- Carlos Roberto Matty
- Sonora
Sin importar el desenlace de las elecciones de Estados Unidos, los tres países de Norteamérica deben mantener una agenda firme hacia la primera revisión del T-MEC, donde aún existen retos que trascienden fronteras, no obstante, en las primeras semanas de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México sus acciones han sido de continuidad con el legado de López Obrador con intentos muy aislados de distanciarse.
Ernesto Madrid
En el contexto, Norteamérica tiene la oportunidad histórica de explotar el potencial de la región aprovechando su complementariedad en el comercio y en el talento del capital humano. Por esto, crear metas compartidas para el futuro es lo único que asegura que podamos seguir contando nuestra historia de éxito.
De acuerdo con dos análisis de México ¿cómo vamos’ y México Evalúa, “la presidenta Claudia Sheinbaum parece replicar la estrategia de negación de la violencia de su antecesor López Obrador, al enfocar la narrativa en la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, sin considerar la complejidad de la situación en diversas entidades”.
En su discurso ante empresarios, la presidenta prometió reglas claras y seguridad para las inversiones extranjeras, pero luego afirmó que no acataría una orden judicial, un eco de la gestión de López Obrador quien imponía la voluntad presidencial sobre la institucionalidad.
La reciente aprobación de la reforma judicial en México ha sido causa de incertidumbre para el mercado financiero, medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y cámaras de comercio. Nuestro país es una de las principales economías del mundo, por lo que un Estado de derecho fuerte es un símbolo de que las reglas comunes son respetadas y que existen mecanismos de resolución en caso de que surja un conflicto, lo que es clave para inversionistas y nuestros socios comerciales.
Entre los riesgos de la nueva reforma está la elección por voto popular de jueces y ministros que facilita la injerencia de grupos de interés en la impartición de justicia en México, además que es contraria al T-MEC en materia de integración comercial (capítulos 2, 18, 21 y 22) y laboral (capítulo 23). Un panorama de incertidumbre aleja inversiones que son beneficiosas para nuestra economía al generar mayor crecimiento y empleos de calidad.
De acuerdo con la encuesta elaborada por Banxico, 72% de los encuestados considera que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses, a pesar de la continuidad esperada entre la administración del presidente López Obrador y la de la presidenta Sheinbaum. La percepción negativa se atribuye a cambios institucionales como la reforma al poder judicial, la reforma de Pemex y CFE a empresas públicas del Estado, y la posible desaparición de organismos autónomos como COFECE, IFT e INAI.
La organización World Justice Project (WJP) dio a conocer el Ídice del Estado de derecho 2024 el cual considera la percepción y experiencias sobre el Estado de derecho en 142 países. En esta edición, el ranking de México fue en el lugar 118 de 142. Entre los ocho factores que se consideran para el índice, los de peor puntuación son “Ausencia de corrupción” y “Justicia penal”.
En un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) retoman el “engrandecimiento del poder ejecutivo” de la académica Nancy Bermeo como una forma de ver el retroceso democrático en un país.
Para el caso de México, analizan cuatro dimensiones de retroceso democrático, entre ellas la influencia del ejecutivo sobre el poder judicial, junto con indicadores donde buscan ver si el expresidente AMLO exhibió ese comportamiento. En la dimensión del poder judicial, AMLO exhibió todas las conductas, entre ellas el “Uso de decretos ejecutivos para restringir la supervisión judicial de la Presidencia”.
La percepción internacional de un debilitamiento o retroceso en nuestra democracia puede tener graves consecuencias para las inversiones y en nuestra relación comercial en Norteamérica. Los cambios institucionales no son malos ni prohibidos por el T-MEC mientras las implicaciones no afecten la certidumbre jurídica o la libre competencia de empresas.
Lo cierto es que, el discurso de “reglas claras” de la presidenta, parece vacío. Son instituciones fuertes, no promesas individuales —así sean las de la presidenta—, las que podrían garantizar un futuro más seguro y confiable.
*Sin propiciar un debate sobre implicaciones médicas y el riesgo de muerte para la mujer, Morena impuso su posición en comisiones del Congreso de la CDMX para despenalizar aborto.
*Médicos ginecobstetras preocupados por la comisión de un crimen.
*Diputados locales del PAN, una del PVEM y una de Morena rechazan iniciativa morenista
El dictamen de la iniciativa para despenalizar el aborto en la Ciudad de México, sin importar la etapa gestacional del bebé en el vientre materno, ignora el dolor de la niña o niño por nacer y desconoce el grado de sensibilidad de su sistema nervioso central en el proceso continuo de la vida, de acuerdo con recientes evidencias científicas sobre el desarrollo prenatal.
Redacción
Según estudios y artículos médicos que no se tenían hace 17 años cuando se despenalizó el aborto hasta las doce semanas de gestación, ahora está demostrado con bases científicas y médicas que terminar con la vida de un ser humano próximo al parto es un proceso cruel para cualquier tipo de cirugía fetal.
Para Onofre Zenil, médico cirujano y José Raygoza, experto en Administración de Hospitales, un aborto después de las 12 semanas y hasta el noveno mes de embarazo incluso, como lo propone la iniciativa de la diputada local de Morena, Yuriri Ayala Zuñiga, es insensato y hasta preocupante porque significa que personal médico debe aceptar quitarle la vida al bebé en el vientre materno, con el riesgo implícito de poner también en peligro la vida de la madre.
De acuerdo con especialistas médicos, la iniciativa que pretende ampliar los alcances del aborto en la Ciudad de México, no solo incrementa los riesgos de complicaciones médicas, sino que también expone a las mujeres a riesgos de salud emocional y posibles consecuencias en embarazos futuros, como nacimientos prematuros debidos a abortos en etapas avanzadas del embarazo.
“Aunque la despenalización del aborto en la CDMX ha sido vinculada con la salud de las mujeres y la supuesta reducción de la mortalidad materna, los estudios indican que esta política ha sido fallida pues esta reducción es visiblemente mayor en entidades donde no se ha implementado el aborto, como en Chiapas y Morelos”, de acuerdo a Morfín et al., 202.
Los expertos consultados expresaron que en lugar de centrarse en proponer la ampliación del aborto, los legisladores deben centrar los esfuerzos de salud pública en atender las problemáticas de fondo que llevan a algunas mujeres a buscar un aborto con riesgo, incrementado a su salud y vida en etapas avanzadas del embarazo.
Se debe poner atención a salud materna, salud materna-infantil, educación, empleo, economía y desarrollo individual, dijeron los especialistas.
En el caso de la capital del país, explicaron, existe una ausencia de políticas que faciliten la atención médica y el apoyo psicológico y social desde las primeras etapas de gestación a cualquier mujer en situación de vulnerabilidad.
Insistieron en que la propuesta de permitir el aborto en etapas avanzadas del embarazo ignora el aumento de los riesgos médicos que las mujeres enfrentan en esos procedimientos.
Así, una política que permita abortos en estas etapas no solo omite salvaguardar la vida y salud de las propias mujeres, sino que, en la práctica, representa una medida regresiva que aumenta el peligro para quienes deben estar protegidas; lo que va en contra de los principios de salud pública que deben buscar la disminución de riesgos y la protección del paciente, dijo la especialista Ingrid Tapia.
SOBRE EL DOLOR FETAL
En el marco de la discusión del dictamen en comisiones, los diputados de Morena determinaron no dar paso a argumentos relacionados al sufrimiento del bebé, y a pesar de las evidencias no reconocieron riesgos, dolor fetal y política de mortalidad materna fallida.
El debate sobre la capacidad de los bebés en el vientre materno para experimentar dolor ha sido objeto de una extensa investigación en neurofisiología y medicina fetal, pero es concluyente en el sentido de que existe evidencia científica que demuestra que los nasciturus responden fisiológicamente a estímulos dolorosos, expresó Anayancy Varas García, directora de Early Institute, think tank especializado en primer infancia.
Investigaciones como las de Anand y Hickey (1987) demostraron que los bebés en el vientre materno presentan respuestas fisiológicas significativas a estímulos dolorosos, lo cual impulsó una reevaluación de las prácticas médicas, agregó Varas García.
En conclusión, hoy sabemos que el dolor no necesariamente requiere de la conciencia adulta para generar efectos fisiológicos y de estrés en fetos y bebés prematuros; desde etapas tempranas de la gestación existen respuestas del bebé a estímulos dolorosos (Bernardes, 2022) que se intensifican en el segundo y tercer trimestres de embarazo.
Este martes será determinante para al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las amenazas del aún candidato presidencial republicano, Donald Trump que advirtió con imponer aranceles de 25% a México si el país no “frena el paso de criminales y drogas" y la definición que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la constitucionalidad o no de la controvertida y cuestionada Reforma al Poder Judicial.
Ernesto Madrid
En el primer caso, la presidenta, ya a ha tomado distancia al dejar en claro que “Nosotros nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el Presidente López Obrador, y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México”, pero ¿qué actitud asumirá si en realidad gana Trump y pierde Kamala?
En los dos escenarios, la incertidumbre en México no sólo seguiría, sino que esta podría agudizarse ya que, por ejemplo, el peso mexicano está jugando a las vencidas y de ganar el candidato republicano, sin duda habrá otro ajuste alcista que se reflejaría en las operaciones del miércoles 6 de noviembre.
Este lunes, la moneda mexicana se apreció 0.62%, o 12.56 centavos, con respecto al cierre del viernes pasado ubicándose en 20.15 pesos por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), solo que, si gana Trump, el tipo de cambio se podría ir hasta las 21 unidades y en contraste, si gana Harris, los niveles llegarían a 18.50 pesos por divisa estadounidense de acuerdo con los especialistas, pero es sólo un ejemplo ya que la incertidumbre, impactaría al igual, las inversiones a México.
Lo anterior, porque además está el segundo tema, que es la discusión de este martes en la SCJN para invalidar parcialmente la reforma judicial, que dijo, Claudia Sheinbaum que “estamos preparados”, sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y sobre el ‘capricho’ que le arrancará al presupuesto federal 13 mil millones de peso, pese a que reprobó la propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que podría ser de sólo 7 mil millones de pesos, porque no va a ver financiamiento a partidos político, pero sí quizás, a candidatos a ministros, afines al segundo piso de la cuarta transformación.
Sheinbaum ha dicho que la reforma judicial es democrática y generará más justicia lo cual es evidentemente, falso y, por otra parte, el plan del ejecutivo podría ser el mismo del expresidente López Obrador: desacatar cualquier sentencia judicial que no les acomode porque las palabra del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, son más que preocupantes.
Gerardo Fernández Noroña dejo en claro que “Hoy la Constitución dice que debe sobreseer todo lo que está por revisar mañana la Corte y nuevamente un ministro de la Corte, haciendo eco de ese bloque, dice ‘la Constitución somos nosotros, el poder supremo somos nosotros, quien manda en este país somos nosotros’. ¡Que audacia! de un puñado de ministros y ministras de la Corte que fueron elegidos de manera indirecta decir que están por encima del soberano y del Poder Ejecutivo y del Legislativo”.
Con el detalle que en su “supremacía constitucional” aprobada con prisas y sin escuchar a nadie, en su redacción cometieron el error de que la ley se aplicaría para todas aquellas reformas en “trámite”, por lo que no puede aplicarse a la reforma judicial porque no se encuentra en trámite, sino es un hecho, pero a Morena, las leyes que ellos mismos aprueban también las desaprueban.
Lo delicado es que quizás nunca entenderán que ellos no son todo el poder, representan a los 36 millones que votaron por ellos, aunque los encuestado hoy por El Financiero, diga que el 49% de los entrevistados, señalen que el trato que le ha dado Sheinbaum al tema de la Reforma Judicial es “muy bueno o bueno” y tenga el 70% de aprobación porque lo está en juego, es la certidumbre para invertir, la creación de empleos, la seguridad y la economía del país.
Con la sorpresa de que la presidenta, público muy de madrugada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma llamada “supremacía constitucional”, para blindar su “reforma judicial”, luego de que 27 congresos estatales aprobaron, sin un análisis previo el dictamen, queda con antecedente la alarmante cifra del 96.3% de los delitos denunciados e investigados que quedan impunes a nivel nacional.
¿Qué pasará ahora?
Ernesto Madrid
De entrada y por paradójico que parezca, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados, por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial con la suspicacia de que el Comité de Evaluación y Selección del Poder Ejecutivo para evaluar a las personas juzgadoras que participarán en la elección del 2025, tendrá como integrante ‘maravilla’ al exministro Arturo Zaldívar.
Sin duda, en el fondo se percibe como una burla más porque el Señor Zaldívar goza de un haber de retiro que tanto crítica de 192 mil 584 pesos al mes, más su salario como titular de la Coordinación de Política y Gobierno de Presidencia, de al menos 127 mil 500 pesos el mismo que le volteó la espalda a la Suprema Corte que él mismo presidió.
Entre las dudas, está el detalle de que en el comité anunciado por la Presidencia de la República también lo integran Javier Quijano, quien fuera abogado de AMLO, Isabel Inés Romero, quien como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz prácticamente se puso a las órdenes del gobernador morenista Cuitláhuac García acusado de crear 227 empresas fantasma para desvira 5 mil millones de pesos en el estado que aún gobierna y cuya señora, practico el nepotismo típico de este gobierno que impulso a su hijo para ser juez.
Dicen que las acciones pesan más que las palabras y lo que se percibe es que el segundo piso de la cuarta transformación tendrá un poder judicial a modo.
Lo que en realidad sucede y sin duda seguirá sucediendo, es que se sigue ignoraron las causas y las condiciones del sistema de justica en México ya que actualmente, sólo 3.6% de las carpetas de investigación llegan ante un juez. Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías, que, en su mayoría, están en manos de gobierno morenistas, de acuerdo con Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
A lo anterior se suma, la falta de presupuesto, de personal y la sobrecarga de trabajo en las instituciones que impiden disminuir la impunidad y afectan la protección de los derechos de las víctimas y acusados, y como dato queda lo que el documento “Hallazgos 2023” de México Evalúa que señala que los delitos con mayor impunidad fueron desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%). En comparación con el año anterior, aumentó la impunidad en secuestro (+4.2%), desaparición (+3%) y homicidio (+1.1%); mientras que disminuyó el narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%).
Y la sociedad sigue clamando justicia en estados como Oaxaca en donde la impunidad es del 99.93%, Jalisco con 99.12% y Colima (97.57%) que presentaron los mayores niveles; mientras que, en estados como Michoacán, donde la realidad de impunidad sigue siendo del 76.26%, Querétaro con 78.74% y Guanajuato en niveles de 79.82%, reportaron los menores índices, pero la cifra sigue siendo alta. Para el fuero federal, este indicador fue de 95.53% en 2022, último año con datos disponibles
Desde el exterior y en el marco de su reunión anual, el Foro Monetario Internacional (FMI) advirtió que la violencia en México afecta su desarrollo económico. En su reporte final dijo que la primera prioridad para México debe de ser, en reformas que fortalezcan el estado de derecho y el control de la corrupción que alivien los cuellos de botella en infraestructura que impiden que las inversiones lleguen, cuyas opiniones son siempre importantes para inversionistas extranjeros en nuestro país.
Lo delicado del caso es que, la advertencia o recomendación no sorprende a nadie, como tampoco lo fue la descalificación del gobierno mexicano a la postura del FMI olvidándose de que los promotores de la reforma judicial, es decir, los funcionarios del segundo piso de la cuarta transformación aseguraron que ésta contribuirá a la reducción de la impunidad.
¿Será?
Twitter: JErnestoMadrid
Aunque los programas de Harris y Trump tienen similitudes, sus diferencias son significativas, sobre todo en las implicaciones para México. Ahora bien, es poco probable que quieran o puedan cumplir todas sus promesas electorales.
Ernesto Madrid
Lo cierto es que ambos programas son proteccionistas y fiscalmente expansivos, aunque hay fuertes diferencias en la composición de sus políticas, lo cual tiene implicaciones diferentes para México.
En lo que respecta a las políticas de seguridad con respecto a México (narcotráfico), de migración, de impulsar valores democráticos y la protección de derechos humanos, así como políticas ambientales, las diferencias son aún más profundas en sus impactos hacia nuestro país.
De acuerdo con un análisis de Citibanamex, las políticas fiscales de ambos, sobre todo las de Trump, aumentarán el déficit fiscal y la deuda pública, lo que podría llevar a un aumento de la inflación y de las tasas de interés en México.
Con Trump, la deuda de EUA aumentaría el doble que, con Harris, con mayor impacto en mercados emergentes, vía el aumento de las tasas de interés, además, el proteccionismo económico de Trump, y en particular el comercial, es mayor que el de Harris.
Entre los escenarios potenciales de una presidencia Trump hay, sin embargo, uno favorable para México, lo que podría compensar la incertidumbre que provocan sus amenazas hacia nuestro país en el ámbito comercial. Una presidencia Harris supondría continuidad respecto a las políticas de Biden. Se mantendría la política industrial de subsidios y el enfrentamiento con China.
La revisión prevista del TMEC en 2026 será difícil, especialmente con Trump en la presidencia. Harris fue una de los 10 senadores que votaron en contra de la firma del TMEC en 2020, y previamente se había declarado opuesta al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Sus argumentos fueron que no se defendían suficientemente los derechos de los trabajadores de los países socios y, sobre todo, que no enfrentaban los problemas relativos al medio ambiente y al cambio climático.
Las políticas migratorias de ambos candidatos se han endurecido, pero la de Trump es más negativa para los migrantes mexicanos y para las remesas. En la política de seguridad, en temas ligados al narcotráfico y a la epidemia de fentanilo en EUA, también difiere entre candidatos.
Harris podría tener continuidad con la de Biden que, cabe subrayar, se ha endurecido recientemente. De acuerdo con el gobierno mexicano, el arresto del narcotraficante Zambada resultó de una acción unilateral por parte del gobierno de EUA, solo que, es previsible que, si EUA considera que la cooperación con el gobierno mexicano no mejora y que esas acciones continúen aumente la tensión en la relación entre ambos países.
Trump incluso podría reforzar las acciones unilaterales. Si tomáramos literalmente sus declaraciones, anticiparíamos incursiones policiales y militares unilaterales y abiertas en territorio mexicano contra los carteles de narcotraficantes, que podrían incluir bombardeos de laboratorios de maquila de fentanilo. Ello conduciría a una crisis de la relación bilateral.
Lo cierto es que, continúa percepción de riesgo respecto a México ya que, durante octubre continuaron las controversias jurídicas y las movilizaciones en contra a la aprobación de la reforma al poder judicial, lo que abonó al contexto de incertidumbre que prevalece en el país desde las elecciones presidenciales de junio. Así es que las cosas, vienen con muchas advertencias y una fuerte incertidumbre.
Twitter: @JErnestoMadrid
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que devuelve al pueblo a Pemex y a la CFE o mejor dicho al gobierno del segundo piso de la cuarta transformación que en su primera etapa con López Obrador acumuló una perdida de 1.3 billones de pesos, en el 3T24 el PIB aumentó 1.0% trimestral de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI.
Ernesto Madrid
Lo cierto es que las empresas que ahora serán del ‘pueblo’ las administrará el gobierno, en donde Pemex sigue acumulando pérdidas y está en quiebra técnica tal y como la dejó Peña Nieto que para entenderlo mejor, de enero a septiembre de 2024, los ingresos petroleros ascendieron a 774.5 mil millones de pesos (mmdp), un decremento de 6.1% (50.3 mmdp), en términos reales.
Lo que de eso se queda el Gobierno federal (y que financia el gasto en salud, educación, etc.) cayó 57.5% (145 mmdp) y se colocó en 107.3 mmdp, el peor nivel que se tenga registro desde 1990. ¿La razón? El gobierno, para apoyar financieramente a Pemex, le redujo el pago del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC).
Además, en los primeros nueve meses del año, el Gobierno le devolvió 171 mmdp vía transferencias financieras, el mayor monto desde 2021 para un periodo similar de nueve meses. Así, en lugar de obtener ingresos petroleros por Pemex, el Estado terminó con pérdidas por 63 mmdp.
Eso es lo que dicen los analistas de México Evalúa, pero la otra realidad es que el sexenio de López Obrador, Pemex registró una fuga de recursos públicos por 2 billones 731 mil 169 millones de pesos, sin considerar la inflación, por concepto de sus pérdidas netas de su operación y de las aportaciones del gobierno federal, de acuerdo con sus reportes financieros.
De acuerdo con los documentos, publicados por El Universal, revelan que desde el 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2024 la empresa reportó pérdidas netas por un billón 608 mil 282 millones de pesos, más un billón 122 mil 887 millones de pesos como inyecciones de capital. Lo anterior equivale a que la empresa derrochó más de mil 300 millones de pesos diarios en el sexenio de AMLO.
Tan sólo en el tercer trimestre de este año, la petrolera ‘del pueblo’ registró pérdidas por 161 mil 455 millones de pesos, lo que representó su mayor deterioro para un periodo similar desde 2016, reveló el reporte financiero entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Consiente de los anterior, pero sin dar detalles, la presidenta dijo que “Vamos a implementar una política de austeridad republicana muy importante, al interior de Pemex y además, que la haga más eficiente, entonces todo ello si nos permiten lo presentamos ya muy pronto para que sea una idea integral tanto de CFE como de Pemex”, con la salvedad de que la reformas en materia de áreas y empresas estratégicas convierte a Pemex y la CFE en empresas públicas del Estado, dijo Luz Elena Gonzáles, titular de la Secretaria de Energía, un gobierno que como marcan las cifras, ha demostrado ser un mal administrador.
Pero eso sí, el crecimiento del país sorprendió al alza en el 3T24 y el PIB aumentó 1.0% trimestral, con avances en el periodo de 4.6% en el sector primario, y de 0.9% tanto en los servicios como en la producción industrial (PI). El repunte del trimestre se explica a una mejoría de los tres sectores productivos. La sorpresa al alza se relaciona con una mayor resiliencia que la estimada del consumo y la inversión, que podría reflejar, en parte, efectos rezagados del incremento del gasto público del primer semestre.
Solo que, la economía de Estados Unidos moderó al inicio de la segunda mitad del año, pero todavía muestra signos de fortaleza de cara al cierre del 2024 y tuvo un crecimiento de 2.8% a tasa trimestral anualizada, por debajo del 3.0% previsto por el mercado y del periodo previo que también fue de 3.0%, de acuerdo con la primera revisión de la Oficina de Análisis Económico (BEA).
La frase original es “el fin justifica los medios” solo que para le presidenta Claudia Sheinbaum es lo contrario al responderle al embajador Ken Salazar que evidenció al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero de que no han tenido respuesta sobre la detención de “El Mayo” Zambada, con el entredicho de la defensa al gobernador de Sinaloa Rafael Rocha Moya que ha sido evidenciado en sus “mentiras” pero que se presume, tiene relación con los Chapitos.
Ernesto Madrid
El argumento de la presidenta es que no son las maneras de haber realizado la detención de Zambada, sin haberles informado, a propósito de los sistemáticos reclamos de López Obrador y la propia presidenta a Estados Unidos tras la detención del ‘Mayo’.
Lo anterior, pese a que el embajador, les dejó en claro que “A mí me sorprende tanto que no se pueda decir: victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado en los últimos tres años” y desmintió al gobierno de México al señalar que están comunicación continua y, de hecho, el avión y el piloto no son de Estados Unido y que “las investigaciones tienen que seguir y van siguiendo”.
La duda es ¿Por qué no pueden celebrar AMLO y Sheinbaum que un capo de esa magnitud esté tras las rejas? de un gobierno, contradicho que no responde a las progresivas sospechas de sus pactos con el crimen organizado.
Y mientas, siguen sin acatar las órdenes judiciales sobre la Reforma Judicial, provocando incertidumbre y ahuyentando inversiones, para poder tener más poder lo que pone en entredicho su política de transformación que corre por la senda del autoritarismo y se percibe como la perfecta dictadura de partido.
Lo anterior por el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca que propone invalidar parcialmente la reforma judicial, en la que la presienta justificó que “porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución”.
Lo autoritarios son ellos, los ministros de la Corte que buscan invalidar la reforma al Poder Judicialcuando ya es constitucional la iniciativa porque aseguró que ellos, el segundo piso de la cuarta transformación sabe lo que el pueblo, aunque en el práctica, hay señales de lo contrario.
En contexto cabe recordar que la frase “el fin justifica los medios” es de Maquiavelo, pero sí fue inspirada por él, la frase fue escrita por Napoleón Bonaparte en las notas sobre el libro El Príncipe de Maquiavelo un texto que ha sido el pilar de los políticos, en donde el autor, tenía una ideología política basada en la razón de Estado y en la idea de que los gobernantes deben utilizar cualquier medio para conseguir sus objetivos, al que Sheinbaum considera ‘facho’ pero que es como está sucediendo en el actual gobierno
Además, Maquiavelo consideraba que el uso de las armas era natural en una sociedad políticamente organizada, independientemente del tipo de gobierno y creía que los gobernantes deben ser a la vez amados y temidos, pero que más vale lo segundo y desaconsejaba el uso extremo de la violencia, pero consideraba que era necesario recurrir a actos de crueldad para mantener unidos a los súbditos.
Sin duda, los rasgos que perfila Maquiavelo, como consideraba que el gobernante debe cambiar de actitud una vez que ha asegurado el poder para ganarse la simpatía de sus gobernados, sin dejar de ser temido por sus enemigos, es una señal clara de la actual administración bajo el argumento de que los 36 millones de votos con lo que obtuvo el triunfo, es el pueblo en general y no el 80% que voto en contra, porque hasta el momento, no han tendido puentes de diálogo para consensar sus leyes.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación tendrá que lidiar con tres herencias que le dejo el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde destaca la concentración del poder, como el mayor obstáculo para el desarrollo del país que apunta a “un sistema político que estará configurado para servir al crimen organizado, independientemente de quién esté al mando”.
Ernesto Madrid
Se suma a lo anterior, de acuerdo con un análisis de México Evalúa, una administración financieramente limitada, con un aumento de la deuda pública y del gasto en pensiones que redujo el margen fiscal disponible.
Y en el contexto, la posible extinción del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que amenaza con convertir el derecho a la información, en una prerrogativa discrecional además de un sistema de justicia debilitado donde, su personal, ya de por sí enfrentando amenazas y violencia, ahora estará expuesto a la violencia político-criminal propia de los procesos electorales, gracias a la reforma judicial.
En primer caso, plantea el organismo que, “La izquierda política nunca ha entendido que, si le das suficiente poder al gobierno para crear ‘justicia social,’ le has dado suficiente poder para crear despotismo. Millones de personas alrededor del mundo han pagado con sus vidas por pasar por alto esta verdad evidente,” traza Thomas Sowell, uno de los estudiosos más agudos en asuntos político-económicos, sobre todo en materia de discriminación, por el hecho de ser negro.
Resalta que, todo el sistema político mexicano es disfuncional porque vivimos en un país en el que el gobierno es sumamente pesado, pero no ejerce su responsabilidad de preservar la paz y la seguridad de la población a la vez que se avanza el desarrollo económico.
“Estas responsabilidades esenciales de cualquier gobierno no se cumplen porque todo el sistema es disfuncional o, más bien, porque no fue diseñado para esos objetivos. El sistema fue diseñado para el control de la población, lo que ya tampoco se alcanza dado que, de facto, está dedicado al funcionamiento eficaz del crimen organizado en general y del narcotráfico en lo particular.”
En paralelo y de acuerdo con el análisis del organismo, el llamado margen fiscal de los ingresos públicos, que representa los recursos disponibles para realizar políticas públicas —es decir los que no están ya comprometidos—, descendió en agosto a 2,144 mil millones de pesos (mmdp). Esto es 10.7% (258 mmdp) menor a lo observado en el mismo mes de 2018 (recordemos que López Obrador asumió el poder en diciembre de aquel año).
¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene un menor capital de libre disposición para ofrecer servicios públicos a la población, para crear nuevos programas o para enfrentar posibles crisis económicas. ¿La razón? Ya hay muchas obligaciones financieras y de gasto, que consumen los limitados ingresos gubernamentales.
En este escenario, la propuesta de transferir las funciones del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno recientemente anunciada, limitará nuestro derecho a saber ya que este organismo no cuenta ni podrá contar con las facultades que actualmente tiene el Instituto y que son indispensables para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT).
Este gobierno estaría trazando una ruta distinta a lo que se requiere para lograr la paz social, el progreso económico y la certidumbre para invertir, ya que el país no cuenta con un sistema idóneo en tanto que la presidencia es cada día más poderosa por lo que se requiere, una presidencia con los atributos necesarios, pero también con contrapesos efectivos, que le impidan a quien ocupe esa función abusar de su poder y destruir a diestra y siniestra sin acotación alguna.
¿Podrá la presidenta defender la democracia y la seguridad en el campo minado que recibió?
Elimina el derecho de impugnar reformas constitucionales mediante el Juicio de Amparo y rompe la protección contra el abuso de poder
Mientras el poder ejecutivo y legislativo dominado por la sobrerrepresentación festejan la supremacía constitucional bajo el alegato de que es lo que el pueblo quiere, pese a que sólo hablamos de 36 millones de votos a su favor, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte un retroceso histórico y sin precedentes para los derechos ciudadanos ante la aprobación del dictamen en materia de impugnabilidad.
Ernesto Madrid
“Por primera vez en 167 años, una reforma de amparo restringe los derechos ciudadanos, rompiendo la protección histórica contra abusos del poder público…la iniciativa de Morena elimina el derecho de impugnar reformas constitucionales mediante el Juicio de Amparo, debilitando el Estado de Derecho -y- (representa) la retroactividad incluida en la reforma -que- genera incertidumbre jurídica, viola el principio de no retroactividad y desalinea la inversión”, precisa la advertencia empresarial.
Señaló que es una amenaza directa al equilibrio de poderes y los derechos ciudadanos que surge con la reforma que recientemente aprobó el Senado de la República ya que, esta iniciativa otorga al Poder Legislativo la facultad de modificar la Constitución sin que ninguna instancia judicial pueda revisar la constitucionalidad de sus propuestas.
“Nos preocupa este cambio que pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas” advirtió, ya que el Juicio de Amparo, que ha sido durante más de 160 años un baluarte de la justicia en México, está siendo debilitado.
“La iniciativa promovida por el grupo parlamentario mayoritario en el Senado elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante este mecanismo, lo que abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos”, explicó.
“Dicha reforma no solo es angustiante por la restricción de los derechos de los ciudadanos a defenderse ante posibles abusos de poder, sino también por su carácter retroactivo. Asimismo, plantea que decisiones previas de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de reformas queden sin efecto, lo cual viola el principio de no retroactividad consagrado en nuestra Constitución y genera una grave incertidumbre jurídica que afecta la confianza en el país, tanto de los ciudadanos como de los inversionistas”.
En medio de todo esto, la seguridad jurídica, que es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, no está garantizado, ya que a la par, la violencia en el país, no se ha detenido, sino que se advierte con mayor fuerza, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo de reconocer que hay delincuencia organizada en México, se deslindo cuestionando al país vecino del norte con diversas interrogantes como ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas? y en particular el fentanilo. Es aquí, pero también allá, porque dijo que las armas asesinas, proviene de aquel país como las que se usaron en los recientes asesinatos en Técpan de Galeana, Guerrero.
Lo cierto es que, la mandataria, no ha generado confianza, ni entre los inversionistas ni entre la sociedad ni se ha dedicado a tender puentes a los sectores que no votaron por ella, en lugar de hacer giras por el país para seguir “encantando” a su clientela de Morena ni ha dejado de usar un lenguaje beligerante contra los opositores.
Total, ya ganó la presidencia, tiene el control del Congreso y seguramente tendrá también el control de la Corte muy pronto, por eso a los empresarios les inquieta la rapidez y las omisiones con la que estas iniciativas han sido promovidas y aprobada en el Senado, sin el necesario consenso de los diversos sectores de la sociedad.
Lo anterior porque aseguran que, al eliminar la posibilidad de que el Poder Judicial revise las decisiones del Congreso, se incrementa el riesgo de arbitrariedades y se deteriora la confianza en las instituciones, con efectos negativos para la protección de los derechos ciudadanos, el crecimiento del país y las inversiones, por decir solo algunas.
El terrorismo se define como el uso sistemático del terror para coaccionar a gobiernos u organizaciones con fines políticos o ideológicos, tal como lo justificó el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, pero en el fondo, se trata de la dominación del terror ante la complacencia que le ha dado el gobierno federal, desde el sexenio pasado, a los cárteles de la droga.
Ernesto Madrid
Lo anterior, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los hechos suscitados ese jueves en Técpan de Galeana, Guerrero, y Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato sean actos de “terrorismo”, pero dijo que el martes informamos además “¿qué quiere decir terrorismo?, ¿qué quiere decir delincuencia organizada? Y ahí discutimos el tema del terrorismo. No es que no lo queramos plantear hoy, pero estamos aquí para el tema de la vivienda”, justificó como Obrador en su sexenio.
¿Será que ya terminó la era de los abrazos y no balazos?
Si bien es cierto que no se podrían catalogar como actos terroristas, muchas señales apuntan lo contrario, como por ejemplo la colusión de los gobiernos de la cuarta transformación por controlar el territorio político del país con la ayuda del brazo armado de los cárteles de la droga, para coaccionar a la población en las elecciones.
Pero dice la presidenta, que “las personas que votaron por mí están de acuerdo”, pero con la elección judicial que se advierte como una medida, en dónde se podría incrustar el narco como han advertido diversos analistas nacional e internacionales.
Lo cierto es que, la correlación de fuerzas ha cambiado porque el valor potencial de la tierra ha subido de prácticamente nada, a miles de millones de pesos, como sucede en Chiapas, en dónde el asesinato del sacerdote Pérez volvió a colocar al estado, en el centro del infierno de la violencia nacional, donde “Los Zetas ya habían consolidado su negocio de trata y tráfico humano tras arrebatarle un poco del territorio al Cártel de Sinaloa, y en ese momento estaba irrumpiendo el Cártel Jalisco Nueva Generación” detalla el Raymundo Riva Palacio.
Lo anterior no es distante ni tan distinto de lo que sucede en el resto del país, el control por lo que podría llamar la “narcoeconomía” que tienen tintes políticos e incluso ideológicos muy apegados a los principios del segundo piso de la cuarta transformación, se extienden por todo el país, frente a una sociedad que no merece “líderes tan frívolos ni incompetentes”, como lo fue López Obrador “que dejó un tiradero”.
Lo anterior, porque en los primero 26 días que lleva la Sheinbaum en el gobierno son. claro, insuficientes para que ya se vean los resultados, pero ya se estaría hablando de casi una cuarta parte de los primero cien días de gobierno, para que se empiece a notar la diferencia, que no será muy distinta del sexenio pasado, sobre todo, con la sobrerrepresentación que acusó la oposición, aunque el gobierno diga que “se ganó de manera contundente”.
A lo anterior se suma el avance de la “supremacía constitucional” que hará intocables las reformas constitucionales de Morena y que incluso la minuta ya está en la mesa de la Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de Diputados, lo que es visto por muchos, -como la propia minoría de la oposición- como el inicio de la instauración de una dictadura en México por parte de Morena.
Así es que eso que dice la presidenta “que el pueblo estaba de acuerdo con las reformas, sino no, no hubieran votado por legisladores de nuestro movimiento” queda la pregunta de si también está el pueblo de acuerdo con la violencia en el país, que más que combatirse, se ve que está creciendo al amparo del gobierno, por el control del territorio, sí pero quizás también para mostrar, quién manda en México.
Lo cierto es que el Código Penal en su párrafo reforma y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2024, establece que “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y multa de cuatrocientas a mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
Mientras que los que encubran actos terroristas, de acuerdo con el artículo 139 Bis adicionado al DOF 28 de junio de 2007, “Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad” a lo que se suma la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vinculante para el Estado Mexicano, que establece que los Estados Parte deben prevenir, reprimir y tipificar el financiamiento de actos terroristas .
Pero el pueblo no es tonto y nunca se equivoca, así que se podrá disfrutar de estos avances democráticos quienes optaron por el camino equivocado y dieron su voto a la oposición, es decir 36 millones contra 90 millones que no estuvieron de acuerdo por lo que, en México, nada pasará.