Hermosillo, Sonora — Este sábado 18 de octubre de 2025, el Instituto Latinoamericano de Derecho y Ciencias Forenses (ILAD) llevó a cabo el Congreso Ciberseguridad: Amenazas y Métodos de Prevención en el Mundo Digital, en las instalaciones de CEUNO Hermosillo. El evento reunió a representantes de alto nivel del Gabinete Ejecutivo, SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía Estatal, Universidad de Sonora y otros actores clave del ámbito jurídico, académico y de seguridad.
El evento contó con la presencia de estudiantes y autoridades representativas de la escuela, tales como Allen McCallum (Presidente del Patronato de ILAD y CEUNO), Víctor Félix (Director de ILAD) y Daniela Enríquez (Directora académica ILAD).
La jornada, que inició a las 09:30 horas en el Salón de Conferencias, se centró en el análisis de los riesgos emergentes en el entorno digital y en la construcción de estrategias preventivas que fortalezcan la seguridad cibernética en México y América Latina. La participación activa de instituciones públicas y académicas reafirma el compromiso colectivo por una sociedad más segura, informada y resiliente ante las amenazas digitales.
El Congreso aprobó una Ley de Ingresos récord: 10.1 billones de pesos, más deuda y un IEPS que promete salvarnos de la diabetes... y de la felicidad. Oposición, empresas digitales y hasta abogados internacionales advierten: el gobierno recauda más, pero también se mete más —hasta en nuestras cuentas extranjeras y los hábitos de consumo.
Ernesto Madrid
La Cámara de Diputados aprobó —entre gritos, sarcasmos y refrescos encarecidos— la Ley de Ingresos 2026, un paquete que prevé ingresos por 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, y un endeudamiento interno neto de 1.78 billones.
Morena y aliados celebran el “logro histórico” de financiar la transformación con ingresos propios; la oposición lo llama “el impuesto del hartazgo”.
En el papel, México será más rico: los ingresos superarán en 891 mil 667 millones de pesos lo aprobado para 2026. En la realidad, los ciudadanos pagarán esa “riqueza” con más ISR, más IVA y más IEPS.
Los ingresos petroleros aportarán 1.2 billones, una cifra que ni Pemex se cree, mientras que los tributarios alcanzarán 5.8 billones. De esos, el ISR sumará 3 billones, el IVA 1.58 billones y el IEPS —sí, ese que sube los refrescos— 761 mil millones.
“Paquete saludable”, pero no para los bolsillos
El nuevo IEPS a bebidas azucaradas subirá 20.5%. La Secretaría de Salud lo celebra como una cruzada contra la obesidad; los diputados opositores lo llaman “la venganza del refresco”.
El subsecretario Eduardo Clark, con tono de campaña nutricional, explicó que México “es el principal consumidor per cápita de refrescos en el mundo” y que el aumento busca “salvar vidas”. Nadie duda que salvará algo… el déficit fiscal, sobre todo.
Mientras tanto, la oposición asegura que el paquete “no será saludable para los bolsillos” y acusa al gobierno de usar el fisco como instrumento de control: acceso en tiempo real a los datos de consumo, vigilancia digital y una nueva versión del “Gran Hermano Tributario”.
La sesión en San Lázaro terminó siendo más que un debate técnico: Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) retó a Rubén Moreira (PRI), Federico Döring (PAN) y Margarita Zavala (PAN) a subirse a tribuna.
“¡No usen el micrófono para mentirle al pueblo!”, les gritó.
“¡Las mentiras están del lado que dobla la deuda!”, le respondieron.
Y entre acusaciones, el endeudamiento para 2026 se aprobó igual: 20.2 billones de pesos de deuda total —el doble de la que recibió López Obrador.
Empresas digitales: de fiscalizados a fiscalizadores
Mientras los legisladores peleaban por el IEPS, las plataformas digitales fueron arrastradas al ruedo. La iniciativa propone que retengan ISR e IVA a personas morales —algo que ni en los manuales de Hacienda suena lógico.
La firma internacional Baker McKenzie y otras compañías tecnológicas advirtieron que la medida “excede las normas internacionales” y podría afectar sus flujos de efectivo, generar saldos a favor y complicar la devolución de impuestos. Traducido al español: el SAT les cobrará primero y pensará después.
Las plataformas también alertan sobre la violación al principio de destino del IVA y la posible discriminación a empresas con cuentas en el extranjero. Si se aprueba, tener una cuenta fuera del país será casi tan sospechoso como beber un refresco en horario laboral.
Además, piden un año de gracia para adaptar sus sistemas antes de que Hacienda los sancione. De no hacerlo, algunas podrían suspender operaciones en México, aunque el gobierno ya se frota las manos con la recaudación digital.
Más museos caros, más trámites lentos y más deuda feliz
Como cereza fiscal, los diputados aprobaron también incrementos en la Ley Federal de Derechos: subirán los precios de los trámites migratorios, los accesos a museos y otros servicios públicos. Porque nada dice “transformación social” como pagar más por ver el Museo de Antropología.
En total, esos aumentos dejarán 157 mil millones de pesos adicionales a las arcas federales.
La International Chamber of Commerce México llamó a las empresas a “luchar contra la desigualdad social”, recordando que “las empresas pueden ser la fuerza más poderosa contra la pobreza”.
Quizá el Congreso lo tomó al pie de la letra: hacerlas más pobres para que todos seamos iguales.
La Ley de Ingresos 2026 promete más dinero, más control y más deuda, todo envuelto en la narrativa del bienestar. El ciudadano beberá menos azúcar, las plataformas digitales harán de cobradores del SAT y el gobierno presume una “transformación sustentable”… sostenida con impuestos.
Porque si algo aprendió la 4T, es que el endeudamiento también puede ser un acto de fe —y de recaudación.
@JErnestoMadrid
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Sheinbaum asegura que enviar petróleo a Cuba es un acto “soberano y humanitario”, aunque en Washington lo leen como una provocación. Mientras México abastece a La Habana, Trump ordena ataques en el Caribe y pone bajo lupa a los aliados del régimen cubano.
Entre mayo y agosto de 2025, México despachó a Cuba más petróleo que en los dos años anteriores combinados. No fue una confusión de tanques ni una promoción del Buen Fin energético: fue política exterior disfrazada de ayuda humanitaria.
Ernesto Madrid
Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el buque Sandino —sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y enlistado en la OFAC por vínculos con el régimen cubano— zarpó desde Coatzacoalcos rumbo a la refinería “Camilo Cienfuegos”, en la isla, con cargamentos cuyo valor supera los 3 mil millones de dólares.
Mientras el sistema de salud mexicano sobrevive con recetas incompletas y las escuelas rurales esperan mantenimiento, el gobierno mexicano decidió surtir combustible a un régimen que ni elecciones libres ni prensa libre conoce. Todo, claro, en nombre de la “soberanía” y la “ayuda humanitaria”.
La respuesta internacional no tardó. El congresista republicano Carlos A. Gimenez acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de “oxigenar a la dictadura asesina en Cuba” y pidió tratar a México como a los regímenes de Venezuela y la propia isla.
“¿Cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región?”, lanzó Gimenez desde Washington.
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma —sí, el mismo que alguna vez trabajó hombro a hombro con Ricardo Salinas Pliego, ahora cruzado fiscal del “pago justo”— respondió con diplomacia patriótica:
“México actúa con base en sus principios tradicionales de política exterior, consagrados en nuestra Constitución”.
El congresista no se dio por aludido y replicó que el gobierno mexicano parece “inspirado en Cuba y Venezuela” por sus “expropiaciones a empresas estadounidenses como Vulcan Materials y L1BRE”.
Mientras tanto, desde Palacio Nacional, Sheinbaum minimizó el conflicto:
“No va a afectar nada. Estados Unidos sabe que México es un país libre, independiente y soberano”.
Explicó que los envíos de diésel a Cuba obedecen a un “esquema de compra-venta” y que México “siempre ayudará humanitariamente a quien lo necesite”. Aunque en los registros comerciales, ese humanitarismo supera los 60 mil millones de pesos.
Pero mientras México presume solidaridad petrolera, Washington envía señales muy distintas. En una rueda de prensa de este viernes, el presidente Donald Trump informó que la embarcación atacada por fuerzas estadounidenses en el Caribe era un submarino cargado de droga, operado desde aguas cercanas a Venezuela, otro de los regímenes afines a Cuba que Sheinbaum evita condenar.
“Atacamos un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de narcóticos”, dijo Trump, flanqueado por su secretario de Estado, Marco Rubio. “No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque contra criminales, no contra inocentes”.
El mensaje, aunque dirigido a Maduro, resonó en toda la región: Estados Unidos está dispuesto a golpear directamente las redes logísticas que vinculan a los regímenes aliados —y sus rutas de comercio y contrabando— en el Caribe.
Trump incluso reveló que Nicolás Maduro le ofreció “de todo” para evitar confrontaciones, una confesión que exhibe la presión interna dentro del chavismo.
Y como si el guion político lo escribiera Graham Greene, el Miami Herald reportó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, junto con su hermano Jorge Rodríguez, presentó a Washington dos propuestas de transición sin Maduro, con mediación de Qatar, para preservar la estabilidad política en Caracas.
En ese contexto, la narrativa mexicana de “ayuda humanitaria” a Cuba suena menos como un acto de soberanía y más como una apuesta riesgosa en medio de un tablero donde los aliados de La Habana —Venezuela incluida— negocian su propia supervivencia con el país que controla el T-MEC.
Sheinbaum insiste en que la relación con Estados Unidos “está muy bien, muy bien”. Pero entre los buques sancionados, los submarinos hundidos y las dictaduras que ofrecen pactos de transición, el mensaje que llega desde Washington es claro: quien navegue con Cuba y Maduro, podría terminar varado en aguas turbias.
Y, aun así, México sigue cargando el tanque. Con diésel, con discurso y, sobre todo, con soberanía.
@JErnestoMadrid
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Aprobada por la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Amparo restringe el acceso a la justicia, encarece la defensa fiscal y consolida un modelo de recaudación coercitiva. Expertos advierten que la medida vulnera derechos humanos, crea asimetrías procesales y representa un retroceso histórico en el constitucionalismo mexicano.
La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por la Cámara de Diputados, ha encendido las alarmas en el sector empresarial, académico y jurídico. El proyecto, que modifica 12 artículos clave de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene un alcance estructural que —según especialistas— debilita el control constitucional y consolida un modelo de justicia “selectiva y costosa”.
Ernesto Madrid
De acuerdo con el análisis de la consultoría SPETSE High Speciality Consulting, al que tuvo acceso este medio, las reformas restringen el interés legítimo, limitan el amparo fiscal, encarecen las garantías de suspensión y favorecen al Estado sobre el ciudadano, al crear nuevas causales de improcedencia que dejan sin defensa a quienes enfrentan cobros o ejecuciones fiscales.
“El amparo dejará de ser un instrumento preventivo y se convertirá en una simple reacción ante el abuso de autoridad”, advierte el Dr. Ramón I. Cabrera L., socio director de SPETSE.
El documento destaca que la reforma vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos (artículo 1º constitucional) y el derecho al acceso a la justicia (artículo 17). Además, al calificar la ley como “procesal de aplicación inmediata”, se incurre en retroactividad encubierta, afectando procesos en curso y derechos adquiridos.
Objetivo recaudatorio disfrazado
Más allá del lenguaje jurídico, el fondo de la reforma parece responder a una lógica fiscal.
Fuentes de la consultoría SPETSE y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coinciden en que el cambio legal busca acelerar la recaudación de créditos fiscales en litigio, en un momento en que el gobierno enfrenta un déficit presupuestal y la presión por mantener programas sociales emblemáticos sin recurrir a endeudamiento.
“Con la reforma, el Estado ya no tendrá que esperar años para cobrar créditos impugnados; se reduce el margen de defensa y se encarece la suspensión”, explican los analistas fiscales consultados. En la práctica, esto obligará a empresas y particulares a pagar primero y litigar después, afectando directamente el flujo de capital, la inversión y el empleo.
El CCE lo resume con contundencia:
“Sin suspensión, no hay amparo; sin amparo, no hay justicia.”
Impacto económico y social
Los cambios en las garantías fiscales son especialmente graves para pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
La reforma elimina opciones de garantía accesibles como fianzas, hipotecas o embargos administrativos, obligando a los contribuyentes a inmovilizar efectivo o contratar cartas de crédito bancarias con requisitos casi imposibles.
Según cálculos de SPETSE, garantizar un crédito fiscal de un millón de pesos bajo el nuevo esquema implicará bloquear recursos líquidos por hasta 1.3 millones, más comisiones y costos de oportunidad cercanos a 400 mil pesos en tres años. Para la mayoría de las PyMEs, esto representa la quiebra técnica o el cierre temporal de operaciones.
En términos sociales, la reforma limita el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional, sobre todo en casos ambientales, de salud, derechos colectivos o políticas públicas de largo plazo, donde el amparo preventivo era una herramienta esencial.
“El ciudadano común pierde la posibilidad de defenderse de abusos antes de que ocurran. Solo podrá reaccionar cuando el daño sea irreversible”, advirtió el exministro Javier Laynez Potisek, en declaraciones retomadas por el Foro de Constitucionalistas de México.
Un retroceso institucional
Juristas consultados coinciden en que la reforma representa un retroceso de más de 150 años en la evolución del constitucionalismo mexicano. “Se desmantela la función del amparo como garantía de los derechos fundamentales y se fortalece la discrecionalidad del poder”, sostiene el constitucionalista Miguel Carbonell, citado por medios académicos.
Además, al cerrar vías contenciosas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Estado concentra el control total de los procesos fiscales, eliminando los contrapesos entre administración y jurisdicción.
Para la sociedad civil, esta medida “abre la puerta a un ejercicio del poder sin límites ni control efectivo”, y por ello organizaciones empresariales y de derechos humanos exigen a la Presidenta de la República ejercer su facultad de veto y evitar la promulgación de la reforma en sus términos actuales.
El amparo como moneda de cambio
Con esta reforma, el amparo —instrumento histórico de defensa ciudadana frente al poder— se transforma en un mecanismo condicionado al pago y a la liquidez. Lo que antes era un derecho, hoy será un privilegio económico.
El trasfondo político y fiscal parece claro: fortalecer la recaudación a costa del acceso a la justicia. Y si bien el gobierno busca mejorar su margen presupuestal, lo hace sacrificando la confianza jurídica y la legitimidad democrática que sustentan el Estado de Derecho.
Como lo resume con ironía un académico del ITAM:
“En México ya no habrá justicia gratuita… solo justicia en abonos y con recibo oficial.”
Fuentes consultadas:
SPETSE High Speciality Consulting, Análisis Jurídico y Económico de la Reforma a la Ley de Amparo, octubre 2025.
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pronunciamiento público sobre la Reforma a la Ley de Amparo, 15 de octubre de 2025.
Foro de Constitucionalistas de México, Declaración colectiva sobre retrocesos en derechos humanos, octubre 2025.
Javier Laynez Potisek, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Miguel Carbonell, jurista constitucionalista.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, sesión del 14 de octubre de 2025.
@JErnestoMadrid
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Con disciplina ejemplar y sin un solo rasguño al texto presidencial, los diputados morenistas aprobaron la minuta de reforma a la Ley de Amparo en tiempo récord, dejando al Senado la tarea de ratificar lo que ya parece un trámite burocrático más que un ejercicio de contrapeso democrático.
La coordinación entre poderes en México ha alcanzado una nueva forma de eficiencia: la obediencia acelerada. Los diputados de Morena dieron cátedra a sus pares del Senado al aprobar sin un solo cambio la reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La minuta fue despachada a toda prisa, con una sincronía casi quirúrgica entre la bancada oficialista y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, según fuentes legislativas.
Ernesto Madrid
La velocidad del trámite contrastó con los cinco días que el Senado tardó en devolver el documento a San Lázaro la vez anterior. Esta vez, nadie quiso repetir el desliz: “Ahora sí los líderes morenistas estuvieron en contacto permanente con la Consejería Jurídica”, revelan fuentes parlamentarias. En otras palabras, aprendieron la lección —la independencia, al parecer, ya no está de moda.
La instrucción fue clara y reciente: apenas ayer la presidenta Sheinbaum urgió a aprobar la iniciativa “sin más demora”, mensaje que, según los pasillos legislativos, se interpretó con precisión militar. Todo indica que el Senado de la República seguirá la misma partitura: comisiones y pleno listos para despachar el asunto antes de que alguien se atreva a leer entre líneas el artículo transitorio que mantiene el tufillo a retroactividad.
Los daños colaterales de la “transformación”
El discurso oficial sostiene que la reforma busca “agilizar” los procesos judiciales. Sin embargo, de acuerdo con organizaciones como México Evalúa, lo que en realidad se agiliza es el debilitamiento de los contrapesos institucionales. No es un caso aislado: la desaparición del INAI, las reformas al sistema electoral y ahora el recorte de los alcances del amparo forman parte de una arquitectura deliberadamente desmontada bajo el lema de “modernización del Estado”.
El problema no es nuevo, pero la ironía es evidente: mientras el Gobierno presume eficiencia, lo que se erosiona es la posibilidad ciudadana de defenderse ante los abusos de autoridad. En términos sencillos, el amparo dejará de ser un escudo y se parecerá más a un formulario con membrete oficial.
Disidencias con sello morenista
No todos dentro de Morena aplauden el ritmo ni el contenido. La ministra en retiro y diputada Olga Sánchez Cordero advirtió durante el debate que el concepto de interés legítimo —pieza clave del amparo— no puede definirse de antemano en la ley, pues corresponde a los jueces determinarlo caso por caso. Su llamado fue ignorado con cortesía burocrática.
“El interés legítimo es un concepto indeterminado cuya existencia debe valorarse por el juez competente en cada caso concreto”, explicó Sánchez Cordero durante la sesión. Pero su objeción fue minimizada por el propio Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, quien, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la invitó implícitamente a no quejarse de lo que no votó en contra.
“No entiendo por qué no votó en contra si le pareció tan mal”, comentó Zaldívar, quien insistió en que la reforma “no restringe ni reconfigura” el interés legítimo, sino que solo “precisa sus elementos esenciales”. Una precisión tan ambigua que deja más espacio para la interpretación política que para la jurídica.
Entre la opacidad y la inseguridad
Mientras el poder legislativo se sincroniza con el Ejecutivo, otros frentes del país muestran signos de descomposición. La inseguridad sigue siendo el principal freno a la inversión, según la Encuesta a Socios de #DataCoparmex, que revela que el 51% de los empresarios fue víctima de algún delito y el 12.8% sufrió extorsión durante el último año.
Paradójicamente, mientras se reducen los mecanismos de defensa ciudadana, crece la vulnerabilidad de quienes deberían producir, invertir y sostener la economía. La ironía es casi perfecta: en nombre de la “eficiencia gubernamental”, el país avanza hacia un modelo donde la única certeza es que las instituciones obedecen con rapidez... aunque nadie sepa muy bien a quién.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora a 14 de octubre del 2025.- "El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de la aprobación de la Cuenta Pública Estatal 2024 con salvedades, en congruencia con el dictamen técnico y con nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia pública", destacó el diputado David Figueroa Ortega.
A nombre de las y los diputados de la Ecobancada en el Congreso del Estado, Figueroa Ortega apuntó que "hoy, Sonora muestra solidez fiscal, inversión social creciente y avances concretos en gobernanza financiera".
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Poder Legislativo expresó un posicionamiento firme y responsable a favor del dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2024, destacando avances significativos en materia de disciplina financiera, transparencia y gasto social.
Durante su intervención en el Pleno, el legislador subrayó que la Cuenta Pública 2024 refleja una administración estatal más eficiente, ordenada y con sentido social, donde los recursos públicos han sido ejercidos con responsabilidad, priorizando la inversión pública, la infraestructura social y los sectores más sensibles, como salud y educación.
“El análisis del ISAF no sólo es técnico, también es profundamente ciudadano, porque detrás de cada peso revisado hay una expectativa de bienestar; celebramos que el 92.7% de los entes estatales hayan sido aprobados en esta revisión, reflejo de una mejora clara en el manejo financiero del estado”, señaló Figueroa Ortega.
Entre los principales logros destacados por el diputado están:
Ingresos totales por más de 93 mil millones de pesos, con un incremento real del 9.7% respecto al ejercicio anterior.
Aumento del 5.4% en ingresos locales, fortaleciendo la autonomía financiera del estado.
Disminución del 14% en gasto corriente y comunicación social, alineado con políticas de austeridad.
Crecimiento en inversión pública, que pasó del 6.9% al 9.2% del total del gasto.
Mayor inversión en salud y educación, con cifras históricas: más de 1,200 millones de pesos en salud y más de 250 mil becas entregadas en el ámbito educativo.
Asimismo, David Figueroa reconoció el trabajo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por su labor técnica e imparcial, al lograr una cobertura del 83% del gasto total y del 78% en obra pública, la más alta en una década.
No obstante, el legislador del PVEM también llamó a no bajar la guardia ante los retos persistentes: “Hay seis entes estatales y doce municipios que no aprobaron su revisión, exhortamos a todos ellos a atender las observaciones con celeridad y responsabilidad, la rendición de cuentas no admite excepciones”.
En el caso particular del Ayuntamiento de Hermosillo y el organismo Agua de Hermosillo, el diputado alertó sobre irregularidades importantes, como pagos improcedentes y obras sin comprobación, que deben corregirse de inmediato para evitar consecuencias administrativas o legales.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde anunció su voto a favor del dictamen con salvedades, reiterando su compromiso con la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y una gestión enfocada en resultados reales para las y los ciudadanos de Sonora.
“Sonora está avanzando hacia una administración moderna, profesional y humana, la rendición de cuentas fortalece la democracia; la disciplina financiera garantiza el futuro y la buena administración se traduce en bienestar para nuestra gente.”, concluyó el diputado Figueroa Ortega.
La edición 23 del FIG despega del 14 al 17 de noviembre; la Gobernadora Libia Dennise anuncia el “Viernes de la Gente”, con acceso gratuito al público
El cielo de la capital del calzado volverá a pintarse de colores con la edición 23 del Festival Internacional del Globo (FIG), que se realizará del 14 al 17 de noviembre en el Parque Metropolitano, con la participación de más de 200 globos aerostáticos de 25 países y una expectativa de más de 400 mil visitantes.
Ernesto Madrid
La derrama económica estimada para esta edición ronda los 850 millones de pesos, lo que consolida al FIG como uno de los principales motores turísticos de Guanajuato y el evento de aerostación más grande de América Latina.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo invitó a disfrutar del llamado “festival de festivales” y anunció una novedad: el “Viernes de la Gente”, una jornada inclusiva en la que el acceso será gratuito durante la inauguración del viernes 14 por la mañana.
“En momentos de tanta incertidumbre y violencia, el Festival del Globo es una invitación a la unidad, a la convivencia familiar y al orgullo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, subrayó la mandataria.
Un evento para todos y todas
Durante la inauguración, los asistentes podrán presenciar el despliegue de la Bandera Monumental y el vuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, que acompañarán el despegue simultáneo de los globos al amanecer, alrededor de las 6:30 horas.
El FIG no sólo es espectáculo: representa una bocanada de aire fresco para la economía local. Hotelería, gastronomía, transporte y comercio se ven beneficiados por la llegada de miles de turistas, especialmente en el marco del Buen Fin, lo que impulsa a León y municipios aledaños.
La Gobernadora destacó además que el Pabellón Marca Guanajuato exhibirá los mejores productos locales: calzado, artesanías, vinos, sombreros y joyería, “reflejo del talento y la creatividad de nuestra gente”.
León, lista para recibir a los visitantes
La alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que la ciudad está lista para recibir a los turistas.
“Tenemos más de nueve mil habitaciones disponibles, restaurantes para todos los bolsillos y una ciudad limpia, bonita y con más infraestructura que nunca”, destacó la presidenta municipal.
Para garantizar la seguridad de los asistentes, se reforzará el Operativo Blindaje Carretero, con apoyo de la Guardia Nacional División Caminos y autoridades estatales.
Un ambiente de fiesta, música y espectáculo
Además del vuelo de los gigantes de aire, las “Noches Mágicas” del FIG ofrecerán conciertos de primer nivel.
Entre los artistas confirmados se encuentran Gloria Trevi, Martin Garrix, Dimitri Vegas, Afrojack y Carin León, quienes encenderán el ánimo con sus presentaciones nocturnas.
El programa incluye también un show con drones, la participación de la Orquesta Sinfónica, espectáculos de talento local y el tradicional encendido nocturno de los globos.
Incluso el Escorpión Dorado, personaje creado por el youtuber Alex Montiel, anunció la participación de su propio globo, sumando un toque de humor al evento.
“Va a haber un globo del Escorpión Dorado, ustedes lo pidieron... pura leyenda, Minnie, Mickey y el Escorpión Dorado”, dijo entre risas el creador de contenido.
Un cielo lleno de color y esperanza
Con esta edición, el FIG reafirma su posición como uno de los festivales turísticos más importantes del país y un símbolo de orgullo para Guanajuato. Entre música, convivencia y espectáculos, el cielo leonés se convertirá nuevamente en el lienzo donde miles de visitantes, locales y foráneos, compartirán una experiencia única.
Porque este noviembre, León no sólo alza globos… también alza el ánimo, la economía y el espíritu de su gente.
@JErnestoMadrid
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De Calderón a López Obrador, el gasto para prevenir inundaciones se evaporó, los atlas de riesgo se ignoraron y en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle decidió cancelar el seguro contra desastres. El resultado: Poza Rica sumergida y un muro que nunca contuvo nada.
En México, los desastres naturales no se previenen: se esperan con fe, se lamentan con discurso y se enfrentan con improvisación. Así lo confirman los datos, los muertos y las escenas de Poza Rica, donde la austeridad y la ineptitud hicieron causa común para demostrar que el verdadero diluvio no viene del cielo, sino del gobierno.
Ernesto Madrid
De acuerdo con una investigación de El Universal, el gasto nacional para prevenir inundaciones cayó en picada durante los últimos tres sexenios: de 50 mil 280 millones de pesos con Felipe Calderón, a 45 mil 62 millones con Enrique Peña Nieto, para desplomarse a 25 mil 94 millones bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una caída del 44%, maquillada bajo el nombre de “austeridad republicana”, que terminó siendo más “carencia institucional”.
El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum exhibe la factura de esa política: obras sin mantenimiento, infraestructura colapsada y una política de prevención reducida a discursos y promesas. El ex presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Julio Valdivieso, lo resumió con crudeza: “Las autoridades no aprendieron nada del desastre de Otis. En Veracruz, por ejemplo, la titular de Protección Civil es una licenciada en Antropología: improvisación pura.”
El Atlas de Riesgos de Poza Rica, publicado en junio de 2023, advirtió con precisión quirúrgica lo que ocurriría: 70 colonias en riesgo, más de 100 mil personas vulnerables y una alta probabilidad de lluvias extremas cada diez días. El documento incluso especificó los nombres de las colonias —Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Cinco de Mayo, Morelos— que, un año después, aparecerían en los noticieros cubiertas de lodo, de acuerdo con el columnista Héctor de Mauleón.
A pesar de la advertencia, la gobernadora Rocío Nahle decidió en mayo pasado cancelar la póliza estatal contra desastres naturales, valuada en 400 millones de pesos y contratada con Seguros Ve por Más (BX+), para crear la flamante Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), una empresa estatal sin capital, sin registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y sin personal especializado. Es decir, un seguro de papel.
El resultado fue tan predecible como trágico. Las lluvias de octubre devastaron Poza Rica, Papantla y Tihuatlán: 64 muertos, 65 desaparecidos y miles de damnificados. Mientras la gobernadora insistía en que “el nivel del agua ya bajaba”, Protección Civil reportaba comunidades incomunicadas y viviendas sepultadas en lodo. La respuesta real vino del Ejército y la Marina, no del gobierno estatal.
El costo político fue inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su primera visita de emergencia, fue recibida entre gritos de “¡Dónde está su gobernadora!” y “¡No hicieron nada!”. Nahle no solo perdió el control político, sino también el beneficio de la duda.
Y por si faltara ironía, el periodista Jorge García Orozco reveló que el alcalde de Poza Rica pagó 14 millones de pesos por un “muro de contención” en el Río Cazones, el mismo que se desbordó. La obra, según reportes, apenas tenía un 30% de avance. En un video difundido por el propio García Orozco, el alcalde, en un arranque de sinceridad transmitido en vivo, culpó a Conagua de haberse “fregado el presupuesto”.
“Ni modo, me están grabando, que me metan a la cárcel, pero estoy seguro de que no lo terminaron”, dijo, antes de acusar a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua de robarse el dinero federal destinado a la obra.
¿Y qué dice Efraín Morales López, titular de Conagua? Hasta ahora, nada. Silencio institucional, el mismo que acompaña cada tragedia con un nuevo informe técnico y cero responsables.
La historia de Poza Rica no es un accidente, es el síntoma de un país donde la austeridad se confunde con abandono, la prevención con discurso y la responsabilidad con evasión. En México, las inundaciones no destruyen tanto como la costumbre de dejarlo todo para después.
@JErnestoMadrid
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Una red de leales tabasqueños, contratos amañados y combustible ilegal habrían convertido al hijo del expresidente, Andy López Beltrán, en el epicentro del mayor saqueo fiscal del México moderno: el huachicol con sello familiar.
México enfrenta el que podría ser el mayor saqueo fiscal de su historia moderna, un entramado que —según investigaciones de inteligencia nacional y extranjera obtenidas por Código Magenta— conduce directamente al nombre de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ernesto Madrid
De acuerdo con estos informes, más de 20 funcionarios, amigos y cómplices habrían sido colocados estratégicamente en los más altos mandos de Pemex, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Todos bajo la égida del ahora secretario de Organización de Morena, el mismo partido que prometió erradicar la corrupción “de raíz”.
En los documentos que se harán públicos, se detallan cómo López Beltrán y su círculo tabasqueño construyeron una red de operadores incondicionales encargados de controlar permisos de importación de combustibles, gestionar contratos irregulares y diseñar el entramado fiscal que permitió el tráfico ilegal de cientos de millones de litros de gasolina y diésel.
Entre los nombres destacados figuran:
Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía Presidencial y actual diputado federal (2024-2027).
Marcos Herrería, exdirector de Administración de Pemex y hoy secretario general jurídico del Infonavit.
Octavio Romero Oropeza, exdirector general de Pemex y actual titular de Infonavit.
Rogelio Hernández, exdirector de Pemex Fertilizantes y expresidente de la CNH quién fue corrido en 2019 por un supuesto desfalcó a la paraestatal.
Ángel Carrizales, director ejecutivo de ASEA.
Abraham Alipi Mena, titular del Cenagas desde 2021.
Y hasta Luz Elena González actual secretaria de Energía
Todos, curiosamente, con un mismo origen geográfico: Tabasco. Y todos, según los reportes, con un mismo patrón de lealtad: los López Obrador–López Beltrán.
El modus operandi fue tan simple como efectivo. Desde Pemex y sus filiales se habrían manipulado permisos, rutas y facturas para permitir la entrada y venta de combustible ilegal —“huachicol fiscal” y “huachidiésel”— en el mercado mexicano.
El resultado: 55 mil millones de dólares en ganancias ilícitas en seis años, de acuerdo con los cálculos de Código Magenta.
Para dimensionarlo, esa cifra equivale al doble del costo del cancelado aeropuerto de Texcoco o a toda la refinería de Dos Bocas. Pero, a diferencia de las obras emblemáticas del sexenio, estas ganancias no se fueron al desarrollo nacional, sino —según la investigación— a financiar campañas internas de Morena, algunas de ellas la interna de Marcelo Ebrard hoy secretario de Economía, la de Adán Augusto hoy senador de la República y por supuesto la de la presidenta, a través de Mario Delgado hoy secretario de Educación y ex dirigente nacional de Morena y así “asegurar la permanencia del movimiento en el poder” durante las elecciones de 2021 y 2024.
El actual gobierno de México, por su parte, reconoce apenas 16 mil millones de pesos en litigio por casos de contrabando de combustible, según informó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. Una cifra que, en comparación con las estimaciones de Código Magenta, parece más una propina que una reparación del daño.
Organizaciones como Signos Vitales ya habían advertido desde 2022 que el 30% del mercado nacional de hidrocarburos es ilegal. El dato fue incluso mencionado por Xóchitl Gálvez durante el debate presidencial, ante lo cual la entonces candidata Claudia Sheinbaum respondió con una sonrisa que, vista en retrospectiva, sonó más a sarcasmo que a incredulidad: “Son palabrerías”.
La petrolera mexicana, calificada como la más endeudada del mundo, habría sido desangrada desde dentro, mientras el discurso oficial culpaba a los “neoliberales”. Pero, paradójicamente, las mismas prácticas que se prometió erradicar renacieron con sello tabasqueño y aroma a familia presidencial.
Según las investigaciones, cuatro de cada diez litros de gasolina o diésel consumidos en México provienen del contrabando. Incluso la CFE habría utiliza diésel huachicoleado para alimentar sus plantas generadoras de energía, pagando sobreprecios de hasta 400% respecto al valor original en Estados Unidos.
En el programa de Carmen Aristegui del pasado 1 de octubre, Guadalupe Acosta Naranjo exhibió un documento entregado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca al propio presidente López Obrador, que detalla parte de esta red de corrupción energética.
Hasta el momento, ni el gobierno federal ni el partido en el poder han ofrecido una respuesta puntual.
El caso de “Grupo Tabasco”, como algunos ya lo llaman en los pasillos políticos, reúne todos los elementos de una tragicomedia mexicana: lealtades familiares, funcionarios reciclados, contratos amañados y un discurso moralista que se derrumba ante las cifras.
Si el “primer piso” de la Cuarta Transformación se construyó sobre el lema “no robar, no mentir y no traicionar”, el segundo —al parecer— ya se erige sobre los cimientos del huachicol fiscal.
Y mientras tanto, en Palacio Nacional, la nueva presidenta pide “no molestar al expresidente ni a sus hijos”.
La ironía, diría cualquiera, ya no cabe en los ductos de Pemex.
En el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, la sede legislativa fue escenario de una serie de exposiciones y actividades culturales que rindieron homenaje a los pueblos originarios de la nación, sus tradiciones, luchas y aportes a la identidad nacional.
Durante la inauguración se subrayó la importancia de reconocer el papel histórico de las comunidades, no solo en el pasado, sino en la construcción del presente y el futuro del país. En el mensaje de apertura se destacó que “la resistencia indígena no pertenece únicamente a los libros de historia, sino que continúa viva en la defensa del territorio, la lengua, la cultura y la dignidad de los pueblos”.
Asimismo, una representante del Parlamento Nacional Indígena ofreció un mensaje de bienvenida en el que exhortó a los asistentes a reflexionar sobre la deuda histórica que el país mantiene con sus pueblos originarios. Resaltó que la conmemoración de este día debe ser también un compromiso con la justicia social, el reconocimiento pleno de los derechos colectivos y la erradicación de la discriminación que aún persiste.
Es importante reconocer que, a pesar de los avances alcanzados, aún hay mucho por hacer por las comunidades originarias del país y que el reconocimiento no debe limitarse a lo simbólico, sino traducirse en acciones concretas que garanticen condiciones de vida dignas, acceso a la educación, salud, vivienda y oportunidades de desarrollo.
Durante décadas se ha dado la espalda a nuestros pueblos originarios, pero hoy existe voluntad y compromiso para corregir ese rezago histórico. Actualmente, el Gobierno de México ha puesto en marcha diversas estrategias y programas enfocados en fortalecer la participación comunitaria, preservar las lenguas originarias y promover la inclusión económica.
La líder del Parlamento Nacional Indígena reconoció que aún falta mucho por hacer para atender las demandas y necesidades de los pueblos, aunque aseguró que en los últimos años se han dado pasos importantes para que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones públicas.
Subrayó que las comunidades indígenas han enfrentado históricamente el abandono institucional, la marginación y la discriminación, pero que hoy existe un escenario distinto, donde se ha abierto el diálogo y se han comenzado a generar políticas orientadas a mejorar sus condiciones de vida.
Aseguró que “Por fin hemos sido escuchados; nuestras propuestas ya no se quedan en el olvido. Hay avances, sí, pero todavía queda mucho por construir para lograr una verdadera justicia social para nuestros pueblos”, expresó la representante. Resaltó que los esfuerzos actuales se centran en fortalecer la educación intercultural, proteger las lenguas originarias, impulsar el desarrollo económico local y garantizar la participación política de las comunidades.
Mientras el sector privado pide ajustes y Hacienda promete “prudencia fiscal”, el Paquete Económico 2026 parece más un acto de fe que una estrategia de crecimiento. La centralización avanza, la inversión se retrae y los gobiernos locales observan cómo sus recursos se esfuman… junto con sus policías.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los legisladores practican su deporte favorito: posponer decisiones. El dictamen del Paquete Económico 2026, listo desde la semana pasada, se estira y encoge entre cabilderos, empresarios y diputados que parecen más preocupados por la redacción de las comas que por el tamaño del déficit.
Ernesto Madrid
Refresqueras, tabacaleras, plataformas digitales y transportistas desfilaron en un improvisado “parlamento abierto” que, más que debate técnico, lució como un desfile de súplicas fiscales. La discusión se reprogramó —otra vez—, ahora para el martes a las 16:00. Quizás para entonces ya haya consenso… o simplemente un nuevo pretexto.
El año del frenón
Según el observatorio económico México, ¿cómo vamos?, 2025 será recordado como el año con menor generación de empleo formal en dos décadas. Ni la crisis de 2009 ni la pandemia habían dejado tan poca vitalidad laboral. ¿La razón? La caída libre de la inversión, ese indicador que refleja el pulso real de la economía más allá de los discursos.
La inversión pública se contrajo casi 20% con la clausura de las megaobras del sexenio anterior y el proceso de consolidación fiscal del actual gobierno. Pero el verdadero golpe viene del lado privado: una baja del 4.3% anual, que equivale a apagar el motor que mueve el 90% de la inversión nacional.
Incluso el FMI, que no suele hablar en clave emocional, lanzó un recordatorio: “No es momento de infligirse daños”. Kristalina Georgieva no podría haber sido más clara —aunque en Palacio Nacional quizás lo tomen como una sugerencia decorativa—.
Federalismo en terapia intensiva
El discurso oficial sigue presumiendo “fortaleza económica” y “justicia social”, pero los números del Paquete 2026 cuentan otra historia. De acuerdo con México Evalúa, el gasto federalizado se mantiene prácticamente estancado: 2.82 billones de pesos, apenas 3% más que el año anterior. Traducido: menos recursos reales para estados y municipios, y más control desde el centro.
Mientras el presupuesto total crece, los gobiernos locales reciben una porción cada vez menor. En 2026, el gasto federalizado representará solo el 27.8% del total nacional, frente al 33.8% de hace una década. La diferencia no es menor: menos dinero para policías, infraestructura y servicios básicos.
El dato más incómodo: la seguridad municipal tendrá 88% menos recursos que en 2014. En otras palabras, se exige más presencia local con menos patrullas, menos gasolina y, claro, menos incentivos.
Y aunque la Ley de Amparo se vende como modernización judicial, varios juristas advierten que puede restringir el acceso a la justicia de comunidades y colectivos, especialmente aquellos que incomodan a las grandes obras o políticas de desarrollo “prioritario”.
Entre la retórica y la realidad
El resultado es un federalismo fiscal débil, un sistema donde los estados dependen cada vez más del humor de la Tesorería y cada vez menos de su capacidad de gestión. El modelo de control centralizado puede servir para cuadrar las cuentas, pero no para atender la inseguridad o la desigualdad territorial.
Quizá la gran pregunta no sea si modificarán comas al Paquete Económico, sino si modificarán el modelo que asfixia la inversión, desfinancia lo local y posterga las soluciones.
Porque si algo enseña la experiencia reciente, es que las comas se corrigen; las consecuencias no.
@JErnestoMadrid
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Los empresarios quieren bancos, la ley los consiente… y los ahorradores pagan los platos rotos. Otro caso: CIBanco, donde el dinero se “protege” a medias.
En el México moderno, tener un banco ya es el nuevo símbolo de poder. No importa si uno viene de la minería, los ferrocarriles o la construcción; ahora el verdadero negocio está en controlar el flujo del dinero. Y no es por amor a las finanzas, sino porque, con leyes tan flexibles y autoridades tan “comprensivas”, la banca se ha vuelto el mejor escondite para el dinero sospechoso y un escudo elegante para los defraudadores.
Ernesto Madrid
El caso más reciente lo protagoniza Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, quien intentó quedarse con Banamex, pero fue “bateado” por Citi, que prefirió cerrar trato con Fernando Chico Pardo, un empresario más discreto… y, al parecer, más conveniente.
La decisión se aceleró porque Citi debía presentar sus resultados financieros el 14 de octubre y no podía llegar al reporte con el escándalo abierto. Larrea, fiel a su estilo, se saltó los protocolos: no pidió el visto bueno ni del gobierno de Claudia Sheinbaum ni de las autoridades de Estados Unidos antes de anunciar su oferta. Grave error en un país donde las decisiones económicas importantes pasan, inevitablemente, por el filtro político.
Pero lo de fondo va más allá de Banamex. Los grandes capitales mexicanos han descubierto que tener un banco es mucho más rentable que tener una mina: permite mover dinero sin demasiadas preguntas, blindarse ante las leyes y, de paso, escribir sus propias reglas, con el beneplácito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que parece más interesada en proteger banqueros que en defender a los usuarios.
Mientras Citi hablaba de “maximizar el valor para sus accionistas”, Larrea lamentaba el rechazo con una serenidad casi poética, afirmando que su oferta “maximizaba beneficios” y ofrecía “certeza”. La única certeza, sin embargo, es que en México el sistema financiero siempre encuentra la forma de beneficiar a los mismos.
Y por si la novela de Banamex no fuera suficiente, otro escándalo se cocina:
CIBanco, que decidió entregar “voluntariamente” su licencia bancaria. Sí, voluntariamente. El IPAB aseguró que fue el propio banco el que acudió a la CNBV para revocar su permiso, argumentando que era “lo mejor para los clientes”. Una narrativa tan amable que casi hace olvidar que quienes tenían más de 400 mil UDIs —unos 3.4 millones de pesos— deberán esperar hasta el fin de la liquidación para recuperar su dinero, si es que algo queda.
Así, mientras unos empresarios buscan bancos para blindar fortunas y otros los entregan antes de hundirse, el sistema sigue funcionando con una lógica simple: los poderosos mandan, los reguladores obedecen y los ahorradores pierden.
Porque en la banca mexicana, el dinero nunca desaparece… solo cambia de dueño.
@JErnestoMadrid
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Carlos Roberto Matty
