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Carlos Roberto Matty
- Sonora
El primero de noviembre de 2025 será recordado como el día en que el país enterró su última ilusión de justicia. En Uruapan, Michoacán, la fiesta del Día de Muertos terminó siendo una ceremonia real: el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, el único político que se atrevió a desafiar al crimen organizado y a señalar la complicidad del poder.
Ernesto Madrid
Lo mataron frente a su gente, en la plaza, en medio de velas y música. Pero no fue una bala de plomo la que lo mató. Fue la bala invisible de la indiferencia nacional, la que se dispara desde los escritorios del poder y se carga con silencio ciudadano.
De los “valientes no asesinan” de antaño, México ha pasado a su versión más cruel: “a los valientes, los asesinan.”
La presidenta Claudia Sheinbaum salió con su libreto de siempre: “No habrá impunidad.”
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lamentó el crimen y habló de “dar la cara.”
El secretario Omar García Harfuch prometió justicia y anunció —como si eso fuera consuelo— que catorce elementos federales custodiaban al alcalde. Catorce.
Ni así pudieron evitar que lo mataran.
Esa es la magnitud del fracaso: en un país donde ni catorce escoltas federales bastan, las instituciones ya no protegen; acompañan al funeral.
Mientras Sheinbaum promete que no regresará “a la guerra de Calderón”, su secretario admite lo evidente: “es necesaria la fuerza del Estado.” La contradicción los delata. La retórica de paz ya solo sirve para maquillar la guerra perdida.
Y mientras el narco conquista territorio, el gobierno conquista titulares: los youtuberos del oficialismo minimizan el crimen, los medios alineados suavizan los titulares y el dinero público vuelve a callar las redacciones.
Carlos Manzo no era un político más. Era el alcalde que denunció lo que nadie quería ver: la colusión entre el gobierno estatal de Ramírez Bedolla y los cárteles, la extorsión a productores de aguacate y limón, las cuotas impuestas por las células criminales.
Lo dijo sin miedo:
“Prefiero convocar al pueblo de Uruapan a tomar las armas que arrodillarme ante el crimen organizado.”
Y ante las amenazas, respondió con una frase que hoy retumba como epitafio:
“Tengo miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía. No podemos dar ni un paso atrás.”
Lo dijo. Lo cumplieron. Lo mataron.
Fue el segundo crimen político en Michoacán en menos de quince días, después del asesinato del líder agrícola Bernardo Bravo, otro hombre que denunció la corrupción y la extorsión. Dos muertos, una misma raíz: el Estado ausente.
Manzo no pedía milagros. Pedía presencia, apoyo, Estado. Pero su voz cayó en el vacío de un gobierno que escucha con sordera selectiva.
El gobernador Bedolla tuvo el descaro de presentarse en el funeral.
Los uruapenses le respondieron con lo que merecía: “¡Asesino!” “¡Fuera!”
El pueblo lo corrió a gritos, porque en Michoacán ya no se confunde la compasión con el cinismo. Y Bedolla, acorralado, dijo en conferencia:
“Fui a ponerme a las órdenes de su familia. Entiendo la indignación.”
Entiende, pero no actúa. Lamenta, pero no renuncia. Promete, pero no cumple.
Y así, con declaraciones tibias y rostros compungidos, se repite el ciclo nacional: matan, condenan, prometen, olvidan.
El mensaje es brutal y claro: ni la Guardia Civil ni el gobierno controlan Michoacán.
Los dueños del estado se apellidan Cártel, y despachan desde oficinas más seguras que cualquier Palacio de Gobierno.
El crimen de Manzo no fue solo un asesinato: fue un aviso.
El mensaje del narco fue directo y pedagógico: “el que habla, muere.”
Y el del gobierno, aún más infame: “el que muere, será lamentado, no protegido.”
La hija de Amparo Romero, aquella enfermera atacada por perros en 2024, lo resumió mejor que cualquier editorial: “Te quedó grande, México.”
Y sí, nos quedó grande a todos: a los políticos de izquierda, derecha o centro que huyen a Europa a “descansar”; a los que lloran en Gaza pero callan en Uruapan;
a los que legislan la impunidad con discursos de moral pública.
El país que alguna vez presumió héroes hoy fabrica mártires.
Y la historia que antes escribían los valientes ahora la corrigen los cobardes.
Carlos Manzo no fue un alcalde más. Fue un mexicano que se negó a negociar con el miedo.
Por eso lo mataron.
Y mientras sigamos aceptando la injusticia como paisaje, seguirán cayendo los mejores.
Porque en México, los valientes no matan.
A los valientes, los matan.
@JErnestoMadrid
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“Nosotros no decimos mentiras”, aseguró Claudia Sheinbaum en su ya célebre tono doctoral, el mismo con el que se desmienten hechos comprobables y se glorifica la estadística a conveniencia. La frase surgió tras una pregunta incómoda de reporteros sobre el paradero de Simón Levy, exfuncionario de la 4T.
Ernesto Madrid
“Está detenido en Portugal”, dijo la presidenta.
Y aunque Simón Levy, con el que hay que tener cuidado, lo desmintió, horas después, propio de quienes pertenecieron a la cuarta transformación en el periodo del expresidente López Obrador, con la contradicción, Simón Levy si está en libertad, pero con medidas cautelares.
Mientras tanto, el país sigue su curso. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que trece empresas fantasma fueron constituidas en notarías de los hermanos Adán Augusto y Melchor López Hernández, ambos cercanos al círculo presidencial.
En la Notaría 27, de Adán Augusto, quién se aferra a su cargo, nacieron CCTI y Surface Technology, compañías señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de triangular 270 millones de pesos de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto.
En la Notaría 13, de Melchor, apareció E&P Solutions, con otros 194 millones de pesos desviados bajo el mismo esquema. En total: 464 millones evaporados con fe pública y tinta tabasqueña.
Pero las notarías no son lo único que huele a humo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó esas y otras diez firmas más en su lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como factureras. Una de ellas, Grupo Consultor de Tabasco, S.A. de C.V., fue creada ante la presencia del propio Adán Augusto, cuando aún juraba que su firma sólo certificaba “el progreso del pueblo”.
Y mientras la justicia fiscal se entretiene con oficios y sellos, las Fuerzas Federales detuvieron en Tuxtla Gutiérrez a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, “El Carnal”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y enlace directo del exsecretario de Seguridad tabasqueño Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” —sí, el mismo que ocupó el cargo con la venia del entonces gobernador Adán Augusto. En el expediente aparecen también El Mamado, Indeco y Chichirria, nombres de caricatura en una trama criminal que, curiosamente, tampoco se menciona en las “mañaneras del pueblo”.
Pero lo verdaderamente heroico ocurre en el tablero financiero. El Congreso aprobó para 2025 apoyos a Pemex por 136.2 mil millones de pesos, según la Secretaría de Energía (Sener). Sin embargo, de enero a septiembre el gobierno ya transfirió 380.6 mil millones, es decir, 179% más de lo autorizado.
Para dimensionar: el rescate a la petrolera superó el gasto total de la Secretaría de Educación Pública, que ejerció 361.1 mil millones en el mismo periodo de acuerdo con México Evalúa. En otras palabras, el país invierte más en sostener pérdidas que en educar al futuro.
Y, aun así, la presidenta insiste en que “Pemex está mejor que nunca”. Quizá lo esté… si medimos el éxito en la velocidad con la que se hunde.
Mientras tanto, la percepción de inseguridad entre los adultos mayores de 18 años alcanzó 63%, de acuerdo con el INEGI. La gente tiene miedo de vivir en sus propias ciudades, pero la narrativa oficial asegura que “el país está en paz”. Paz, claro, entendida como silencio mediático y estadísticas con perspectiva optimista.
En el frente económico, la actividad industrial cayó 0.5% en el tercer trimestre, empujando al PIB a su primer retroceso de 2025. El crecimiento proyectado de 1.5% por la Secretaría de Hacienda ya parece un recuerdo optimista.
Mientras tanto, Donald Trump reaviva su diplomacia de mazo: cancela vuelos desde el Aeropuerto Felipe Ángeles, mantiene la frontera cerrada al ganado mexicano y continúa pactando acuerdos comerciales con todos… menos con México.
Desde Palacio, Sheinbaum responde: “México no es una piñata”.
Cierto. Pero entre los golpes externos y los autogoles internos, el país parece, cuando menos, una caja de sorpresas que sangra presupuesto. Aunque el gobierno de México ya cedió, de acuerdo con el Departamento de Transporte en un documento fechado el 28 de octubre y se reanudaran los servicios con slots en el Aeropuerto de la Ciudad de México, para la temporada de verano de 2026.
Así, la presidenta cumple con su palabra de “nosotros no decimos mentiras”, sólo elige con cuidado qué parte de la verdad cabe en la transmisión matutina y cuál debe permanecer bajo reserva.
Después de todo, en el México del Segundo Piso de la Transformación, la transparencia no se niega: se administra.
@JErnestoMadrid
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Los bancos mexicanos se han vuelto expertos en el arte de la limpieza: se frotan las manos, las lavan y salen oliendo a legalidad. Esta semana, la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció su nueva cruzada moral: a partir del 1 de julio de 2026, toda persona que deposite o retire más de 140 mil pesos deberá presentar una identificación oficial y un dato biométrico.
Ernesto Madrid
En teoría, la medida busca combatir fraudes y lavado de dinero. En la práctica, es otra jugada para quedar bien con Estados Unidos y distraer de los escándalos recientes. Y mientras tanto, en estos ocho meses de gracia, los fraudes a particulares seguirán ocurriendo con la misma naturalidad de siempre, sobre todo en bancos como BBVA y Banamex, donde las reclamaciones se resuelven con el elegante sello de la impunidad: “fue culpa del cliente”.
Con sus ejércitos de abogados prepotentes, que ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sus cómplices per se, las instituciones bancarias seguirán justificando los robos, bloqueando los reclamos y blindando sus intereses. Porque en México, la banca no solo lava dinero, también lava responsabilidades.
El presidente de la ABM, Emilio Romano, aseguró que esta medida “va más allá de la regulación” y que busca “digitalizar la economía y combatir el uso de efectivo”. Una declaración tan solemne como conveniente, justo cuando varios bancos se encuentran bajo observación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
Solo que, a estas alturas, algunos de esos bancos ya ni existen. CI Banco, por ejemplo, ya fue revocado y vendió todos sus activos; solo quedan residuos en manos del IPAB, que deberá liquidar lo que resta.
Intercam, por su parte, se deshizo de sus tres filiales en Estados Unidos, vendió su fondo de inversión, casa de bolsa y activos bancarios a Kapital, quedándose como un elegante cascarón financiero, con algo de capital, pero sin operaciones bancarias.
Aun así, la ABM presume “medidas contundentes” y “plataformas de información en tiempo real” para prevenir el lavado. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplaude, a pesar de haber impuesto sanciones por 185 millones de pesos a Intercam, CI Banco (en su etapa final) y Vector Casa de Bolsa, en el marco de una investigación internacional.
El monto suena fuerte, pero en un sistema que gana más de 300 mil millones de pesos al año, equivale a un coscorrón contable.
Y mientras el Banco de México intenta moderar las comisiones de las tarjetas para “impulsar la inclusión financiera”, los banqueros se quejan de que eso sería “un control encubierto de precios”. Quieren digitalizar la economía, sí, pero sin renunciar al control de la caja y sin que les toquen los márgenes.
Así que el guion se repite: anuncian medidas con olor a transparencia, pero que entran en vigor cuando ya nadie las recuerde. Los bancos ponen las reglas, la autoridad asiente y el usuario paga el costo.
Así, mientras las autoridades regulatorias intentan, con timidez, ajustar las tuercas, los bancos responden con la elegancia de quien dicta las reglas del juego: aceptan “corresponsabilizarse” de la bancarización, siempre y cuando puedan decidir cómo, cuándo y cuánto.
Porque en el sistema financiero mexicano, los fraudes se perdonan, las sanciones se descuentan y la reputación se limpia con comunicados de prensa.
Y mientras llega julio de 2026, los bancos seguirán haciendo lo que mejor saben hacer: lavar… pero no precisamente el dinero de otros, sino su propia conciencia.
Al final, lo de siempre: los bancos se frotan las manos… y luego se las lavan. Porque en México, cuando el dinero sucio pasa por caja, la culpa nunca cotiza en bolsa.
@JErnestoMadrid
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La economía mexicana parece haberse especializado en el arte del tropezón elegante. Según la estimación oportuna del INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3% durante el tercer trimestre de 2025, arrastrado por una producción industrial que se desplomó 1.5%. Nada que no se esperara, por supuesto. Banamex Estudios Económicos y el consenso de analistas ya lo habían adelantado: el país crece poco, pero cae con estilo.
Ernesto Madrid
Mientras tanto, el sector primario —esa vieja maquinaria del campo— sorprendió con un avance de 3.2%, acaso empujado por la necesidad más que por la política pública. Los servicios apenas se movieron 0.1%, reflejando la fatiga de una economía que sigue viva gracias al consumo interno y las remesas, esos dólares de esperanza que cruzan la frontera más rápido que las reformas prometidas.
A tasa anual, el PIB cayó 0.2% y acumuló un magro crecimiento de 0.2% entre enero y septiembre. Un logro modesto que el discurso oficial traducirá, sin duda, en “estabilidad con justicia social”. Pero detrás de la retórica, la realidad muestra un modelo agotado: el industrial lleva cuatro trimestres consecutivos en negativo y las manufacturas —motor del empleo y de la exportación— muestran señales de fatiga estructural.
El panorama no mejora con el horizonte fiscal. El Paquete Económico 2026, según la COPARMEX, se sostiene sobre bases más realistas que en años anteriores, aunque no por ello más alentadoras. El gobierno prevé un crecimiento entre 1.8% y 2.8%, un optimismo que choca con las proyecciones privadas que apenas rozan el 1.4%. Todo esto mientras la deuda pública alcanzará un histórico 52.3% del PIB —unos 151 mil pesos por habitante—, demostrando que la austeridad también sabe endeudarse cuando conviene.
Los ingresos tributarios crecerán 6.5%, aunque el gasto sigue apostando más a la dádiva que a la productividad. El presupuesto mantiene un sesgo asistencial, más orientado a sostener clientelas que a fortalecer capacidades productivas. Las MiPyMEs, responsables de siete de cada diez empleos, vuelven a quedar fuera del radar presupuestal, relegadas detrás de megaproyectos energéticos y obras emblemáticas que no necesariamente producen energía… ni confianza.
El rubro de salud recibirá 965.7 mil millones de pesos, apenas el 2.5% del PIB, muy lejos del 6% recomendado por la OMS. Pero lo importante, dicen en Palacio, es que el IMSS tendrá más recursos —aunque la Secretaría de Salud y el ISSSTE sufran recortes— y que COFEPRIS, con un presupuesto reducido en 5.9%, siga revisando expedientes con la velocidad de un caracol con insomnio.
En educación, el gasto crecerá 3.4%, pero un tercio de los recursos irá a las Becas Benito Juárez. Una inversión noble, aunque limitada: se beca más, pero se enseña menos. Y mientras los alumnos reciben apoyos, las escuelas continúan sin infraestructura, los maestros sin capacitación y la tecnología sin llegar al aula.
En seguridad, los números son igual de elocuentes. Aunque el gasto total aumentará 3.6%, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana perderá casi una quinta parte de su presupuesto. En cambio, la seguridad interior y los asuntos de orden público —léase: presencia militar— recibirán aumentos de dos dígitos. La lógica es clara: la paz se mide en efectivos desplegados, no en delitos reducidos.
La inversión pública sube 19.8% hasta alcanzar 3.2% del PIB, pero más del 80% se concentrará en energía, vivienda y transporte. PEMEX absorberá uno de cada cuatro pesos invertidos, consolidando su estatus de agujero financiero con causa nacionalista. El Tren Maya, ese símbolo del segundo piso de la transformación, continuará devorando recursos mientras hospitales y escuelas siguen esperando turno.
Desde COPARMEX, el mensaje es claro: sin fortalecer a las MiPyMEs, sin garantizar certeza jurídica y sin orientar la deuda hacia inversión productiva, México corre el riesgo de quedar atrapado en su propio laberinto presupuestal. La confederación propone reorientar recursos, fortalecer el Estado de Derecho y apostar por innovación, infraestructura y capital humano.
En otras palabras, hacer lo contrario de lo que se viene haciendo.
El país necesita un presupuesto que deje de administrar la pobreza y empiece a construir riqueza. Pero por ahora, el discurso de la “transformación con justicia social” parece más cómodo en la estadística que en la realidad productiva.
Porque si algo ha demostrado el gobierno mexicano es su habilidad para mantener la economía en equilibrio: ni tan mal como para caer, ni tan bien como para levantarse.
@JErnestoMadrid
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La relación bilateral entre México y Estados Unidos acaba de perder altitud. El Departamento de Transporte estadounidense (DOT) decidió revocar 13 rutas aéreas desde el AIFA y el AICM hacia ciudades clave de Estados Unidos, afectando directamente a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Una medida que, más que un ajuste técnico, suena a castigo político con escala en la diplomacia y destino en la turbulencia.
Ernesto Madrid
El golpe llega justo antes de la temporada vacacional —diciembre a marzo—, dejando varados no sólo a turistas, sino también a una administración que confiaba en el cielo como símbolo de “transformación y soberanía aeroportuaria”.
“La decisión unilateral y sin previo aviso tendrá un impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos”, lamentó Viva Aerobus, que verá truncados vuelos hacia destinos como Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Miami y Orlando.
Desde el sindicato de pilotos ASPA, el tono fue más institucional, aunque no menos inquieto. Exhortaron al gobierno federal a “actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica”, recordando que defender la conectividad aérea no es una cortesía, sino un asunto de Estado. Traducido: si el cielo se cierra, el turismo, la inversión y la credibilidad también.
El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, justificó la decisión acusando a México de haber “congelado ilegalmente” operaciones de una aerolínea estadounidense durante tres años, violando el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015.
El castigo no sólo suspende los vuelos combinados desde el AIFA, sino que también prohíbe nuevas rutas y restringe incluso el transporte de carga, otro tema sensible tras la imposición mexicana de trasladar toda la carga del AICM al AIFA.
Los analistas ya comparan esta medida con la degradación de categoría aérea de 2021, estimando pérdidas de hasta 150 millones de dólares anuales y un nuevo golpe a la imagen del AIFA, el aeropuerto que debía ser símbolo de independencia, pero que cada vez se parece más a una terminal de vuelos cancelados por geopolítica.
En el fondo, la decisión estadounidense no sólo mide la gestión aérea mexicana, sino su capacidad de mantener acuerdos internacionales sin convertir cada negociación en un acto de soberanía mal entendida. La cancelación también exhibe las consecuencias del voluntarismo burocrático y la improvisación técnica disfrazada de política nacionalista.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ofreció un consuelo a la mexicana: aclaró que la medida no será inmediata. “Si se confirma, entrará en vigor dentro de 108 días hábiles”, lo que suena más a tregua diplomática que a solución real. En ese lapso, las aerolíneas podrán operar “bajo las condiciones actuales”, mientras el gobierno promete más mesas de trabajo… y quizá menos vuelos.
El costo político para el gobierno de Claudia Sheinbaum es innegable: deberá equilibrar una crisis diplomática con Washington y evitar que la incertidumbre se traduzca en turbulencias económicas. Porque si algo demuestra este episodio es que, en materia de aviación, no basta con despegar: hay que saber mantener el vuelo.
@JErnestoMadrid
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Durante la madrugada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con aire de alivio el “primer acuerdo” con los agricultores que mantuvieron bloqueadas las carreteras del país por más de 24 horas. Un pacto que, según dijo, pondría fin a las protestas en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Pero la sonrisa duró lo mismo que una cosecha sin agua.
Ernesto Madrid
Tras varios tropiezos y una evidente falta de experiencia política, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, logró finalmente encauzar un acuerdo en la madrugada que permitió la liberación de las carreteras. Según lo informado, el gobierno ofreció 950 pesos por tonelada de maíz blanco para el Bajío, beneficio que alcanzará a unos 90 mil productores. Además, se abrirán líneas de crédito accesibles a través del programa Cosechando Soberanía con una tasa del 8.5% anual, se establecerá un Sistema Nacional de Comercialización del Maíz, y se crearán mesas de diálogo permanentes entre productores y compradores para regular el mercado.
El compromiso incluyó también priorizar la compra de la cosecha nacional y permitir que los representantes campesinos hagan observaciones directas a las reglas operativas.
Sin embargo, más que un triunfo, el acuerdo parece un respiro temporal. El gobierno logró desactivar momentáneamente los bloqueos, pero no disipar el malestar de un sector que se siente traicionado por quienes prometieron devolverle la dignidad al campo. La negociación nocturna puede presumirse como un éxito logístico, pero no como una victoria política.
Porque mientras Sheinbaum presume estabilidad, los agricultores insisten en que solo levantaron los bloqueos, no las exigencias. Y el campo, que alguna vez fue la tierra fértil del voto lopezobradorista, hoy germina descontento con la misma rapidez con la que el gobierno intenta apagar incendios.
La ironía alcanza niveles de tragicomedia cuando el gobierno que pregona la “soberanía alimentaria” importa ya el 58% del maíz que consumen los mexicanos. Sí, “sin maíz no hay país”, repiten con orgullo en los discursos, mientras los productores sobreviven entre deudas, recortes y promesas incumplidas. El eslogan que alguna vez fue emblema de lucha hoy suena más a epitafio del campo mexicano.
Y por si los tractores no bastaran, el gobierno enfrenta también a sus otros aliados descontentos. La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) suspendió su bloqueo masivo en la Ciudad de México tras alcanzar un acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para “reanudar el diálogo” sobre la tarifa del transporte público. Una tregua frágil, sostenida más por la cortesía que por la confianza.
Pero aún no se secaba la tinta del comunicado, otro frente estalló en Tepotzotlán. Un contingente de piperos bloqueó la autopista México–Querétaro porque, según denuncian, los acuerdos alcanzados el lunes resultaron tan falsos como los números telefónicos que les dio la Comisión del Agua del Estado de México para “coordinar la distribución del líquido”. “Marcan y no contesta nadie”, dijeron. En efecto, ni el teléfono ni el gobierno dan tono.
Y mientras los piperos reclamaban agua, comerciantes y transportistas del Valle de Cuautitlán Izcalli marchaban hacia la capital para exigir el fin de lo que llaman “persecución judicial” por parte de la Fiscalía mexiquense.
Así, entre tractores enardecidos, pipas varadas y transportistas irritados, la administración de Sheinbaum enfrenta un cóctel explosivo: las inconformidades de quienes alguna vez fueron su base social. Los mismos que llenaron plazas y urnas, hoy llenan carreteras y casetas.
En los pasillos de Palacio Nacional ya buscan culpables. Se dice que detrás de la “articulada protesta campesina” podría estar la mano de “Alito” Moreno, ese enemigo que resucita cada vez que el gobierno necesita un villano. Pero ni el PRI tiene tantos tractores, ni los productores tanta paciencia.
Porque en el fondo, lo que se cosecha hoy no es más que el fruto amargo de la improvisación y la soberbia: un gobierno que prometió escuchar al pueblo, pero ahora solo oye el eco de sus propios discursos.
Y mientras los conflictos germinan por todo el país, Sheinbaum parece decidida a probar si también puede cosechar tempestades.
@JErnestoMadrid
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Durante septiembre, el país vivió una paradoja digna de gabinete: la “transformación del empleo” alcanzó su mejor momento… en las cifras de desocupación. La tasa de desempleo llegó a 3.04% de la Población Económicamente Activa, el nivel más alto en los últimos trece meses, de acuerdo con el INEGI. Es decir, 1.85 millones de personas buscan trabajo sin encontrarlo, un detalle que suele pasarse por alto en las conferencias matutinas.
Ernesto Madrid
Aunque con cifras desestacionalizadas el desempleo “se mantuvo sin cambios” en 2.7%, la realidad laboral muestra un cuadro más áspero: la informalidad subió a 54.9%, un repunte silencioso que contradice los discursos de estabilidad. A pesar de ello, los informes oficiales presumen que la población ocupada creció a 60.1 millones, aunque buena parte de esos empleos provienen del mismo territorio que produce tortillas sin factura y sueldos sin recibo.
La subocupación, ese elegante término para quienes trabajan más y ganan menos, bajó a 7.3% respecto al año pasado, pero la subutilización laboral repuntó a 17.3%, su nivel más alto desde noviembre pasado. En palabras simples: hay más gente que trabaja sin llegar a fin de mes, y menos que confía en jubilarse algún día.
Y es que, según México Cómo Vamos, solo el 42.2% de la población cuenta con una Afore, y de ellos apenas 7.9% realiza aportaciones voluntarias. La brecha de género también marca el paso: 51% de los hombres tiene cuenta de ahorro para el retiro, frente a un 34% de las mujeres. En un país donde más de la mitad trabaja en la informalidad, el retiro digno se ha vuelto un lujo comparable al ahorro mismo.
En paralelo, la economía real también muestra sus grietas. En septiembre, la balanza comercial registró un déficit de 2,400 millones de dólares, con importaciones creciendo más que las exportaciones. La construcción cayó 2.9% mensual y las manufacturas se contrajeron 1.6% en el trimestre, según estimaciones del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional recomendó a México “pausar los recortes de tasas” y fortalecer los ingresos fiscales “sin recortar gasto”. Una forma diplomática de decir que el optimismo económico debe medirse con calculadora, no con aplausos.
Pero la ironía del mes la protagonizó Petróleos Mexicanos. El director Víctor Rodríguez Padilla acudió al Congreso a presumir que la petrolera “ya paga a sus proveedores” y que “la deuda se redujo a la mitad”. Los números oficiales, sin embargo, narran otra historia: Pemex perdió 61 mil 250 millones de pesos en el tercer trimestre y sus pasivos con contratistas aumentaron 40%, hasta los 28 mil 130 millones de dólares, el nivel más alto desde 2020.
Detrás de los discursos de “reestructura” se esconden pagos diferidos, convenios maquillados y un fondo financiero de 250 mil millones de pesos respaldado por la banca de desarrollo, diseñado para que la crisis no se llame quiebra. En nueve meses, Pemex apenas pagó 299 mil millones, la cifra más baja para un periodo similar en cinco años.
El SAT incluso embargó un equipo de perforación de una empresa vinculada a Carlos Slim, lo que parece más un acto de fe fiscal que una política estructurada. La operación, inédita, mostró que el nuevo enfoque de recaudación podría tocar a los poderosos… o al menos asustarlos en público.
Mientras tanto, México Evalúa advierte que la política nacional ha dejado de ser espacio de debate para convertirse en un escenario de “afirmaciones unilaterales”. La reconciliación democrática —dice el organismo— requiere diálogo, evidencia y una política fiscal que no sea solo contabilidad, sino justicia social.
En resumen: el gobierno celebra la “estabilidad laboral” mientras sube el desempleo; presume disciplina financiera con Pemex en números rojos; y aplaude la recuperación mientras los organismos internacionales le piden frenar la euforia. Todo un acto de equilibrio contable… o de magia política.
@JErnestoMadrid
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Hubo un tiempo en que Ricardo Salinas Pliego era el empresario favorito del régimen. No porque fuera un genio de las finanzas o un filántropo del alma, sino porque su banco servía mejor que cualquier programa social: Banco Azteca era, de facto, el Banco del Bienestar. Desde sus ventanillas salían los miles de millones que el gobierno presumía como dádivas del pueblo para el pueblo… con comisión incluida, claro está.
Ernesto Madrid
De su mente brillante —o su instinto de supervivencia— surgió el famoso Consejo Asesor Empresarial, esa mesa de ricos donde se pretendía dar un toque de legitimidad al discurso antielitista. Y mientras el presidente hablaba de austeridad, Grupo Salinas facturaba seguros, telecomunicaciones, energía y obras públicas. En los tiempos dorados de la 4T, los contratos fluían como el rating de sus telenovelas.
El poder era tan generoso que hasta colocó a sus piezas en el tablero: Esteban Moctezuma, exportado de Fundación Azteca a la embajada en Washington, y Jorge Mendoza Sánchez, heredero político de la casa, dirigiendo Banobras. Era una familia feliz: el presidente con su discurso moral, el empresario con su cuenta bancaria y el país mirando la novela.
Pero llegó el corte comercial.
Cuando el dinero dejó de fluir, la lealtad también. La relación se agrió justo cuando Banco Azteca se negó a facilitar una operación que, dicen, olía más a lavandería que a filantropía. Desde ahí, el aliado pragmático se convirtió en el enemigo predilecto. El SAT se vistió de inquisidor, los tuiteros patrióticos afilaron hashtags, y la narrativa oficial encontró su nuevo villano: el rico que no quería pagar impuestos.
El gobierno necesitaba una cruzada moral y Ricardo ofrecía el perfil perfecto. Pero el magnate, experto en manejar cámaras, decidió cambiar el libreto. Se inventó un personaje —“El Tío Richie”— que, entre sarcasmos y videos de en redes sociales, se transformó en el opositor más histriónico del país. Primero se burló de los radicales de Morena, luego del presidente, y ahora de la presidenta. Una evolución digna de serie en horario estelar.
Lo que empezó como auditoría terminó como reality político. El SAT le exige más de 74 mil millones de pesos; él responde que el monto está inflado, manipulado y, por supuesto, injusto. Para rematar, lanza su jugada maestra: dice estar dispuesto a pagar “lo que corresponde”, en diez días. Un jaque mediático. Porque si paga, el discurso de justicia fiscal se desmorona; y si el gobierno rechaza el pago, queda claro que lo importante no eran los impuestos, sino el escarmiento.
Mientras tanto, el régimen titubea. No puede aceptar el dinero sin perder el relato, ni rechazarlo sin quedar en evidencia. La 4T, que se jacta de castigar la corrupción de los poderosos, ahora se enfrenta al dilema de que su villano está dispuesto a cumplir la ley. Un contratiempo terrible para la moral revolucionaria.
Lo irónico es que el empresario que hoy se proclama adalid de la libertad fue, durante años, beneficiario de este, poder que ahora denuncia. Lo digo con conocimiento de causa: conocí de cerca, como reportero de TV Azteca, la censura interna para proteger los contratos que alimentaban sus pantallas.
El medio que ahora presume rebeldía fue, durante años, el silencio mejor pagado del poder. Hoy, la televisora presume espíritu crítico, pero su valentía llegó justo cuando se cerró la llave de los contratos. Qué coincidencia tan patriótica.
Y mientras Salinas Pliego se monta en un templete a celebrar su cumpleaños número setenta entre botargas de ratas con uniforme de Morena y gritos de “¡presidente!”, el país asiste a un espectáculo de revancha empresarial. La misma televisión que servía al poder ahora le vende resistencia.
Así que vale la pena preguntar —con la ironía que la realidad impone—:
¿Si no existiera la disputa fiscal, tendríamos al feroz crítico que tuitea como libertador digital?
¿Seguiría el “Tío Richie” denunciando al autoritarismo si los contratos regresaran?
¿O volvería a su papel favorito: el de socio silencioso del poder?
Porque, al final, este pleito no trata de moral ni de justicia fiscal. Se trata de algo mucho más simple y antiguo: el presupuesto, esa forma tan mexicana de medir la lealtad.
Lo digo con la memoria de quien fue reportero en TV Azteca y conoció de cerca la censura.
Y como suele ocurrir en México, el conflicto no es de principios… es de presupuesto.
@JErnestoMadrid
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El discurso de que “primero los pobres” parece no alcanzar a los más pequeños. El Reporte ¿Cómo vamos con la primera infancia?, elaborado por Early Institute y SIPI México, revela que México atraviesa un serio retroceso en materia de bienestar infantil: la mortalidad en menores de cinco años aumentó 16.4% entre 2022 y 2023, mientras las carencias en salud y cuidado adecuado siguen creciendo.
Ernesto Madrid
Aunque el informe reconoce una disminución del 20% en la pobreza infantil entre 2018 y 2024, las cifras revelan el reverso de la moneda: la vulnerabilidad por carencias sociales aumentó 25% en el mismo periodo. En otras palabras, hay menos niños pobres, pero más niños sin acceso a servicios esenciales.
La investigadora Renata Díaz-Barreiro advirtió que el país mantiene una brecha profunda entre regiones, donde el bienestar de la primera infancia depende del lugar en el que se nace. “El progreso existe, pero no es homogéneo ni equitativo; sin equidad, los avances no se traducen en justicia ni bienestar duradero”, subrayó.
Los datos son contundentes: la tasa de mortalidad infantil pasó de 13.8 a 16 muertes por cada mil nacidos vivos en cinco años. En paralelo, el cuidado inadecuado en el hogar creció 13.6% entre 2022 y 2023, y las carpetas de investigación por delitos contra menores de cuatro años se dispararon en varios estados —con aumentos extremos en Oaxaca (1,127%), Campeche (534%) y Aguascalientes (181%).
En materia educativa, el panorama tampoco es alentador. Si bien la educación inicial creció 5.9% a nivel nacional, el acceso sigue siendo limitado. Estados como Querétaro (-13%), Chiapas (-11.1%) y Quintana Roo (-9.1%) registraron retrocesos significativos. En el nivel preescolar, el rezago también es evidente: Yucatán (-21.2%), Quintana Roo (-10%) y Nuevo León (-9.1%) encabezaron las caídas.
Para Cándido Pérez Hernández, vocero de Early Institute, los avances “no están llegando a todas y todos por igual”. La desigualdad territorial, dijo, sigue marcando el destino de millones de niñas y niños desde sus primeros años de vida.
El informe advierte que, sin políticas integrales y focalizadas, los esfuerzos aislados no revertirán los retrocesos. Early Institute propone un “nuevo pacto por la primera infancia”, con responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad civil y sector privado, que garantice salud, educación, nutrición y protección desde los primeros años.
“Las niñas y los niños no pueden esperar”, insistió Pérez Hernández. En un país donde las prioridades suelen medirse en votos y no en años de vida, la advertencia es clara: la primera infancia ha quedado fuera del radar del Estado.
@JErnestoMadrid
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En México, el dinero sucio no huele, se audita. Y los bancos —los mismos que anuncian su compromiso con la transparencia y la “inclusión financiera”— parecen haber olvidado que los espejos también reflejan el lodo.
Ernesto Madrid
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la ruta del fentanilo y de los dólares manchados pasa, inevitablemente, por la banca mexicana. Lo confirma FinCEN, su brazo investigador: las llamadas Chinese Money Laundering Networks (CMLN) han montado una banca paralela que permite a los cárteles de Sinaloa y Jalisco mover millones bajo apariencia de comercio legítimo.
La mecánica es elegante, casi artística.
Los dólares de la droga en Los Ángeles se convierten en pesos en Ciudad de México sin cruzar la frontera. Un cliente chino deposita yuanes en Shenzhen; un corredor da la instrucción; y, en México, una empresa “proveedora” transfiere los pesos al beneficiario del cártel. Todo amparado con una factura por “insumos”, “consultoría” o “muestras”. Un teatro contable donde las mercancías no existen, pero las cuentas cuadran.
“Compran el valor de los dólares generados por la droga en Estados Unidos y lo devuelven en pesos a México sin mover físicamente el efectivo”, explica el abogado internacionalista Jaime Ortiz en El Universal. Lo llaman el espejo: tres plazas, tres movimientos, y una comisión que brilla más que cualquier diamante de Hong Kong.
Los bancos, esos discretos espectadores
Cuando FinCEN detectó patrones de transferencias repetidas, ráfagas nocturnas de pagos SPEI, y facturas de empresas sin historial, la sospecha apuntó a nombres conocidos: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Las tres instituciones fueron clasificadas como “de preocupación principal por lavado de dinero vinculado a opioides sintéticos”.
La orden estadounidense prohíbe transferencias con ellas desde el 25 de junio, extendida al 20 de octubre de este año. México respondió con discreto nerviosismo: medidas “temporales” para evitar un colapso reputacional. Pero el rumor se extendió a la gran liga.
Porque, según fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las operaciones espejo también podrían estar atraviesando los circuitos de BBVA y Banamex, donde los pagos por “consultoría química”, “muestras farmacéuticas” o “servicios internacionales” se confunden entre millones de transacciones legítimas.
Un analista de FinCEN, consultado por El Universal, describe con ironía quirúrgica:
“Los bancos no ven crimen; ven flujo. Y mientras el flujo pague comisiones, nadie pregunta de dónde viene la marea”.
Facturación creativa, compliancia ciega
Las empresas fachadas que sostienen la red aparecen en el padrón del SAT y la ANAM, con giros que van de importación de “equipo farmacéutico” a “consultoría industrial”. Sus facturas justifican pagos a China y Hong Kong, donde los precursores químicos viajan de regreso como cargamentos sobrefacturados.
La FinCEN ha identificado tres banderas rojas comunes:
El sistema de pagos mexicano —el SPEI— se convierte así en el carril exprés del lavado. Y los bancos, con sus algoritmos de “monitoreo de riesgo”, simplemente no ven el elefante blanco... que está en su sala de juntas.
Del narco a la bolsa: una red sin fronteras
El informe del Departamento de Justicia (DoJ) sobre la Operation Fortune Runner describe cómo las redes chinas de lavado de dinero y el Cártel de Sinaloa compartieron infraestructura para mover millones de dólares en criptomonedas, comercio internacional y operaciones fraccionadas.
El DoJ ya trabaja con la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para rastrear los fondos y cerrar las válvulas del sistema dólar. Mientras tanto, los bancos mexicanos aplican la estrategia de siempre: publicar comunicados con frases como “rechazamos categóricamente cualquier relación con actividades ilícitas”, y confiar en que el escándalo dure menos que una transferencia SPEI.
La moral líquida del dinero
El verdadero desafío, como advierte el DoJ, no es técnico sino ético:
“Nada de esto funciona sin transparencia sobre quién es el dueño final de cada empresa.”
Pero en México, los beneficiarios reales suelen ser tan invisibles como los precursores químicos en la aduana. Las cuentas están a nombre de terceros, los fideicomisos se esconden en paraísos fiscales, y los reportes de operaciones inusuales terminan archivados junto con los discursos sobre “cero tolerancia al lavado”.
Mientras tanto, las redes chino-mexicanas siguen operando con precisión contable. Los dólares de la droga se disfrazan de “comercio”, los bancos cobran su comisión, y el sistema financiero mexicano —ese que presume solidez— sigue siendo el espejo perfecto del crimen organizado.
Fuentes:
@JErnestoMadrid
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