos sobre “cero tolerancia al lavado”.
Mientras tanto, las redes chino-mexicanas siguen operando con precisión contable. Los dólares de la droga se disfrazan de “comercio”, los bancos cobran su comisión, y el sistema financiero mexicano —ese que presume solidez— sigue siendo el espejo perfecto del crimen organizado.
Fuentes:
Departamento del Tesoro de E.U., FinCEN (2024). Advisory on Chinese Money Laundering Networks (CMLN).
Departamento de Justicia de E.U. (DoJ), Operation Fortune Runner, 2024.
Entrevista con Jaime Ortiz, abogado internacionalista, Ciudad de México, realizada por El Universal.
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Banxico, Evaluación Nacional de Riesgos 2023.
El Universal, “Redes de lavado chino en alianza con cárteles mexicanos”, octubre 2025.
@JErnestoMadrid
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La complicidad entre banca, crimen y poder se perfecciona mientras México sigue oliendo a combustible robado. El huachicol se disfraza de inversión, los bancos de transparencia y los funcionarios de olvido selectivo.
En México, hasta los delitos se administran con elegancia financiera.
El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce, aseguró que, tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, todo “ha aterrizado de la manera en que tenía que aterrizar”. Un cierre impecable, digno de manual de imagen corporativa.
Ernesto Madrid
Según Arce, “todo el proceso fue muy ordenado”, las autoridades “trabajaron bien” y “la transición fue ejemplar”. Lo que omitió decir es que ese orden es el mismo que ha permitido por años lavar dinero, ocultar fraudes a los usuarios, disfrazar robos internos bajo cláusulas legales y blanquear recursos del crimen organizado con la bendición de la autoridad financiera mexicana.
Porque en México, el dinero sucio no se esconde en bolsas, sino en cuentas con contrato vigente.
Mientras tanto, el país se sigue mirando al espejo con miedo. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI confirma que seis de cada diez personas se sienten inseguras en su ciudad. Culiacán, Irapuato y Chilpancingo encabezan el mapa de la zozobra, mientras San Pedro Garza García y la alcaldía Benito Juárez viven como si el crimen fuera solo una nota ajena en el noticiero.
Aun con ese telón de fondo, el verdadero combustible de la corrupción —literal y financiero— sigue fluyendo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) reveló que Texas no solo produce petróleo: lava, legaliza y redistribuye el crudo robado en México, en complicidad con empresarios y bancos de ambos lados. Es el huachicol fiscal, el robo de hidrocarburos convertido en sofisticado negocio de importaciones legales, facturas falsas y transferencias internacionales.
Y no es casualidad que, durante el sexenio pasado, la compra de la refinería Deer Park en Texas se presentara como un símbolo de soberanía energética. Hoy, los documentos en poder de agencias estadounidenses sugieren que aquella adquisición podría haber sido también una vía paralela para regularizar flujos ilícitos del huachicol, una jugada de ingeniería financiera donde el petróleo robado encontraba nacionalidad mexicana por decreto.
Detrás del silencio oficial, surgen nombres que no deberían sorprender: Adán Augusto López, hoy coordinador de los senadores de Morena, y Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, quienes —según diversas fuentes consultadas en Washington e investigaciones reveladas por medios en México— habrían tenido conocimiento o participación indirecta en las operaciones que ahora investiga el Departamento de Justicia. Ambos, curiosamente, guardan un perfil bajo frente a lo que podría convertirse en el escándalo energético y financiero más grande de la década.
Mientras, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresarios estadounidenses y mexicanos por contrabando ilegal de combustible, el gobierno de Claudia Sheinbaum se esfuerza por afirmar que el problema “ya es menor”. Sin embargo, los 15 millones de litros decomisados en Coahuila y las redes detectadas entre empresas como Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes demuestran lo contrario: el huachicol no desapareció, solo se mudó a cuentas bancarias.
Y como si la realidad necesitara un giro aún más grotesco, las fuerzas de seguridad descubrieron recientemente en Juárez, Chihuahua, una casa de operaciones donde el crimen ya no solo trafica drogas o combustible, sino bebés humanos. Es el retrato más crudo del nuevo capitalismo delictivo: cuando el mercado se agota, el crimen se reinventa.
Así, entre comunicados bancarios que presumen “transiciones ordenadas” y funcionarios que niegan lo evidente, el país sigue funcionando como una gran lavandería: los ductos se perforan, los dólares se transfieren y las culpas se diluyen.
Porque si algo ha logrado la Cuarta Transformación —y su prolongación actual— es convertir la corrupción en un sistema estable, donde los bancos limpian, los políticos protegen y los criminales invierten.
En esta historia, nadie pierde… salvo el país que sigue pagando las comisiones.
@JErnestoMadrid
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De París a Tabasco, del altar presidencial al purgatorio fiscal, Adán Augusto López Hernández enfrenta una tormenta de expedientes que ni la fe lopezobradorista puede exorcizar. La red de empresarios, familiares y contratos bajo sospecha apunta a que el “hermano” del presidente ya no tiene salvación.
En el altar mayor de la autodenominada Cuarta Transformación hay santos que jamás pierden la fe, aunque sí el fuero moral. Uno de ellos es Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores de Morena. Hoy enfrenta su viacrucis más público: revelaciones fiscales y familiares que lo pintan más como devoto de la simulación que del bienestar.
Ernesto Madrid
Su hijo, Adán Payambé López, cursó un taller de cine en Francia y vivió en un elegante departamento de Les Champs-Élysées, ahora bajo la lupa de autoridades mexicanas por formar parte de una presunta red de empresas beneficiadas por el poder de su padre, según EL CEO.
A finales de septiembre, Adán Augusto dijo “no recordar” a la empresa Operadora Turística Rabatte, una de las que más lo han hecho brillar en los registros fiscales. Mala memoria o conveniente lapsus, los documentos oficiales indican que el principal accionista de Rabatte es Miguel Vicente Solís Erosa, viejo socio y amigo suyo, además de socio de Manuel Alberto Pinto, concuñado del senador. La trama no termina ahí: N+ (Televisa) documentó que el legislador recibió 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 de empresas privadas —incluida Rabatte— sin reportarlos en su declaración patrimonial.
La investigación titulada “Adán Augusto López: la opaca red de empresarios y negocios al amparo del poder en Tabasco” suma nombres al censo de la fortuna: Andrés Estrada Rodríguez, cuñado del senador, y Alejandro Márquez Rodríguez, empresario tabasqueño que floreció bajo su administración. Juntos conforman lo que el reportaje denomina, con fina ironía, “La Familia Tabasqueña”.
Pero el expediente no es sólo económico, sino político. En el libreto original del presidente López Obrador, Adán Augusto debía fungir como el poder paralelo desde el Senado, una especie de tutor de Claudia Sheinbaum. El problema es que la historia cambió de guion: el fiel escudero se volvió un estorbo incómodo que el nuevo régimen busca neutralizar con silenciosa elegancia.
Los golpes que hoy lo acorralan no vienen del PAN ni de los enemigos de siempre, sino desde dentro del propio aparato federal. Tres dardos lo exhiben en la intemperie:
Vínculos de su exsecretario de Seguridad con La Barredora.
Sus discrepancias fiscales, reveladas con precisión quirúrgica.
Presunta conexión en un expediente de la FGR sobre huachicol.
Entre 2023 y 2024 recibió 78 millones de pesos de empresas contratistas y una firma fantasma, mientras reportaba ingresos de apenas 626 mil pesos. La diputada panista María Elena Pérez-Jaén ha presentado 37 denuncias por desvíos que superarían los 700 millones de pesos, y desde EE. UU. lo señalan por contrabando de combustibles.
Entre sonrisas y desprecio, Adán Augusto asegura que todo es una “campaña sucia”. Claudia Sheinbaum niega filtraciones, pero las auditorías avanzan con precisión quirúrgica.
Alguna vez llamado “hombre de confianza” del presidente, hoy es el espejo roto del lopezobradorismo: útil solo mientras sirve. Mientras los auditores cuentan millones, el senador insiste en su inocencia, recordando un nuevo mandamiento político:
“No mentir, no robar, no traicionar… salvo que sea por transferencia comprobable”.
@JErnestoMadrid
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Un reporte de International Crisis Group desde Bruselas desmonta el discurso de la presidenta Sheinbaum: mientras promete justicia al pueblo, el crimen organizado, los fraudes financieros y la corrupción institucional siguen operando con absoluta normalidad.
“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, repite la presidenta Claudia Sheinbaum en sus giras, como si el eco de esa consigna pudiera sanar las heridas del país. “Mi compromiso es con el pueblo”, asegura. “El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás”, insiste. Y, sin embargo, la virtud parece estar en otra parte.
Ernesto Madrid
Un reciente reporte del International Crisis Group (ICG), con sede en Bruselas, ofrece un retrato menos épico de la autoproclamada “nueva era de justicia”. Según el análisis, el panorama criminal en México sigue “intacto”, expandiendo su influencia en negocios lícitos y clandestinos, pese a los discursos de purificación moral.
“Los numerosos arrestos y las incautaciones sin precedente no transformarán de manera radical el panorama criminal de México a menos que el gobierno sea capaz de investigar, procesar y desmantelar las redes ilícitas, incluyendo figuras criminales de rango medio y alto, así como funcionarios públicos y empresarios cómplices”, advierte el reporte.
El informe, publicado al cumplirse el primer año de gobierno de Sheinbaum, reconoce que hay logros visibles —una disminución del 12% en homicidios y del 18% en asesinatos de mujeres y niñas—, pero aclara que estos avances no alteran la estructura delictiva del país. Al contrario: la violencia no cede y el número de personas desaparecidas va en aumento, “una mancha en el historial de seguridad de Sheinbaum”, señala el organismo europeo.
El espejismo de los logros
El gobierno presume cifras: 32 mil detenciones, 245 toneladas de droga decomisadas, 14 mil armas confiscadas. En el papel, México libra una guerra frontal contra el crimen. En la práctica, el crimen sigue operando con la bendición de la burocracia.
En la Ciudad de México —la joya política de la presidenta— se multiplican los fraudes financieros y empresariales con la participación de corredores públicos y la complicidad de la Fiscalía capitalina. Casos como los del corredor público número 34, Miguel Ángel Augusto Camposeco Cadena, o del número 61, Jaime Salvador García González, exaspirante a la Suprema Corte, exhiben cómo las redes de poder pueden fundar empresas fachada con capital mínimo para defraudar a personas mayores, sin que una sola autoridad se inmute.
El fiscal de Delitos Financieros, Ulises Soteno Torres, ha sido señalado por frenar denuncias que involucran a figuras como Leonardo Daniel Ángeles Romero y su familia, quienes actúan como prestanombres en una red de empresas que defrauda a través de inmobiliarias con domicilios en oficinas de Iza Business, en Reforma e Insurgentes.
Mientras tanto, los fraudes en la compraventa de autos respaldados por instituciones financieras como Banamex y BBVA se reproducen con la misma impunidad de siempre. El contubernio entre fiscales, ministerios públicos y defraudadores es una vieja maquinaria que sigue funcionando, ahora bajo el discurso de la “Cuarta Transformación”.
La paradoja transformadora
El ICG concluye que la presidenta “puede presumir éxitos”, pero que “los cambios estructurales no se han materializado”. Dicho en otras palabras: el gobierno combate el crimen con titulares de prensa, pero no con justicia.
Sheinbaum ha insistido en que “el pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad”. Sin duda. Lo que falta saber es cuánta dignidad le queda después de lidiar con bancos que lo despojan, fiscalías que lo ignoran y una élite política que se dice “del pueblo”, pero sigue viviendo de él.
Entre la retórica y la realidad, el país transita una transformación que parece más cosmética que estructural: la corrupción no se combate, se administra; los defraudadores no se detienen, se protegen; y el pueblo, una vez más, sigue siendo el eslogan preferido de los poderosos.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora, a 23 de octubre de 2025.- Como parte de su compromiso con la rendición de cuentas y la cercanía con la ciudadanía, David Figueroa Ortega realizó la jornada número 32 del programa “Diputado en tu Colonia” a El Choyal.
Acompañado de la dirigente del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García y de su equipo de trabajo, Figueroa Ortega atendió a los vecinos quienes le expresaron de manera directa las principales problemáticas que enfrentan día a día.
Destaca particularmente la falta de agua potable y el colapso del sistema hidráulico, el cual ha quedado obsoleto ante el crecimiento y las necesidades de la comunidad.
Durante el encuentro, el legislador enfatizó que este programa tiene como propósito informar, escuchar y servir, generando un espacio de diálogo abierto entre la ciudadanía y su representante popular.
“Este es un ejercicio de cercanía real, venimos a escuchar de frente los problemas que más afectan a las familias, y a buscar junto con ellas las soluciones que les devuelvan calidad de vida, el tema del agua en El Choyal y en muchas colonias de Hermosillo no puede seguir esperando”, destacó Figueroa Ortega.
El diputado señaló que los reportes sobre la falta de agua y las fallas en la red hidráulica serán canalizados ante las autoridades correspondientes para dar seguimiento puntual y gestionar acciones concretas que atiendan esta urgente necesidad.
El programa “Diputado en tu Colonia” ha recorrido hasta la fecha 32 colonias de Hermosillo, entre ellas la Olivares, Internacional, Sahuaro, San Pablo, Los Jardines, Dunas, Las Ladrilleras, Sahuaro Final, Nueva Castilla, El Mirador, Atardeceres, Reforma Norte, Benito Juárez, Floresta, Camino Real, Machi López y San Judas.
Además, la Unión de Colonos, Oasis Lantana, Primero Hermosillo, Sonacer, Luis Encinas, Pimentel, Mirasoles, Fraccionamiento Arizona, Sahuaro Indeco, Lomas de Madrid, Álvaro Obregón, Rancho Bonito, Mártires de Cananea y El Choyal.
Figueroa Ortega reiteró que este tipo de jornadas continuarán realizándose de manera permanente, "porque la mejor forma de legislar es mantenerse cerca de la gente, conocer sus realidades y construir soluciones desde el territorio".
El IGAE sorprendió en agosto con un repunte que apenas compensa la caída de julio. Las cifras del INEGI confirman que la economía mexicana respira, pero no camina.
En México, las buenas noticias suelen venir con asterisco. Según el INEGI, la actividad económica nacional creció 0.6% en agosto de 2025 respecto a julio. Una cifra que suena optimista… hasta que uno recuerda que el mes anterior el indicador se desplomó -0.9%. En otras palabras, la economía subió un escalón después de haber tropezado dos.
Ernesto Madrid
El famoso Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) —ese termómetro que mide si el país produce, consume o simplemente sobrevive— mostró un ligero alivio. El dato incluso superó las previsiones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que esperaba un crecimiento modesto de apenas 0.1%. Sin embargo, más allá del entusiasmo técnico, el nivel actual del IGAE sigue por debajo del registrado hace un año, en julio de 2024.
En su comparación anual, la economía no creció ni cayó: se quedó en 0.0%, lo que en lenguaje económico significa estancamiento con buena actitud.
Los motores que empujan (y los que ya se apagaron).
El crecimiento de agosto tuvo un responsable claro: el campo. Las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca) se dispararon 14.5% mensual y 15.3% anual, un resultado tan extraordinario que los analistas ya anticipan que será flor de un mes.
Por el contrario, la industria sigue con el freno de mano puesto. Las actividades secundarias cayeron 0.3% mensual y 2.7% anual, sumando tres meses consecutivos a la baja. El sector terciario —servicios, comercio y turismo— apenas logró un tímido avance de 0.5% mensual y 0.8% anual, suficiente para mantener al país con vida económica, pero lejos de un impulso sostenido.
En resumen: el campo empuja, la industria se desinfla y los servicios sostienen el equilibrio precario. Una foto bastante precisa del México productivo actual.
Los pronósticos, con aroma a resignación
Banamex mantiene su previsión de crecimiento del PIB en 0.4% para 2025 y 1.5% para 2026, bajo la esperanza de que el gasto público se reactive, la incertidumbre política baje y la economía de Estados Unidos acelere. Suena bien… salvo por el detalle de que México acumularía tres años seguidos creciendo por debajo del 2%, su propio promedio histórico.
Los riesgos no son pocos: un tropiezo de la economía estadounidense, el estancamiento petrolero y la falta de inversión podrían convertir el “crecimiento modesto” en una recesión discreta, de esas que el gobierno prefiere llamar pausa técnica.
Por su parte, BBVA Research elevó su pronóstico a 0.7%, aunque advierte que la desaceleración industrial y los choques externos podrían borrar ese entusiasmo. Su diagnóstico es claro: la industria está en terreno contractivo y el resto del país se sostiene por pura inercia.
Con el tercer trimestre prácticamente cerrado, los analistas prevén una caída del PIB de 0.3%. Los únicos amortiguadores visibles son los servicios —particularmente turismo y comercio— y una posible baja en la inflación que podría dar un respiro al crédito y al consumo. Pero si la industria sigue en rojo y la inversión continúa en pausa, el fin de año pinta más para el estancamiento que para la recuperación.
El 2026: tres llaves para no repetir el mismo discurso
Para evitar otro año de promesas sin resultados, los especialistas coinciden en tres tareas básicas:
Reactivar la inversión pública y privada en proyectos de impacto rápido —carreteras, agua, vivienda media—.
Garantizar certidumbre regulatoria y energética, para que el nearshoring se traduzca en fábricas, no en conferencias de prensa.
Blindar las exportaciones mexicanas ante posibles choques arancelarios y mejorar la logística industrial.
Sin eso, la economía mexicana seguirá dependiendo del sector servicios, el eterno salvavidas que apenas mantiene a flote al barco.
El reloj corre y el Plan México se rezaga
El dato de agosto no es apocalíptico, pero sí una advertencia con sello de tiempo.
Cada décima de crecimiento que se celebra hoy representa una hora perdida en
la carrera por recuperar el dinamismo.
La economía mexicana sigue viva, pero el pulso es débil y el reloj corre en su contra.
@JErnestoMadrid
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La detención de una pareja en Hermosillo, Sonora, el pasado 16 de octubre por su presunta participación en una red de trata de personas con fines de mendicidad infantil, ha puesto en evidencia una de las formas más crueles y persistentes de violencia contra la niñez en México:
La explotación sistemática de menores en situación de alta vulnerabilidad.
En este caso, niñas y niños indígenas originarios del estado de Chiapas, con edades que oscilan entre los tres y los diez años.
De acuerdo con los reportes oficiales, los menores eran mantenidos en condiciones de hacinamiento, insalubridad y abandono, forzados a mendigar en las calles de Hermosillo, sometidos a tratos degradantes y expuestos a una violencia estructural que los despoja de sus derechos fundamentales, su identidad, su integridad física y emocional y su dignidad como personas.
El caso encarna con toda crudeza una forma contemporánea de esclavitud infantil, que vulnera frontalmente los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y otros instrumentos de protección de los derechos humanos en México.
La mendicidad forzada es una tipología reconocida de trata de personas, caracterizada por el sometimiento de una o varias personas para obtener beneficios económicos a través de la explotación de su situación de vulnerabilidad.
En este caso, además, el componente étnico y geográfico revela patrones de desplazamiento forzado y desarraigo, que han sido normalizados en la práctica institucional y social.
No se trata de un hecho aislado ni de un caso fortuito.
La presencia cotidiana de niñas y niños indígenas en semáforos, banquetas y cruceros de zonas urbanas, lejos de sus comunidades de origen, constituye un fenómeno sostenido en el tiempo, tolerado por omisión institucional y minimizado por una sociedad que ha convertido la explotación infantil en parte del paisaje urbano.
Sí, bajo los ojos del Gobierno y de la misma Sociedad.
Esta pasividad colectiva, alimentada por el racismo estructural, la indiferencia social y el fracaso de las políticas públicas, es también una forma de violencia.
El traslado de menores desde Chiapas hasta Sonora implica una logística criminal organizada, que amerita una investigación interinstitucional a fondo:
¿Quién facilitó el movimiento de los niños a lo largo de más de 2,000 kilómetros sin control estatal?
¿Qué instituciones fallaron en su deber de prevención y vigilancia?
¿Cuáles redes criminales están operando detrás de la pareja detenida?
Estas interrogantes no pueden ser desestimadas por las autoridades, pues el caso podría ser apenas la punta de un fenómeno de mayor escala.
Desde una perspectiva de derechos humanos, este tipo de delitos implica violaciones múltiples:
Al derecho a la libertad, al desarrollo integral, a vivir en familia, a la identidad cultural y étnica, y a vivir libres de violencia.
México ha asumido compromisos internacionales en la materia -como parte de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible- que exigen acciones concretas, coordinadas y sostenidas para erradicar la trata de personas, especialmente en su dimensión infantil.
Frente a estos hechos, la respuesta estatal debe trascender la lógica reactiva de las detenciones individuales.
Se requiere una estrategia nacional articulada, con enfoque de prevención, atención integral a las víctimas, cooperación intergubernamental e inclusión social real para las comunidades indígenas.
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), las procuradurías de protección de la infancia y las fiscalías especializadas deben asumir con rigor su mandato legal y ético.
Asimismo, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen una función crítica:
Romper el silencio, visibilizar las historias detrás de cada rostro infantil en las calles y exigir responsabilidad pública.
La cobertura de estos casos no puede limitarse a la nota roja ni a la criminalización de los victimarios inmediatos; debe incluir análisis estructurales, voces de expertos, datos duros y seguimiento a las acciones gubernamentales.
La niñez no puede ser tratada como moneda de cambio ni como recurso económico de subsistencia ajena.
Las niñas y niños indígenas de Chiapas, cautivos en Hermosillo, fueron víctimas de trata y del abandono sistemático del Estado, del racismo que los invisibiliza y de una cultura ciudadana que ha normalizado su sufrimiento.
El caso debe convertirse en un punto de inflexión.
No basta con consignar a los responsables, es indispensable una política de restitución integral de derechos, que permita a las víctimas recuperar su identidad, acceder a atención psicosocial especializada, y ser reinsertadas en entornos seguros y protectores.
Porque ninguna sociedad que se pretenda justa puede tolerar la explotación de sus infancias.
Y ningún Estado de derecho puede mantenerse indiferente ante el tráfico y la cosificación de seres humanos en su etapa más vulnerable:
La niñez.
*El autor es periodista con una trayectoria de 35 años en medios escritos y digitales, especialista en temas de Seguridad, Derechos Humanos y Medio Ambiente; asesor de Comunicación Social y comisionado de la Organización Mundial por la Paz en Sonora.*
Carlos Roberto Matty
