Hermosillo, Sonora a 17 de diciembre de 2025.- La presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García, compartió un mensaje de cierre de año destacando los resultados obtenidos en materia de afiliación ciudadana, atención a reportes vecinales, reforestación y cuidado del medioambiente.
Karla Yanez indicó que dichos logros se alcanzaron gracias al trabajo en equipo y la colaboración con autoridades municipales y estatales, además del respaldo del diputado David Figueroa Ortega.
Apuntó que durante 2025, el equipo del Partido Verde en Hermosillo recorrió decenas de colonias, atendiendo llamados por fugas de agua, limpieza de espacios públicos y reforestación de áreas verdes.
Este trabajo, dijo, se logró gracias a la coordinación con hermosillenses que respondieron a las gestiones impulsadas desde este partido.
“Cerramos el año con el firme compromiso de seguir sumando a más ciudadanos conscientes del cuidado ambiental, pero también comprometidos con su comunidad”, expresó Yanez García.
Resaltó que junto a su equipo, ha realizado acciones en la ciudad y en zonas rurales como Bahía de Kino y Mesa del Seri.
Con el apoyo del profesor Sergio Augusto López Ramírez, dirigente estatal y de la mano del secretario de Organización, Rafael Rocha Ortiz, el Partido Verde ha fortalecido su estructura local, promoviendo campañas de concientización y recuperación de espacios en beneficio de todas y todos.
“Gracias a quienes se han sumado en cada actividad, el 2026 será un año de más trabajo, más cercanía con la gente y más resultados verdes para Hermosillo”, expresó.
Por último, Karla Yanez envió un mensaje de buenos deseos, salud y prosperidad a las familias hermosillenses en estas fiestas de Fin de Año.
De acuerdo con un especialista en derecho penal y administrativo, la imputación impulsada por la FGR carece de una prohibición normativa expresa, confunde el expediente penal con la prestación laboral y sostiene una teoría del caso jurídicamente frágil, aunque políticamente funcional.
La judicialización del caso de María Amparo Casar, impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, exhibe una estrategia que rebasa el terreno estrictamente jurídico y se instala en el ámbito político-comunicacional. A partir de información pública y sin acceso a la carpeta de investigación, especialistas advierten que la imputación presenta imprecisiones normativas, una teoría del caso probatoriamente débil y una utilización del proceso penal como mecanismo de desgaste contra opositores críticos del régimen.
Ernesto Madrid
El punto de partida del expediente es la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida el 7 de octubre de 2004 en el edificio sede de Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde entonces, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal —encabezada entonces por Bernardo Bátiz— integró la averiguación previa como muerte violenta no homicida, con dictámenes periciales concluyentes de suicidio, sin que el expediente fuera reclasificado posteriormente.
Dos décadas después, Bátiz ha reconocido no recordar una supuesta reunión con la viuda y un intelectual cercano al PAN, aunque tampoco la descarta. Esa ambigüedad —“no lo recuerdo, pero pudo haber ocurrido”— no constituye una contradicción formal, pero sí un vacío narrativo que hoy es explotado políticamente para apuntalar una acusación penal.
Un elemento central que la acusación tiende a diluir es que el expediente penal no fue el documento que activó el pago de la pensión. Mientras la procuraduría investigó una muerte, Pemex tramitó una prestación laboral conforme a su normativa interna.
Márquez Padilla se desempeñó como Coordinador Ejecutivo adscrito a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex entre el 1 de junio y el 7 de octubre de 2004. Por la naturaleza del cargo, todo indica que se trataba de personal de confianza, sujeto al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex, no al contrato colectivo sindical.
La revisión de la normatividad pública aplicable en 2004 —y vigente hasta hoy— arroja conclusiones incómodas para la imputación:
No existe una cláusula expresa que prohíba el otorgamiento de la pensión post mortem al personal de confianza en casos de suicidio.
Las normas regulan beneficiarios, porcentajes y causales de terminación posteriores, no la causa del fallecimiento.
Las exclusiones por suicidio, cuando existen, corresponden al seguro de vida, no a la pensión laboral.
En términos jurídicos estrictos, la clasificación del fallecimiento como suicidio o accidente no resulta determinante para la procedencia de la pensión, salvo que se acreditara una simulación deliberada.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 217 del Código Penal Federal) no sanciona decisiones controvertidas ni juicios morales, sino actos objetivamente indebidos, contrarios a una norma vigente, que generen un beneficio económico indebido y se ejecuten con dolo.
Aquí surge el principal problema de la imputación: si no hay una norma que prohíba la pensión en caso de suicidio, el acto no es ilícito per se.
La única vía para sostener el tipo penal —según el análisis de especialistas— es una construcción alternativa: no sancionar el pago de la pensión, sino el supuesto disfraz deliberado del suicidio como accidente para eludir controles administrativos.
En esa lógica, la ilicitud no estaría en la causa de la muerte, sino en la simulación; y la reunión mencionada por Bátiz sería relevante sólo si probara gestión activa, conocimiento del problema jurídico y dolo.
El problema es probatorio. Para que esa teoría sobreviva, la FGR tendría que demostrar, sin fisuras:
Que el accidente fue falso, no debatible.
Que esa clasificación fue determinante para el pago.
Que la viuda conocía y promovió la falsedad.
Que los funcionarios actuaron sin facultades y con dolo.
La falla de cualquiera de estos elementos desintegra el tipo penal.
Más allá del expediente, el caso cobra sentido desde una lógica política. Los incentivos son claros: el beneficio jurídico de una eventual condena es incierto, pero el beneficio político de judicializar es inmediato. El costo de perder el caso es manejable; el desgaste reputacional de una figura crítica del gobierno —y dirigente de una organización incómoda para el poder— es tangible desde el primer anuncio.
En este contexto, el proceso penal opera como mensaje. No necesariamente como ruta hacia una sentencia firme, sino como instrumento de exposición pública, disciplinamiento simbólico y advertencia a opositores. La judicialización se convierte así en narrativa, y la narrativa, en sustituto de la prueba.
El caso María Amparo Casar no sólo pone a prueba la solidez de una acusación específica. Expone, sobre todo, una forma de ejercer el poder punitivo en la que las imprecisiones jurídicas y las lagunas probatorias quedan subordinadas a una estrategia política que diluye los hechos en el ruido de la acusación.
@JErnestoMadrid
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Ebrard advierte que retirar la protección comercial pondría en riesgo hasta 350 mil plazas en 2026, en un mercado laboral que ya muestra claros signos de enfriamiento.
El mercado laboral mexicano sigue creciendo, pero lo hace cada vez con menos fuerza. Aunque el gobierno federal presume cifras récord de empleo formal, los datos más recientes del IMSS y el análisis de organismos empresariales y económicos advierten una desaceleración preocupante.
Ernesto Madrid
En este contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lanzó una advertencia central: sin aranceles de protección frente a productos asiáticos, particularmente de China, México podría perder hasta 350 mil empleos en 2026, principalmente en estados del norte y centro del país.
El pasado 30 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el país alcanzó 22 millones 837 mil 768 empleos formales afiliados al IMSS, la cifra más alta desde que se tiene registro. Sin embargo, el propio instituto reportó que en noviembre solo se crearon 48 mil 595 plazas, el peor desempeño para ese mes desde 2020. El contraste con años previos es contundente: en noviembre de 2022 se generaron 132 mil empleos y en 2023, 101 mil.
En los últimos doce meses, el empleo formal creció apenas 0.9%, equivalente a 194 mil plazas, el avance anual más débil desde 2021. Durante la recuperación pospandemia, las tasas se ubicaban entre 3% y 6%. Aunque los empleos permanentes alcanzan un récord de 19.8 millones, su ritmo de crecimiento se ha moderado, mientras que los eventuales —un indicador sensible del ciclo económico— aportan cada vez menos.
La creación acumulada en lo que va del año suma 599 mil 389 empleos, una cifra que palidece frente a los más de 800 mil registrados, a noviembre, en 2021, 2022 y 2023. Además, la estacionalidad juega en contra: entre diciembre y enero suelen perderse entre 280 mil y 380 mil puestos por la terminación de contratos. Con el enfriamiento actual, el ajuste podría alcanzar hasta 410 mil plazas, lo que llevaría a cerrar el año con una creación neta cercana a apenas 200 mil empleos.
El deterioro no se limita al ámbito formal. De acuerdo con la ENOE del INEGI, en octubre la población ocupada total fue 0.1% menor que un año antes, mientras que la informalidad alcanzó 55.7% de la ocupación, una de las proporciones más altas registradas. Dos señales que refuerzan la idea de un mercado laboral que avanza con dificultad.
A esto se suma la alerta de la Coparmex, que advirtió que 31 entidades del país contemplan aumentos o nuevos impuestos estatales, en particular al Impuesto Sobre Nómina. Su presidente, Juan José Sierra Álvarez, señaló que elevar este gravamen por encima de 3% debilita la competitividad regional, frena la contratación formal y puede provocar que inversiones se trasladen a otros estados o incluso fuera del país, justo cuando México compite por capital en el marco del T-MEC y el nearshoring.
México ¿Cómo Vamos? añadió que el rumbo económico dependerá de la política arancelaria, el desempeño del Plan México y la evolución de la inversión privada, que ya muestra una caída anual de 4.3%.
En ese contexto, Ebrard sostuvo que los aranceles no son una medida contra un país en específico, sino una decisión “sensata” para garantizar un piso parejo y proteger a industrias como la automotriz, textil, calzado y acero.
El riesgo, advierten los analistas, no es un desplome inmediato del empleo, sino un estancamiento prolongado: un mercado laboral que no cae, pero tampoco genera los puestos necesarios para sostener el crecimiento económico.
@JErnestoMadrid
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El alza persistente en alimentos, la desaceleración regional y los eventos de noviembre comienzan a presionar la imagen presidencial, que registra su primera caída relevante.
La inflación puede mostrar señales de moderación, pero la canasta básica urbana continúa avanzando con paso firme… hacia arriba. Según datos del INEGI, en noviembre tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria crecieron por encima de la inflación general, acumulando nueve y tres meses consecutivos en esa trayectoria, respectivamente. Un detalle que para los hogares urbanos no es técnico, sino cotidiano.
Ernesto Madrid
La línea de pobreza extrema por ingresos alcanzó 2,462.7 pesos mensuales por persona (+4.4% anual), mientras que la línea de pobreza por ingresos llegó a 4,809.1 pesos (+3.9%). Entre los productos que más presionaron el bolsillo destacan:
Bistec de res: +18.8%
Leche de vaca: +8.9%
Alimentos fuera del hogar: +7.6%
En el ámbito rural, los incrementos fueron menores, pero constantes: la canasta alimentaria subió 3.1% y la no alimentaria 3.5%.
En contraste, el Banco de México, en su Reporte de Economías Regionales, confirmó una desaceleración prácticamente generalizada: todas las regiones registraron contracción, salvo el centro-norte. Las manufacturas se frenaron por la amenaza de aranceles de Estados Unidos, el impacto de los aranceles al acero y aluminio, y la persistente inseguridad que inhibe inversiones y retrasa entregas.
La minería fue el sector que mostró recuperación en todas las regiones; la construcción continuó en caída —por menor obra pública en el norte y sur, y menos construcción privada en el centro y centro-norte— y el comercio minorista avanzó con moderación gracias a campañas comerciales y programas sociales.
El turismo, uno de los indicadores más sensibles del clima económico, retrocedió en casi todo el país. El empleo formal también mostró señales de enfriamiento en la mayoría de las regiones.
El entorno económico tenso coincidió con dos eventos que dominaron la conversación pública: el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, conocido por 86% de la población; y la marcha de la generación Z del 15N, conocida por 77%. En ambos casos, la respuesta gubernamental fue evaluada negativamente.
Siete casas encuestadoras reportaron niveles de aprobación presidencial entre 61% y 74%, lo que promedia una aprobación del 69% contra una desaprobación del 29%. Una disminución de tres puntos netos respecto a octubre. Las caídas más pronunciadas se observaron en C&E (-12 pp), AtlasIntel (-9 pp) y Enkoll (-7 pp).
Aunque los análisis históricos de Banamex señalan que Sheinbaum mantiene el nivel de aprobación más alto para un quinto trimestre en dos décadas, la tendencia —por primera vez— apunta hacia abajo.
Con una canasta que sigue subiendo, regiones en desaceleración y un ambiente social más crítico, el desgaste político empezó antes del segundo año de gobierno. Nada dramático, pero sí relevante. Porque en México, cuando la economía se aprieta y la inseguridad se amplifica, la aprobación presidencial tiende a moverse… y no precisamente al alza.
@JErnestoMadrid
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Empresas, analistas y gobiernos asiáticos advierten que el nuevo esquema arancelario mexicano detonará incertidumbre, encarecerá cadenas productivas y tensará la relación con China justo antes de la revisión del T-MEC.
La aprobación del nuevo esquema arancelario para productos asiáticos ha encendido advertencias entre empresas, analistas y gobiernos extranjeros. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la medida “no está dirigida a China”, sus efectos ya se sienten en las cadenas productivas y en la diplomacia mexicana.
Ernesto Madrid
Brenda Ángeles, gerente jurídico de CASADUANA, señala que el aumento de aranceles se traducirá directamente en mayores costos para el consumidor. Añade que la decisión sorprendió a las empresas con los presupuestos de 2026 prácticamente cerrados, generando incertidumbre operativa y afectando decisiones de inversión. México, advierte, está replicando la estrategia estadounidense al imponer aranceles a países sin tratado comercial.
La reacción internacional fue inmediata. Corea del Sur pidió quedar exento del esquema, mientras que China acusó al Gobierno mexicano de adoptar una postura unilateral y proteccionista. Pekín advirtió que los aranceles —que podrían alcanzar 50% en más de mil 400 productos— dañarán de forma considerable los intereses comerciales bilaterales y pidió actuar con prudencia.
Desde Palacio Nacional, la narrativa es otra. La presidenta Sheinbaum sostiene que la reforma forma parte de un diseño estratégico interno, no de un alineamiento con Washington. “No es a China… es a los países con los que no tenemos tratado comercial”, dijo, añadiendo que el objetivo es producir más en México bajo el denominado “Plan México”.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reforzó el mensaje al señalar que países como China están colocando mercancías a precios “muy bajos”, incluso por debajo del costo del inventario, lo que podría erosionar la competitividad de la industria nacional. El foco, añadió, se encuentra en bienes terminados como vehículos, dada su relevancia para el empleo manufacturero. Más de 1.3 millones de empleos dependen del sector automotriz.
“Vamos a dialogar… No son medidas políticas, son económicas y comerciales”, matizó Ebrard, consciente de la tensión diplomática que la decisión ha provocado.
Para Jorge Molina Larrondo, consultor en comercio internacional, el incremento arancelario “es una mala idea” que encarecerá insumos —que representan 77% de las importaciones mexicanas— y frenará la producción. Además, México es especialmente vulnerable: 20% de sus importaciones provienen de China, el doble que Estados Unidos.
Si bien la iniciativa del Ejecutivo proponía un muro arancelario de hasta 50% para una amplia gama de productos asiáticos, la Cámara de Diputados aplicó lo que algunos describen como “cirugía fina”. Se redujeron tarifas en dos terceras partes de las fracciones, se sustituyeron más de 100 fracciones sensibles para exportadores y se eliminó la facultad presidencial de modificar unilateralmente los aranceles en el futuro. El resultado es un esquema permanente y con mayor control legislativo.
Detrás de esta arquitectura se asoma un objetivo geopolítico: México necesita llegar fortalecido a la revisión del T-MEC en 2026. Con Washington acusando a China de triangular mercancías a través del territorio mexicano, el nuevo esquema arancelario funciona como una herramienta para demostrar voluntad y capacidad de depurar cadenas de valor.
México envía así un mensaje dual: protege sectores estratégicos ante la entrada masiva de productos asiáticos y, al mismo tiempo, se alinea con las preocupaciones estadounidenses sin admitirlo abiertamente.
La pregunta central —¿quién pagará el aumento de los aranceles? — tiene una respuesta clara, aunque incómoda: todos. Consumidores, fabricantes, exportadores y, eventualmente, la diplomacia mexicana. El país intenta equilibrar sus compromisos con Estados Unidos, su dependencia de China y la necesidad interna de fortalecer su industria.
El verdadero costo no solo será económico, sino político, en un año clave para la renegociación comercial más importante del hemisferio.
@JErnestoMadrid
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Mientras Washington eleva la presión con amenazas directas, el gobierno mexicano minimiza riesgos y Morena se distrae en gestos irrelevantes.
La presión desde Washington aumentó un grado más esta semana. Donald Trump, fiel a su estilo, volvió a colocar a México en su tablero de amenazas. En entrevista con Politico aseguró que Nicolás Maduro “tiene los días contados” y, como quien deja a propósito una puerta entreabierta, no descartó una intervención terrestre en Venezuela, Colombia o incluso México. La insinuación le basta: la intimidación ya está hecha.
Ernesto Madrid
Este miércoles, el presidente estadounidense subió el volumen desde Truth Social: exigió que México atienda “INMEDIATAMENTE” el déficit de agua pactado en el Tratado de 1944 y lo calificó como una amenaza para Texas y California. Diplomacia a gritos y en mayúsculas.
Del lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por minimizar el golpe. Aseguró que no habrá intervención extranjera y que no es necesario responder a cada una de las declaraciones de Trump. Un mensaje de serenidad que, sin embargo, contrasta con la intensidad del ataque discursivo del presidente estadounidense y con las presiones reales que llegan desde su gobierno.
Mientras tanto, la operación “Lanza del Sur” continúa sumando acciones militares, embarcaciones destruidas y presuntos narcoterroristas abatidos. Estados Unidos no solo vigila la región, la administra bajo su propio criterio, y el mensaje es inequívoco: la seguridad hemisférica, según Washington, tiene dueño.
La amenaza del arancel de 5% por el adeudo de más de mil millones de metros cúbicos de agua añade otra capa de tensión. Roberto Velasco, encargado provisional de la SRE, insiste en que México está cumpliendo y que el derecho humano al agua no se negocia. Pero las reuniones con autoridades estadounidenses se acumulan sin avance concreto y la presión comercial sigue en la mesa.
En Palacio Nacional admiten que el diálogo es más profundo de lo que se ha dicho públicamente: catorce llamadas entre Sheinbaum y Trump, no nueve. Diplomacia discreta que contrasta con la narrativa doméstica de calma y control.
El escenario interno tampoco ayuda. La reciente explosión de un coche bomba en Michoacán fue descartada como terrorismo por el gobierno federal, que insiste en que se trata de una pugna entre grupos criminales locales. Sheinbaum reitera que no fue un ataque a su administración; García Harfuch sostiene la misma línea. La explicación puede ser técnicamente correcta, pero ignora una realidad evidente: el Estado sigue reaccionando, no previniendo, en un territorio fragmentado por disputas criminales.
La debilidad institucional persiste. La salida del exfiscal Alejandro Gertz Manero exhibió nuevamente un sistema de justicia erosionado. Y aunque los delitos de alto impacto registran una leve baja, el país permanece dividido entre regiones controladas y regiones abandonadas. Un equilibrio frágil que no admite distracciones.
Aun así, Morena parece empeñado en ellas. En plena crisis, Adán Augusto López Hernández decidió disfrazarse de Santa Claus para repartir 17 mil ejemplares de Grandeza, el libro del expresidente López Obrador. Un gesto simbólico que revela la distancia entre las prioridades del movimiento y la gravedad del momento.
Mientras Trump amenaza con represalias diplomáticas, económicas y militares, en México el oficialismo prefiere la estética al análisis y el espectáculo a la estrategia.
La ecuación es clara: Washington presiona; Morena se dispersa. Y en medio de esa brecha, lo que queda comprometido no es la narrativa del gobierno, sino la capacidad del Estado para responder a un contexto que se vuelve cada vez más complejo.
@JErnestoMadrid
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A pesar de los descuentos del Buen Fin, la inflación volvió a subir impulsada por aumentos en electricidad, transporte y productos agrícolas. La presión en mercancías y servicios revela que el avance de precios podría continuar en los próximos meses.
La inflación volvió a tomar fuerza en noviembre. De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.66%, lo que llevó la inflación anual a 3.80%, por encima del 3.57% observado en octubre. Aunque se mantiene dentro del rango del Banco de México, el repunte encendió alertas entre especialistas porque coincide con un incremento inesperado en precios de mercancías y servicios.
Ernesto Madrid
Tres factores explican el aumento de precios en noviembre:
Fin de subsidios y aumento de tarifas
El alza más visible se dio en las tarifas de electricidad. Con el término de los subsidios de temporada cálida en ciudades del norte y occidente del país, la luz subió casi 3% en el mes. También se registraron incrementos en tarifas de transporte público, especialmente en la Ciudad de México.
Presión de productos agrícolas
Las frutas y verduras volvieron a ser un motor inflacionario. Productos como el jitomate, el chile serrano y la calabacita registraron aumentos significativos, empujando al componente no subyacente —el más volátil— a 1.73% anual, aún bajo comparado con años anteriores, pero ya mostrando un cambio de tendencia.
Mercancías más caras pese al Buen Fin
Sorprendentemente, las mercancías no alimenticias —como electrónicos, ropa y otros bienes de consumo— subieron más de lo esperado, aun cuando se atravesó el periodo del Buen Fin. Esto indica que los descuentos no fueron suficientes para compensar presiones de costos o de demanda.
El índice subyacente, que refleja tendencias más estables y es clave para la política monetaria, subió a 4.43% anual, su nivel más alto en 19 meses. Dentro de este componente se observaron dos fenómenos:
Mercancías: retomaron una trayectoria al alza, presionadas por mayores costos y expectativas de aumentos futuros.
Servicios: crecieron 0.39% mensual, muy por encima del promedio histórico. Aquí influyen costos laborales, servicios turísticos y una menor holgura en la economía.
Este comportamiento sugiere que la desaceleración inflacionaria será más lenta de lo previsto.
Los analistas prevén que la inflación cierre 2025 cerca de 3.9%, ligeramente arriba de la meta del Banco de México. Aunque la presión podría moderarse en servicios, se espera que las mercancías sigan enfrentando incrementos derivados de:
posibles nuevos aranceles,
mayores impuestos,
aumentos al salario mínimo,
y un consumo todavía dinámico en algunos sectores.
La inflación no subyacente (agropecuarios y energéticos) también podría seguir avanzando gradualmente, sobre todo si persisten condiciones climáticas adversas.
Para 2026, los especialistas anticipan un inicio complicado: Los incrementos tributarios y arancelarios programados para el próximo año aún no impactan por completo, por lo que podrían impulsar los precios en los primeros meses.
Sin embargo, algunos factores ayudarían a contener las presiones:
Un peso relativamente fuerte,
costos de producción más bajos,
y un crecimiento económico moderado.
Aun así, el aumento del salario mínimo —13% para 2026— podría mantener elevadas las presiones en servicios.
El Banco de México ha recortado su tasa de referencia a lo largo de 2025 y el mercado anticipa un nuevo recorte en diciembre para llevarla a 7.0%. No obstante, el repunte inflacionario introduce dudas sobre si la Junta mantendrá ese ritmo.
La inflación repuntó porque coincidieron factores estacionales, presiones en alimentos y un comportamiento más firme en mercancías y servicios. El panorama para 2025 y 2026 seguirá siendo retador: aunque no se prevé una crisis inflacionaria, el camino hacia la estabilidad será lento y dependerá tanto de la política monetaria como de decisiones fiscales y del desempeño del consumo.
@JErnestoMadrid
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La propuesta arancelaria de Marcelo Ebrard se discute en plena caída de producción, exportaciones y confianza del sector automotriz. Mientras Economía promete blindaje ante Asia, el Congreso avanza hacia una reforma que amenaza con encarecer insumos clave justo cuando las armadoras reportan su peor dinamismo en dos años.
La semana inicia con la Cámara de Diputados lista para votar la reforma arancelaria impulsada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, una medida diseñada —según él— para contener la “competencia desleal” de productos asiáticos, especialmente los provenientes de China. Sin embargo, la discusión estalla en un momento incómodo: los números más recientes de la industria automotriz exhiben una realidad que contradice el discurso oficial.
Ernesto Madrid
La iniciativa pretende modificar 1,463 fracciones arancelarias a partir de 2026, un ajuste masivo que impactaría directamente a los insumos provenientes de Asia, justo la región de donde dependen buena parte de las cadenas de suministro automotrices. Aunque algunos incrementos se suavizarían respecto a la propuesta original, los analistas advierten que aún podría existir presión inflacionaria —inicialmente proyectada en 22 puntos base—, aunque con riesgos “a la baja” si el dictamen final se modera.
Pero mientras en los discursos el plan se vende como una estrategia para fortalecer la producción interna, los datos pintan otro paisaje.
En noviembre, la producción de vehículos ligeros cayó 8.4% anual, acumulando un retroceso de 1.4% en lo que va de enero a noviembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. Las exportaciones tampoco escapan a la tendencia: disminuyeron 3.4% en noviembre y presentan un retroceso acumulado de 1.6% en el año de acuerdo con los datos del Inegi dados a conocer este lunes.
Mientras tanto, las ventas internas apenas repuntan 0.3%, con un avance acumulado mínimo de 1.0%. El mercado doméstico crece, sí, pero a un ritmo que difícilmente compensa el freno internacional.
Todo ocurre en un contexto donde las armadoras siguen enfrentando problemas de suministro, tensiones comerciales globales y un dinamismo mundial debilitado. Precisamente las condiciones que vuelven más riesgoso encarecer los insumos que México no produce.
Ebrard afirma que los nuevos aranceles protegerán a la industria nacional y evitarán prácticas abusivas de importación. Pero la contradicción es evidente: el sector automotriz ya muestra señales de fragilidad, y cargarle costos adicionales parece una ruta poco compatible con la reactivación que el gobierno dice buscar.
De acuerdo con un análisis de Banamex reconoce que, la reforma —una vez aprobada— será necesario recalcular la inflación prevista para 2026. En otras palabras: el Ejecutivo parece no tener certeza del impacto real.
Mientras tanto, los indicadores laborales agregan una nota discordante: aunque el empleo formal creció 0.8% mensual en noviembre y 0.9% anual, el avance anual acumulado es apenas de 0.5%, muy por debajo del 2.1% registrado en 2024. El salario real también se modera, pasando de 3.7% a 3.2% anual.
Y por si faltara una señal de alarma, la confianza del consumidor se desplomó a 44.2 puntos en noviembre, cayendo 1.6 puntos en un mes y mostrando retrocesos en todos sus componentes.
A pesar de los datos, la Cámara de Diputados planea aprobar la reforma esta misma semana. La discusión avanza más rápido que la producción automotriz, que apenas creció 0.2% mensual con cifras desestacionalizadas, aún lejos de compensar la caída previa de 1.8%.
La paradoja se hace evidente: el gobierno busca endurecer aranceles para proteger la industria, justo cuando las cifras confirman que lo que necesita no es una barrera de precios, sino certidumbre en cadenas de suministro, condiciones logísticas estables y un entorno internacional menos hostil.
Mientras Economía insiste en un relato de fortalecimiento interno, la industria más emblemática del país muestra señales de agotamiento. La reforma arancelaria, presentada como un escudo, podría convertirse —si no se ajusta con precisión— en una carga adicional para un sector que ya batalla para mantener el ritmo.
La narrativa oficial promete blindaje; los números muestran fragilidad. Entre ambos, la decisión del Congreso definirá si México entra a 2026 con una política industrial coherente… o con una estrategia arancelaria que golpea justo donde duele.
@JErnestoMadrid
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Mientras Claudia Sheinbaum celebraba en el Zócalo los siete años de la autoproclamada Transformación, en Michoacán un coche bomba explotaba a metros de una alcaldía. El error inicial de la FGR al clasificarlo como “acto terrorista” abrió dudas en México y en Estados Unidos sobre la verdadera dimensión del ataque y la relación del Estado con el crimen organizado.
Ernesto Madrid
El estallido de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no solo rompió la aparente calma de un municipio costero dedicado a la pesca y la producción de plátano. También sacudió políticamente a un gobierno que, en ese preciso instante, celebraba en la Ciudad de México los “siete años de la cuarta transformación” con un Zócalo repleto de “acarreados”, muchos de ellos pagados —según denuncias reiteradas— con montos que ya no oscilan en los tradicionales cien pesos, sino entre 500 y mil, debido al creciente desencanto ciudadano.
La celebración, convertida en ritual político del obradorismo, coincidió con uno de los episodios de violencia más graves del año. Y coincidió también con el primer tropiezo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR): la clasificación inicial del atentado como un “acto terrorista”, una etiqueta que enciende las alarmas, particularmente en Estados Unidos, antes de que la institución rectificara y lo reubicara dentro de la delincuencia organizada.
La corrección ocurrió apenas semanas después de haberse presentado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el 9 de noviembre de 2025, un programa cuyo sentido y alcance quedaron en entredicho tras la explosión del sábado.
Pese a la fuerza del estallido y al simbolismo del momento, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la cautela y pidió esperar el reporte del gabinete de Seguridad. Insistió en que solo la FGR tiene la facultad de tipificar el delito y que el criterio jurídico es lo que determina si se trata o no de terrorismo.
Aun así, sus declaraciones contrastaron con lo que repetía minutos antes en su discurso: “Los gobiernos de la Transformación no están vinculados con grupos delincuenciales, es falso una calumnia” dijo.
Un mensaje contundente… pero difícil de sostener cuando, del otro lado de la frontera, el mismo gobierno estadounidense ha colocado ya a siete organizaciones criminales mexicanas en la lista de Foreign Terrorist Organizations (FTO): Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste, Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, MS-13 y el Tren de Aragua de Venezuela.
La etiqueta no es menor. Bajo la ley estadounidense, designar a estos grupos como terroristas implica que cualquier ataque, operación violenta o expansión territorial asociada a ellos puede ser calificada como terrorismo internacional. Y el CJNG —grupo con fuerte presencia en Michoacán y acusado del homicidio al presidente de Uruapan Carlos Manzo— se encuentra al centro de esas preocupaciones.
El caso del Tren de Aragua, cuyos vínculos con el Cártel del Golfo han sido documentados, ilustra la gravedad del fenómeno. En abril de 2024, una investigación internacional reveló que miembros de esta red participaron en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, por orden directa del régimen de Nicolás Maduro. Es decir: operaciones transnacionales con fines políticos, ejecutadas por organizaciones ahora presentes en México.
En este contexto, que la FGR haya utilizado —aunque sea por horas— la palabra “terrorismo” para describir la explosión en Coahuayana no fue un detalle menor. Para Washington, podría significar que la violencia mexicana ha trascendido su propia frontera conceptual.
El Gobierno federal presume avances del Plan Michoacán: 932 detenciones, 23 toneladas de droga asegurada, 924 armas decomisadas y 17 laboratorios de metanfetamina desmantelados. También se anunciaron inversiones en infraestructura, escuelas y becas.
Pero la realidad es que la violencia no cede. De acuerdo con México Evalúa, 16 entidades permanecen en condiciones preocupantes y cinco muestran escenarios críticos: Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Tabasco.
En la última década: Los homicidios dolosos crecieron 35.7%, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 358% y las desapariciones subieron 268.6%.
La fragmentación criminal no solo continúa: se expande y se reproduce frente a instituciones débiles y estrategias federales centradas en el mero debilitamiento operativo del crimen organizado, sin fortalecimiento local.
Mientras la presidenta afirmaba que “la paz y la seguridad son fruto de la honestidad y de la justicia”, el estallido en Coahuayana recordaba que el país vive atrapado entre la violencia estructural y la negación oficial.
Más aún: mientras ella aseguraba que “las y los jóvenes están con la Transformación”, la realidad señalaba que el mensaje político parecía más dirigido a sus bases movilizadas que a un país sacudido por un atentado con características inéditas.
El debate no es solo jurídico. Es político. ¿Fue terrorismo? ¿Fue crimen organizado? Lo que queda claro es que, clasificación aparte, el atentado evidenció la fragilidad del Estado mexicano, la insuficiencia de su estrategia y la distancia entre el discurso presidencial y la realidad del territorio.
Y dejó a la FGR, bajo el mando recién estrenado de Godoy, en el centro de una controversia que apenas comienza.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora— La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas por el Senado mexicano ha encendido el debate en todo el país, pero en Sonora —uno de los estados más áridos y agrícolas de México— el impacto se anticipa especialmente profundo. La legislación, que prioriza el consumo humano sobre otros usos, limita la transferencia de concesiones y refuerza el control estatal sobre el recurso hídrico, plantea tanto desafíos como oportunidades para el sector agrícola sonorense.
Un nuevo orden hídrico
La ley establece que el acceso al agua para consumo humano y doméstico es una prioridad absoluta. En un estado donde más del 80% del agua se destina a la agricultura, esta disposición podría traducirse en restricciones al riego, especialmente durante las frecuentes sequías que azotan la región⁽¹⁾.
Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá la facultad de revisar y reasignar volúmenes de agua no utilizados o mal aprovechados. Esta medida, aunque busca combatir el acaparamiento y fomentar un uso más equitativo, ha generado incertidumbre entre los productores, quienes temen perder derechos adquiridos si no justifican plenamente su consumo⁽¹⁾.
Fin a la compraventa de concesiones
Una de las disposiciones más polémicas es la prohibición de transferir concesiones de agua entre particulares. En regiones como el Valle del Yaqui, donde esta práctica ha sido común para ajustar la operación agrícola a las condiciones del mercado, la medida podría limitar la flexibilidad operativa y desalentar inversiones en el sector⁽²⁾.
Un respiro para los pequeños productores
No todo son sombras. La ley introduce el reconocimiento del “uso agropecuario familiar”, una categoría que protege el acceso al agua para pequeños productores, comunidades rurales e indígenas. En zonas como la Sierra Alta o el sur del estado, esta medida podría fortalecer la agricultura de subsistencia y la seguridad alimentaria local⁽¹⁾.
Reacciones divididas
Legisladores sonorenses como Lorenia Valles y Heriberto Aguilar han defendido la reforma, argumentando que garantiza el derecho humano al agua y protege a los sectores más vulnerables. “Ningún hogar podrá quedarse sin el mínimo vital, incluso si no puede pagar”, declaró Aguilar en entrevista con medios locales⁽³⁾⁽⁴⁾.
Sin embargo, organizaciones de productores han manifestado su preocupación por la falta de claridad en los mecanismos de reasignación y por el riesgo de que se afecte la productividad agrícola. “No estamos en contra de garantizar el agua para todos, pero necesitamos reglas claras y certidumbre jurídica”, expresó un representante del sector durante una reciente manifestación en Cajeme⁽⁵⁾.
Retos y caminos posibles
La implementación de la ley en Sonora plantea varios desafíos:
- Reducción de disponibilidad para riego La redistribución del recurso podría impactar cultivos clave como el trigo, el maíz y el espárrago, pilares de la economía regional.
- Conflictos sociales: La competencia por el agua podría intensificarse entre comunidades agrícolas, pueblos originarios y zonas urbanas.
- Modernización urgente: La ley podría acelerar la adopción de tecnologías de riego eficiente, como el goteo y la microaspersión, así como fomentar prácticas agrícolas sostenibles.
¿Y ahora qué?
La clave estará en la implementación. Expertos coinciden en que será fundamental establecer mecanismos transparentes, participativos y técnicamente sólidos para la reasignación de concesiones. Asimismo, se requerirá apoyo gubernamental para que los productores puedan adaptarse a las nuevas exigencias sin comprometer la seguridad alimentaria ni la viabilidad económica del campo sonorense.
En medio de la incertidumbre, la nueva Ley General de Aguas representa una oportunidad para replantear el modelo hídrico del estado, apostando por la equidad, la eficiencia y la sustentabilidad.
La recuperación histórica del salario mínimo no ha detonado la inflación como advirtió el dogma neoliberal, pero analistas alertan que, sin productividad y formalización, el modelo alcanzará pronto sus límites.
Durante décadas, la política económica mexicana se aferró a una premisa incuestionable: subir el salario mínimo provocaría automáticamente una espiral inflacionaria. Fue el argumento que sostuvo la contención salarial durante todo el periodo neoliberal, aun cuando la evidencia internacional ya mostraba matices más complejos. La “cuarta transformación” rompió con ese tabú. Elevó el salario mínimo por encima de lo que ningún gobierno reciente se atrevió, y la inflación —al menos en su primera etapa— no reaccionó como se había predicho.
Ernesto Madrid
Pero lo que inició como una victoria simbólica y económica comienza a mostrar tensiones debajo de la superficie.
Con el incremento de 13% previsto para 2026, y una inflación proyectada de 3.8% al cierre de este año, el aumento real será de 8.8%. Desde 2017, cuando comenzó la nueva política de incrementos reales, el salario mínimo habrá recuperado más de 110% para enero de 2026. Una corrección histórica, largamente pospuesta.
Sin embargo, la otra mitad del retrato revela un desafío estructural. La informalidad, que afecta al 55% de la fuerza laboral de acuerdo con la última cifra del INEGI, limita la capacidad de la economía mexicana para absorber esos aumentos sin fricciones.
La OCDE documenta que la productividad de un trabajador informal puede ser hasta 70% menor que la del formal. Y ahí reside el problema central: México está aumentando salarios en una economía donde la mitad de los trabajadores produce muy poco porque carece de tecnología, capital y capacitación.
La productividad laboral cayó 6.6% en los últimos años y, desde 2018, dejó de ser prioridad explícita en la narrativa económica gubernamental. “Trabajamos más, pero producimos proporcionalmente menos”, coinciden analistas consultados, lo que genera un rezago que tarde o temprano se traslada a costos.
Entre 2020 y 2024, los costos laborales unitarios aumentaron cerca de 9%. No es un nivel alarmante, pero sí presiona a las pequeñas y medianas empresas, que ya operan con márgenes estrechos, para replantear inversiones y contrataciones.
En este escenario, la informalidad sigue funcionando como válvula de escape: cuando la economía formal se tensa, el empleo crece… pero en el sector informal. El círculo vicioso se refuerza: más informalidad, menor productividad; menor productividad, más dificultades para absorber incrementos salariales.
Aunque los primeros años de incrementos no presionaron los precios, la situación empieza a cambiar. Banamex advirtió que los riesgos inflacionarios derivados del aumento al salario mínimo se han incrementado, sobre todo porque estos ajustes no han sido acompañados por aumentos equivalentes en productividad.
“El impacto depende de diversos factores como la productividad, la estructura de costos y la capacidad de las empresas para absorber los aumentos, pero sí puede generar un alza en los precios”, señaló el análisis.
Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, fue más específica: el incremento “generará mayores presiones al alza en los costos laborales, especialmente en estados con alta proporción de trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos”, lo que podría empujar a más empresas a la informalidad.
Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, advierte que la política salarial puede revertirse si no se acompaña de medidas estructurales: “No basta con aumentar nominalmente el salario si no se previenen efectos sobre la inflación; de lo contrario, el poder adquisitivo ganado puede erosionarse rápidamente”.
México enfrenta así una dualidad compleja. Por un lado, logró elevar el salario mínimo sin detonar una espiral inflacionaria, desmontando un dogma de décadas. Por otro, mantiene un aparato productivo donde más de la mitad de los trabajadores opera sin herramientas para sostener incrementos sostenidos en el largo plazo.
La oportunidad del nearshoring ofrece un respiro, pero también una advertencia: sin mayor formalización, sin un salto tecnológico y sin políticas claras de productividad, los aumentos salariales corren el riesgo de convertirse en un espejismo. Brillan en el corto plazo, pero sin cimientos que los respalden, pueden desvanecerse con la misma rapidez.
La pregunta ya no es si el salario mínimo puede subir sin generar inflación. La evidencia reciente indica que sí. La pregunta ahora es por cuánto tiempo.
@JErnestoMadrid
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La creación del consejo pretende estabilizar la inversión y frenar el deterioro productivo frente a un 2026 marcado por tensiones comerciales y jurídicas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reorganizó su estrategia económica con la creación de un Consejo para la Promoción de Inversiones, integrado por 18 de los empresarios más influyentes del país. El objetivo es claro: reconstruir la confianza del sector privado y evitar que la desaceleración económica escale a una recesión más profunda.
Ernesto Madrid
El nuevo órgano sustituye en los hechos al debilitado CADERR y se convierte en la principal vía de interlocución entre el gobierno y la iniciativa privada. Entre sus miembros destacan Carlos Slim Helú, Alejandro Baillères, Carlos Hank González, Bernardo Gómez, Laura Díez Barroso y Francisco Cervantes. Este grupo compacto operará la agenda del Plan México, que busca elevar la inversión total al 25% del PIB en 2026.
La urgencia no es menor. México enfrenta un deterioro acelerado:
Crecimiento estimado en 0.3%, según Banxico.
13 meses consecutivos de caída en la inversión fija bruta, con una contracción anual de 8.4%.
Desplome de la construcción (-10%) y retrocesos en maquinaria y equipo (-6%).
Estos indicadores comprometen la capacidad productiva del país y presionan al gobierno para buscar soluciones inmediatas.
Durante las reuniones en Palacio Nacional, el Consejo Mexicano de Negocios presentó 38 proyectos de infraestructura, así como una lista de obstáculos: trámites lentos, permisos detenidos y regulaciones poco claras. El gobierno reconoció que atender estos cuellos de botella será decisivo para recuperar el dinamismo económico.
El relanzamiento del diálogo empresarial también es una respuesta a las alertas provenientes de Estados Unidos y Canadá, previo a la revisión del T-MEC en 2026. Tanto la Cámara de Comercio de EE. UU. (USCC) como la Business Roundtable —que agrupa a más de 200 CEOs, incluidos Tim Cook y Jamie Dimon— han advertido riesgos por la reforma judicial mexicana y los cambios a la Ley de Amparo.
Ambos organismos piden reforzar los mecanismos de protección a la inversión, mantener el arbitraje internacional (ISDS y SSDS) y garantizar que México no politice su sistema judicial. Más de 600 empresas energéticas estadounidenses incluso han señalado posibles violaciones al T-MEC por el favoritismo hacia Pemex y CFE.
Aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que “no hay señales” de una ruptura del tratado, reconoce que en Washington los hearings muestran una creciente inquietud sobre el rumbo institucional de México.
El nuevo consejo busca, en esencia, tres objetivos inmediatos:
Blindar la inversión privada en un entorno de incertidumbre interna y presión externa.
Enviar una señal de estabilidad jurídica y económica hacia Washington, Ottawa y los mercados internacionales.
Evitar que la desaceleración se convierta en un estancamiento prolongado que comprometa el arranque del sexenio.
Riesgos y oportunidades
A favor:
Diálogo directo con los inversionistas más relevantes.
Capacidad para destrabar proyectos y agilizar decisiones.
Mensaje positivo previo a la revisión del T-MEC.
En contra:
Dependencia de un círculo reducido, que centraliza y concentra el poder económico.
Inquietud jurídica persistente, que puede anular cualquier acuerdo político.
Riesgo de exclusión para cámaras y organismos empresariales no incluidos, como el CCE que estará a cargo de José Medina Mora, el exdirigente de Coparmex, institucional pero crítico del gobierno.
La creación del Consejo es una apuesta por restablecer puentes con la élite empresarial y contener la pérdida de dinamismo económico. Pero su eficacia dependerá menos de las reuniones periódicas y más de la capacidad del gobierno para garantizar certeza jurídica, acelerar permisos, y presentar una posición sólida de cara a la revisión del T-MEC.
Sheinbaum envió una señal política importante. Ahora falta demostrar que el nuevo consejo no es solo un gesto, sino la herramienta capaz de revertir un ciclo económico en deterioro.
@JErnestoMadrid
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Carlos Roberto Matty
