- Sheinbaum defiende la entrega de capos a EE. UU. como decisión soberana, mientras persisten dudas sobre la estrategia de seguridad y el manejo del legado del sexenio anterior.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y avalada por el Consejo Nacional de Seguridad. La mandataria descartó que la acción estuviera relacionada con su reciente conversación telefónica con el presidente Donald Trump y aseguró que responde a los mecanismos permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad.
“Es una decisión que pone primero la conveniencia para México”, sostuvo Sheinbaum durante su conferencia.
Ernesto Madrid
Cifras clave
- 37 presuntos criminales entregados en el más reciente traslado.
- 92 personas de alto impacto enviadas a EE. UU. en lo que va de la actual administración, según la SSPC.
- 72.6% aumento de la violencia letal en la última década en México (México Evalúa).
El traslado colectivo fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y representa la tercera entrega masiva de presuntos capos a autoridades estadounidenses. Aunque el gobierno la presenta como parte de la cooperación internacional contra el crimen organizado, la medida ocurre en un contexto de presión política explícita desde Washington.
Días antes, Donald Trump declaró que la presidenta mexicana tenía “miedo de los cárteles que controlan México”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, exigió a México “resultados concretos y verificables”. La coincidencia temporal entre estas declaraciones y las extradiciones ha alimentado el debate sobre el margen real de autonomía de la política de seguridad mexicana.
Organizaciones especializadas advierten que las extradiciones, por sí solas, no modifican las condiciones estructurales de la violencia en el país. De acuerdo con México Evalúa, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 carece de elementos clave para una reducción sostenida de la violencia: el fortalecimiento de policías estatales y municipales, una visión regional del crimen —que opera por corredores y mercados ilícitos— y una atención central a la crisis de personas desaparecidas.
Aunque el gobierno federal presume una reducción marginal del homicidio doloso en el último año, el propio monitoreo de México Evalúa señala que el país no se encuentra en un proceso de pacificación sostenida. En comparación con 2018, inicio del actual régimen, la violencia letal sigue siendo más elevada en la mayoría de los estados.
En círculos de análisis político y de seguridad, algunos especialistas consideran que la entrega de capos podría responder también a una lógica interna de control de daños. Bajo esta lectura, permitir que los procesos judiciales avancen en Estados Unidos reduciría la presión para que sea el propio gobierno mexicano —y directamente la presidenta— quien investigue, señale o detenga a funcionarios vinculados al sexenio anterior que pudieran aparecer en testimonios o investigaciones por vínculos con el crimen organizado.
Esta interpretación no ha sido respaldada ni confirmada por el gobierno federal, pero surge en un contexto en el que Sheinbaum ha reiterado su intención de mantener estabilidad política y evitar rupturas abiertas con el legado de Andrés Manuel López Obrador, de quien fue colaboradora cercana.
La narrativa de combate al crimen contrasta con decisiones internas que han generado polémica. La presidenta defendió el nombramiento de Francisco Garduño Yáñez —excomisionado del Instituto Nacional de Migración— como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP. Garduño, funcionario cercano a López Obrador, fue vinculado a proceso tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 migrantes, aunque permaneció en el cargo durante ese sexenio.
“No es un perfil cualquiera”, justificó Sheinbaum.
Mientras México acelera la entrega de capos a Estados Unidos para mostrar cooperación y enviar señales de firmeza, persisten dudas sobre la coherencia de la estrategia de seguridad y la profundidad de la ruptura con prácticas heredadas. Entre la presión externa, la violencia persistente y las decisiones internas que apuntan a la continuidad, la promesa de pacificación sigue siendo, por ahora, una meta lejana.
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
