- De Romo a García Luna: la ruta del dinero que el gobierno no quiere ver
La reciente intervención de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero en favor del crimen organizado, sacudió los cimientos del sistema financiero mexicano. Pero más allá de lo que muestran los comunicados oficiales, esta crisis revela una red estructural de protección institucional que favorece a bancos, empresarios y exfuncionarios vinculados al poder y al crimen.
Ernesto Madrid
La reacción del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido ambigua. Mientras la CNBV intervino temporalmente a CIBanco e Intercam y Vector —ligada al empresario Alfonso Romo, exjefe de Oficina de López Obrador— fue protegida durante siete horas, a pesar de que el mismo Departamento del Tesoro denunció que habría canalizado millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa hacia Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
La Secretaría de Hacienda, por medio de su titular Édgar Amador, -de quien se ha asegurado trabajo al lado de Alfonso Romo en Vector- justificó la diferencia de tratamiento legal bajo el argumento de que las casas de bolsa se rigen por otra ley. Sin embargo, el trasfondo es político: Vector es un símbolo de poder económico cercano al régimen, y su dueño, Romo, uno de los principales aliados de la 4T en el empresariado.
Los antecedentes son contundentes. Desde junio de 2024, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había solicitado a la CNBV investigar las cuentas de Vector relacionadas con Nunvav Inc., empresa fachada usada por los prestanombres de García Luna. Se documentaron al menos 47 millones de dólares en transferencias vinculadas a ese esquema.
No obstante, la respuesta del gobierno mexicano ha sido defensiva. “No hay pruebas”, repitió la presidenta Sheinbaum el 26 de junio, 23 veces, como si los señalamientos de FinCEN, las investigaciones judiciales en E.U. y las advertencias públicas fueran “dichos”. La narrativa de la soberanía se impone a la colaboración en materia de seguridad.
Las leyes están hechas para proteger a los bancos, no a quienes pierden sus ahorros por estafas o ganan con el lavado de dinero en las que las propias instituciones son omisas o negligentes. Y mientras se protege a banqueros cercanos al poder, se castiga a opositores incómodos, como Ricardo Salinas Pliego, exhibido públicamente por supuestos adeudos fiscales, en contraste con el blindaje ofrecido a Vector y Romo.
En este contexto, la calificación de riesgo de CIBanco fue degradada por Standard & Poor’s a nivel especulativo (mxCCC+), y Fibra Inn ya inició el proceso para removerlo como fiduciario. Pero el problema no es solo de liquidez o reputación. Es un problema de legitimidad del sistema: la banca mexicana ha sido usada como vehículo para fraudes, lavado de dinero y corrupción de alto nivel… y el Estado ha sido cómplice.
¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno mexicano a encubrir las redes de poder que conectan dinero, política y crimen? El desenlace no depende de la ley —que ya está escrita para proteger al fuerte—, sino de la voluntad de ejercerla con justicia. Y, hasta ahora, la justicia parece estar siempre del lado de estos.
@JErnestoMadrid
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