Hermosillo, Sonora; 29 de agosto del 2025.- La Asociación Sonorense de Touroperadores, Guías y Anfitriones Turísticos y la tour operadora Sonora Tours en colaboración con la asociación civil La Ludoteca Ave Ba’du A.C., anunciaron en rueda de prensa el lanzamiento del proyecto “Turismo con Causa”, una iniciativa que busca unir la experiencia de viajar con la solidaridad hacia los niños que luchan contra el cáncer en nuestro estado.
Este innovador programa consiste en la organización de tours por distintos destinos de Sonora, donde los participantes podrán descubrir la riqueza cultural, natural y gastronómica de la región, mientras que el 15% del costo total de cada recorrido será destinado a la Ludoteca Ave Ba’du A.C.
Dichos recursos se aplicarán en desayunos, tratamientos y medicamentos para niñas y niños en situación de vulnerabilidad que enfrentan esta enfermedad.
“Turismo con Causa” representa un doble beneficio: por un lado, los visitantes disfrutan de experiencias únicas al recorrer Sonora, y por el otro, su participación se convierte en un apoyo directo para mejorar la calidad de vida de los pequeños y sus familias.
Las instituciones convocantes hicieron un llamado a la sociedad sonorense, visitantes y aliados del sector turístico a sumarse a este noble esfuerzo. Quienes deseen participar podrán consultar las próximas fechas de los tours con causa y los números de contacto a través de las redes sociales oficiales de Sonora Tours.
Con esta gran iniciativa, se reafirma el compromiso de la comunidad turística sonorense de trabajar en conjunto para generar impactos positivos tanto en el desarrollo económico como en el bienestar social.
Revelaciones de Guacamaya exhiben la fragilidad del sistema financiero y la infiltración criminal
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) lanzó una advertencia inédita contra bancos mexicanos, tras detectar operaciones masivas de lavado de dinero ligadas al narcotráfico y a redes financieras chinas.
Ernesto Madrid
Tres instituciones —CIBanco, Intercam y Vector— fueron sancionadas por facilitar transacciones que terminaron financiando la compra de precursores químicos para la producción de fentanilo, según reportes oficiales.
Entre 2020 y 2024, FinCEN identificó 312 mil millones de dólares en operaciones sospechosas vinculadas a cárteles mexicanos y a redes chinas de lavado. De ese monto, 246 mil millones provinieron de reportes de bancos, una señal de alerta sobre la magnitud del problema dentro del sistema financiero.
“La penetración de las redes chinas de lavado de dinero es global y omnipresente”, advirtió la directora de FinCEN, Andrea Gacki. Para John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, el esquema permitió a los cárteles “envenenar a los estadounidenses con fentanilo, traficar con seres humanos y causar estragos en comunidades enteras”.
Protección y contradicciones en México
Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la intervención temporal de las tres instituciones, fuentes financieras reconocen que el objetivo principal fue evitar un colapso de solvencia ante el congelamiento de activos, más que atender los señalamientos de colusión con el narco.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actuó tras las sanciones impuestas el 25 de junio de 2025 bajo la Ley FEND OFF Fentanyl Act, pero Estados Unidos denunció que México no fue proactivo. “No compartieron evidencia y se actuó tarde”, declaró Sheinbaum días después, en medio de presiones de Washington por reforzar la seguridad fronteriza y evitar un arancel del 30%.
El caso expone un patrón conocido: la lucha contra el narcotráfico se aplica con fuerza en algunos frentes, pero protege vínculos sensibles en otros, sobre todo en sectores financieros estratégicos.
Las revelaciones del colectivo de hacktivistas Guacamaya, que filtraron documentos militares clasificados, exhiben cómo el Cártel de Sinaloa infiltró la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, con funcionarios que alertaban de operativos en tiempo real.
Un expediente de la Sedena, identificado como Caso Zarigüeya, reveló que durante la detención de Heibar Tapia, hijo de “El Lupe” Tapia, operador de Ismael “El Mayo” Zambada, existía una red de informantes incrustada en estructuras oficiales. La filtración confirma lo que los analistas advierten: el narco no sólo lava dinero en los bancos, también infiltra instituciones clave del Estado.
El endurecimiento de las políticas de Donald Trump tras declarar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas coloca a México en una posición vulnerable. Expertos advierten que un ataque unilateral con drones o acciones militares no frenará al narco, pero sí podría quebrar la cooperación bilateral.
En este contexto, la inminente visita de Marco Rubio, secretario de Estado de E.U., busca cerrar un nuevo acuerdo de seguridad, un marco diplomático que podría convertirse en el primer gran compromiso internacional del gobierno de Sheinbaum.
Las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector no sólo representan un golpe a tres instituciones financieras, sino que ponen en entredicho la credibilidad del sistema bancario mexicano ante el mundo. La dependencia de redes chinas para mover capital ilícito y la infiltración del narco en estructuras estatales revelan un entramado más profundo de lo que las cifras permiten medir.
La pregunta que queda en el aire: ¿México está combatiendo el dinero del narco o simplemente administrando las presiones de Estados Unidos?
@JErnestoMadrid
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El Senado vivió un capítulo digno de reality show político: Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno se dieron hasta con la mirada en plena sesión, entre jaloneos, empujones y frases de barrio. La riña no solo exhibió la mecha corta del priista, sino también los lujos y contradicciones del morenista, quien pasó de criticar la opulencia neoliberal a presumir residencia de 12 millones en Tepoztlán.
El Congreso de la Unión no necesita Netflix, ya tiene su propia serie de acción. En la última sesión de la Comisión Permanente, los senadores Gerardo Fernández Noroña (Morena) y Alejandro “Alito” Moreno (PRI) convirtieron el Pleno en un ring improvisado. Todo empezó por lo más mexicano posible: un pleito por la palabra.
Ernesto Madrid
Resulta que el líder priista se quejó de no haber tenido turno para intervenir. Noroña, en su papel de presidente de la Mesa Directiva, dio por cerrada la sesión y ordenó entonar el Himno Nacional. Hasta ahí parecía un trámite, hasta que Moreno decidió subir a la tribuna para reclamar. Entre reclamos, empujones y el clásico “¿qué te pasa?”, los insultos se transformaron en golpes. Según Noroña, Alito le soltó puñetazos en los brazos y hasta lo amenazó con la frase “te voy a partir la madre, te voy a matar”.
La escena derivó en caos: legisladores y colaboradores intentando separar a los contendientes, un trabajador del Senado (Emiliano González) que terminó con collarín y Morena anunciando que pedirá el desafuero de Moreno por agresión. “Esto no se puede quedar ahí”, sentenció Noroña, en modo víctima.
Pero más allá de la riña, lo que terminó en el reflector fue la vida personal del “compañero senador”. Y es que, de aquel Noroña que se negaba a pagar 50 centavos de impuestos por un refresco (IEPS), que hacía plantones contra el neoliberalismo y presumía su “pobreza franciscana”, hoy queda poco. Ahora habita una residencia en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos, con terraza, jardines amplios y decoración rústica-importada, que bien podría aparecer en una revista de arquitectura.
Para cualquier mexicano con ingresos altos, comprar algo así implicaría comprobar más de 185 mil pesos mensuales y pagar cuotas de hasta 110 mil pesos cada mes. Pero Noroña asegura que todo es legal: “Es un crédito hipotecario, está en mi declaración patrimonial”, dice.
La ironía no pasa desapercibida: el mismo político que acusaba a otros de fifís neoliberales ahora se codea con los mismos lujos que tanto criticaba. Y para rematar, suele rodearse de personajes igual de polémicos: desde Adán Augusto López, señalado por vínculos indirectos con grupos criminales, hasta Marina del Pilar Ávila, gobernadora a la que Estados Unidos retiró la visa.
En la riña legislativa el contexto no pasa desapercibido por sus “compinches de lujo” del senador: Sergio Gutiérrez Luna y su guardarropa millonario, César Yáñez con su boda VIP y Andrea Chávez con sus rebeldías anticipadas. Todo un club de la contradicción política que acudieron a su informe de labores el pasado 14 agosto.
“Nos vemos a la salida”, le gritó Alito a Noroña, como si fueran chamacos peleando en la secundaria. Y ahí quedó el sello tragicómico de la política mexicana: un Senado convertido en ring, un trabajador lesionado convertido en símbolo y un Noroña convertido, a ojos de muchos, en “socialista fifí”.
Al final, lo que debió ser una sesión solemne terminó como espectáculo digno de La Rosa de Guadalupe. Con una diferencia: aquí no hubo brisa milagrosa, solo empujones, mansiones y el eterno contraste entre el discurso austero y la realidad de lujo.
@JErnestoMadrid
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El nuevo organismo repite las viejas mañas: simulación de competencia, empresas fantasma y contratos por casi 2 mil millones de pesos con prestanombres y direcciones falsas.
El fraude que hundió a Segalmex no quedó en el pasado. Bajo un nuevo nombre —Alimentación para el Bienestar—, el proyecto insignia del “segundo piso” de la Cuarta Transformación mantiene los mismos patrones de corrupción: adjudicaciones a empresas fantasma, prestanombres que desconocen haber firmado contratos y direcciones fiscales inexistentes.
Ernesto Madrid
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que al menos cinco compañías —FamilyDuck, Abastémade, Konkistolo, Grupo Pelmu y Todólogos.com— recibieron asignaciones por 1,984 millones de pesos entre 2022 y 2025, simulando competencia en licitaciones y operando con identidades robadas. Una de ellas incluso utilizó los datos de una mujer desempleada y enferma para sellar contratos millonarios.
La red empresarial del “segundo piso”
El mecanismo no es nuevo. FamilyDuck, creada hace apenas dos años, se convirtió en la segunda mayor proveedora del Programa de Abasto Rural de Diconsa con más de 800 millones de pesos en contratos. Sus socios y domicilios están ligados a otras firmas de la misma red, que ofrecen desde abarrotes y carne hasta dulces, papelería y utensilios de cocina.
En 2023 se alcanzó el pico de recursos desviados: 912 millones de pesos adjudicados en conjunto. Aunque en 2025 el monto bajó a 183.7 millones, la suma total expone la continuidad de un modelo que en nada se distingue de lo denunciado en Segalmex.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó vínculos entre estas empresas en al menos 16 procedimientos de contratación, pero los contratos siguieron fluyendo. Empower, en un reportaje de la periodista Elizabeth Rosales, ya había documentado cómo FamilyDuck se volvió proveedor estrella pese a su historial dudoso.
El antecedente del hoyo negro
El escándalo revive el recuerdo del fraude de Segalmex, considerado el mayor caso de corrupción del sexenio de López Obrador, con un desfalco estimado en 15 mil millones de pesos. En el libro Licencia para robar. Segalmex: el hoyo negro que devoró a la 4T, los periodistas Zedryk Raziel y Georgina Zerega desmenuzan cómo el exdirector Ignacio Ovalle y sus operadores construyeron un sistema de saqueo con sobornos en efectivo, contratos simulados y complicidades en el más alto nivel.
Aunque López Obrador atribuyó el fraude a “priistas de malas mañas” que engañaron a Ovalle, los testimonios recogidos por MCCI y los propios autores del libro apuntan a una red amplia donde participaron funcionarios, empresarios y políticos cercanos al círculo presidencial.
El saqueo no se detuvo con el cambio de sexenio. Empresas ligadas al Corporativo Kosmos, señalado como parte del “Cártel de la Comida”, obtuvieron contratos millonarios en la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum, a través del DIF y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entre 2018 y 2024 sumaron más de 6 mil millones de pesos.
El cambio de Segalmex a Alimentación para el Bienestar fue presentado como una “renovación institucional”. Sin embargo, los documentos, auditorías y testimonios muestran que el fraude se mudó de nombre, pero no de prácticas.
La promesa de garantizar comida a los más pobres terminó convertida en una licencia para robar. La continuidad de estas redes exhibe que la corrupción, lejos de erradicarse, se adaptó al segundo piso de la 4T.
@JErnestoMadrid
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La informalidad creció en 398 mil personas en el segundo trimestre de 2025, mientras el empleo formal perdió 285 mil plazas. La brecha laboral entre hombres y mujeres sigue en 29 puntos.
El mercado laboral mexicano cerró el segundo trimestre de 2025 con un panorama mixto: más personas trabajando, pero en condiciones más precarias. Según cifras del INEGI, la población económicamente activa (PEA) alcanzó las 61 millones 065 mil personas, un aumento de 111 mil respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, el motor de ese crecimiento fue la informalidad.
Ernesto Madrid
El empleo informal sumó más de 398 mil personas en comparación anual, mientras que los puestos de trabajo formales se redujeron en alrededor de 285 mil. En términos prácticos, el avance de la ocupación se sostiene sobre empleos frágiles, sin seguridad social ni prestaciones, que condenan a millones de mexicanos a la incertidumbre.
La tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8%, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores carecen de acceso a seguridad social y perciben, en promedio, la mitad de lo que ganarían en un empleo formal. Este deterioro explica por qué el Semáforo Económico de participación laboral se mantiene en naranja, pese a que la tasa de participación general subió a 59.5%.
La desigualdad de género también persiste: la participación laboral de los hombres (75.1%) supera en 29.3 puntos porcentuales a la de las mujeres (45.8%), una brecha que apenas se ha reducido marginalmente frente al trimestre anterior.
En cuanto al ingreso laboral, los datos revelan un deterioro. La pobreza laboral —que mide la proporción de la población que no puede adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso— pasó de 35% a 35.1% a nivel nacional en un año. El golpe fue más fuerte en el campo: de 47.6% a 49.1%, mientras en las zonas urbanas hubo una leve mejoría, de 30.9% a 30.8%.
Las diferencias regionales también son marcadas. Quintana Roo, Guanajuato y Aguascalientes registraron disminuciones notables en pobreza laboral, mientras que San Luis Potosí, Estado de México y Guerrero encabezaron los aumentos.
El trasfondo de estas cifras es estructural: sectores intensivos en empleo formal, como la manufactura y los servicios profesionales, muestran un menor dinamismo.
En contraste, el empleo se concentra en actividades informales y de baja productividad. Esto no solo erosiona la calidad de vida de los trabajadores, también limita la recaudación fiscal y frena el crecimiento económico.
En suma, México creó más empleo en el segundo trimestre de 2025, pero con un costo alto: un mercado laboral más precario, más desigual y con un sesgo creciente hacia la informalidad.
@JErnestoMadrid
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Mientras Harfuch reconoce que el Cártel de Sinaloa sigue activo, la presidenta recurre selectivamente a declaraciones de la DEA que antes descalificó, para encubrir silencios incómodos en torno a Noroña y al propio López Obrador.
El caso de Ismael “El Mayo” Zambada volvió a poner en evidencia las contradicciones del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por un lado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que el Cártel de Sinaloa “nunca ha tenido un líder único” y que sigue activo, aunque debilitado. Por el otro, la presidenta utilizó declaraciones del director de la DEA, Terrance Cole, a quienes antes había cuestionado, para apuntalar el discurso oficial y al mismo tiempo defender a Morena de los señalamientos que rodean a figuras como Gerardo Fernández Noroña.
Ernesto Madrid
La contradicción central es clara: Sheinbaum descalificó en el pasado a la DEA y a sus reportes de inteligencia -incluso al divulgar López Obrador información confidencial en su mañanera sobre el caso Cienfuegos-, pero ahora se apoya en ellos para sostener que Genaro García Luna está al mismo nivel que Zambada o Guzmán Loera. El uso selectivo de fuentes extranjeras deja al descubierto un doble rasero: soberanía cuando conviene, subordinación discursiva cuando resulta útil.
Desconfianza en México
La declaración del fiscal Cole, en Brooklyn, expuso un punto aún más sensible: la justicia estadounidense no confió en el gobierno de López Obrador para la operación que culminó en la captura de Zambada. La DEA, el FBI y fiscales de Nueva York, Bogotá y Madrid ejecutaron la operación en secreto por temor a que desde Palacio Nacional se alertara al capo sinaloense.
Esa desconfianza se arrastra ahora hacia la administración de Sheinbaum, que evita abordar el tema de fondo y reduce la discusión a defensas políticas internas.
Además, el fiscal reveló pruebas contundentes: grabaciones de llamadas y transferencias electrónicas al entorno de López Obrador después de su saludo público a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2020, según el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio. Estos elementos nunca fueron reconocidos por el gobierno mexicano, que optó por el silencio.
Sheinbaum utilizó la narrativa oficial para defender la “honestidad” de Morena y, en particular, de Noroña, minimizando la polémica sobre su residencia en Tepoztlán. Mientras tanto, Harfuch intentó diluir las presiones internacionales asegurando que, de probarse incautaciones de cuentas o recursos vinculados al Cártel, los 15 mil millones de dólares reclamados por Estados Unidos deberían devolverse a México “para beneficio de la gente”.
El secretario también descartó una alianza formal entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, aunque admitió que las confrontaciones en Sinaloa persisten, con presencia reforzada del Ejército y la Marina.
El contraste entre la narrativa presidencial y los hechos es evidente y se puede resumir en tres puntos:
• Se niega la intervención de E.U. cuando afecta la soberanía, pero se citan sus voces para fines políticos.
• Se defiende a Noroña y a Morena mientras se calla frente a pruebas que vinculan al entorno de López Obrador con contactos del narco.
• Se reconoce que el Cártel de Sinaloa sigue vivo, pero se insiste en presentar el caso Zambada como un triunfo narrativo del régimen.
El “golpe final” al Mayo Zambada fue obra de agencias internacionales que desconfiaron de México, mientras el gobierno de Sheinbaum prefiere usar el caso como herramienta discursiva para blindar a Morena y evitar reconocer el verdadero alcance del narco en el poder político.
@JErnestoMadrid
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Sheinbaum evita confirmar investigaciones contra funcionarios, mientras Estados Unidos capitaliza la confesión del capo sinaloense
La primera confesión pública de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia estadounidense abrió un terremoto político que el gobierno de Claudia Sheinbaum parece querer sortear con silencios y evasivas. El fundador del Cártel de Sinaloa admitió haber sobornado a funcionarios de distintos niveles durante cinco décadas para garantizar la operación criminal de su organización. Sin embargo, la presidenta mexicana condicionó cualquier pesquisa en el país a que exista una denuncia formal, minimizando el peso de la declaración judicial en Nueva York.
Ernesto Madrid
El contraste es inevitable: en 2019, Andrés Manuel López Obrador celebró la condena de Genaro García Luna como símbolo de su narrativa anticorrupción, pese a que tampoco existía una denuncia en México, sino testimonios recopilados en Estados Unidos. Hoy, con Sheinbaum en Palacio Nacional, el criterio cambia.
El búmeran de 2019
La situación adquiere tintes de ironía política. Aquel “maxiproceso” que López Obrador exigió a Donald Trump tras la captura de García Luna parecía un arma de presión bilateral. El entonces presidente incluso festejó que bastaran las declaraciones de testigos en Nueva York para señalar a su enemigo político. Cinco años después, el efecto búmeran alcanzó a la 4T: ahora que Zambada reconoce haber sobornado a funcionarios mexicanos, la propia Sheinbaum exige “pruebas” y asegura que cualquier señalamiento tendría que pasar por la Fiscalía General de la República.
En otras palabras: lo que fue suficiente para acusar a García Luna, hoy no lo es para mirar hacia adentro.
La contradicción se acentúa al recordar que el proceso de extracción de El Mayo de México fue pactado en secreto y sin notificación al gobierno de López Obrador. Según versiones, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, facilitó los canales para la entrega pactada; la administración federal se enteró minutos después de que el capo ya había cruzado la frontera bajo custodia estadounidense. Es decir, Washington no solo dictó las condiciones del proceso, también dejó en evidencia la marginalidad del Estado mexicano frente a un caso que toca fibras de corrupción interna.
Estados Unidos, por su parte, no solo se quedó con el control del proceso, sino también con la narrativa. El director de la DEA, Terry Cole, colocó en el mismo nivel a García Luna, Joaquín Guzmán Loera y Zambada, resaltando la cooperación internacional “sin precedentes” que permitió la captura del capo. La fiscal general Pamela Bondi fue más lejos: habló del fin de “un reino de terror” sustentado en la corrupción de funcionarios mexicanos.
Silencios en México, certezas en Washington
Mientras la presidenta mexicana pide analizar “cómo es que llegó a Estados Unidos” y se limita a repetir que “tendría que haber denuncias”, la justicia norteamericana avanza: Zambada se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas; aceptó entregar 15 mil millones de dólares de su fortuna —que lo ubicaría, en teoría, como el tercer hombre más rico de México— y pidió a sus seguidores evitar violencia en Sinaloa.
El contraste es brutal: la DEA presume el golpe como una victoria global contra el crimen organizado, mientras el gobierno mexicano rehúye el escrutinio sobre funcionarios presuntamente corrompidos. Ni Rocha Moya, señalado como facilitador de la entrega pactada, ni otros nombres salieron a colación en las conferencias presidenciales.
La factura pendiente
El caso también revela la fragilidad de la estrategia de seguridad mexicana. Durante el sexenio de López Obrador, el fentanilo se consolidó como crisis de seguridad nacional en Estados Unidos, con decenas de miles de muertos anuales, mientras la cooperación binacional se mantuvo en tensión. Ahora, Sheinbaum hereda un expediente en el que Washington dicta las reglas, mientras en México la narrativa oficial insiste en que sin denuncias “no hay caso”.
La historia reciente demuestra que cuando las políticas públicas se subordinan a intereses ideológicos o partidistas, terminan siendo frágiles. El “primer canto” de El Mayo obliga a preguntarse si México seguirá atrapado en la inercia de silencios y justificaciones, o si podrá enfrentar con seriedad el reto de la corrupción estructural que sostiene al narcotráfico.
@JErnestoMadrid
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El Plan México busca reposicionar la producción nacional en tiempos de proteccionismo global; la electromovilidad abre camino, pero la banca sigue sin cumplir su papel.
La campaña “Lo Hecho en México está mejor Hecho”, presentada por la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial, intenta reavivar el orgullo nacional y fortalecer la producción interna en medio de la desaceleración y las tensiones comerciales con Estados Unidos. El proyecto cuenta con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el impulso de Marcelo Ebrard, quien lo inscribe en el marco del Plan México, diseñado para sustituir importaciones, reducir la dependencia de China y blindar la relación bilateral con Washington.
Ernesto Madrid
El eslogan tiene historia. En 1978, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, surgió el lema “Lo Hecho en México está bien Hecho”, en un contexto de industrialización protegida. Hoy, cuatro décadas después, reaparece en una era de libre comercio marcada por el giro proteccionista de Estados Unidos con su campaña “Buy American”. México, en respuesta, busca reposicionar su marca nacional.
Más de 30 grandes compañías —desde Bimbo, Alpura y Herdez, hasta Banorte, BBVA y Cemex— respaldan el relanzamiento, al que se suman más de dos mil empresas certificadas con el sello oficial. Pero la cifra es mínima frente a los cinco millones de unidades económicas que existen en el país, lo que refleja la debilidad estructural para masificar la certificación y fortalecer las cadenas de proveeduría.
El desafío no es solo de marketing. El propio Plan México tropieza con la falta de condiciones de financiamiento adecuadas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Aunque en la pasada Convención Bancaria los principales bancos prometieron a la presidenta expandir el crédito a este sector, en la práctica los compromisos se diluyen. La banca mexicana, pese a contar con facilidades regulatorias y apoyos oficiales, privilegia proteger sus intereses antes que respaldar a los clientes.
Los bancos reciben de manera gratuita los recursos de los ahorradores, los prestan con tasas elevadas y conservan márgenes amplísimos. En los hechos, son los únicos ganadores de un sistema donde adquieren barato el dinero y lo venden caro, mientras las mipymes enfrentan condiciones crediticias restrictivas que les impiden competir frente a gigantes internacionales.
La contradicción se vuelve evidente en el terreno de la electromovilidad, donde México ha demostrado capacidad para innovar y generar valor agregado. El autobús eléctrico Taruk, desarrollado por la mexicana Megaflux y terminado en Grupo Dina, es un ejemplo. El motor y el chasís se producen en el país; el tren motriz se ensambla en Iztapalapa y la unidad se completa en Ciudad Sahagún: el 86% de los recursos invertidos se queda en México, creando empleos, cadenas de proveeduría y transferencia tecnológica.
El interés internacional ya apareció: autoridades de Los Ángeles analizan la compra de estas unidades, lo que sería un escaparate global para la manufactura mexicana de alta tecnología. Sin embargo, dentro del país, gobiernos estatales como Nuevo León y Veracruz evalúan la adquisición de miles de autobuses eléctricos chinos, atraídos por los créditos blandos y pagos diferidos que esos fabricantes ofrecen.
Así, México produce tecnología de clase mundial, pero carece de un sistema financiero dispuesto a respaldarla. El Plan México tiene lógica y dirección, pero si no se acompaña de una banca de desarrollo robusta y un compromiso real de la banca privada, el riesgo es que todo quede en un buen discurso, mientras las oportunidades se escapan.
En suma, el nuevo sello Hecho en México quiere ser el emblema de un país que apuesta por su industria y su futuro. Pero si la banca continúa jugando solo a ganar, la frase podría repetirse con ironía: lo Hecho en México puede estar mejor hecho… pero sin crédito, difícilmente estará mejor financiado.
@JErnestoMadrid
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Mientras en Venezuela Estados Unidos enfrenta al régimen de Nicolás Maduro, Washington envía señales de que México y sus funcionarios podrían ser los siguientes en la lista.
Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de operar como un Estado narcoterrorista en alianza con guerrillas colombianas para enviar cantidades récord de cocaína a los cárteles mexicanos. La advertencia, hecha por el director de la DEA, Terry Cole, coincide con un escenario en México marcado por una baja relativa de homicidios dolosos, pero con una violencia aun ampliamente extendida y concentrada en regiones clave.
Ernesto Madrid
Donald Trump, ya había clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una definición que en este contexto podría traducirse en presiones directas hacia funcionarios mexicanos vinculados a la política de seguridad heredada de López Obrador y continuada en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum con la paradoja de la propia mandataria que señala que nunca va a poner en riesgo la soberanía nacional y rechazó que el Gobierno de México tenga con la DEA una "colaboración sin precedentes ", como afirmó ayer su director, Terry Cole.
Homicidios a la baja, con matices
Los homicidios dolosos registraron una tendencia descendente entre 2019 y 2023, con un ligero incremento en 2024 y una marcada disminución en los primeros meses de 2025. Según Citi Banamex y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros diez meses del actual gobierno la tasa nacional de homicidios cayó 27.2% respecto al arranque de la administración previa.
No obstante, el impacto no ha sido homogéneo. Guanajuato, Sinaloa y Tabasco muestran repuntes significativos, mientras crece la incidencia en mujeres y jóvenes.
Violencia territorializada
Si bien los homicidios se redujeron a la mitad de los municipios del país, éstos concentran a casi 90% de la población nacional. Un análisis de México Evalúa confirma que 12 entidades mantienen un balance negativo o muy negativo de violencia letal.
En el centro del país, los conflictos criminales amenazan con desbordarse: CDMX, Hidalgo, Morelos, Puebla y Nayarit muestran incrementos que los acercan a niveles de crisis.
CDMX: primer lugar en desapariciones
La Ciudad de México se colocó en 2025 como la entidad con más personas desaparecidas y no localizadas: 1,306 casos entre enero y julio, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La capital enfrenta la disputa de La Unión Tepito, la Anti-Unión y el Cártel del Tren de Aragua, con un deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento de la violencia urbana.
Estados con mayor y menor violencia letal (enero-julio 2025)
Más violentos: Baja California (87.5), Sinaloa (79.6), Morelos (69.5), Quintana Roo (65.2) y Guanajuato (62.5).
Más seguros: Yucatán (4.9), Tlaxcala (6.7), Coahuila (7.8), Durango (12.7) y Chiapas (16.9).
Destaca el repunte de Campeche (+69.5%) y Baja California Sur (+13.2%), pese a tener niveles bajos.
La amenaza externa y la vulnerabilidad interna
La narrativa estadounidense sobre Venezuela como plataforma del narcotráfico hacia México y EU coloca al país en una posición delicada. El señalamiento de la DEA conecta directamente al régimen de Maduro con los cárteles mexicanos, lo que —sumado a la clasificación previa de Trump— abre la puerta a nuevas presiones sobre funcionarios mexicanos y su política de seguridad.
En paralelo, México muestra cifras que, aunque apuntan a una baja en homicidios, confirman que la violencia sigue siendo un fenómeno masivo, regionalmente concentrado y con nuevas víctimas. Una realidad que deja al país expuesto frente a un socio que ya advierte que la siguiente ofensiva podría dirigirse hacia México mientras Claudia Sheinbaum en esta ofensiva de no querer a la DEA en nuestro país, insiste en que hay “un acuerdo de seguridad, que está ya por culminarse, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
@JErnestoMadrid
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Mientras los precios agropecuarios reducen la presión en el bolsillo, el Banco de México revela que la Inversión Extranjera Directa cayó 21%, el mayor desplome desde 2009, pese a que la Secretaría de Economía presume cifras históricas.
La economía mexicana transita entre discursos oficiales de optimismo y cifras que muestran fragilidad. El INEGI reportó que el PIB creció 0.6% en el segundo trimestre de 2025 —1.2% anual con cifras desestacionalizadas— gracias al impulso de servicios (+0.8%) y la industria (+0.7%), aunque el sector primario se desplomó (-2.4%). Aun con ese repunte, analistas prevén un crecimiento de apenas 0.4% en 2025 y 1.5% en 2026.
Ernesto Madrid
El dato más favorable vino de la inflación: en la primera quincena de agosto, el índice general se ubicó en 3.49% anual, por debajo de lo esperado. La baja respondió al retroceso de productos clave en la mesa de los mexicanos, como jitomate (-8.78%), chayote (-13.10%), pollo (-2.47%) y plátano (-4.15%). El caso del jitomate es emblemático: el arancel de 17% impuesto por Estados Unidos frenó exportaciones, saturó el mercado interno y hundió su precio en México, aliviando temporalmente el gasto familiar.
El contraste llega con la inversión. La Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard, anunció con bombo y platillo un “máximo histórico” de 34,265 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en el segundo trimestre de 2025.
Pero Banxico pintó otra realidad: en el primer trimestre, la IED se desplomó 21% anual, la mayor caída desde la crisis de 2009. La reinversión de utilidades retrocedió 40% y, aunque hubo un ligero aumento en nuevas inversiones, difícilmente compensa el deterioro. Incluso en el segundo trimestre, al ajustar cifras preliminares, el banco central estima que el avance real de la IED no superaría 2.5%.
En paralelo, el peso se apreció hasta 18.59 por dólar tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, donde la Fed dejó abierta la posibilidad de recortar tasas en septiembre. La moneda mexicana avanzó 0.92% respecto al cierre previo, beneficiada por la debilidad estructural del dólar.
La foto oficial muestra una economía con inflación controlada, donde las familias mexicanas reciben un alivio temporal en el bolsillo con un peso fuerte y récords de IED. Pero Banxico advierte que detrás de esa narrativa prevalece un crecimiento moderado, inversión débil y riesgos externos que pueden frenar cualquier impulso.
México parece avanzar, pero lo hace sobre un terreno resbaladizo: basta una disrupción en las cadenas de valor o un viraje en la política comercial de E.U. para que los números positivos se desvanezcan.
@JErnestoMadrid
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La disminución de la pobreza en México es un avance innegable, pero persisten carencias graves en salud, educación y seguridad social que amenazan con frenar la movilidad social.
La pobreza en México ha bajado a su nivel más bajo en décadas: 38.5 millones de personas, es decir el 29.5% de la población, viven aún en esta condición, lo que representa 13.7 millones menos que en 2016, según el INEGI. Aunque el gobierno federal presume la cifra como un logro histórico, el reto estructural sigue siendo enorme: millones de familias han salido de la pobreza por ingresos, pero permanecen vulnerables por carencias sociales.
Ernesto Madrid
El dato más alarmante es la falta de seguridad social, que afecta a 48.2% de la población y ha crecido en estados como San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Puebla. Le sigue el acceso a servicios de salud, que golpea a 34.2% de los mexicanos. A pesar de una ligera reducción respecto a 2022, el retroceso frente a 2016 equivale a 26 millones de personas más sin cobertura. El cambio en el modelo de atención a la población sin seguridad social ha sido clave en este deterioro.
El rezago educativo tampoco muestra avances sustanciales: hay 1.5 millones más de niñas, niños y jóvenes fuera de la escuela que hace ocho años. Las becas universales, como las Benito Juárez, han sido cuestionadas porque terminan beneficiando a quienes menos las necesitan.
Desde el sector empresarial, Coparmex reconoció que reducir la pobreza es posible, pero advirtió que solo se logrará de forma sostenible si se priorizan la inversión, el empleo formal y los salarios dignos. “El empleo es la principal vía de acceso a salud y seguridad social. Es momento de analizar qué funcionó y qué debe corregirse con urgencia”, señaló el organismo.
El llamado es claro: mejorar la distribución de los programas sociales, garantizar que las pensiones del bienestar lleguen realmente a los más pobres y construir una economía inclusiva que combine inversión con justicia social. Para ello, empresarios y especialistas coinciden en cinco prioridades:
Generar empleos de calidad con remuneraciones suficientes.
Incorporar a mujeres y jóvenes al mercado laboral formal.
Impulsar cooperativas y negocios locales.
Garantizar salud y educación de calidad.
Promover certeza jurídica y seguridad para atraer inversión.
El gasto privado en salud —que creció 40% en 2024 respecto a 2016— muestra la urgencia de revertir la carga económica que hoy enfrentan millones de hogares. Como advierte México Evalúa, el país necesita un viraje de prioridades: convertir el poder político en un verdadero proyecto de desarrollo sostenible.
La reducción de la pobreza es un logro. Pero sin inversión productiva, empleo formal y salarios justos, seguirá siendo un alivio temporal y no una transformación estructural.
@JErnestoMadrid
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La negativa reabre suspicacias sobre presuntos vínculos de políticos de Morena con el crimen organizado y amenaza con agravar la incertidumbre económica.
Lo que parecía un nuevo entendimiento entre México y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) se derrumbó en cuestión de horas. Apenas un día después de que la DEA anunciara el Proyecto Portero como un esfuerzo transnacional para golpear el “corazón operativo” de los cárteles mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum lo redujo a un simple taller de capacitación en Texas.
Ernesto Madrid
La decisión no es menor. Washington había planteado que, mediante este esquema, agentes mexicanos recibirían entrenamiento especializado para desmantelar a los jefes de plaza que controlan el flujo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, además del tráfico de armas y dinero hacia México. “Un primer paso audaz en una nueva era de cooperación”, lo definió Terrance Cole, jefe de la DEA.
Pero el discurso presidencial fue otro: la cooperación con agencias extranjeras está limitada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, dijo Sheinbaum, insistiendo en que los únicos acuerdos formales son con el Comando Norte, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. No con la DEA.
Viejos choques, nuevas sospechas
La ruptura no es casual. En el sexenio de López Obrador ya se habían acumulado fricciones: la expulsión de la DEA del hangar en Toluca en 2022, la disolución de la unidad élite entrenada por Estados Unidos en 2021 y las acusaciones de “espionaje” por parte del expresidente. Bajo ese antecedente, el recelo hacia la DEA no parece un episodio aislado, sino la continuidad de una estrategia que busca blindar a ciertos actores políticos de un escrutinio incómodo.
El problema es que el contexto actual multiplica las sospechas. Los acuerdos judiciales en Estados Unidos que han convertido a cinco capos en informantes clave señalan posibles vínculos de políticos mexicanos de Morena con estructuras criminales.
En ese listado aparecen nombres pesados: desde Adán Augusto López y su supuesta cercanía con “La Barredora”, hasta Alfonso Romo y operaciones de presunto lavado de dinero en Vector. Incluso voces del propio narco se han permitido ironizar: el abogado de los Chapitos llegó a decir que Sheinbaum “parece la jefa de relaciones públicas del Mayo Zambada”.
Economía atrapada en la inseguridad
La resistencia a abrir la puerta a la DEA ocurre mientras el crimen organizado se expande y mina la certidumbre económica. Los últimos datos del INEGI muestran estancamiento: el IGAE no creció en mayo, el IOAE apenas anticipa un rebote de 0.2% en junio y ya proyecta una contracción de 0.1% para julio. El golpe combinado de inseguridad y parálisis industrial amenaza con profundizar la desaceleración.
Donald Trump lo resumió con brutalidad electoral: “México está paralizado ante los narcos. México hace lo que yo digo”. Y mientras la presidenta insiste en que la soberanía dicta los límites de cooperación, la duda crece: ¿defiende a la Constitución o a los cárteles que ya parecen tener asiento en las entrañas del poder?
@JErnestoMadrid
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Carlos Roberto Matty
