La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no solo construyó su carrera en los bastiones de la izquierda capitalina. También —según testigos clave y documentos revelados por Los Ángeles Press— permitió que se tejiera, desde el corazón de su administración, una red criminal con ramificaciones en los penales, las alcaldías y hasta el despacho de la Fiscalía capitalina.
Ernesto Madrid
Uno de los testimonios más contundentes proviene de Jorge Enrique Terán, exservidor público del sistema penitenciario, hoy exiliado. Su relato es demoledor: presiones para introducir droga al Reclusorio Norte, amenazas por negarse a transportar dinero ilícito, castigos institucionales y el encubrimiento de una maquinaria de extorsión encabezada por Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y asesinada en condiciones que apuntan a una ejecución planeada desde dentro del poder.
Terán asegura que Guzmán operaba cobros de “diezmo para el movimiento” a funcionarios penitenciarios y empleados de gobierno. Coordinaba el ingreso de muebles de lujo y mercancías a las cárceles, destinadas a líderes de La Unión Tepito, quienes operaban desde celdas de privilegio con teléfonos, cantinas y trato VIP. Una red institucionalizada desde los tiempos del PRD y que sobrevivió al paso de gobiernos, gracias al silencio y la complicidad.
En el penal psiquiátrico CEVASEP, Terán escuchó a Florentino Guzmán Arcos, violador serial, presumir su cercanía con Clara Brugada y su influencia para recibir favores, incluso desde la gestión de Claudia Sheinbaum. Todo, a cambio de “lealtad” política y cuotas económicas.
Pero lo que parecía una red de corrupción encubierta, estalló en violencia política. El asesinato de Guzmán y del asesor José Muñoz fue precedido por semanas de tensión, reacomodos internos y amenazas. Según Rómulo Catalán, exdirector del C5 en Campeche, las cámaras de seguridad fueron manipuladas y la escena del crimen, sobre Calzada de Tlalpan, limpiada por manos institucionales. No fue un crimen común: fue una ejecución protegida.
Y detrás de la cortina, Brugada.
Durante sus nueve años al frente de Iztapalapa, logró reducir la percepción de inseguridad, pero su último año encendió alarmas. Informes internos advertían que el Cártel Unión Tepito había puesto precio a su cabeza, responsabilizándola de haber fortalecido a sus enemigos: la Anti-Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un reacomodo político-criminal en la demarcación más poblada del país.
Las alertas llegaron hasta el expresidente López Obrador, quien optó por reforzar su seguridad —impulsándola como candidata—, pero nunca ordenó investigar. Posteriormente se supo que la propia Brugada, junto a la fiscal Ernestina Godoy, eran señaladas por La Unión de romper pactos y favorecer a rivales. Aunque nunca se confirmaron oficialmente, el silencio institucional fue ensordecedor.
La historia no se cierra con dos muertos ni con un testimonio. Se cierra —por ahora— con una certeza: la red criminal sigue intacta, operando desde los penales, disfrazada de servicio público y protegida por el poder político.
@JErnestoMadrid
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