- A doce meses del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación bilateral ha expuesto las debilidades del proyecto “humanista” mexicano y ha obligado a un ajuste forzado de prioridades en seguridad, comercio e infraestructura.
Luego del inicio del nuevo gobierno de Donald Trump, la relación entre Estados Unidos y México dejó de leerse como un vínculo entre socios con problemas de gobernabilidad y comenzó a entenderse, desde Washington, como un asunto de seguridad regional. Esa reinterpretación ha tenido efectos directos sobre la política pública mexicana, no por afinidad ideológica, sino por presión sostenida.
Ernesto Madrid
La evaluación estadounidense partió de un diagnóstico técnico: una parte relevante de la infraestructura impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no respondía a necesidades productivas ni al desarrollo interno prometido. Trenes, aeropuertos, puertos y corredores energéticos fueron presentados como motores del progreso social, pero carecieron de viabilidad económica, conectividad real y demanda comprobable.
En lugar de fortalecer el comercio o la movilidad de personas, terminaron configurando redes funcionales para el trasiego de drogas, combustibles y flujos ilícitos. Obras sin usuarios, pero con rutas; terminales sin pasajeros, pero con capacidad operativa estratégica.
Al integrar ese patrón, Estados Unidos dejó de ver proyectos fallidos y comenzó a identificar plataformas de riesgo hemisférico. El problema dejó de ser estrictamente interno y se convirtió en una preocupación regional. A partir de ahí, la política de Trump se desplazó del discurso a los hechos: cooperación forzada en seguridad, acumulación de expedientes judiciales, presión comercial y condicionamientos financieros.
Las detenciones de figuras clave del crimen organizado, así como la entrega de este martes a Estados Unidos de 37 personas recluidas en cárceles mexicanas, reflejan ese nuevo entorno. Aunque el gobierno mexicano ha subrayado el apego legal de estos procedimientos, también evidencian el grado de presión externa que hoy condiciona las decisiones del Estado.
A mediano plazo, el foco estará en este 2026, año clave para la revisión del T-MEC. Análisis internacionales anticipan que el acuerdo probablemente se renovará, aunque con ajustes y bajo una fuerte carga política. las advertencias sobre el futuro del T-MEC y el endurecimiento de controles logísticos han reducido el margen de maniobra económica.
A esto se suma el malestar de comunidades migrantes que de acuerdo con Fuerza Migrante, ha señalado que los mexicanos en el exterior siguen siendo vistos principalmente como generadores de remesas, sin una política integral que los reconozca como un actor económico y político relevante, pese a su peso demográfico y comercial en la relación bilateral.
El resultado, a un año de Trump, es un reacomodo silencioso pero profundo. El balance muestra que la presión externa no ha fortalecido a la oposición mexicana ni ha provocado un quiebre institucional. Sin proponérselo como objetivo explícito, el presidente estadounidense ha terminado influyendo en la reorganización de la política mexicana, dejando al descubierto los límites de un proyecto que se definió como progresista y humanista, pero que no logró traducirse en beneficios tangibles para la mayoría de las y los mexicanos.
Más que una crisis abierta, México vive hoy un ajuste impuesto por la realidad geopolítica y por una relación bilateral que, una vez más, se define por poder, presión y resultados.
@JErnestoMadrid
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