Hermosillo, Sonora, a 13 de noviembre de 2025.- David Figueroa Ortega llevó la jornada número 35 del programa “Diputado en tu Colonia” al sector de las Villa Sauces-Dunas.
Al lado de la presidenta del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García, Figueroa Ortega cumplió una vez más con el ejercicio legislativo de informar, escuchar y servir a las familias del Distrito 6.
En el diálogo directo con las y los vecinos del sector, el legislador informó sobre sus iniciativas de ley que buscan mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses
Destacó las acciones de Gobierno a favor de la niñez y juventud, así como la reducción de la pobreza en Sonora y México.
Resaltó que el objetivo del programa es acercar la labor legislativa a las colonias, siendo una promesa de campaña cumplida en gran parte del Distrito 6 Hermosillo.
Figueroa Ortega escuchó las sentidas demandas sociales como fallas en el servicio de agua potable, vialidades dañadas, inseguridad, entre otras.
Por su parte, David Figueroa y su equipo de trabajo ofrecieron servicios de gestión social, asesorías y orientación sobre programas que brindan el Gobierno del Estado y el Gobierno de México.
El programa “Diputado en tu Colonia” ha recorrido hasta el momento más de 30 colonias de Hermosillo como la Olivares, Internacional, Sahuaro, San Pablo, Los Jardines, Dunas, Las Ladrilleras, Sahuaro Final, Nueva Castilla, El Mirador, Atardeceres, Reforma Norte, Benito Juárez, Floresta, Camino Real, Machi López y San Judas.
Lla Unión de Colonos, Oasis Lantana, Primero Hermosillo, Sonacer, Luis Encinas, Pimentel, Mirasoles, Fraccionamiento Arizona, Sahuaro Indeco, Lomas de Madrid, Álvaro Obregón, Rancho Bonito, Mártires de Cananea, El Choyal, Los Jardines, Miguel Hidalgo, La Huerta, Villa Sauces-Dunas.
Mientras el Congreso presume un aumento histórico para la educación en 2026, los maestros recibirán apenas 13.71 pesos más al año para su formación. Un gesto simbólico que, según Mexicanos Primero, confirma que el aprendizaje sigue siendo la asignatura pendiente del gobierno.
En México, la educación siempre ha sido prioridad… al menos en los discursos oficiales y las conferencias de prensa. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, aprobado por la Cámara de Diputados, lo confirma con precisión quirúrgica: se habla de transformación, pero se presupuesta resignación.
Ernesto Madrid
Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, optó por la elocuencia selectiva. Evadió responder si tiene una investigación abierta en su contra en Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada —y si, de paso, todavía puede poner un pie en ese país sin que le cancelen la visa—.
El incómodo recordatorio provino de la senadora panista Gina Geraldina Campuzano González, quien no se guardó las preguntas: “Nos gustaría que nos pueda informar a todos los mexicanos si usted es uno de los funcionarios de este gobierno a los que Estados Unidos les retiró la visa.”
Delgado, sin despeinarse, respondió con solemnidad pedagógica: “La educación no solo es prioridad, es el motor de la transformación.”
Y para que no quedara duda del guion, añadió que “La Nueva Escuela Mexicana no es un adoctrinamiento autoritario, sino exactamente lo contrario”. En su narrativa, los maestros ya no reciben órdenes, sino “confianza”. Lástima que el presupuesto diga lo contrario.
En el cierre del intercambio, Campuzano volvió a la carga: “No cabe duda de que el cártel de Morena no para de barrer, pero con el dinero de los mexicanos. Tenemos un senador con el negocio de las medicinas, Carlos Lomelí, y a usted, secretario, compareciendo en este pleno. En 2026, la SEP recibirá 2.1% más de presupuesto… pero los mexicanos nos preguntamos: ¿irá a las aulas o a las campañas? ¿A los salones o a los bolsillos del Cártel de Morena?”
Más allá de la arena política, los números hablan por sí solos. De acuerdo con un análisis de la organización civil Mexicanos Primero, el sector educativo recibirá más de 1.2 billones de pesos. Una cifra que luce monumental… hasta que se conoce el detalle: a cada maestra y maestro del país le tocarán apenas 13.71 pesos más al año para su formación profesional. Lo suficiente para un café y, con suerte, una galleta.
Aunque la SEP podrá presumir que la educación fue “una de las más favorecidas” en la reasignación presupuestal, el grueso del aumento se destina a la educación media, superior y a los Cendis operados por el Partido del Trabajo (PT). Es decir, más para los aliados políticos y menos para las aulas donde realmente se enseña a leer y a pensar.
Y para coronar la ironía, el Senado aprobó un decreto para declarar el 19 de marzo como el “Día de la Actualización Docente”. Una celebración perfectamente simbólica: los maestros podrán festejar su día… con los mismos 13 pesos que recibirán para capacitarse. Suficiente para imprimir el reconocimiento y enmarcarlo con sarcasmo.
El estudio de Mexicanos Primero advierte que esta ausencia de inversión en formación continua, acompañamiento pedagógico y evaluación limita la capacidad del sistema para atender los rezagos en comprensión lectora y razonamiento matemático, las materias donde México acumula fracasos en evaluaciones internacionales.
Para completar el cuadro, la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo verá recortado su presupuesto en un 65.4%, pasando de 147 a 51 millones de pesos. Es decir, habrá menos dinero para saber qué tan mal vamos aprendiendo.
El gasto educativo sigue concentrado en nómina, becas e infraestructura, rubros que garantizan que los estudiantes lleguen a la escuela, pero no que aprendan algo en ella. “Aumentar el número de becas no equivale a mejorar la calidad educativa”, subraya Mexicanos Primero.
El enfoque asistencial del gobierno privilegia la estadística sobre la sustancia. La educación se mide por cuántos entran, no por cuánto entienden. Y así, el país sigue graduando generaciones que asisten a clases… pero no necesariamente al conocimiento.
Porque, como bien resume Mexicanos Primero, el presupuesto educativo “no son solo cifras, sino el futuro de más de 30 millones de niñas, niños y jóvenes”. Y, de paso, el reflejo de cuánto —o qué tan poco— vale la educación para un gobierno que aplaude a sus maestros con discursos, pero los capacita con monedas.
@JErnestoMadrid
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Mientras el gobierno celebra una baja en homicidios, las desapariciones se disparan, los gobernadores señalados por vínculos criminales permanecen intocados y México obtiene el primer lugar mundial en mercados criminales, según el Global Organized Crime Index 2025.
En el México de la “Cuarta Transformación”, las cifras se acomodan con precisión quirúrgica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presume una reducción del 37% en homicidios dolosos —según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— mientras el país asciende al podio mundial del crimen organizado, de acuerdo con el Global Organized Crime Index 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Ernesto Madrid
De los 193 países evaluados, México ocupa el primer lugar en mercados criminales y el tercer lugar global en crimen organizado. Un logro que podría parecer sarcástico, pero que en los hechos revela la consolidación de un narco-régimen institucionalizado: el crimen no solo manda, también gobierna.
De acuerdo con informes de inteligencia, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, mantiene presuntos vínculos con grupos criminales que operan en la región. En Sinaloa, la situación es idéntica con Rubén Rocha Moya.
Ambos permanecen inamovibles. Fuentes cercanas al gabinete admiten que Sheinbaum evita tocarlos para no afectar la imagen del movimiento cuatroteísta. En política, el costo de la verdad sigue siendo más alto que el de la complicidad.
En su informe más reciente, la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, reportó que el homicidio doloso bajó de 86.9 a 54.5 casos diarios en un año. Sin embargo, las desapariciones se duplicaron.
No obstante, la Secretaría de Gobernación reporta que, durante los primeros seis meses del actual gobierno se registraron 7,900 desapariciones, casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior.
En los primeros 100 días de su administración, 40 personas desaparecieron cada día, un aumento del 60% respecto al promedio de López Obrador.
El punto más crítico llegó en mayo de 2025, con 1,421 personas no localizadas, la cifra más alta de la historia.
Organizaciones como el Centro Prodh y México Unido Contra la Delincuencia advierten una tendencia preocupante: el gobierno podría estar reclasificando homicidios como desapariciones para presentar una reducción ficticia de la violencia.
Al respecto, el Global Organized Crime Index 2025 es categórico: México se sitúa en el primer lugar mundial en mercados criminales, superando incluso a países en guerra o en colapso institucional.
El estudio, basado en indicadores de narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y trata de personas, revela un entramado criminal que atraviesa las estructuras del Estado.
La tenacidad para mantener intacto e impune al narco-régimen morenista ha dado resultados: el país se consolidó como una superpotencia criminal.
El crimen se volvió una industria nacional con presencia territorial, capacidad financiera y protección política.
En este contexto, en 2026, México destinará apenas 0.86% del PIB a seguridad y justicia, el nivel más bajo en diez años, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Los recursos siguen concentrándose en las Fuerzas Armadas, mientras las policías locales, fiscalías y tribunales carecen de medios básicos para operar. La militarización no solo continúa: se profundiza.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las llamadas de extorsión en el país. Como remedio, anunció el bloqueo de señales en penales de Tamaulipas y en Santa Marta Acatitla. Una medida simbólica: se apagan antenas, pero no estructuras criminales.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, sumó su propio capítulo de ironía institucional. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, declaró que “el protocolo no falló”, sino que el edil confió demasiado en la policía local. En otras palabras: la culpa es del muerto.
A este panorama se suma la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que propone elegir jueces por voto popular. Lejos de fortalecer la independencia judicial, esta medida la subordina al poder político. Sin un Poder Judicial autónomo, cualquier combate al crimen se convierte en simulacro.
La paradoja es brutal: el gobierno presume control, mientras las cifras y los organismos internacionales certifican el avance del crimen. México es hoy un país donde la legalidad retrocede y la impunidad escala posiciones globales.
Los asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo confirman lo que los reportes internacionales ya advertían: el crimen gobierna donde el Estado se ausenta. Y esa ausencia no es casualidad: es política pública. México encabeza el mundo en mercados criminales, duplica sus desapariciones y presume menos homicidios. El Estado celebra sus cifras, pero los cárteles celebran su dominio. El país ha alcanzado una paz estadística, sostenida por el silencio y la negación.
Porque en la “nueva transformación”, la justicia se elige, las cifras se maquillan y el crimen… se institucionaliza.
La pregunta que flota en el aire es la misma con la que todo comienza:
¿Quién gobierna realmente en México?
@JErnestoMadrid
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Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum promete pacificar Michoacán con 57 mil millones de pesos y más de 10 mil efectivos federales, los corredores de adiestramiento criminal del CJNG siguen operando impunes desde hace años. En el escenario, la detención del supuesto “segundo tirador” del caso Colosio reaparece como el clásico telón de humo en un país donde los fantasmas del pasado sirven para distraer los fracasos del presente.
Este lunes amaneció con un desfile de uniformes y promesas en Michoacán. En las instalaciones de la 21 Zona Militar, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional arribaron con la encomienda de “restablecer la paz” dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, encabezado por el secretario de Seguridad estatal, Juan Carlos Oseguera, y anunciados días antes por el general secretario Ricardo Trevilla, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ernesto Madrid
El plan, bautizado con el nombre simbólico de ‘Operación Paricutín’, contempla el despliegue de 10 mil 506 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, además de mil 781 marinos. Según Sedena, el objetivo es contener la extorsión, los homicidios y el tráfico de drogas, y detener a los “principales generadores de violencia”. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 57 mil millones de pesos para el estado, en una operación mediática que, por su magnitud, busca tanto imponer autoridad como tranquilizar mercados y votantes.
El contexto, sin embargo, no da para aplausos. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la irrupción política de su esposa Grecia Quiroz, ahora alcaldesa interina, encendieron las alarmas en Palacio Nacional. Su discurso de toma de protesta —“El legado de Carlos Manzo va a seguir, el Movimiento del Sombrero no parará”— fue más que una arenga local: fue una declaración de autonomía emocional frente a un gobierno federal que intenta apagar el incendio con retórica.
La popularidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, según Enkoll (octubre 2025), ronda el 62%, aunque otros estudios, como el de México Elige (marzo 2025), lo colocan en el lugar 29 de 32 mandatarios con apenas 45.8% de aprobación. Cifras que, ante la crisis actual, parecen tan infladas como los informes de seguridad que cada semana presumen avances “irreversibles”.
La presidenta Sheinbaum, heredera del proyecto de la “Cuarta Transformación”, sabe que Michoacán no es un frente menor. La violencia en la entidad no sólo amenaza la narrativa de continuidad, sino que abre la puerta a la intervención norteamericana que tanto ha rechazado, invocando —como escudo simbólico— los versos del Himno Nacional. Sin embargo, mientras la retórica patriótica suena en los balcones, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue marcando el paso en el terreno.
La DEA, en su informe “National Drug Threat Assessment 2025”, describe al CJNG como la “principal amenaza criminal para Estados Unidos”, con presencia en más de 20 estados de México y operaciones en 40 países. Su dominio incluye una red de centros de adiestramiento en el occidente del país, donde adolescentes reclutados mediante ofertas falsas en redes sociales son convertidos —literalmente— en soldados del narco.
El Rancho Izaguirre, descubierto el 6 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, es sólo uno de los símbolos de este poderío: ahí, la violencia se industrializa y los desaparecidos son transformados en combatientes. De acuerdo con El Universal, las autoridades conocen la existencia de esta red desde 2017, pero la respuesta ha sido la habitual: comunicados, reuniones y, últimamente, planes con nombre de volcán.
Y mientras Michoacán arde, el gobierno federal desempolva fantasmas. El sábado, la Fiscalía General de la República anunció la detención en Tijuana del exagente del Cisen José Antonio Sánchez Ortega, señalado hace 31 años como el supuesto segundo tirador del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
A escasos diez kilómetros de Lomas Taurinas, donde ocurrió el magnicidio, la detención fue presentada como un acto de justicia histórica. Sin embargo, el expediente —con más de 70 mil fojas revisadas por cuatro fiscales, entre ellos Luis Raúl González Pérez— ya había descartado de manera concluyente cualquier participación de Sánchez Ortega. “No existe evidencia de un segundo tirador”, concluyó la investigación, abierta al público desde hace décadas.
El retorno de ese caso, justo cuando la violencia y la descomposición institucional exigen respuestas inmediatas, parece más una operación de nostalgia política que de justicia. Un gesto que, como tantas veces en la historia reciente, sirve para distraer, no para resolver.
El discurso oficial insiste en la continuidad del proyecto de López Obrador: “abrazos, no balazos”, aunque los abrazos ahora llegan escoltados por batallones y millones. La presidenta Sheinbaum, fiel hasta la devoción a su mentor político, parece decidida a defender ese legado incluso cuando la realidad lo contradice con crudeza.
Como ironía del destino —o coherencia de la transformación—, mientras el Estado invierte miles de millones para pacificar Michoacán, el crimen invierte en adolescentes para mantener su ejército. Uno entrena en campos con nombres heroicos; el otro, en la sierra, con armas reales. Ambos dicen buscar la paz.
La diferencia es que uno lo hace con boletines de prensa y el otro con balas.
@JErnestoMadrid
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Mientras Donald Trump presume bombardear “cárteles terroristas” ligados a Maduro y advierte que “no es solo Venezuela”, en México la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la soberanía nacional, justo cuando su antecesor es señalado por un “pacto” con el crimen organizado. La duda es inevitable: ¿quién protege a quién?
Donald Trump volvió a prender las alarmas internacionales. Desde el América Business Forum en Miami, el presidente de Estados Unidos declaró con su característico tono triunfalista: “Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro y otros. No es solo Venezuela, vienen más cosas”.
Ernesto Madrid
Más cosas. Dos palabras que desataron un oleaje de interpretaciones. Porque, según The Wall Street Journal, The New York Times, The Miami Herald y NBC News, esas “otras cosas” incluyen planes para atacar laboratorios y líderes de cárteles en territorio mexicano con drones del Comando Sur. En los despachos de Washington, ya se discute si la “misión especial” debe ejecutarse bajo el Título 50, el mismo que permite operaciones encubiertas de la CIA fuera del marco militar tradicional.
Trump, fiel a su estilo de sheriff del mundo, no se contuvo: dijo que Venezuela “vació sus prisiones dentro de nuestro país” y que está “liberando a las ciudades del flagelo del crimen violento”. Mientras tanto, María Corina Machado —ahora Premio Nobel de la Paz 2025— le aplaudió la estrategia con una frase digna de un cartel de campaña: “Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”.
Pero la noticia que incomoda está al norte del Orinoco. NBC News reveló que el plan estadounidense incluye el despliegue de tropas y agentes de inteligencia en México. La operación, aún en fase de deliberación, implicaría ataques con drones para “desmantelar laboratorios de droga y eliminar objetivos de alto valor”. Traducido: operaciones quirúrgicas con bisturí extranjero sobre suelo mexicano.
Y ahí entra en escena la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde Palacio Nacional, marcó distancia: “México aceptará ayuda de información e inteligencia, pero no una intervención”. La frase suena firme, aunque en el fondo parece más un eco de soberanía que una advertencia real.
Porque el contexto no ayuda. Apenas hace unos meses, el expresidente López Obrador —su mentor político— fue señalado por los actuales funcionarios de Estados Unidos de que había pactado con el crimen organizado y los abrazos no balazos fue la señal más clara. Ahora, su sucesora reclama respeto a la soberanía ante un país que, si seguimos la lógica de Trump, podría considerar a México un territorio “involucrado”.
¿Y si ese involucramiento no fuera solo por el trasiego de drogas, sino por las redes políticas que las protegen?
La pregunta flota incómoda: ¿por qué tanta resistencia a que entren los drones estadounidenses si, en teoría, solo buscan a los narcos?
Algunos analistas lo interpretan como una defensa preventiva. Otros, como una forma elegante de ganar tiempo. Pero en los pasillos diplomáticos se comenta que Washington ya tiene nombres, rutas y financiamientos de campañas políticas vinculadas a cárteles, del mismo modo en que rastreó los lazos entre Maduro y los narco-militares venezolanos.
Mientras tanto, Trump presume que “cada embarcación destruida salva 25 mil vidas estadounidenses”, y los bombardeos en el Caribe suman ya 66 muertos y 20 lanchas destruidas. Los números, como siempre, son relativos: se cuentan muertos del otro lado, y votos del suyo.
Y México, en medio, vuelve a ser el tablero.
Un tablero donde la Casa Blanca se prepara para mover drones, y Palacio Nacional responde con discursos sobre soberanía.
La pregunta final queda suspendida, como un zumbido metálico en el cielo: ¿defiende Sheinbaum la soberanía… o está defendiendo los secretos de la 4T?
@JErnestoMadrid
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La inflación cerró octubre en calma —3.57% anual— y el Banco de México redujo la tasa de interés a 7.25%. Pero los analistas advierten: el alivio es momentáneo. Los nuevos impuestos del “segundo piso” de la Cuarta Transformación podrían encender de nuevo la inflación en 2026, mientras el déficit y la deuda externa empiezan a pasar factura.
El milagro mexicano de octubre vino en forma de aguacate barato. El “oro verde”, símbolo patrio del guacamole y de la inflación emocional del país, sorprendió con una caída de 10.52% en su precio, según el Inegi. Una bendición estadística que ayudó a que la inflación general se ubicara en 3.57% anual, dentro del rango dorado del Banco de México por cuarto mes consecutivo.
Ernesto Madrid
El semáforo de inflación, según México, ¿cómo vamos?, se mantiene en amarillo —ni alarma roja, ni euforia verde— mientras el país disfruta de una tregua que parece más contable que estructural. Porque, aunque los jitomates, papas, huevos y naranjas dieron un respiro, el café, la leche y la carne de res siguen en plan de lujo gastronómico: aumentaron 24.6%, 8.5% y 18.9%, respectivamente.
En pocas palabras: el desayuno nacional bajó de precio, excepto lo que realmente importa.
Banxico, fiel a su tono de prudencia ascética, aprovechó el clima benigno para reducir por tercera vez consecutiva la tasa de interés, dejándola en 7.25%. La institución aseguró que el panorama inflacionario “permite seguir con la flexibilización monetaria”, aunque el mensaje entre líneas fue claro: se acabaron los tiempos de euforia bajista.
Los analistas, menos poéticos, lo interpretan como una advertencia. El consenso es que hacia 2026 la inflación podría volver a repuntar —hacia el 4.5% anual— empujada por el incremento de impuestos que el gobierno de Claudia Sheinbaum planea aplicar para tapar el boquete fiscal dejado por el gasto social y la creciente deuda externa.
Dicho de otro modo: si hoy baja el precio del dinero, mañana subirá el costo de pagarlo.
La política económica del llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación enfrenta su propio dilema: mantener el apoyo popular con subsidios y programas, o evitar que el déficit público se convierta en un problema macroeconómico de largo alcance. De momento, la deuda crece más rápido que el optimismo, y el tipo de cambio agradece el respiro del petróleo y del aguacate.
Mientras tanto, los alimentos bailan al ritmo de su propio son. Las frutas y verduras bajaron 10.27% anual, pero los productos pecuarios subieron 8.19%. La electricidad aumentó 5.07%, el gas LP 4.38%, y el pan dulce —ese termómetro infalible de la economía mexicana— registró un alza de 6.86%.
En resumen: los precios bajan, pero no los que duelen; la tasa de interés baja, pero no por mucho; y el optimismo oficial sube, aunque solo en los comunicados.
Los próximos meses pondrán a prueba el equilibrio entre la narrativa de estabilidad y la realidad fiscal. Porque si algo ha demostrado la historia económica mexicana es que, cuando el gobierno sube impuestos para “consolidar la transformación”, los precios —como la política— terminan transformándose también.
¿Y usted?
¿Ya notó la baja de precios en su despensa… o solo en los discursos?
@JErnestoMadrid
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En agosto, la inversión cayó 2.7% mensual, con desplome histórico en maquinaria importada y construcción. Mientras el gobierno promete un “repunte” para 2026, los datos muestran un año completo de caídas. El capital parece haber perdido el entusiasmo... o la paciencia.
La economía mexicana volvió a dar señales de fatiga. Según el INEGI, la inversión fija bruta cayó 2.7% en agosto, su peor tropiezo desde los días pandémicos de 2020. Y no es metáfora: la maquinaria importada se desplomó 5.2%, el equipo de transporte un 13.6%, y la construcción bajó 1.5%. En resumen, el músculo productivo del país está a dieta... estricta.
Ernesto Madrid
Pero hay más: la inversión pública se contrajo 21.2% anual, sumando 16 meses consecutivos en picada. Todo un récord, aunque no precisamente de esos que se celebran con medalla. En paralelo, la inversión privada también flaquea: lleva diez caídas en los últimos doce meses. Parece que tanto el dinero público como el privado coincidieron, por fin, en algo: no gastar.
Con cifras originales, el panorama es aún menos alentador: la inversión total acumula un descenso de 7.3% en lo que va del año, después de haber crecido 6.8% en el mismo periodo de 2024. Si la tendencia fuera una película, se titularía “De la expansión al estancamiento”.
Las proyecciones oficiales, sin embargo, invitan al optimismo... o al autoengaño. Se espera que 2025 cierre con una caída de 5.8%, pero —buenas noticias— 2026 podría traer un “repunte” de 3.7%. Claro, siempre y cuando la paciencia económica sobreviva al discurso político.
Mientras tanto, el indicador coincidente (ese que mide el pulso real de la economía) lleva 24 meses en terreno negativo. Un maratón de caídas que ni la mejor retórica presidencial logra disimular. Y aunque el indicador adelantado muestra ligeras señales de esperanza —gracias al tipo de cambio y al S&P 500, no a la obra pública—, el repunte suena más a deseo que a diagnóstico.
El consumo privado, por su parte, intenta mantener el ánimo: creció 0.6% en agosto, impulsado por bienes nacionales y servicios. Nada espectacular, pero suficiente para no declararlo en terapia intensiva. Sin embargo, si se mira el acumulado del año, no hay crecimiento respecto a 2024. Dicho de otro modo: las familias compran lo mismo, solo que más caro.
Los economistas pronostican que el consumo podría recuperarse ligeramente en 2026, ayudado por ingresos un poco mejores y tasas de interés más bajas. Aunque, viendo la velocidad del avance, el impulso podría llegar tarde al sexenio.
En síntesis:
La inversión pública se esfuma,
la privada duda,
el consumo bosteza,
y el gobierno promete repuntes a futuro… como quien promete amor eterno en medio del divorcio.
Así que sí, la inversión mexicana parece estar en pausa. Y mientras los indicadores hacen malabares para encontrar el fondo, la economía nacional confirma lo que muchos ya sospechaban: que la “Cuarta Transformación” también puede transformarse en recesión.
@JErnestoMadrid
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Mientras el gobierno federal promete “paz y justicia”, los alcaldes de Michoacán siguen cayendo a balazos. El asesinato de Carlos Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, revela que en el estado los grupos criminales gobiernan, los políticos negocian y la justicia solo asiste al velorio.
Con la voz rota y el corazón hecho trizas, Grecia Quiroz rindió protesta como alcaldesa de Uruapan, cuatro días después de que su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, fuera asesinado en plena plaza principal. La escena fue el retrato más fiel de lo que ocurre en Michoacán: funerales, discursos de esperanza y promesas de justicia que nunca llega.
Ernesto Madrid
“Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha”, dijo Quiroz ante sus seguidores del Movimiento del Sombrero, un grupo político local fundado por Manzo, quien soñaba con liberar al estado del yugo criminal. Irónicamente, lo mataron por la misma causa.
De acuerdo con datos recopilados por Animal Político y el INEGI, en México cada dos meses y medio asesinan a un alcalde. En los últimos 25 años, 119 presidentes municipales —entre electos y en funciones— han sido ultimados. Y mientras la estadística suena fría, Michoacán sangra caliente: 20 de esos crímenes ocurrieron en su territorio, apenas detrás de Oaxaca.
El conteo de muertos por sexenio pinta un país que se repite en el espejo: Enrique Peña Nieto encabezó la etapa más sangrienta, con 42 alcaldes asesinados; Felipe Calderón le sigue con 37; López Obrador sumó 26; y el naciente gobierno de Claudia Sheinbaum ya acumula 10. La transformación, como se ve, no llegó ni a las plazas municipales.
En Michoacán, los números también gritan. Bajo el sexenio de López Obrador se registraron 12,807 homicidios dolosos, más que con Calderón (4,003) o Peña Nieto (7,278). Tres gobiernos, tres estrategias y un mismo resultado: el país se sigue desangrando.
Tras el asesinato de Manzo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reunió a 59 alcaldes y alcaldesas con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para revisar el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Un título esperanzador para una realidad que no se inmuta. “Se hará justicia y no habrá impunidad”, prometió Rodríguez. En Michoacán, esas palabras suenan como un estribillo ya conocido.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el presunto asesino de Manzo es Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la investigación, el adolescente fue parte del engranaje criminal que disputa Uruapan con Los Viagras, herederos de las autodefensas creadas durante el sexenio de Peña Nieto.
Manzo quedó atrapado en esa guerra de poderes: por un lado, Los Viagras, vinculados —según fuentes de inteligencia federal— al propio gobernador Ramírez Bedolla; por el otro, el CJNG, que controla la capital mundial del aguacate. En medio, un político que creía poder rescatar Michoacán con un sombrero como estandarte y la fe como escudo.
El sueño de Manzo era que su movimiento tuviera presencia en los 113 municipios del estado, y su ascenso lo perfilaba como posible candidato a la gubernatura. Pero en tierra de cárteles, los que sueñan con el poder suelen despertar entre ráfagas.
Ramírez Bedolla, por su parte, busca imponer como sucesora a Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, aunque las encuestas no la favorecen. Detrás se mueven viejos fantasmas de la política michoacana: Raúl Morón, apoyado por Leonel Godoy, y los remanentes de La Familia Michoacana integrados a Cárteles Unidos.
La política local se confunde con la estructura criminal y la frontera entre gobierno y crimen ya no se distingue. En Michoacán, los cárteles votan, los funcionarios callan y los alcaldes mueren.
El legado de Carlos Manzo queda ahora en manos de su esposa, que promete continuar la lucha. Y aunque el gobierno asegura que habrá justicia, la historia reciente sugiere otra cosa: en Michoacán, los asesinatos de alcaldes no se resuelven, se sustituyen.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora, a 6 de noviembre de 2025.- En un ambiente de diálogo cercano y participación ciudadana, David Figueroa Ortega llevó a cabo la jornada número 34 del programa “Diputado en tu Colonia”, esta vez en la colonia La Huerta.
En compañía de la dirigente del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García, Figueroa Ortega reiteró su compromiso de mantener un contacto directo con las y los sonorenses, escuchando de primera mano sus necesidades y propuestas.
Durante la jornada, el legislador compartió los avances de su trabajo en el Congreso del Estado, destacando las iniciativas impulsadas en materia de transparencia, seguridad pública y bienestar social.
Asimismo, reiteró que el objetivo del programa es acercar la labor legislativa a las colonias, promoviendo un ejercicio constante de rendición de cuentas y atención ciudadana.
“Este programa nació para que la gente sepa qué hace su diputado, pero sobre todo para escucharlos y servirles directamente. La confianza se construye con hechos y con presencia en las colonias, no desde una oficina”, expresó Figueroa Ortega ante vecinos de La Huerta.
En la jornada se ofrecieron además servicios de gestión social, asesorías y orientación sobre programas estatales reforzando el compromiso del diputado con un trabajo legislativo cercano, transparente y útil para la gente.
David Figueroa Ortega agradeció la participación de las y los vecinos de La Huerta y anunció que las próximas jornadas del programa continuarán recorriendo distintos sectores de Hermosillo, consolidando así un modelo de representación ciudadana basado en el diálogo, la empatía y la acción.
El programa “Diputado en tu Colonia” ha recorrido más de 30 colonias de Hermosillo como la Olivares, Internacional, Sahuaro, San Pablo, Los Jardines, Dunas, Las Ladrilleras, Sahuaro Final, Nueva Castilla, El Mirador, Atardeceres, Reforma Norte, Benito Juárez, Floresta, Camino Real, Machi López y San Judas.
Además, la Unión de Colonos, Oasis Lantana, Primero Hermosillo, Sonacer, Luis Encinas, Pimentel, Mirasoles, Fraccionamiento Arizona, Sahuaro Indeco, Lomas de Madrid, Álvaro Obregón, Rancho Bonito, Mártires de Cananea, El Choyal, Los Jardines, Miguel Hidalgo y La Huerta.
Mientras las “benditas remesas” comienzan a flaquear tras seis meses en retroceso, la economía mexicana enfrenta un escenario de desconfianza, salidas empresariales y consumo debilitado. Un país que aplaude pequeños triunfos mientras el espejo financiero comienza a agrietarse.
Durante años, las remesas fueron el oxígeno invisible que sostuvo al discurso oficial y a millones de hogares. Pero ese motor, presentado como símbolo de fortaleza nacional, empieza a emitir ruidos preocupantes. Según el Banco de México, en septiembre ingresaron 5 mil 214 millones de dólares, cifra que suena triunfalista hasta que se revisa el dato completo: una caída anual de 2.7%, con lo que el país acumula seis meses consecutivos de retrocesos.
Ernesto Madrid
El número de envíos también disminuyó. Se registraron 13.2 millones de transacciones, un 4.7% menos que el año anterior. Cada envío promedió 396 dólares, apenas superior al promedio previo, pero insuficiente para compensar la caída del flujo. En conjunto, los primeros nueve meses del año suman 45 mil 681 millones de dólares, un 5.5% menos que en 2024, la primera contracción desde 2013.
El llamado “orgullo nacional” se convierte, lentamente, en un motivo de inquietud.
Pese a la tendencia a la baja, algunos gobiernos estatales siguen brindando discursos dignos de campaña. En Morelos, por ejemplo, se presume un “crecimiento” de remesas del 0.54% en dólares durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con El Sol de México.
Una cifra tan mínima que apenas da para una sonrisa, pero suficiente para justificar un boletín de prensa con tintes de victoria.
Lo que no se dice es que este microcrecimiento ocurre en un contexto de desaceleración laboral en Estados Unidos y endurecimiento migratorio. Cada dólar enviado desde allá hoy cuesta más esfuerzo, más riesgo y más incertidumbre.
Detrás del dinero que cruza la frontera hay trabajadores con menos empleo, salarios presionados y familias que dependen de un flujo cada vez más incierto.
El espejismo sigue siendo rentable políticamente. La narrativa del éxito, no tanto.
Las causas del retroceso son conocidas: una economía estadounidense que se enfría, políticas migratorias más duras y un peso mexicano apreciado, que resta valor a cada dólar. Si allá hay menos empleo y menor ingreso, acá se respira menos oxígeno.
El banco Banamex prevé que el declive continúe con una caída total de 5.3% en 2025, después de un modesto crecimiento del 2.3% en 2024. Es un aviso de que las remesas, más que benditas, son frágiles. Cuando la dependencia económica se asienta sobre el trabajo migrante, cualquier resfriado del norte se convierte en neumonía del sur.
Y mientras los dólares migrantes se agotan, las grandes empresas también comienzan a hacer maletas. Telefónica anunció su salida del mercado mexicano dentro de su plan estratégico 2026-2029. Su presidente, Marc Murtra, explicó que México ya no es prioritario frente a mercados como España, Reino Unido, Alemania o Brasil.
La compañía registró una pérdida neta de mil 80 millones de euros hasta septiembre y enfrenta un entorno complicado: un mercado dominado por América Móvil, altos costos de espectro y una regulación que asfixia a los competidores. En paralelo, AT&T enfrenta rumores sobre la posible venta de su filial mexicana por más de 2 mil millones de dólares. Oficialmente lo niegan, pero el silencio habla por sí mismo.
La desconfianza no se limita a las empresas. La confianza del consumidor lleva 10 meses consecutivos a la baja, y en octubre cayó 0.3 puntos mensuales para ubicarse en 46.1 unidades, con un descenso anual de 3.2 puntos. El mexicano promedio percibe lo que los indicadores confirman: la economía se desacelera y el bolsillo se encoge.
El turismo, otro de los motores que presumía el gobierno, crece por debajo del promedio nacional. En el segundo trimestre, el PIB turístico avanzó 0.4%, frente al 0.6% del PIB total. El consumo turístico interior subió apenas 0.8%, y el gasto por turismo receptivo cayó 4.7%, reflejando que el “superpeso” también encarece el destino México.
Así, entre remesas que se diluyen, empresas que se retiran y consumidores que desconfían, el país enfrenta un efecto dominó silencioso: la incertidumbre que llega del norte y la falta de reformas efectivas en casa.
El “efecto incertidumbre” no solo viene de las elecciones en Estados Unidos o del humor de los mercados; está dentro del propio modelo económico mexicano, sostenido en flujos que no controla y en narrativas que ya no convencen.
Porque cuando los dólares dejan de llegar, no solo se derrumba el discurso… se tambalean los hogares. Y cuando las empresas comienzan a irse, el verdadero éxodo no se mide en migrantes, sino en oportunidades que ya no regresan.
@JErnestoMadrid
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El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no solo exhibió al crimen organizado, sino al Estado desorganizado. Mientras Estados Unidos habla de usar la fuerza en México, la presidenta Sheinbaum culpa a los medios, el gobernador Bedolla “asume” sin renunciar, y los ciudadanos entierran a un hombre que fue valiente en un país donde la cobardía gobierna.
Hay crímenes que matan personas… y hay crímenes que exhiben gobiernos. El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pertenece al segundo tipo. No solo por su brutalidad, sino porque mostró, en tiempo real, la descomposición de un Estado que responde al caos con hashtags, promesas y culpables imaginarios.
Ernesto Madrid
El registro de MW Group es casi una radiografía del absurdo institucional mexicano: el 1 de noviembre, a las 20:10 horas, Manzo cargaba a su hijo durante el Festival de las Velas, una fiesta familiar, luminosa, llena de música. Minutos después, seis disparos apagaron las luces. No solo las del evento: también las del discurso presidencial de “abrazos, no balazos”.
Las primeras reacciones no vinieron del gobierno, sino del hartazgo. A medianoche, manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Morelia gritando “¡Justicia!”. Mientras tanto, en redes, el país ardía: #FueClaudia se convirtió en consigna, y el enojo escaló a marchas y protestas.
Según el análisis sociodigital, 130 millones de personas tuvieron algún contacto con el caso. Más que el público de un informe presidencial, pero con menos efectos reales: el crimen no cambia, solo el trending topic.
El informe detalla que 32.8% de la conversación en redes vinculó directamente el asesinato con la presidenta Claudia Sheinbaum, y 32.1% la señaló por omisión, inacción o complicidad con el crimen organizado.
Es decir: uno de cada tres mexicanos en redes cree que el gobierno no solo perdió el control, sino que lo entregó.
Pero la respuesta presidencial fue de antología: en su mañanera, Sheinbaum no habló del asesinado, sino del pasado, culpando —una vez más— a Calderón, a la “guerra del narco”, al neoliberalismo, y a los medios, a quienes acusó de “especular”.
La palabra “especulación” parece el nuevo sinónimo oficial de “realidad incómoda”.
Mientras tanto, el secretario Harfuch confirmó lo que todos sospechaban: no había seguridad adecuada en el evento.
Y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con la serenidad de quien no se inmuta ni por los muertos, dijo asumir la “responsabilidad política”. Una frase que en el léxico de Morena significa: no renunciaré ni, aunque me entierren en Palacio.
El análisis de Perception Keys también revela otro dato escalofriante: solo el 9.2% de los mensajes en redes recordaron a Manzo como un alcalde valiente, honesto, que enfrentó al crimen sin miedo.
El resto de la conversación giró en torno a lo que su muerte dejó al descubierto: la impunidad, el control territorial de los cárteles y un gobierno que habla más de la prensa que de los delincuentes.
Porque sí: en el México de hoy, la indignación se mide en interacciones, no en acciones.
Los muertos son tendencia por 48 horas, luego los sepulta el siguiente horror. Y entre tanto, el gobierno se declara víctima de los medios… como si los sicarios tuitearan notas falsas desde sus cuarteles.
La narrativa digital también mostró algo que debería preocupar a Palacio Nacional: 14.8% de las publicaciones llamaron abiertamente a movilizaciones nacionales. El enojo social ya no se esconde detrás de “bots conservadores” o “comentócratas”. Tiene nombre, rostro y cuenta en X.
Y cuando un pueblo que ha normalizado la muerte empieza a indignarse, el problema ya no es de comunicación. Es de legitimidad.
El asesinato de Manzo simboliza más que la tragedia de un alcalde. Es la confirmación de que, en México, los valientes mueren solos y los poderosos se protegen entre sí.
Y mientras la presidenta ensaya su papel de víctima de los medios y Bedolla promete justicia que nunca llega, el país observa cómo el crimen organiza mejor al territorio que el Estado.
Ironías del destino: el alcalde pidió ayuda, no likes; pidió protección, no discursos. Murió esperando al Estado.
Y el Estado llegó… con un anunció, con una narrativa, con una justificación y con un comunicado y con un nuevo plan.
@JErnestoMadrid
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Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con un nuevo plan de seguridad… y una vieja estrategia: culpar a los medios, exonerar al pasado y fingir que el crimen no gobierna donde Morena sí.
El gobierno federal bautizó su nuevo intento de apagar el incendio como “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, apenas horas después de que Estados Unidos anunciara que analiza usar la fuerza en territorio mexicano —sin previo aviso incluso— para atacar a líderes del narcotráfico. El mensaje fue claro: Washington perdió la paciencia y México, el control.
Ernesto Madrid
El plan de la presidenta Claudia Sheinbaum llega “después del niño ahogado”, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ultimado durante la fiesta del Día de Muertos pese a haber implorado apoyo federal y así marca el día de Muertes nacional como un presagio de que el que manda el es crimen organizado. Pero, fiel a la tradición de la Cuarta Transformación, el discurso se centró en atacar a los “buitres mediáticos”, no a los criminales que gobiernan de facto buena parte de Michoacán.
“Buitres” y “comentócratas carroñeros”, les llamó Sheinbaum a quienes exigieron respuestas por el asesinato de Manzo. No hubo un solo calificativo similar para los cárteles que controlan el estado ni para los funcionarios que, desde Morena, mantienen pactos de silencio y complicidad. La presidenta se enojó con la prensa, no con los asesinos.
La historia, sin embargo, tiene antecedentes conocidos.
Felipe Calderón inició su “Operativo Conjunto Michoacán” vestido de militar en 2006; Enrique Peña Nieto prometió “no combatir violencia con violencia” con su propio Plan Michoacán en 2014; y Andrés Manuel López Obrador ofreció un “Plan de Apoyo Michoacán” en 2021 que terminó siendo un programa social más, administrado por el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —a quien la entidad ya no quiere, pero el partido no suelta—.
Tres presidentes, un mismo fracaso. Sheinbaum parece decidida a convertirse en la cuarta en repetirlo.
Su “nuevo” plan promete tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. En resumen: promesas conocidas con distinto eslogan. Lo que no cambia es la verticalidad del poder. Aunque la presidenta asegura que “no será un plan vertical” y que “se nutrirá de otras voces”, la primera voz que descalificó fue la de quienes cuestionan su estrategia.
Mientras tanto, el conteo de la violencia avanza.
En Michoacán han sido asesinados siete alcaldes en los últimos tres años, tres durante el actual gobierno. Según Data Cívica, 63 funcionarios públicos han sido ejecutados en los últimos cinco años en la entidad. A la lista se suman líderes sociales como Bernardo Bravo, representante de los limoneros de Apatzingán, encontrado muerto días antes tras denunciar las extorsiones del Cártel Jalisco y Los Viagras.
El asesinato de Manzo no solo desnuda la fragilidad de la autoridad local, sino también el contubernio de Morena con los gobiernos estatales, a quienes el poder federal no toca, sin importar las evidencias o el clamor ciudadano. Sheinbaum, que prometió un Estado de derecho, parece más interesada en mantener la lealtad política que la justicia.
Y mientras la Casa Blanca contempla operaciones unilaterales en México, la respuesta presidencial es una mezcla de negación y soberbia.
En su conferencia matutina, Sheinbaum mencionó a Felipe Calderón diez veces, pero al alcalde asesinado solo una. Para la mandataria, la culpa sigue siendo del pasado, aunque el presente le explote en las manos.
El guion se repite: Washington amenaza, los cárteles avanzan, el gobierno promete planes con nombre solemne y el país entierra a otro alcalde.
Solo cambian los actores. El crimen sigue escribiendo la ley y, esta vez, el libreto oficial no busca justicia… sino audiencia.
@JErnestoMadrid
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Carlos Roberto Matty
