López Obrador reaparece para “no ser sombra”, pero con un discurso que evidencia que sigue presente, atento y dispuesto a intervenir. Su silencio, lejos de ser retiro, es estrategia.
La reaparición digital de Andrés Manuel López Obrador, tras más de un año de ausencia, fue presentada como la simple promoción de su libro Grandeza. Pero el mensaje fue cualquier cosa menos literaria.
En un video cuidadosamente producido, el expresidente se encargó de reiterar que no es “cacique”, ni “poder detrás del trono”, y que no pretende opacar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, dedicó varios minutos a recordar que sólo saldrá de su retiro por tres razones: defender la democracia, impedir un golpe de Estado y proteger la soberanía nacional. Un aviso, más que una aclaración.
Ernesto Madrid
Como en sus mañaneras, repitió las consignas de siempre: sus adversarios siguen siendo “zopilotes, buitres y halcones”, y la presidenta, a la que calificó como “la mejor del mundo”, es fiel al pueblo y a los principios de la transformación. Lo que no mencionó fueron las herencias que dejó su sexenio: violencia desbordada, deudas históricas, obras faraónicas subsidiadas y un país bajo la creciente influencia del crimen organizado.
Aunque insiste en que está “jubilado”, el tono seguro y paternalista dejó claro que mantiene el control moral del movimiento. Y el silencio sobre sus viajes sigilosos a la Ciudad de México —cinco, según dijo— sugiere que su papel de “vigilante” tras bambalinas sigue más vivo que nunca.
Consultada sobre su mensaje, la presidenta Sheinbaum intentó cerrar especulaciones con un breve “lo quiero mucho”, afirmando que no lo ha visto pero sí ha mantenido comunicación con él. Una respuesta diplomática que no termina de despejar la percepción de dependencia política que persiste entre la militancia.
Y hablando de militancia: bastó que López Obrador subiera su video para que diputados, senadores y operadores de Morena inundaran las redes con mensajes de júbilo, como si su reaparición fuera una confirmación divina. Algunos incluso especulan con que podría ser la “sorpresa” del evento del 6 de diciembre en el Zócalo, donde se celebrarán los siete años de la llamada transformación.
Mientras tanto, en Michoacán, el ala del movimiento conocida como “el sombrero” libra un pleito interno que raya en la guerra sucia. La víctima más reciente es Grecia Quiroz, viuda del activista Carlos Manzo, objeto de ataques misóginos, videos manipulados y rumores de romances inventados para desacreditarla. Todo ello, presuntamente impulsado, de acuerdo con El Universal, por Leonel Godoy, Raúl Morón y, como refuerzo, Gerardo Fernández Noroña, luego de que encuestas internas revelaran que Morena perdería la elección de 2027 por seis puntos si Quiroz compite como independiente.
Ella respondió sin titubear: “Si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien”. Pero las cifras nacionales muestran un desgaste más amplio. Aunque la presidenta presume una aprobación del 70%, los datos duros contradicen la narrativa triunfalista, de acuerdo con la encuesta de El Financiero de este lunes, el 71% considera mala la seguridad en Michoacán, el 80% desaprueba el manejo de la corrupción y el 82% califica negativamente el combate al crimen organizado. Incluso los programas sociales, emblema del lopezobradorismo, cayeron de 81% a 69% en aprobación, registrando su mayor nivel de rechazo.
La presentación de Grandeza terminó siendo la confirmación pública de una realidad evidente: López Obrador no se ha ido. Prefiere operar desde la sombra, intervenir cuando le conviene y recordarles a todos —aliados, adversarios y ciudadanía— que, aunque ya no despacha desde Palacio, sigue marcando el ritmo político del país.
@JErnestoMadrid
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Más de la mitad de los trabajadores en el país sigue sin derechos ni seguridad social. El INEGI confirma que la informalidad avanza, la participación laboral se estanca y las brechas de género persisten, mientras la productividad nacional paga los platos rotos en un sistema que parece diseñado para desalentar la formalidad y normalizar la precariedad.
En México, hablar de informalidad suele evocar la escena folclórica del ambulante esquivando a los inspectores municipales con la gracia de un atleta olímpico. Pero esa es apenas la caricatura. La informalidad es mucho más amplia y bastante menos pintoresca.
Ernesto Madrid
Es el microempresario que no logra enfrentar la burocracia; la trabajadora del hogar que opera sin derechos; el jornalero que produce lo justo para sobrevivir; y el empleado dentro de una empresa formal que, aun con todo y gafete corporativo, trabaja sin contrato y sin prestaciones. Un mosaico tan diverso como precario, unido por un principio simple: la vulnerabilidad es el punto en común.
Y ahí están los datos que matan cualquier intento de optimismo excesivo. Según el INEGI, 55.4% de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que representa 33 millones de personas sin seguridad social, sin protección laboral y sin estabilidad. La informalidad no es la periferia: es el centro exacto del mercado laboral mexicano.
Mientras tanto, la tasa de participación laboral cayó a 59.5%, un nivel menor al del año pasado y estancado frente al trimestre anterior. El Semáforo Económico decidió pintar la cifra de rojo, quizás como advertencia o como simple acto reflejo.
La brecha de género sigue siendo la misma fotografía incómoda: 75.1% de participación entre hombres frente a 45.7% entre mujeres, una diferencia de 29.3 puntos porcentuales, casi idéntica a la del año previo. Otra muestra de que la igualdad avanza, pero a regañadientes.
Querer trabajar no significa poder hacerlo
Un dato que merece foco: 2.38 millones de personas no están disponibles para trabajar, pero sí desean hacerlo. De ellas, casi dos millones son mujeres, cuatro veces más que los hombres. No es falta de disposición, sino de condiciones.
En el trimestre, la PEA bajó ligeramente a 61.3 millones de personas, mientras el empleo creció apenas en 5,200. La desocupación cayó en 72,279, pero no porque el mercado laboral esté brillando, sino porque muchos migran a la informalidad cuando no encuentran alternativas.
Ingresos: la mitad del país gana poco y la otra mitad… también
El ingreso laboral promedio llegó a $10,547 pesos, con un crecimiento nominal de 0.9%. Los trabajadores formales ganan casi el doble que los informales, lo que explica por qué la pobreza laboral, aunque en descenso, sigue siendo abrumadora.
En el 3T2025, la pobreza laboral fue de 34.3%, lo que significa que 44.9 millones de mexicanos no pueden adquirir una canasta básica con el ingreso de su trabajo. Chiapas, Oaxaca y Guerrero continúan encabezando la lista de las entidades donde el salario simplemente no alcanza.
Productividad nacional: la víctima silenciosa
Cuando la mitad de la fuerza laboral opera sin capacitación, sin seguridad y sin estabilidad, la productividad del país se desploma. No es que México carezca de talento; es que lo distribuye en actividades de bajísimo rendimiento.
El golpe fiscal completa el cuadro: con tan pocos trabajadores formales, la recaudación apenas llega a 17.7% del PIB, la cifra más baja de la OCDE. Es difícil financiar salud, educación e infraestructura cuando la mitad de la economía opera “por fuera”.
Un rezago que nadie ha logrado corregir
México no es una anomalía —América Latina ronda el 50% de informalidad—, pero sí es un rezagado crónico. A pesar de programas de incorporación fiscal, aumentos al salario mínimo y apoyos sociales, la tasa lleva años estacionada en el mismo 55%.
Para mover la aguja, habría que hacer tres cosas que todos conocen, pero que ningún gobierno logra ejecutar del todo:
Simplificar la formalidad: menos trámites, menos cuotas, menos laberintos.
Crear una protección social universal: que no cargue la formalidad sobre cuotas imposibles.
Invertir en productividad real: educación, capacitación y financiamiento accesible.
Hasta que eso no ocurra, la informalidad seguirá siendo el vicio laboral que México intenta combatir solo con discursos. Mientras tanto, el país trabaja… pero trabaja a medias.
@JErnestoMadrid
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La entrega incondicional de Ernestina Godoy al proyecto presidencial y el acelerado desgaste de Alejandro Gertz Manero construyeron una transición en la Fiscalía General que, más que institucional, parece quirúrgicamente política.
La inminente llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República no se explica sólo por el relevo natural de un funcionario desgastado, sino por una ecuación que combina lealtad absoluta, disciplina política y un contexto donde la discreción dejó de ser suficiente para Alejandro Gertz Manero. Mientras él peleaba por conservar su silla, ella avanzaba con la serenidad de quien no necesita abrir puertas: ya las tiene abiertas desde el “segundo piso de la cuarta transformación”, del poder.
Ernesto Madrid
Durante su gestión en la Fiscalía capitalina, Godoy construyó algo más que un expediente de casos polémicos: edificó una reputación de obediencia sin matices al proyecto de la Cuarta Transformación. Desde la omisión en investigaciones de alto impacto hasta el uso estratégico de herramientas legales contra opositores, su trayectoria habla de una funcionaria convencida —o disciplinada— de que la justicia puede ser también una forma de militancia.
Los señalamientos no fueron pocos. Están los feminicidios de Iztacalco, donde presuntamente se ignoraron alertas previas sobre un agresor serial. El colapso de la Línea 12, en el cual la entonces directora del Metro, Florencia Serranía Soto nunca pisó una sala de declaraciones. El caso Rébsamen, donde la revisión de responsabilidades no rozó a la entonces jefa de Gobierno. Y el expediente contra Alejandra Cuevas, regido por irregularidades que parecían más cercanas a los intereses familiares de Gertz que al rigor procesal.
En paralelo, investigaciones de medios internacionales, como el New York Times documentaron prácticas de espionaje político vía geolocalización, que difícilmente podrían clasificarse como “errores administrativos”.
La lista podría seguir, pero el punto es otro: Godoy hizo lo que el poder necesitaba que hiciera. Y el poder no lo olvida.
La despedida de Alejandro Gertz Manero no fue un acto voluntario, sino un episodio más propio de tragedia política mexicana: filtraciones, pulsos de fuerza y una mañana que debió iniciar con su renuncia y terminó con seis horas de resistencia.
En las sombras operaba Adán Augusto López Hernández, senador y adversario de la presidenta. Convencido de que el fiscal se preparaba para procesarlo por el caso de la organización criminal La Barredora, el tabasqueño preparó el terreno para dinamitar la estancia de Gertz. Fue acusación política, temor personal o una mezcla de ambos; pero en la política mexicana los “motivos” son menos importantes que los “momento”, y éste era perfecto.
Pero lo que parecía un golpe contra Gertz… podría ser también un golpe contra Adán Augusto
De acuerdo con fuentes de alto nivel, la caída del fiscal general podría terminar por salpicar también al propio coordinador de Morena en el Senado. No sólo por La Barredora, sino por los expedientes del Grupo Virreyes, encabezado por Mario Giordano, cuyas relaciones con Adán Augusto López y con Mario Delgado han aparecido en investigaciones tanto en México como en Estados Unidos, vinculadas a presuntas redes de contrabando de combustible.
Es decir: el movimiento que algunos interpretaron como la venganza del senador podría, irónicamente, convertirse en la primera gran demostración de fuerza del gobierno de Claudia Sheinbaum. Una señal hacia dentro —muy dentro— del movimiento. Una señal que llega hasta Palenque.
El mensaje es claro: la nueva administración está dispuesta a tocar intereses que antes parecían intocables, especialmente después de que Gertz colocara una mancha sobre García Harfuch y su equipo anti-huachicol, vía la actuación de la agente del Ministerio Público federal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, detenida hace diez días y enviada al penal de Morelos. Ella dependía directamente de César Oliveros, fiscal especial en Delitos de Hidrocarburos, colocado por García Harfuch con el visto bueno de Palacio.
La operación de Gertz contra la estructura de seguridad fue interpretada como un desafío directo. Y en política, los desafíos suelen tener consecuencias más rápidas que las investigaciones.
Gertz peleó hasta el final. No sólo contra Adán Augusto, sino también contra Omar García Harfuch, con quien nunca hubo afinidades profundas, y contra la propia corriente presidencial que lo había tolerado más que respaldado. Las filtraciones sobre el caso Colosio y el dueño de Miss Universo —incomodísimas para Palacio Nacional— terminaron por romper su delgado escudo de protección. Aunque se especuló que López Obrador se oponía a su salida, todo apunta a que el expresidente ya no movía piezas en este tablero.
Al final, a las 3:30 de la tarde de este jueves crítico, Gertz aceptó lo inevitable. Negoció una salida con aroma diplomático y se resignó a su mayor derrota: ser sustituido justamente por quien no quería ver en su silla.
El relevo no sólo es una derrota personal para el exfiscal. Es un reacomodo de poder que deja a la presidenta Claudia Sheinbaum con el control total de una institución crucial, y a su círculo más cercano —en especial García Harfuch— con una influencia directa sobre la próxima titular.
Para López Obrador y su entorno, envueltos en sospechas y expedientes latentes, la pérdida es doble: se quedan sin el fiscal con el que construyeron blindajes y dependerán, irónicamente, de una funcionaria con fama de absoluta disciplina… pero ahora al servicio de otra jefa política.
La pregunta ya no es si Godoy ocupará la Fiscalía, sino qué versión de Ernestina Godoy llegará: ¿la fiscal militante que protegió a su jefa política en la capital, o la funcionaria que ahora tendrá que demostrar independencia en un cargo que exige más que obediencia?
La respuesta aún no está escrita, pero el libreto político ya dejó clara su primera escena: la lealtad paga. La resistencia, no tanto.
@JErnestoMadrid
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El 27 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) vivió un momento histórico: el pleno del Senado de la República aceptó la renuncia con 74 votos a favor y 22 en contra de Alejandro Gertz Manero como titular de esa institución.
En su carta, Gertz anunció su retirada efectiva de la FGR para asumir una embajada como representante de México “ante un país amigo”.
De inmediato se dispararon las críticas: la oposición y una parte significativa de la sociedad, interpretaron ese nombramiento diplomático como un “puente de plata”; es decir, una salida negociada para evadir presiones políticas, mediáticas y judiciales.
Este reportaje reconstruye, con base en información pública y periodística, las denuncias, omisiones y casos inconclusos que marcaron la gestión de Gertz, así como los vacíos que persisten ahora en su adiós.
*Un fiscal omnipotente*
Gertz Manero llegó a dirigir la FGR en enero de 2019, como parte de una reforma que buscaba dotar de autonomía al Ministerio Público federal.
Su trayectoria jurídica y política es amplia, a muchos les representaba la esperanza de una Fiscalía firme contra la impunidad, corrupción y violencia.
Pero con los años, se fue haciendo evidente una característica que se repetiría: un manejo muy personalista del poder, una Fiscalía que en ocasiones pareció responder más a intereses particulares o políticos que a criterios judiciales claros.
La acumulación de denuncias, casos estancados y decisiones polémicas terminó por erosionar la confianza pública.
Su salida, entonces, lejos de simbolizar renovación, plantea dudas sobre rendición de cuentas.
*Infiernos sin castigo*
Durante su mandato, la FGR quedó señalada por su manejo de varios de los casos más sensibles para la memoria colectiva del país.
Entre ellos el incendio de la Guardería ABC, aunque la tragedia ocurrió en 2009, mucho antes de que Gertz asumiera, su administración fue marcada por el reclamo persistente de familiares de víctimas que exigían justicia y respuestas definitivas.
A mediados de 2025, la FGR finalmente ejecutó una orden de aprehensión contra una de las socias propietarias del inmueble, identificada como “Sandra N’”, por los delitos de homicidio y lesiones culposas relacionados con el incendio.
Pese a ello, para muchos padres y madres víctimas, el proceso ha sido lento, fragmentado y falto de transparencia. Organismos y colectivos han denunciado que, bajo la gestión de Gertz, no hubo voluntad real de asumir una responsabilidad de Estado y tampoco reparación integral para las víctimas.
Más aún: la detención de la copropietaria llega 16 años después del incendio, lo que subraya la lentitud del sistema judicial.
Para muchas familias, el acto probablemente sea simbólico, pero insuficiente.
Este caso se convirtió en paradigma del déficit de justicia en México, una tragedia que marcó a todo un país, con víctimas, culpables identificados y condenas, pero con un proceso que permanece incompleto y con un reclamo de verdad, reparación y memoria que sigue abierto.
*Caso Colosio y la reapertura del “segundo tirador”*
En noviembre de 2025, bajo la gestión de Gertz, la FGR anunció la recaptura de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente de inteligencia como posible “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.
La decisión reavivó un capítulo traumático de la política mexicana, que había sido revisado en múltiples ocasiones: durante años, la tesis dominante fue que un solo hombre, "el confeso asesino Mario Aburto Martínez actuó solo".
Críticos de la reapertura advierten que la investigación anterior, de casi 30 años, ya había descartado evidencia convincente de un segundo atacante.
Ahora, con la recuperación de Sánchez Ortega, la FGR revive teorías de complot, posibles encubrimientos, investigación deficiente y manipulación política.
Hasta ahora, la FGR no ha dado detalles públicos definitivos: el caso sigue abierto, con múltiples dudas sobre peritajes, pruebas, testigos y cadenas de custodia.
Para muchos, la reapertura representa una estrategia política más que una verdadera apuesta por la verdad.
*Ismael ‘El Mayo’ Zambada*
Quizá uno de los episodios más polémicos recientes fue la detención en Estados Unidos (2024) de “El Mayo” Zambada, presunto líder del narcotráfico y las complicaciones jurídicas y diplomáticas que la operación generó bajo el mando de Gertz.
La FGR informó que solicitó cuatro veces la extradición a EU, pero denunció falta de respuesta, incluso después de que el Departamento de Estado norteamericano reconociera el requerimiento.
Gertz alegó que la detención constituía un “secuestro” en territorio mexicano, sostuvo que “El Mayo” fue trasladado en una aeronave con matrícula clonada, sin procedimientos claros de extradición o repatriación.
Pese a los señalamientos públicos, el caso se prolongó: la FGR asegura que mantiene órdenes de aprehensión vigentes, pero hasta ahora no ha logrado consumar la repatriación, ni dar acceso público a pruebas concluyentes. El asunto se convirtió en símbolo de las limitaciones institucionales y diplomáticas de la Fiscalía bajo su mando.
*FGR, despacho personal*
Durante su mandato, Gertz reactivó investigaciones contra su propia familia política: tras la muerte de su hermano, promovió denuncias en contra de su cuñada y sobrina por homicidio por omisión de cuidados.
El caso, que había sido archivado años atrás, fue retomado en 2019.
Según informes de medios, la familia política de Gertz fue acusada con firmeza; sin embargo, varios tribunales otorgaron amparos, y el caso quedó marcado por señalamientos de conflicto de interés, falta de imparcialidad y persecución judicial.
Adicionalmente, durante su gestión la FGR acumuló múltiples casos pendientes: desde corrupción, negligencias institucionales, hasta investigaciones de gran impacto social, muchos de ellos sin resoluciones claras al momento de su renuncia.
Con la salida de Gertz, varios expedientes quedaron en un limbo institucional:
El caso del “segundo tirador” en el asesinato de Colosio pasó de ser un archivo histórico a una causa abierta: pero hasta ahora no hay una versión aceptada públicamente, ni una transparencia real sobre evidencias.
El incendio de la Guardería ABC sigue siendo para muchos víctimas y familiares un “infierno sin castigo”: aunque hubo detenciones recientes, las sanciones han sido mínimas en comparación con la magnitud de la tragedia, y la exigencia de justicia, reparación y memoria continúa intacta.
El asunto de “El Mayo” Zambada revela las contradicciones de operar bajo la presión diplomática: acusaciones de secuestro, solicitudes de extradición sin respuesta, señalamientos públicos y ausencia de avances contundentes.
Casos de conflictos de interés, corrupción o nepotismo: muchos de esos expedientes quedaron abiertos, con denuncias y sospechas, pero sin sentencias ni responsables claros.
En conjunto, estos pendientes ilustran lo que muchas voces señalan como una de las principales deudas de la FGR bajo Gertz: una administración que generó expectativas, abrió causas, algunas polémicas, pero que al final dejó más preguntas que respuestas.
*La embajada como “puente de plata”: ¿recompensa o blindaje?*
El nombramiento diplomático ofrecido a Gertz en su carta de renuncia ha sido interpretado por críticos como una forma de blindarlo frente a los múltiples casos abiertos, denuncias y presiones externas e internas y de otros países como Estados Unidos.
Se cree que el ultimátum al Gobierno de México de la destitución de Gertz Manero vino de Washington.
Para sectores de oposición, la operación revela un patrón: cuando la gestión se torna insostenible, se reemplaza al titular sin que responda realmente por los pendientes; se mueve la responsabilidad, pero no se enfrentan las consecuencias.
El llamado "puente de plata".
En ese sentido, la embajada no representa un reconocimiento legítimo a un servidor público retirado, es un pacto de impunidad disfrazado de honor.
*Impunidad histórica*
La historia de Gertz Manero al frente de la FGR no puede leerse como una sucesión de aciertos o de combate ejemplar a la corrupción.
Más bien, es la crónica de una oportunidad fallida o sabotada.
Casos como el de la Guardería ABC, el asesinato de Colosio, la extradición del narcotraficante Zambada, junto con múltiples denuncias por conflictos de interés, nepotismo y uso faccioso del poder, configuran un paisaje desolador: demasiadas víctimas, demasiado dolor, muchas víctimas esperando justicia.
Ahora que el fiscal se retira a una embajada, el país enfrenta una disyuntiva: puede ser la oportunidad de un “borrón y cuenta nueva”, de una renovación institucional profunda.
O bien, un cambio superficial, un relevo de nombres sin una transformación real: sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin reparación.
Para las víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y ciudadanos, la exigencia es clara: no basta con cambiar al titular.
Es urgente desarticular los privilegios, fortalecer los controles, garantizar que la Fiscalía sea de todos, no de unos pocos.
Que no se repita la historia porque México no lo soportaría:
"Puente de plata" a los malos y "pan y circo" a los buenos.
La inminente salida del fiscal Alejandro Gertz Manero no responde a un arrebato institucional ni a un súbito despertar ético: es, más bien, la consecuencia natural de un fiscal que filtró demasiado golpeó a quienes no debía y amenazó con ventilar historias que podrían comprometer al expresidente López Obrador y a parte del corazón de Morena.
En política, como bien dicta el viejo refrán, las casualidades no existen. Mucho menos en un país donde el mapa del poder se traza entre Palacio Nacional… y Palenque. Así que la inminente renuncia —o remoción quirúrgica— de Alejandro Gertz Manero no obedece a un súbito ataque de institucionalidad, sino a que el fiscal, después de siete años, comenzó a resultar demasiado caro para el régimen que dice combatir la corrupción pero que ha demostrado alergia a ciertas verdades incómodas.
Ernesto Madrid
Según reveló Carlos Loret de Mola, ya hace un mes se había intentado quitarlo del camino. No cuajó el intento, pero dejó sembrada la idea: Gertz, con su estilo de francotirador archivístico, estaba filtrando expedientes sensibles que abrían cloacas que ni en los tiempos de la “mafia del poder” se habían atrevido a destapar. Y eso, para la presidenta Claudia Sheinbaum, dejó de ser útil y comenzó a ser peligroso.
El primero de los estallidos ocurrió con el expediente del “huachicol fiscal”, donde no solo aparecían mandos castrenses, sino los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda. El escándalo salpicó, para mal, a personajes cercanos al expresidente, incluido su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Aquello encendió focos rojos en el círculo más íntimo del movimiento que lleva su nombre.
Luego vino la joya: “La Barredora”, un caso que rozó a Adán Augusto López y al grupo Tabasco. Aunque el gobierno estatal de Javier May se deslindó, el mensaje fue claro: Gertz estaba jugando sin avisar y con pólvora fina.
Pero el verdadero rompimiento llegó con el expediente de Rubén Rocha Aguilar, empresario de Miss Universo y presunto operador de huachicol, tráfico de armas y otros dulces ilícitos. La Fiscalía habría negociado un criterio de oportunidad sin avisar a la Presidencia. En Palacio se leyó como un acto de mala fe. Fue la gota que derramó el vaso… y el vaso llevaba meses temblando.
El caso Rocha abrió caminos hacia personajes que el régimen preferiría mantener lejos de cualquier expediente penal:
El Grupo Virreyes, con operaciones sospechosas de combustible barato en Tamaulipas, asociado a:
Mario Giordano,
Adán Augusto López (actual líder de Morena en el Senado),
Mario Delgado (exlíder de Morena y hoy secretario de Educación),
y operadores ligados al círculo íntimo de López Obrador.
Las huellas conducían a grupos empresariales y políticos con vínculos que, de escalar, podrían incendiar no solo al morenismo, sino al propio legado de López Obrador.
Y esa es una línea que el nuevo gobierno no está dispuesto a permitir que cruce.
La causa penal 307/2025 —luego trasladada a Querétaro como 495/2025— exhibió una red que mezclaba funcionarios de energía, mandos de la FEMDO, una jueza federal, operadores de Segalmex y empresarios sospechosamente bien conectados.
Todo detonó con una denuncia anónima presentada dos semanas después de que el gobernador de Tabasco insinuara que sus antecesores —entre ellos Adán Augusto— “tendrían que responder por la violencia del estado”.
Una denuncia que cayó como un rayo en el corazón político de Morena.
Para colmo, resurgió un reporte que circuló en seguridad federal durante el sexenio pasado: la participación de Raúl Rocha Cantú en el financiamiento ilegal de campañas de Morena, junto a Mario Delgado, Ricardo Peralta y los hermanos Carmona, “los Reyes del Huachicol”, todo, según reveló Latinus está en los expediente de las propias autoridades.
La oficina donde presuntamente operaba la red —Paseo de las Palmas 910— es ya una pieza de colección en la narrativa del financiamiento político turbio del obradorismo.
Ese archivo, dicen, era uno de los que Gertz podía desempolvar a conveniencia.
¿Quién quiere el trono vacío?
La salida de Gertz abre un nuevo tablero en la lucha por la Fiscalía. En Palacio se mueven cuatro piezas:
Arturo Zaldívar, arquitecto jurídico del obradorismo y operador de confianza de Sheinbaum.
Ernestina Godoy, símbolo de lealtad absoluta y mano dura en la Ciudad de México.
Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, que haría feliz a más de un operador político.
José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, opción técnica y perfil “autónomo” en el sentido más flexible del término.
Cada nombre implica un estilo distinto de control. Pero todos tienen una virtud común: ninguno filtraría expedientes que puedan rozar al expresidente López Obrador o al círculo dominante de Morena.
La pregunta final
La caída de Gertz no es cuestión de estilos ni desgaste institucional. La verdadera razón es sencilla: dejó de ser funcional al proyecto político, se volvió impredecible y mostró que, si quiere, puede llevar los expedientes hasta donde el obradorismo no piensa permitir.
A veces, la autonomía tiene precio. Y en México, cuando un fiscal empieza a tomarla demasiado en serio, la factura siempre llega.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora a 27 de noviembre de 2025.- Con el firme compromiso de informar, escuchar y servir, el diputado David Figueroa Ortega llevó a cabo la jornada número 37 de su programa legislativo “Diputado en tu Colonia" en la Conquistadores.
Acompañado de su equipo de trabajo y de la presidenta del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García, Figueroa Ortega refrendó su misión de ser un representante cercano a la gente.
Además, sensible a las necesidades de la ciudadanía, escuchando de primera mano sus inquietudes y planteando soluciones reales a sus problemáticas cotidianas.
En esta jornada, vecinos expresaron temas relacionados con seguridad, alumbrado público, transporte y recolección de basura.
El diputado se comprometió a dar seguimiento puntual a cada planteamiento y a continuar gestionando ante las autoridades correspondientes para mejorar la calidad de vida en sus comunidades.
Por su parte, el equipo del diputado David Figueroa atendió temas de asesorías jurídicas y registro de demandas sociales a quien así lo solicitó.
“Diputado en tu Colonia” lleva más de 30 colonias de Hermosillo atendidas como la Olivares, Internacional, Sahuaro, San Pablo, Los Jardines, Dunas, Las Ladrilleras, Sahuaro Final, Nueva Castilla, El Mirador, Atardeceres, Reforma Norte, Benito Juárez, Floresta, Camino Real, Machi López y San Judas.
Además, la Unión de Colonos, Oasis Lantana, Primero Hermosillo, Sonacer, Luis Encinas, Pimentel, Mirasoles, Fraccionamiento Arizona, Sahuaro Indeco, Lomas de Madrid, Álvaro Obregón, Rancho Bonito, Mártires de Cananea, El Choyal, Los Jardines, Miguel Hidalgo, La Huerta, Villa Sauces-Dunas, Nueva España y Conquistadores.
El país enfrenta simultáneamente el avance de tecnologías de vigilancia estatal, una estrategia de seguridad estancada y un deterioro institucional que permite la expansión del crimen organizado; datos de México Evalúa revelan un panorama que desmiente la narrativa oficial.
Te despiertas, vas al supermercado, intentas pagar y la tarjeta es rechazada. No porque no tengas dinero, sino porque tu identidad —tu existencia digital— ha sido bloqueada. Tu banco no te reconoce, la app se congela, tu identificación no se valida. Una supuesta “alerta política” aparece en tu expediente. No hiciste otra cosa que opinar, cuestionar, disentir. Ciencia ficción, diría cualquiera. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo ya construyen sistemas de Identidad Digital programables capaces de hacerlo realidad.
Ernesto Madrid
Europa prueba billeteras de identidad digital; Canadá vincula identidades con datos bancarios; México y América Latina expanden bases biométricas bajo la promesa de “seguridad”. Pero no es seguridad: es control. Un sistema centralizado que puede rastrear compras, opiniones, movimientos y bloquear a cualquiera —sin aviso ni derecho a defensa— sería el mecanismo perfecto para un Estado que ha normalizado la opacidad y la persecución política.
Aunque las cifras nacionales muestran una ligera baja en homicidios, México Evalúa advierte que 16 estados mantienen niveles críticos de violencia. Las disputas entre grupos criminales, la debilidad operativa del gobierno federal y la presión de Estados Unidos para contener a los cárteles han dejado un mosaico de riesgos que el discurso oficial no reconoce.
Tabasco empeora: registra un alza anual en homicidios. Durango mejora: sostiene una baja continua. Pero la lectura de fondo es inquietante: la estrategia de seguridad no avanza, solo se estanca o retrocede según la región.
El caso de Michoacán es ejemplar. El nuevo “Plan por la Paz y la Justicia” podría desatar más fragmentación criminal si no se acompaña de instituciones locales fuertes. Sin policías capacitadas ni municipios empoderados, cualquier intervención federal es temporal, vulnerable y potencialmente contraproducente.
México Evalúa lo resume así: sin fortalecimiento local, la política federal no sirve; el impacto se evapora y el riesgo de escalamiento permanece.
Otro dato demoledor:
Gasto en seguridad por persona en 2026: 2,668 pesos.
Costo del delito por persona afectada en 2024 (INEGI): 6,225 pesos.
Es decir: el crimen cuesta casi el triple de lo que el Estado invierte para combatirlo. Y, aun así, el gobierno insiste en que tiene “otros datos”.
Nunca como ahora se había visto un gobierno tan complaciente con el crimen organizado, tan incapacitado para contenerlo y tan dispuesto a negarlo. El presupuesto no alcanza para cubrir la corrupción que se volvió rutina desde la llegada de la Cuarta Transformación y su llamado “segundo piso”.
El cinismo, antes un vicio político, hoy es una amenaza a la seguridad nacional. La ceguera —premeditada y conveniente— ya es política pública. La ineptitud, antes un rasgo de estilo hoy afecta la vida diaria de millones.
Frente a cualquier evidencia, la respuesta oficial es siempre la misma: complot, derecha, politización. No escuchan, no corrigen, no aceptan la realidad. La historia ya lo advirtió: la ceguera colectiva no se cura con marchas de apoyo ni con propaganda convertida en religión.
El clima político se ha contaminado de arrogancia e insensibilidad. México evalúa la violencia; el gobierno evalúa enemigos. El caso del senador Gerardo Fernández Noroña lo exhibe sin matices: calificó de “fascista” a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del presidente municipal asesinado. La acusó de usar la tragedia como plataforma política. Un acto que revela una profunda perversión moral y un desprecio inadmisible hacia las víctimas.
Mientras tanto, marchas financiadas con presupuesto público intentan sostener la narrativa del “Tigre” y del pueblo agradecido. Pero el hartazgo social ya no se calla con pensiones, ni con propaganda, ni con amenazas veladas.
Quizás ha llegado el momento de que la sociedad civil —la que no tiene padrinos, contratos ni nóminas— ocupe el espacio que la clase política ha vaciado. Porque quienes hoy gobiernan se acostumbraron a manipular, chantajear y prometer sin cumplir. Se llevan la mayor tajada mientras exigen gratitud a quienes apenas reciben migajas.
Y mientras el Estado avanza hacia una Identidad Digital que podría convertir la disidencia en delito informático, México enfrenta violencia persistente, instituciones débiles y un gobierno que prefiere negar que gobernar.
El país está en un punto crítico. Y la voz que falta —la decisiva— es la de una ciudadanía que ya despertó, pero aún no toma el lugar que le corresponde.
@JErnestoMadrid
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Balanza de pagos al tercer trimestre de 2025: así se mueven los dólares que entran y salen del país y el verdadero peso de la inversión extranjera directa.
El Banco de México publicó las cifras de la balanza de pagos al tercer trimestre de 2025 y, aunque el reporte confirma un desempeño sólido en la inversión extranjera directa (IED) y un inesperado superávit en la Cuenta Corriente, también revela una realidad menos alentadora: la inversión total del país sigue en niveles históricamente bajos, y la IED apenas representa una pequeña fracción del total.
Ernesto Madrid
La Cuenta Corriente registró un superávit de 2,325 millones de dólares, por encima de la proyección original de apenas 800 millones y en claro contraste con el déficit de 2,042 millones observado en el mismo periodo de 2024.
Este resultado se explica principalmente por el fuerte flujo de remesas, que compensó los déficits en la balanza comercial y en el ingreso primario. En términos del PIB, la Cuenta Corriente equivalió al 0.5%, lo que representa una mejora significativa frente al año previo.
Para 2025, sin embargo, los analistas anticipan un déficit moderado de -0.2% del PIB, en línea con una economía que crecerá por debajo de su potencial y con un ingreso primario todavía presionado por el pago de utilidades e intereses a inversionistas extranjeros.
La Cuenta Financiera reportó un financiamiento neto al exterior de 3,245 millones de dólares, muy por encima de los 909 millones observados un año antes. Excluyendo el aumento en las reservas internacionales, la entrada neta de capital alcanzó 3,560 millones, lo que refleja un apetito de inversionistas extranjeros por instrumentos de deuda del gobierno mexicano.
La IED sorprende: la estrella del trimestre
En el terreno de la inversión extranjera directa, las cifras superaron ampliamente las expectativas. La IED neta alcanzó 6,072 millones de dólares, un salto notable frente a los 1,179 millones del tercer trimestre de 2024.
Considerando el principio direccional, la IED ascendió a 7,176 millones de dólares, el mayor monto para un tercer trimestre desde 2019. Este repunte se explica por tres factores:
Un aumento de 277.5% en nuevas inversiones.
Un crecimiento de 49.1% en cuentas entre compañías.
Una ligera caída de 5.3% en reinversión de utilidades.
En el acumulado de enero a septiembre, la IED suma 40,906 millones de dólares, muy por encima de los 34 mil millones del año pasado y encaminándose a ser la cifra más alta desde 2013.
El problema, sin embargo, es estructural: aunque la IED crece, representa apenas el 7.7% de la inversión total, un indicador que confirma lo débil que está la inversión privada nacional. La inversión fija total sigue “por los suelos”, como reconocen analistas, con caídas acumuladas y un rezago que no logra revertirse.
La inversión de cartera registró entradas netas por 6,220 millones de dólares, gracias a la compra de bonos gubernamentales de largo plazo por parte de extranjeros. Sin embargo, las “otras inversiones” —que incluyen movimientos de bancos, empresas y gobierno— mostraron una salida neta de 9,522 millones, impulsada por un aumento de activos en el exterior por parte de residentes en México y la amortización de créditos de corto plazo.
Los activos de reserva aumentaron 6,805 millones de dólares, en contraste con la salida observada en 2024. La apreciación del peso frente al dólar explica parte de este incremento mediante ajustes de valuación.
¿Y el consumo interno? Signos de enfriamiento
Mientras los flujos internacionales lucen dinámicos, el mercado interno muestra síntomas de desaceleración. Las ventas minoristas se estancaron en septiembre, con crecimiento mensual de 0.0%, afectadas principalmente por:
Abarrotes y alimentos: -0.8%
Autoservicios y departamentales: -0.6%
El comercio electrónico y sectores como textiles, ferretería y salud mostraron avances, pero insuficientes para impulsar el indicador general.
Los analistas mantienen sus estimaciones de IED para 2025 en 42,300 millones de dólares, y proyectan un ligero crecimiento para 2026. Sin embargo, advierten que la revisión del T-MEC será un factor clave para los inversionistas. Aunque el repunte de nuevas inversiones podría estar vinculado al fenómeno de relocalización (nearshoring), persiste la cautela ante un entorno internacional volátil.
@JErnestoMadrid
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Sheinbaum corrige a su gabinete, minimiza el malestar social y vuelve a culpar a una oposición que —según ella— no tiene fuerza, pero sí la suficiente para movilizar a medio país.
La oleada de bloqueos que paralizó carreteras en 17 estados encontró al gobierno federal más preocupado por ganar la narrativa de la semana que por entender la raíz del descontento. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a enmendarle la plana a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, luego de que ésta afirmara que entre los transportistas movilizados había personas con carpetas de investigación abiertas.
Ernesto Madrid
“No tienen carpetas”, corrigió la mandataria, apelando a un generoso “se malinterpretó” para suavizar la contradicción. No era persecución, dijo, sólo un “malentendido”. La coreografía oficial del desliz.
El problema es que la protesta no desaparece con una frase presidencial. Ni se convierte en complot por decreto.
Mientras la presidenta dedicaba energía a desacreditar interpretaciones incómodas y a ajustar las declaraciones de su propio gabinete, medio país vivía bloqueos, retrasos, pérdidas económicas y una demostración contundente de que la inconformidad social ya no es marginal ni reducible a “grupos manipulados”.
La 4T, no obstante, insiste en narrarse sitiada por una oposición que considera derrotada, casi ornamental, pero que al mismo tiempo imagina capaz de coordinar marchas, paros y bloqueos de dimensiones nacionales. Una oposición tan débil como para no amenazar electoralmente… pero tan poderosa como para paralizar 40 autopistas. Es un diagnóstico político que, en consultorios psiquiátricos, tendría nombre y tratamiento.
Rosa Icela Rodríguez no improvisó. Su comentario reveló algo más profundo: un gabinete que sigue operando bajo los mismos resortes del sexenio anterior —negación, cerrazón y victimización— con la diferencia de que ahora, la responsabilidad ya no se puede heredar.
La presidenta rechaza, minimiza o matiza cualquier señal de deterioro en seguridad, extorsión, narcoviolencia o abandono al campo. Es más cómodo culpar a los manifestantes de ser piezas de una conspiración que asumir que el país enfrenta una crisis silenciosa en carreteras, campos agrícolas y ciudades medianas donde los ciudadanos pagan extorsión como si fuera impuesto municipal.
Pero la estrategia tiene un límite. Y está cerca.
Porque cuando la cabeza del gobierno niega lo evidente, el resto del gabinete repite el libreto por lealtad, hábito o miedo. Todo se vuelve una liturgia: negar, matizar, corregir, culpar. O, en el mejor de los casos, asegurar que “se malinterpretó”.
Sheinbaum, concentrada en debates pos-Zócalo y en justificar la marcha del 6 de diciembre, parece apostar a que llenar de seguidores la Plaza de la Constitución equivaldrá a resolver la crisis del autotransporte, el hartazgo de agricultores o la parálisis económica en regiones enteras. Pero el músculo político no sustituye el músculo económico.
Y ahí está el verdadero riesgo para este gobierno.
No es el PAN, ni el PRI, ni Claudio X., ni Salinas Pliego.
Es la realidad del bolsillo. Es la carretera tomada por la delincuencia. Es la cosecha que se pierde sin apoyos.
Es el transportista que paga derecho de piso para cargar maíz, el comerciante que paga doble para abrir su local, el microempresario que cierra antes de tiempo porque la extorsión ya no le permite pagar nómina.
Mover medio millón de simpatizantes al Zócalo no resuelve nada de eso.
Hay quienes en el gabinete insisten en ver detrás de cada protesta la mano invisible de un adversario. Pero las movilizaciones no están esperando que la oposición les marque el paso. Brotan donde el Estado se ha retirado, donde el crimen llena vacíos y donde el gobierno responde con explicaciones indulgentes.
Nadie cuestiona que pueda haber actores políticos intentando capitalizar el malestar. Eso ha ocurrido siempre. La diferencia es que antes, incluso la propia Sheinbaum, López Obrador y Rodríguez alentaban protestas cuando jugaban en el lado opositor del tablero.
Hoy, desde el poder, ese mismo ejercicio se condena como “desestabilización”.
El asesinato brutal de Carlos Manzo fue el catalizador más visible de un enojo que llevaba meses acumulándose. Jóvenes, familias, profesionales, médicos, campesinos y traileros están protestando por una razón muy simple: ya no se sienten protegidos.
Y el gobierno, aferrado a su narrativa de “México feliz”, continúa ignorando que hay sectores que no sólo están inconformes: están frontalmente hartos.
Con la Copa Mundial de 2026 en la puerta —y con ella el escrutinio internacional sobre seguridad, gobernabilidad y movilidad— el país difícilmente puede darse el lujo de seguir explicando sus crisis con la categoría de “malinterpretación”.
Lo que sucede en las carreteras y en los campos no es un malentendido. Es un mensaje.
Y si el gobierno insiste en no escucharlo, el ruido será cada vez más ensordecedor.
@JErnestoMadrid
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Las niñas, niños y adolescentes son un grupo que enfrenta condiciones especiales de alto riesgo de ser víctimas de distintas formas de violencia sexual, por lo que son necesarias acciones complementarias para atender la problemática de manera integral.
El Early Institute, centro de pensamiento especializado en primera infancia, celebró la presentación del Plan Integral contra el Abuso Sexual anunciada el pasado 6 de noviembre por el Gobierno Federal. Sin embargo, emitió una advertencia que busca sacudir la comodidad institucional: el documento no menciona de forma explícita a niñas, niños y adolescentes, pese a ser uno de los grupos más expuestos a la violencia sexual en el país.
El organismo reconoce que el plan introduce avances importantes, como una ruta de atención y denuncia homologada a nivel nacional, así como medidas para fortalecer la coordinación entre autoridades, agilizar investigaciones y promover campañas que fomenten la denuncia y desnormalicen la violencia sexual.
Durante la conferencia presidencial del 25 de noviembre, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, detalló los alcances legislativos de la reforma federal, incluida la propuesta de imponer de tres a siete años de prisión, perseguir de oficio el delito y homologar criterios en las entidades federativas. Actualmente, 22 estados ya tienen la iniciativa registrada en sus congresos.
Legisladoras como Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, y Malú Micher, presidenta de la misma comisión en el Senado, respaldaron el avance normativo y la urgencia de un marco penal más contundente.
No obstante, Early Institute insistió en que las omisiones pesan. La organización recordó que la violencia sexual contra menores aumenta año con año:
2020: 21,717 carpetas de investigación
2021: 22,410 (incremento del 3%)
2022: 29,726 (crecimiento del 32%)
2023: 35,866 (aumento del 21%)
Las cifras, advierte, no solo revelan una tendencia alarmante, sino la necesidad de que la política pública integre sin ambigüedades una perspectiva de niñez y adolescencia.
Entre sus recomendaciones, el Instituto subraya la importancia de armonizar los tipos penales en todo el país, tomar en cuenta las condiciones particulares de vulnerabilidad de las personas menores de edad y fortalecer herramientas de prevención. Como parte de ello, puso a disposición la plataforma alumbramx.org, un recurso gratuito de educación y prevención con base en evidencia.
La organización coincidió en la urgencia de reforzar los mecanismos para evitar la revictimización y garantizar protección inmediata a todas las personas afectadas. También llamó a la sociedad a asumir su responsabilidad colectiva: prevenir, detectar y denunciar sin minimizar la violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
El debate ocurre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que especialistas como la psicóloga y exagente de ciberseguridad Bárbara Gutiérrez recuerdan que la violencia —física, sexual, psicológica o digital— comparte la misma raíz: el control y el silenciamiento basado en género, amplificado ahora por las herramientas tecnológicas.
Mientras Pemex, la presidenta se ríe y felicitan a una Miss Universo cuyos familiares han recibido contratos cuestionados, crecen las protestas sociales y resurgen los viejos vicios: adjudicaciones infladas hasta 500%, beneficiarios cercanos al poder y un gobierno que prefiere negar la evidencia antes que enfrentarla.
En cualquier país normal, la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo sería una postal amable. Pero México insiste en ser excepcional. Aquí, una felicitación de Pemex a la nueva reina de belleza se convirtió en la entrada a un túnel de opacidad, contratos millonarios, conflictos de interés y un gobierno que, entre risas presidenciales, asegura que todo es “ridículo” y “noticia falsa”.
Ernesto Madrid
La historia, como casi todas las de esta época, comienza con un dato duro —no con un rumor—: 745 millones de pesos.
Esa es la cifra del contrato asignado el 7 de febrero de 2023 por Pemex Exploración y Producción a dos empresas: Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sue, esta última directamente vinculada al mexicano Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universe.
El dato no apareció por arte de magia: está en los registros oficiales. Y fue este mismo empresario quien, en un elegante giro del destino, celebró el triunfo de la joven cuyo padre, Bernardo Bosch Hernández, funge como coordinador ejecutivo B en el área de Exploración y Producción de Pemex.
Un funcionario con acceso directo a información sensible. Un empresario con contrato de cientos de millones. Una hija coronada Miss Universo. Y una institución estatal felicitando a todos.
Cualquier parecido con un cuento de hadas patrocinado por presupuesto público no es coincidencia.
Bernardo Bosch, padre de Fátima, ha tenido influencia documentada en procesos de contratación dentro de Pemex. Las versiones internas no son sutiles:
“Aquí nadie se hace millonario por belleza, se hace millonario por amistades. Y esas amistades vienen desde arriba”, comenta una fuente dentro de la petrolera quién señala que muchos tienen incluso casa en Polanco para vivir cerca de Pemex.
“No se revisan costos reales. Hay proyectos 300%, 400%, hasta 500% arriba del precio estándar. Es un sistema instalado desde el sexenio pasado, pero ahora opera con más descaro.”
Este testimonio confirma lo que múltiples auditorías y reportajes han venido denunciando: la petrolera del Estado se ha convertido en una caja negra donde los sobrecostos no son anomalía, sino procedimiento.
Y mientras Pemex felicita reinas, a sus propios trabajadores les niega aumentos; a los agricultores se les reduce presupuesto; a los transportistas se les deja solos frente al crimen; y a los jóvenes de la Generación Z se les acusa de “grupo manipulado” cuando llenan plazas públicas.
El contraste no es casual. Es estructural. El segundo piso de la 4T, tambaleando
La presidenta reaccionó entre risas, asegurando que todo era “falso” y que las críticas eran “ridículas”. Ridículo, quizá, es otro número: Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con pérdidas históricas… salvo en la producción de escándalos.
Mientras tanto, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, Gonzalo López Beltrán y José Ramón López Beltrán, los hijos del expresidente, también felicitaron a la reina. Los mismos que han sido señalados por casos de corrupción, tráfico de influencias, casas con renta de lujo y sus muy comentados —pero nunca aclarados— beneficios públicos.
La realeza de la 4T se pasa la corona entre ellos. Literal y simbólicamente.
Mientras el país debate si Pemex debiera felicitar concursos donde sus funcionarios tienen intereses cruzados, las carreteras se llenan de bloqueos de transportistas y agricultores. La generación Z volvió a las calles, y el gobierno insertó al bloque negro para desviar el mensaje, como ya es costumbre.
La Secretaría de Gobernación respondió con su guion favorito: acusaciones.
“Hay intereses políticos detrás: PRI, PAN, PRD”, dijo Rosa Icela Rodríguez, quien insiste en que “no hay motivo para las movilizaciones”.
Los inconformes escuchan esto mientras pagan extorsiones, les roban mercancía, enfrentan crimen, padecen falta de apoyos y ven a Pemex regalar contratos inflados a empresarios con vínculos familiares.
Pero según el gobierno, ellos son los manipulados.
No es Miss Universo. No es la corona. No es la felicitación.
El escándalo es que Pemex se encuentra en virtual quiebra, entrega contratos por cientos de millones sin competencia, mantiene esquemas heredados del obradorismo, permite que operadores con poder diseñen licitaciones a modo, y niega todo mientras el país se incendia socialmente.
El escándalo es que el segundo piso de la 4T está construido sobre la misma mezcla de negación, clientelismo, corrupción, conflicto de interés y maquillaje narrativo que la primera planta.
Y ni con corona brilla mejor.
@JErnestoMadrid
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Mientras la inflación retoma su paso ascendente y los analistas advierten un 2026 más presionado, el gobierno continúa hablando de logros sociales, ignorando que, sin inversión, certidumbre y crecimiento sostenido, ni el mejor discurso alcanza para sostener una economía.
La inflación volvió a respirar por la boca grande. En la primera quincena de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor repuntó a 3.61% anual, un avance que, aunque previsible para los analistas, tomó por sorpresa a la narrativa oficial, todavía instalada en la idea —cada vez menos verosímil— de que la estabilidad macroeconómica es un hecho consumado y no una tarea inacabada.
Ernesto Madrid
El incremento quincenal de 0.47% tuvo los sospechosos habituales: tarifas eléctricas que suben con la puntualidad del reloj que no falla, transporte que nunca baja y productos agrícolas que confirman que la volatilidad del campo mexicano es una tradición nacional. Todo ello apenas maquillado por los descuentos del Buen Fin, ese breve espejismo que el gobierno celebra como si fuera una política pública.
Aunque la inflación subyacente se quedó en 4.32%, el mensaje entre líneas no deja espacio para el optimismo gubernamental: los precios siguen siendo tercos. Tan tercos como las autoridades que insisten en narrar un país donde la inflación “se contiene” mientras los analistas proyectan un cierre de 2025 en 3.9% y de 2026 en 4.3%, con presiones adicionales por el aumento al salario mínimo y los efectos de nuevos impuestos.
El gobierno repite que la fortaleza económica se refleja en la reducción de la pobreza. Cierto: 13 millones de personas salieron de la pobreza, un logro que nadie sensato regatearía. Pero la contradicción aparece cuando se pretende que ese avance puede sostenerse sin crecimiento, inversión y productividad. La realidad —esa que no cabe en conferencias matutinas— es que el PIB sigue siendo el termómetro que mira el mundo, los mercados y los inversores. Fingir que no importa no hará que deje de importar.
A esto se suma un escenario poco halagüeño:
Inversión privada débil, lejos de su potencial;
Regulación incierta en sectores estratégicos;
Controversias comerciales abiertas rumbo a la revisión del T-MEC;
Un entorno fiscal estrecho, presionado por el costo de la deuda y los gastos ineludibles.
La economía mexicana, pese al discurso triunfalista, no crece al ritmo que se le promete al ciudadano. Para 2026, los analistas anticipan mayores presiones inflacionarias justo cuando el país enfrenta un PIB que crecerá apenas 1.4%, prácticamente lo mismo que la población. Una especie de inmovilidad elegante, pero inmovilidad al fin.
El gobierno insiste en alcanzar la meta de colocar a México entre las 10 economías más grandes del mundo. Hoy estamos en el lugar 12, apenas debajo del umbral. Pero para subir, hace falta algo más que voluntad política: hace falta crecer. Y crecer más que Brasil, que avanza a 2.4%, mientras México aspira —con optimismo digno de manual oficial— a un 1%.
El contraste entre aspiraciones y realidades vuelve a exhibir la contradicción central del proyecto: se quiere un país grande con políticas que achican el espacio para la inversión y la productividad.
La revisión del tratado comercial será uno de los exámenes más rigurosos para la administración. La economía mexicana depende del buen clima con Estados Unidos, su principal socio, donde los aranceles bajo la sección 232 ya presionan industrias clave como la automotriz.
Irónicamente, el gobierno que presume soberanía económica se enfrenta a un acuerdo que exigirá disciplina regulatoria, certeza jurídica y un marco energético compatible con estándares internacionales. Todo aquello que, según el propio discurso, “ya no es necesario”.
No es el cierre de 2025 lo que preocupa, sino el arranque de 2026. Los analistas lo advierten con la frialdad que caracteriza a los números: si el gobierno mantiene diagnósticos complacientes y evita los ajustes estructurales necesarios, el país se quedará en un crecimiento mediocre, sin capacidad para sostener ni obra pública, ni gasto social, ni ambiciones geopolíticas.
En economía, como en política, la credibilidad no se decreta: se construye. Y hoy, mientras la inflación sube y el gobierno la minimiza, la brecha entre discurso y realidad vuelve a ampliarse.
Al final, la pregunta que no pueden evitar en Palacio es simple: ¿Podrá México crecer sin asumir los costos de crecer?
Por ahora, la respuesta es tan incierta como el rumbo inflacionario y el crecimiento del PIB.
@JErnestoMadrid
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Ernesto Madrid
