Hacienda capta 9 mil millones de dólares con alta demanda; mejora costos hoy, pero aumenta la exposición futura.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la primera colocación de deuda soberana de México en los mercados internacionales en 2026, por un monto de 9 mil millones de dólares, aprovechando un entorno de liquidez favorable y el hecho de ser uno de los primeros emisores del año. La operación fue calificada como exitosa por especialistas financieros consultados por este portal y por la propia dependencia.
Ernesto Madrid
La emisión se estructuró en tres bonos en dólares:
3 mil millones a 8 años,
4 mil millones a 12 años,
2 mil millones a 30 años.
De acuerdo con Hacienda, la transacción registró una demanda cercana a 30 mil millones de dólares en su punto máximo, con primas de nueva emisión mínimas para el tamaño de la colocación, lo que la convierte en la operación de mayor tamaño en la historia del país y marca el tercer año consecutivo con récord de colocación.
Lo bueno: menor costo y fuerte apetito inversor
Especialistas señalan que la operación es positiva si sustituye deuda más cara por deuda más barata, ya que los bonos a 12 y 30 años alcanzaron los menores diferenciales desde 2020 y 2019, respectivamente, en torno a 200 puntos base. Esto refleja una mejor percepción del riesgo soberano de México en el largo plazo, incluso en un contexto internacional complejo.
Además, la colocación asegura recursos en dólares que el gobierno necesitará en 2026 para pagar vencimientos previos y cubrir gastos en moneda extranjera, dando margen de maniobra si las condiciones financieras se deterioran más adelante.
Lo que preocupa: más deuda y en dólares
El ángulo crítico es que se trata de más endeudamiento y denominado en dólares, lo que implica riesgo cambiario: si el peso se deprecia, el costo de servicio de la deuda aumenta. A noviembre de 2025, la deuda pública ascendía a 18.2 billones de pesos, equivalente a más de 137 mil pesos por mexicano, una carga que sigue creciendo.
Contexto externo: señales mixtas
En el tercer trimestre de 2025, la Posición de Inversión Internacional (PII) Neta de México redujo su saldo deudor a 641.9 mil millones de dólares, 12.8 mil millones menos que en el trimestre previo, ubicándose en -33.8% del PIB. La mejora provino de mayores activos —inversión directa y reservas—, aunque los pasivos financieros aumentaron, especialmente por inversión de cartera, lo que muestra una dependencia persistente del financiamiento externo.
La colocación es financieramente acertada en el corto plazo por costo, demanda y oportunidad de mercado. Sin embargo, no es neutra: amarra recursos futuros, eleva la exposición al dólar y se suma a una trayectoria de deuda al alza. El beneficio dependerá de que efectivamente reemplace pasivos más caros, se mantenga la disciplina fiscal y el tipo de cambio no juegue en contra.
@JErnestoMadrid
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Mientras Claudia Sheinbaum condena el uso de la fuerza para remover gobiernos, la presión de Estados Unidos por seguridad y narcotráfico coloca a México en una zona de riesgo que exhibe similitudes incómodas con el caso venezolano.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica: México no puede avalar que una potencia extranjera utilice la fuerza para remover a un jefe de Estado. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos dijo, cruza una línea inaceptable en las relaciones internacionales, más allá de las críticas al régimen venezolano.
La mandataria defendió la soberanía como un derecho absoluto, no selectivo, y reivindicó la tradición diplomática mexicana de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En el discurso, la posición es consistente con décadas de política exterior. En la práctica, sin embargo, el escenario regional plantea una paradoja que México no puede ignorar.
Ernesto Madrid
El caso venezolano ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde la defensa de la soberanía protege a los pueblos y en qué momento comienza a blindar a estructuras de poder que han perdido control territorial, legitimidad política y capacidad de garantizar seguridad a su población?
La contradicción es evidente. México rechaza la intervención armada como método, pero al mismo tiempo enfrenta señalamientos crecientes de Estados Unidos sobre la penetración del crimen organizado en estructuras civiles, políticas y económicas. En ambos casos —México y Venezuela— el discurso de soberanía convive con una realidad donde el Estado es desafiado por redes criminales transnacionales.
Para Washington, la discusión dejó de ser ideológica y se trasladó al terreno de la seguridad nacional. La captura de Maduro se inscribe en una estrategia más amplia: frenar la influencia de Rusia y China en América Latina y desmontar regímenes acusados de haber construido economías criminales paralelas vinculadas al narcotráfico.
México aparece de forma recurrente en ese mapa. Documentos judiciales y acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense mencionan al país como pieza clave en las rutas de tráfico de drogas, lavado de dinero y cooperación entre cárteles regionales. No se trata solo de geografía, sino de gobernabilidad.
Aquí surge una similitud incómoda con Venezuela: cuando el crimen organizado deja de ser un fenómeno periférico y se convierte en un factor estructural, la soberanía comienza a ser cuestionada desde el exterior, no por razones morales, sino por cálculo estratégico.
Sheinbaum subrayó que la soberanía no puede condicionarse por simpatías políticas. Sin embargo, el espejo venezolano refleja un riesgo que México conoce bien: cuando el Estado pierde control efectivo sobre su territorio y la violencia sustituye al derecho, la defensa automática de la soberanía deja de ser un principio y se convierte en una narrativa defensiva.
Estados Unidos ha sido explícito al elevar el fentanilo a la categoría de amenaza estratégica y al catalogar a organizaciones criminales como grupos terroristas. La presidenta reconoció que esta clasificación “da elementos” para justificar presiones adicionales, aunque insistió en que una intervención unilateral en México es poco probable.
El problema no es la probabilidad inmediata, sino el precedente. Venezuela muestra cómo el argumento de la seguridad puede desplazar, en los hechos, al de la soberanía.
México respondió reforzando su marco constitucional para impedir cualquier tipo de intervención extranjera. Las reformas a los artículos 40 y 19 buscan cerrar esa puerta. Pero el contraste es evidente: la ley puede blindar la soberanía en el papel, mientras la realidad la erosiona en el territorio.
La insistencia de Sheinbaum en que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad —tráfico de armas, consumo de drogas y lavado de dinero— apunta a una corresponsabilidad real. Sin embargo, no elimina la asimetría de poder entre ambos países ni la centralidad de México en la agenda de seguridad estadounidense.
La posición mexicana enfrenta un desafío mayor: defender la soberanía sin replicar los errores que hoy colocan a Venezuela en el centro de una intervención de facto. La diferencia entre ambos países no puede sostenerse solo en el discurso histórico, sino en la capacidad del Estado para ejercer control, garantizar seguridad y evitar que el crimen organizado se convierta en un actor político y económico dominante.
En ese punto, la contradicción es clara: México defiende un principio que considera inviolable, mientras Estados Unidos redefine ese mismo principio bajo la lógica de la seguridad, y Venezuela muestra las consecuencias de perder el control del Estado. El margen de maniobra se estrecha, y el discurso, por sí solo, ya no alcanza.
@JErnestoMadrid
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Mientras el Brent sube a 61.6 dólares y el WTI ronda los 58 dólares tras la operación de EE. UU. en Venezuela, especialistas advierten que la entrada de petroleras estadounidenses podría desplazar a Pemex del mercado norteamericano y redefinir el tablero geopolítico rumbo al T-MEC 2026.
La captura de Nicolás Maduro no solo abrió un vacío de poder político en Venezuela. Abrió, sobre todo, una oportunidad energética que Estados Unidos no tardó en reclamar. El mensaje del presidente Donald Trump fue directo: Venezuela será reconstruida con capital petrolero estadounidense y bajo condiciones de “acceso total” a sus recursos estratégicos.
Ernesto Madrid
Detrás del discurso de seguridad y narcotráfico hay una lectura más cruda: el petróleo vuelve a ser el instrumento central de poder. Así lo advierte Ramsés Pech, socio en Caraiva y Asociados–León & Pech Architects, quien señala que una eventual inversión masiva de petroleras estadounidenses en Venezuela puede alterar de fondo el equilibrio energético regional y afectar directamente a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Trump no ocultó sus intenciones. Acusó a Venezuela de haber confiscado y vendido “petróleo estadounidense”, lo que —según dijo— habría costado miles de millones de dólares a su país. En ese marco, anunció que grandes compañías energéticas de Estados Unidos invertirán miles de millones para rehabilitar una infraestructura petrolera colapsada y convertir nuevamente a Venezuela en un productor relevante.
Para Pech, el escenario es claro: si Venezuela logra elevar su producción hasta 1.8 millones de barriles diarios de crudo y 5 millones de pies cúbicos diarios de gas, se convertiría en un competidor directo de México en el mercado estadounidense. “Ese volumen desplazaría a Pemex como proveedor estratégico y redirigiría capital que hoy podría invertirse en México hacia Venezuela”, advierte.
Pemex, atrapada en su propio diseño
El problema para México no es solo externo, sino estructural. Actualmente, alrededor del 41% de los ingresos de Pemex dependen del mercado interno, particularmente de la venta de gasolinas y diésel, mientras que las exportaciones de crudo representan menos del 20%. A ello se suma la política energética del gobierno de Claudia Sheinbaum, que fija un tope de 400 mil barriles diarios de exportación hacia 2030, de los cuales unos 150 mil barriles se envían a la refinería de Deer Park, en Texas.
En un contexto donde Estados Unidos podría contar con crudo venezolano bajo condiciones preferenciales, México corre el riesgo de quedar encerrado en un mercado local limitado, obligado a buscar compradores alternativos y a vender su petróleo con mayores descuentos.
“El argumento estadounidense sería simple: ya no necesitamos crudo mexicano si tenemos una oferta abundante y controlada desde Venezuela”, explica Pech.
Este reacomodo energético llega en un momento crítico. La revisión del T-MEC en 2026 se perfila como un proceso complejo, marcado por el giro proteccionista de Estados Unidos y la posibilidad de que el acuerdo trilateral derive en esquemas bilaterales. Canadá ya enfrenta un arancel del 10% a sus exportaciones de crudo hacia E.U., y México podría quedar expuesto si el petróleo se convierte en moneda de negociación política.
El control estadounidense sobre el mercado petrolero venezolano permitiría, además, ofrecer combustibles más baratos, reforzando su posición energética regional y presionando aún más a productores que no estén alineados con su estrategia.
Mercados atentos, pero no ingenuos
Los mercados financieros reaccionaron con cautela, aunque con señales claras. Tras la intervención en Venezuela, el Brent subió 1.38% hasta 61.6 dólares por barril, mientras el WTI avanzó 1.54%, alrededor de 58 dólares. Las acciones energéticas lideraron ganancias en Wall Street: Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips repuntaron ante la expectativa de un rediseño del mapa petrolero regional.
En México, el S&P/BMV IPC y el FTSE-BIVA cerraron con alzas de 1.36%, reflejando un optimismo que, según analistas, podría ser frágil. El oro y la plata subieron como activos de cobertura, una señal clásica de que el riesgo geopolítico no ha sido descontado del todo.
Lo que ocurre en Venezuela no es solo una transición política ni una intervención controvertida. Es un movimiento estratégico que devuelve al petróleo su papel histórico: botín, palanca y advertencia. Para México, el mensaje no está en los discursos, sino en los barriles.
Si Pemex no es parte del nuevo diseño energético regional, corre el riesgo de convertirse en espectador de una partida que se juega —otra vez— sin él.
@JErnestoMadrid
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Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos descarta que la operación sea una señal directa para México; sin embargo, sus declaraciones sobre narcotráfico, soberanía y uso de la fuerza colocan al país en el radar estratégico de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, no debe interpretarse como un mensaje dirigido a México. Sin embargo, en la misma jornada, el mandatario endureció su discurso contra el narcotráfico en territorio mexicano, afirmó que los cárteles “gobiernan el país” y advirtió que su administración “tendrá que hacer algo”.
Ernesto Madrid
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista telefónica con Fox News, poco antes de la conferencia en la que Trump celebró la operación militar contra Venezuela y defendió el uso de la fuerza como mecanismo de protección de la seguridad nacional estadounidense.
“No es una señal para México”, dijo Trump al ser cuestionado directamente. Acto seguido, añadió: “Tenemos que hacer algo. Hemos perdido alrededor de 300 mil personas por las drogas que cruzan nuestra frontera sur”, insistiendo en que el principal flujo de estupefacientes proviene de México, aunque reconoció que también entra droga por Canadá.
Trump reiteró su narrativa de que los cárteles del narcotráfico ejercen el control real del país, no el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien afirmó mantener “una buena relación personal”. De acuerdo con el mandatario, ha planteado en privado a la presidenta mexicana la posibilidad de que Estados Unidos actúe directamente contra los grupos criminales, una opción que —según dijo— ha sido rechazada por el gobierno mexicano.
El contexto en el que se producen estas declaraciones resulta clave. Trump acababa de justificar una operación militar en territorio venezolano bajo el argumento de que Nicolás Maduro era un líder narcotraficante que representaba una amenaza directa para Estados Unidos y la región. En su conferencia posterior, defendió la Doctrina Monroe —“América para los americanos”— y afirmó que su gobierno aplicará una versión reforzada de esa política para “aplastar a los cárteles” y proteger la soberanía estadounidense.
Aunque el presidente estadounidense negó que el caso venezolano sea un aviso para México, su administración ha enviado señales previas: la declaración del fentanilo como arma de destrucción letal, el endurecimiento del discurso desde el gabinete de seguridad y la insistencia en que el narcotráfico constituye una amenaza equiparable al terrorismo y la designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales hace casi un año.
Del lado mexicano, el gobierno ha respondido defendiendo el principio de soberanía y señalando a Estados Unidos como el mayor mercado consumidor de drogas del mundo, además de acusar el flujo ilegal de armas hacia el crimen organizado. La postura fue reiterada tras la operación en Venezuela, cuando México condenó las acciones militares estadounidenses por considerarlas una violación al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, analistas advierten que el caso venezolano marca un precedente delicado. La captura de un presidente en funciones, justificada bajo cargos de narcotráfico y seguridad nacional, abre la puerta a interpretaciones expansivas del uso de la fuerza más allá de los marcos multilaterales.
La preocupación fue compartida por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien advirtió que la operación estadounidense sienta un precedente peligroso. La Unión Europea, Reino Unido, Alemania y Francia llamaron a respetar el derecho internacional, mientras que países como Italia consideraron “legítima” una acción defensiva contra Estados vinculados al narcotráfico.
En América Latina, las reacciones fueron dispares. Brasil calificó la operación como una afrenta grave a la soberanía regional, mientras que Ecuador y Argentina celebraron el golpe contra el chavismo. Colombia pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad y activó protocolos ante un posible flujo de refugiados.
Trump fue más allá: aseguró que Estados Unidos “se hará cargo” del vacío de poder en Venezuela durante el periodo de transición y anunció inversiones millonarias en infraestructura petrolera. “Básicamente vamos a dirigir el país”, afirmó, al tiempo que acusó a Caracas de haber sido refugio de fuerzas hostiles a Washington.
La suma de mensajes, declaraciones y decisiones deja una conclusión incómoda: aunque Trump niegue que México sea el objetivo inmediato, el discurso que justificó la intervención en Venezuela contiene los mismos elementos que Washington ha señalado reiteradamente en el caso mexicano —narcotráfico, pérdida de control territorial y amenaza directa a la seguridad estadounidense—.
No es una amenaza explícita. Es algo más sofisticado: una advertencia estratégica.
@JErnestoMadrid
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Washington asegura haber ejecutado una operación militar “quirúrgica” en Caracas para extraer al mandatario venezolano y a su esposa; el régimen denuncia invasión, víctimas civiles y convoca a la defensa armada mientras América Latina se divide entre la condena y el respaldo.
Los días del régimen venezolano, al menos en el discurso de Washington, “estaban contados”. Así lo afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar la supuesta captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques militares en distintos puntos estratégicos de Venezuela, principalmente en Caracas y estados aledaños.
Ernesto Madrid
Si la versión de Washington es correcta, Nicolás Maduro no cayó por el voto, ni por una rebelión popular, ni por una transición democrática largamente prometida por la oposición venezolana y la comunidad internacional. Cayó —o fue extraído— por el método preferido del siglo XXI cuando la diplomacia deja de ser rentable: una operación militar directa, atribuida a Delta Force, la unidad de élite del Ejército de Estados Unidos especializada en la captura de objetivos de alto valor.
La afirmación no proviene de Caracas, sino de la propia Casa Blanca. El presidente Donald Trump anunció públicamente la supuesta captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a través de Truth Social y posteriormente en declaraciones citadas por The New York Times, donde celebró el operativo como una “operación brillante”, ejecutada con “excelente planificación y tropas extraordinarias”.
Según CBS News, que citó a fuentes de seguridad estadounidenses, la misión fue realizada por Delta Force, una unidad “Tier One” que opera bajo autorización directa del presidente de Estados Unidos y cuyo historial incluye operaciones contra Saddam Hussein y líderes del terrorismo internacional. Hasta el momento, Washington no ha presentado evidencia visual ni documentación pública que confirme el paradero del mandatario venezolano.
La narrativa estadounidense es precisa en su lenguaje: no habla de un jefe de Estado, sino de un criminal. Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína y vínculos con organizaciones criminales, ofreciendo una recompensa que llegó hasta los 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. Con ese expediente, la investidura presidencial deja de ser blindaje diplomático y se convierte en un obstáculo operativo.
Del otro lado, la respuesta del gobierno venezolano fue inmediata y predecible. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se desconoce el paradero de Maduro y exigió a Estados Unidos una “prueba de vida”, mientras denunció víctimas civiles y militares derivadas de los ataques. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la acción como una invasión y anunció un despliegue militar para responder a lo que describió como una agresión imperial.
El gobierno venezolano declaró el estado de Conmoción Exterior, activó planes de defensa nacional y acusó a Estados Unidos de violar la Carta de las Naciones Unidas, citando específicamente los artículos que prohíben el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado. El comunicado oficial incluyó una extensa lista de instalaciones presuntamente bombardeadas, entre ellas Fuerte Tiuna, La Carlota, el Palacio Federal Legislativo y varias bases aéreas, además de apagones en amplias zonas de Caracas.
El discurso es solemne, épico y jurídicamente correcto. El problema es que llega con años de retraso. De acuerdo con datos de ACNUR y la OIM, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, configurando una de las crisis migratorias más grandes del mundo. La soberanía se defiende con comunicados, pero se erosionó durante años de colapso institucional, elecciones cuestionadas y concentración absoluta del poder.
La reacción internacional expuso, una vez más, la fractura latinoamericana. México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó la acción militar estadounidense citando el artículo 2 de la Carta de la ONU y llamó al diálogo como única vía legítima. Colombia, mediante el presidente Gustavo Petro, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y activó protocolos ante una posible ola de refugiados.
En contraste, el presidente argentino Javier Milei celebró públicamente el anuncio estadounidense, mientras figuras políticas afines a Washington hablaron de un “nuevo amanecer para Venezuela”. No hubo posición regional común. No hubo bloque. No hubo mediación efectiva. Solo alineamientos ideológicos.
Aquí está el punto incómodo que nadie quiere decir en voz alta: el orden internacional no se sostiene en normas, sino en correlaciones de fuerza. La legalidad funciona mientras no interfiera con los intereses estratégicos de una potencia. Cuando interfiere, se aplaza, se interpreta o se viola, y luego se discute en conferencias de prensa.
Hoy fue Venezuela. Mañana puede ser cualquier Estado que cruce la delgada línea entre lo tolerable y lo incómodo. Porque cuando un presidente en funciones puede ser extraído militarmente sin mandato multilateral, el mensaje es claro: la soberanía no es un derecho garantizado, es una concesión revocable.
Y mientras unos celebran “operaciones brillantes” y otros convocan a la resistencia armada, los pueblos —como siempre— quedan atrapados entre sanciones, misiles y discursos.
El verdadero golpe no fue solo contra Nicolás Maduro. Fue contra la ficción de que el derecho internacional todavía gobierna al poder.
@JErnestoMadrid
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El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo en Oaxaca dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar).
La tragedia se registró a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.
La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.
Del total de personas heridas, 36 permanecen hospitalizadas y el resto fue atendido sin lesiones de gravedad, según el reporte difundido por la dependencia federal la noche del domingo.
La Semar informó que, tras el accidente, desplegó un operativo de emergencia con 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de realizar labores de búsqueda, localización y atención inmediata a los pasajeros afectados.
La institución expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.
“La institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, y continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes”, señaló la Semar.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó públicamente las cifras de personas fallecidas y lesionadas, e informó que cinco de los heridos se reportan en estado grave.
A través de sus redes sociales, indicó que instruyó al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a trasladarse a la zona del accidente para atender de manera directa a las familias afectadas.
Sheinbaum precisó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de coordinar las labores de atención a víctimas y el acompañamiento institucional, mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento.
El accidente reavivó cuestionamientos en torno a las condiciones de operación del Tren Interoceánico, particularmente sobre la antigüedad del material rodante utilizado en el servicio de pasajeros.
De acuerdo con información previamente reconocida por autoridades, el proyecto inició operaciones con equipo ferroviario reacondicionado, adquirido de segunda mano en el extranjero.
Diversos señalamientos públicos refieren que algunos vagones corresponden a modelos fabricados entre las décadas de 1950 y 1960, así como locomotoras con varias décadas de uso que fueron rehabilitadas para su operación.
Desde el inicio del proyecto, esta decisión generó debate entre especialistas y actores políticos sobre los estándares de seguridad y la vida útil del equipo.
A ello se suman observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que en revisiones previas detectó irregularidades financieras en la Línea Z del Corredor Interoceánico, entre ellas pagos en exceso y posibles fallas estructurales.
Asimismo, durante la fase de construcción, en 2022, se registró un descarrilamiento en el tramo Palomares–Nuevo Progreso, atribuido entonces por las autoridades a factores distintos a la calidad de la obra.
Mientras la oposición ha exigido la suspensión de operaciones del Tren Interoceánico y una investigación exhaustiva, el gobierno federal ha señalado que se dará prioridad a la atención de las víctimas y al esclarecimiento técnico del accidente.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa del descarrilamiento ni si el servicio permanecerá suspendido de forma indefinida.
En tanto avanzan las indagatorias, el accidente deja en evidencia los retos de seguridad, supervisión y transparencia que enfrenta uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del país, así como la urgencia de respuestas claras para las familias de las 13 personas que perdieron la vida y para los usuarios que dependen de este sistema ferroviario.
La tragedia del Tren Interoceánico en Oaxaca obliga a detener el ruido político y mirar con serenidad —pero con firmeza— lo que este accidente revela sobre la manera en que se conciben, ejecutan y defienden los grandes proyectos públicos en México.
La reacción institucional ha sido inmediata y, en términos operativos, contundente.
El despliegue de la Secretaría de Marina y la intervención directa del gobierno federal para atender a las víctimas son acciones necesarias y correctas.
Sin embargo, la eficiencia en la respuesta posterior no exime de la obligación central del Estado: prevenir.
La verdadera pregunta no es cuántos recursos se movilizaron después del descarrilamiento, es cuántas alertas fueron ignoradas antes de que ocurriera.
El debate sobre el material rodante no es un asunto ideológico ni un ataque gratuito, es un tema técnico y de seguridad pública.
Operar un servicio de pasajeros con vagones y locomotoras reacondicionados, algunos con más de medio siglo de antigüedad, exige una supervisión extraordinaria, auditorías constantes y una transparencia total.
Cuando estas condiciones no se comunican con claridad a la ciudadanía, se rompe un principio básico de confianza entre el Estado y los usuarios.
A ello se suman antecedentes que hoy pesan más que nunca: observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, fallas previas en la infraestructura y descarrilamientos durante la etapa de construcción.
Cada uno de estos elementos, analizado de forma aislada, pudo ser minimizado.
En conjunto, dibujan un escenario que exige algo más que explicaciones técnicas: exige responsabilidades.
La oposición pide suspender operaciones y realizar una investigación exhaustiva.
Más allá de la confrontación política, esa exigencia debería asumirse como un acto mínimo de prudencia.
No para condenar anticipadamente, es para garantizar que la seguridad no vuelva a quedar subordinada a la prisa, al discurso triunfalista o a la necesidad de mostrar resultados.
El Tren Interoceánico fue presentado como una promesa de desarrollo y dignidad para una región históricamente relegada.
Esa promesa no puede sostenerse si el costo es la vida de quienes confiaron en el proyecto.
La modernización no se mide en anuncios ni en montos de inversión, sino en la capacidad del Estado para proteger a su gente.
Hoy, el mayor reto no es reconstruir la vía ni reanudar el servicio, sino reconstruir la credibilidad y sólo se logra con verdad, con investigaciones independientes y con la disposición real de corregir lo que haya que corregir, caiga quien caiga.
Porque cuando la responsabilidad se descarrila, el daño no es sólo material: es social, moral y profundamente humano.
Especialistas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología alertan sobre el aumento de padecimientos digestivos en diciembre y llaman a la prevención y al diagnóstico oportuno.
Las celebraciones de fin de año representan uno de los periodos de mayor presión para la salud digestiva de la población. Cenas abundantes, consumo elevado de alcohol, cambios en los horarios de comida y mayores niveles de estrés conforman un escenario que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG), se traduce en un incremento significativo de casos de gastritis, reflujo, malestar abdominal y descompensación de enfermedades gastrointestinales previamente controladas.
Ernesto Madrid
Especialistas de la AMG advierten que diciembre es, consistentemente, uno de los meses con mayor incidencia de consultas por padecimientos digestivos, muchos de los cuales podrían prevenirse con medidas básicas de cuidado y atención oportuna. En este contexto, la asociación comparte cinco consideraciones fundamentales para disfrutar las fiestas sin poner en riesgo la salud gástrica.
Controlar las porciones y evitar excesos en grasa y picante: Las comidas típicas de la temporada suelen ser ricas en grasas, carbohidratos y condimentos irritantes. Consumir porciones moderadas, evitar repetir platillos muy condimentados y comer despacio ayuda a prevenir inflamación, acidez y distensión abdominal.
Moderar el consumo de alcohol y bebidas irritantes: El alcohol es uno de los principales detonantes de gastritis durante estas fechas. Su consumo excesivo incrementa la producción de ácido gástrico y debilita la barrera protectora del estómago. La recomendación es clara: limitar su ingesta y evitar los destilados fuertes.
Mantener horarios de comida estables: Cenas tardías, ayunos prolongados y cambios bruscos en la rutina favorecen la sobreproducción de ácido gástrico. Respetar los horarios de comida, consumir refrigerios si es necesario y evitar acostarse inmediatamente después de cenar contribuye a una digestión más saludable.
Identificar síntomas de alarma y evitar la automedicación: Dolor persistente, vómito con sangre, pérdida de peso involuntaria o sensación de saciedad temprana no deben normalizarse ni atribuirse automáticamente a “gastritis” o “colitis”. La automedicación puede ocultar padecimientos graves como úlceras, gastritis crónica o infecciones.
No postergar la atención médica: La AMG enfatiza la importancia de un diagnóstico oportuno mediante pruebas confiables, especialmente ante síntomas recurrentes que empeoran en esta temporada. Algunos de estos casos pueden estar relacionados con la infección por Helicobacter pylori.
En México, siete de cada diez personas están infectadas con H. pylori, bacteria asociada al 90% de los casos de cáncer gástrico, según datos epidemiológicos. De acuerdo con el INEGI, los tumores malignos de estómago afectan principalmente a hombres de entre 30 y 59 años, con una incidencia relevante a nivel nacional.
Actualmente, existen nuevas alternativas terapéuticas para el control del exceso de ácido gástrico, como los bloqueadores competitivos de potasio (PCAB), una generación de medicamentos con inicio de acción más rápido y mejores resultados en el tratamiento de gastritis, reflujo y como apoyo en el manejo de H. pylori.
“La prevención, el diagnóstico oportuno y preciso, así como el acceso a tratamientos innovadores cuando se requieren, son fundamentales para mantener un estómago sano”, señala la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que hace un llamado a la población a escuchar su cuerpo, evitar la automedicación y acudir con especialistas certificados ante cualquier molestia persistente.
Disfrutar las fiestas es importante; hacerlo con responsabilidad y atención a la salud digestiva, indispensable.
@JErnestoMadrid
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La inflación general cayó a 3.7% en la primera quincena de diciembre por menores precios en servicios y agropecuarios; especialistas de Banamex advierten que el descenso podría revertirse a inicios de 2026.
La inflación en México dio un respiro inesperado al cierre del año. Durante la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de apenas 0.17%, muy por debajo de lo anticipado por los analistas y del promedio histórico para este periodo, lo que permitió que la inflación anual descendiera a 3.72%, desde el 3.99% observado quince días antes.
Ernesto Madrid
De acuerdo con el análisis de Banamex Estudios Económicos, la sorpresa a la baja se explicó principalmente por menores aumentos en servicios turísticos, precios más contenidos en mercancías no alimenticias y una caída más pronunciada en los precios agropecuarios. En términos simples: viajar, algunos productos de consumo y ciertos alimentos subieron menos de lo previsto, lo que ayudó a moderar el impacto general en el bolsillo de los hogares.
Este comportamiento también se reflejó en la inflación subyacente —que excluye los precios más volátiles—, la cual se ubicó en 0.31% quincenal y 4.34% anual, mostrando una desaceleración tanto en mercancías como en servicios. Con estos datos, Banamex ajustó su estimación para todo diciembre, proyectando una inflación general de 3.8% y una subyacente de 4.3%, ambas por debajo de cálculos previos.
Sin embargo, el mensaje de los especialistas es claro: la baja podría ser pasajera. Banamex advierte que la trayectoria descendente se interrumpiría a partir de enero de 2026, cuando comiencen a reflejarse los efectos de incrementos en impuestos y aranceles, los cuales presionarían principalmente el componente de mercancías.
A esto se suma un factor clave: los costos laborales. Aunque la inflación de servicios ha comenzado a ceder, todavía se mantiene por encima de su promedio histórico, impulsada por el aumento acumulado de salarios y la continuidad de la política de incrementos significativos al salario mínimo, que para el próximo año se estima en 13%. La moderación, explican los analistas, dependerá de que la creación de empleo se mantenga contenida y de que los aumentos salariales reales no se aceleren más de lo previsto.
Del lado positivo, algunas fuerzas juegan a favor de la estabilidad de precios. La apreciación del peso, la baja inflación de precios al productor y la debilidad del crecimiento económico ayudarían a amortiguar las presiones inflacionarias a lo largo de 2026. En este contexto, Banamex estima que la inflación general podría ubicarse alrededor de 4.5% en el primer trimestre del año, para luego retomar una tendencia gradual a la baja y cerrar 2026 en 4.2%, con la subyacente en 4.1%.
El tipo de cambio ha sido un aliado reciente. En las últimas sesiones, el peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar, ubicándose alrededor de 17.93 pesos por dólar, impulsado por el retroceso del billete verde y datos económicos locales favorables. Este movimiento ayuda a contener los precios de productos importados, aunque no elimina los riesgos.
Entre las principales amenazas al alza, Banamex identifica un mayor traspaso de impuestos y salarios a precios, así como choques climáticos que encarezcan los productos agropecuarios. En contraste, una economía más débil de lo esperado o mejores condiciones agrícolas podrían seguir moderando la inflación.
En resumen, la inflación dio una buena noticia al cierre de 2025, pero los especialistas coinciden en que no se trata de una victoria definitiva. El descenso es real, pero frágil, y el verdadero reto será evitar que el repunte previsto para 2026 vuelva a erosionar el poder adquisitivo de las familias mexicana
@JErnestoMadrid
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El IGAE creció 1.0% mensual, pero el avance es insuficiente para revertir la debilidad económica; especialistas mantienen un escenario de crecimiento bajo para 2025.
La actividad económica en México mostró un repunte relevante en octubre, luego de la fuerte caída registrada en septiembre. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 1.0% mensual, por encima de lo anticipado por el mercado y de la estimación oportuna del INEGI. Sin embargo, el dato positivo no modifica el diagnóstico central: el crecimiento sigue siendo frágil y no alcanza para consolidar una recuperación sostenida hacia el cierre del año.
Ernesto Madrid
El avance de octubre respondió a un crecimiento generalizado de los sectores productivos. El sector agropecuario aumentó 1.4% mensual, los servicios avanzaron 1.2% y la producción industrial creció 0.7%, impulsada principalmente por la construcción y los servicios básicos, aunque las manufacturas volvieron a retroceder. En términos anuales y sin ajuste estacional, el IGAE creció 1.7%, acelerándose frente al 0.7% observado en septiembre.
Pese a este mejor desempeño mensual, el balance acumulado del año sigue siendo débil. Entre enero y octubre, la actividad económica apenas creció 0.2% anual, muy por debajo del 1.6% registrado en el mismo periodo de 2024. Este bajo dinamismo confirma que la economía mexicana continúa en una fase de atonía, con avances puntuales pero sin una tendencia sólida de expansión.
Los analistas señalan que el repunte de octubre luce más como una corrección técnica tras la caída previa que como el inicio de un ciclo de crecimiento robusto. De hecho, los indicadores disponibles para noviembre y diciembre apuntan a una nueva desaceleración, particularmente en la industria, mientras que los servicios muestran solo una recuperación gradual.
En este contexto, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá apenas 0.2% trimestral en el cuarto trimestre de 2025. Para el cierre del año, los especialistas mantienen su previsión de un crecimiento anual de apenas 0.2%, con lo que la economía mexicana acumularía tres años consecutivos con tasas por debajo de su promedio histórico de 2.0%.
Hacia 2026 se anticipa una recuperación moderada, con un crecimiento proyectado de 1.5%, apoyado en un mayor ejercicio del gasto público, una eventual mejora del entorno externo y una recuperación gradual del empleo y la inversión. No obstante, el escenario sigue rodeado de riesgos, entre ellos una desaceleración más profunda en Estados Unidos, la debilidad del sector petrolero y la incertidumbre asociada a la revisión del T-MEC.
En suma, aunque octubre dejó una señal positiva, el mensaje de fondo no cambia: la economía crece, pero lo hace demasiado poco para hablar de una recuperación firme. El repunte existe, pero aún no alcanza.
@JErnestoMadrid
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Trump no descarta una guerra con Venezuela y endurece su narrativa de seguridad; México responde con soberanía, pero admite producción de fentanilo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la postura de México frente al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es clara y categórica: “no a la intervención”. La declaración se produce a un día en que el presidente estadounidense Donald Trump reconoció públicamente que una guerra contra Venezuela “no está descartada”, al confirmar que mantiene sobre la mesa una escalada militar y nuevas incautaciones de petroleros venezolanos.
Ernesto Madrid
“No lo descarto, no”, respondió Trump en una entrevista telefónica con NBC News al ser cuestionado sobre una posible guerra. Añadió que habrá más aseguramientos de embarcaciones y lanzó una advertencia directa: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos”. El mensaje no solo endurece la presión sobre Caracas, sino que redefine el uso de la fuerza como una herramienta legítima de política exterior bajo la narrativa de seguridad nacional.
En ese contexto, Sheinbaum no solo defendió el principio reiterado de no intervención, sino que en días recientes admitió que en México sí se produce fentanilo, aunque subrayó que se trata de una sustancia con usos médicos regulados. Al mismo tiempo, rechazó de manera tajante cualquier forma de intrusión de Estados Unidos en territorio nacional, incluso bajo el argumento del combate al narcotráfico.
Sin embargo, el paralelismo es incómodo: tanto México como Venezuela recurren a la defensa de la soberanía como un escudo político frente a señalamientos internacionales sobre la producción y el tráfico de drogas. En ambos casos, el discurso nacionalista desplaza el debate central: la responsabilidad del Estado en permitir que economías criminales operen y se expandan dentro de sus fronteras.
De acuerdo con un informe de seguridad presentado en diciembre de 2025, el gobierno mexicano ha desmantelado alrededor de 1,700 laboratorios clandestinos, varios de ellos destinados específicamente a la producción de fentanilo. En el mismo periodo se han incautado más de 4 millones de pastillas y asegurado más de mil kilogramos de esta droga. Un decomiso histórico en Sinaloa concentró por sí solo el equivalente a más de 20 millones de dosis, con un valor estimado de 8 mil millones de pesos, aunque la autoridad no precisó si la totalidad correspondía a pastillas.
El reconocimiento oficial de la producción de fentanilo contrasta con la gravedad del impacto internacional de esta sustancia y con el giro radical del discurso de Trump, quien ha anunciado su intención de clasificarla como “arma de destrucción masiva”. Bajo la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, esta etiqueta abriría la puerta a acciones extraterritoriales directas contra los cárteles, una posibilidad que el gobierno mexicano rechaza anticipadamente, refugiándose en el principio de no intervención.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que existe cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas, pero dejó claro que “nunca la violación a nuestra soberanía”. El problema es que la reiteración del argumento soberanista termina por diluir la discusión de fondo: la incapacidad del Estado mexicano para frenar la producción y exportación de drogas sintéticas que alimentan una crisis de salud pública y seguridad en Estados Unidos y más allá.
En paralelo, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para reforzar la cooperación contra el uso de drones por parte del crimen organizado, una modalidad que ha escalado en los últimos meses y que ya se emplea para ataques armados y explosivos. La presidenta subrayó que el acuerdo respeta plenamente la soberanía nacional, aun cuando fue Washington quien colocó el tema como una amenaza prioritaria.
El discurso oficial omite, sin embargo, un punto clave: en México, el uso de explosivos, drones armados y vehículos bomba puede configurar delitos de terrorismo, conforme al Artículo 139 del Código Penal Federal. Este marco jurídico adquiere relevancia tras los hechos registrados en Coahuayana, Michoacán, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a instalaciones de la Policía Comunitaria, evidenciando la convergencia entre narcotráfico, violencia armada y tácticas propias del terrorismo.
Pese a ello, el gobierno federal insiste en encuadrar el fenómeno exclusivamente como crimen organizado y problema de salud pública, evitando reconocer que la producción de drogas sintéticas se ha convertido también en un instrumento de terror, control territorial y presión internacional. Esta narrativa guarda similitudes con la del régimen venezolano, que durante años ha utilizado la soberanía para negar o minimizar su papel en el tráfico internacional de drogas.
El contraste se agudiza frente al discurso de Trump, quien ha calificado a los cárteles como “enemigos de Estados Unidos” y ha anticipado una estrategia de confrontación directa, incluso con operaciones terrestres. Mientras Washington avanza hacia una lógica de guerra —primero discursiva, luego operativa—, el gobierno mexicano se aferra a una retórica soberanista que no ha logrado contener ni la producción de fentanilo ni la violencia que la rodea.
En ese choque de narrativas, la soberanía corre el riesgo de convertirse en coartada política. Defenderla no puede significar tolerar la producción de drogas ni evadir la responsabilidad internacional frente a fenómenos que ya no solo generan criminalidad, sino que reproducen dinámicas propias del terrorismo y de la guerra irregular.
@JErnestoMadrid
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Cananea, Sonora.- A casi 20 años de huelga, los trabajadores mineros de la Sección 65 de Cananea, Sonora, aprobaron por unanimidad un acuerdo definitivo que pone fin a uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia reciente del país
A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) informó que la decisión fue tomada en asamblea general, en la que los trabajadores respaldaron el denominado Plan de Solución Integral, resultado de un proceso de negociación en el que participaron el sindicato, el Gobierno de México, a través de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Gobierno del Estado de Sonora, en el marco del plan federal de remediación para Cananea.
De acuerdo con el boletín informativo número 854 del sindicato, la huelga inició en julio de 2007, en un contexto de demandas relacionadas con la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo y con señalamientos sobre deficiencias en las condiciones de seguridad en la empresa operadora, Grupo México.
Desde entonces, el conflicto se convirtió en un referente nacional sobre la duración y complejidad de las disputas laborales en el sector minero, una lucha que encabezó Sergio Tolano Lizárraga desde la Sección 65 en compañía de Heriberto Verdugo.
El acuerdo, cuya firma formal está prevista para los próximos días, contempla diversos beneficios para los trabajadores.
Entre los principales puntos se encuentra una liquidación económica que, según el sindicato, respeta cláusulas relevantes del Contrato Colectivo de Trabajo original y reconoce los derechos adquiridos de los mineros.
Asimismo, se estableció la incorporación de los trabajadores y sus familias al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud.
El plan también prevé mecanismos para el acceso a pensiones, considerando las particularidades de cada caso conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 y de 1997.
Otro de los aspectos incluidos es la extensión de los beneficios a las viudas de los trabajadores que fallecieron durante los años que duró el conflicto, así como la posibilidad de analizar el regreso al trabajo para quienes así lo decidan.
Según la información proporcionada, el acuerdo beneficiará de manera directa a más de 650 trabajadores y a sus familias.
El sindicato destacó que la resolución es resultado de negociaciones prolongadas y representa el cierre de un periodo de alta conflictividad social y laboral para la comunidad de Cananea.
Con la aprobación de este acuerdo, concluye formalmente una huelga que se mantuvo vigente durante 18 años y que marcó la vida económica y social de esta región minera del norte de Sonora.
Más allá del relevo administrativo, la remoción de Alex Tonatiuh Márquez expone tensiones internas en Morena, el escrutinio sobre el círculo cercano al lopezobradorismo y el costo político para Rafael Marín Mollinedo al frente de la ANAM.
Con la salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández ya oficializada, el foco se desplaza de la decisión administrativa a los motivos políticos que la precipitaron. En el centro del nuevo contexto aparece la presión del ala dura de Morena, particularmente sensible a cualquier señal que comprometa el discurso anticorrupción heredado del lopezobradorismo y, sobre todo, a los vínculos personales en la cúspide del poder aduanero.
Ernesto Madrid
La remoción del exdirector de Investigación Aduanera ocurre bajo la conducción de Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un perfil con peso propio dentro del movimiento. Marín Mollinedo no solo es un operador histórico del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, sino que su entorno familiar lo conecta directamente con Andrés Manuel López Obrador: es hermano de Nicolás Mollinedo Bastar, “Nico”, exchofer y colaborador cercano del expresidente durante años.
Ese parentesco, que durante el sexenio pasado fue visto como una credencial de lealtad política, hoy se convierte en un flanco de vulnerabilidad. Dentro de Morena, particularmente entre los grupos más duros, existe una creciente incomodidad por los señalamientos que han rodeado a figuras del primer círculo lopezobradorista, en especial aquellos vinculados a proyectos estratégicos del sureste y a la posesión o adquisición de terrenos en zonas de alto interés público.
En ese contexto, la permanencia de Márquez en un área tan sensible como la Investigación Aduanera se volvió políticamente insostenible. No solo por las investigaciones periodísticas sobre su patrimonio y estilo de vida, sino porque su continuidad amenazaba con escalar el costo político hacia la propia jefatura de Aduanas y, por extensión, hacia un apellido históricamente ligado a López Obrador.
Fuentes políticas consultadas señalan que la presión no provino únicamente del escrutinio mediático, sino de sectores internos de Morena que buscan enviar una señal clara al nuevo gobierno: no habrá margen para proteger perfiles cuestionados, especialmente cuando se trata de áreas clave en la recaudación, el combate al contrabando y la relación con Estados Unidos.
La cancelación de la visa estadounidense de Márquez, aun sin explicación pública detallada, terminó por detonar las alarmas. Para el ala dura del partido, el riesgo no era solo jurídico, sino simbólico: un funcionario estratégico bajo sospecha internacional, operando en una institución encabezada por un hombre con lazos directos con el expresidente, representaba una narrativa explosiva.
Así, la salida de Márquez funciona como un movimiento de contención. Un mensaje hacia dentro y fuera de Morena de que la nueva administración no está dispuesta a cargar con pasivos políticos heredados, incluso si eso implica golpear estructuras construidas al amparo del lopezobradorismo.
En el fondo, el episodio revela algo más profundo: la disputa interna por redefinir los límites de poder y protección en Morena tras el fin del sexenio de AMLO. Aduanas, por su peso estratégico y por los nombres que la rodean, se ha convertido en uno más de los campos de prueba.
@JErnestoMadrid
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Ernesto Madrid
