La elección de jueces y magistrado avanza, pese a falta de condiciones
Homicidios aumentan 6.5% en un mes y la promesa de paz, queda cada vez más lejos
Serán caras y serán cada tres años, las elecciones se están haciendo a modo, con la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo y la supremacía constitucional; los nuevos juzgadores llegarán a sus cargos, ya no, por exámenes de aptitud, serán sustituidos por personas a quienes elegirá la ciudadanía, ese es para empezar, el escenario para elegir a los nuevos jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Ernesto Madrid
Pero tampoco queda claro, quienes serán los integrantes del denominado Órgano de Administración Judicial, el único que no se someterá al supuesto proceso democrático y que tendrá, bajo su control, un presupuesto de 75 mil millones de pesos, que todo apunta a que serán enviados del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que ya tiene en sus manos, Morena.
Pero eso sí, la elección se celebrará el 1 de junio de 2025, pese a que, a la fecha, las listas que se dieron a conocer de los presuntos integrantes, está plagada de irregularidades, con la promesa de que ‘la buena’, quedará lista el 15 de diciembre, en donde ya sobresalen, puros personajes, afines al segundo piso, de la cuarta transformación.
Además, aún no se da a conocer cuántas casillas serán instaladas ni cómo funcionará en términos de distribución del espacio físico disponible para las diversas urnas, ni en términos de la cantidad de personal necesario para la custodia de los materiales y la secrecía del voto, pero es sí, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya está convocando, a través de mensajes en medios, a quienes quieran participar en los cursos que se le dará, para llevar a cabo el proceso sin tener definido, el tiempo que será necesario para que cada votante logre desahogar sus 39 o 40 votos.
Lo anterior se desprende de un análisis de Citibanamex, en donde señala que “será el evento electoral más largo que los mexicanos hayan enfrentado en su historia -por lo cual- es fácil advertir que, el margen para irregularidades e imprevistos es amplio”.
El INE llevará a cabo los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias respetivas a las personas ganadoras mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en su configuración actual) deberá resolver las impugnaciones que se presenten, excepto en los casos de magistrados electorales, que tocará resolver a la Suprema Corte.
Los nuevos juzgadores tomarán protesta de su cargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025 y quedarán adscritos al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre.
Y mientras estas inconsistencias persisten, mañana se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum asista al Consejo Nacional de Seguridad, que se llevará a cabo en Acapulco, en el que se prevé que emita un mensaje sobre el avance en materia de seguridad, en cuyo escenario, entre octubre y noviembre de 2024, se registraron 4,527 víctimas de homicidio, lo que representa un aumento del 6.5% respecto al mismo período de 2023, de acuerdo con un análisis de México Evalúa lo cual contrasta con los compromisos de la presidenta quien prometió llevar a México hacia la paz y la seguridad, un objetivo que, hasta el momento, sigue pareciendo lejano.
En el contexto, lo que pudiera implicar un parteaguas, es el llamado de la Iglesia Católica, dirigido especialmente a las organizaciones delictivas y grupos criminales para que el 12 de diciembre se establezca una tregua nacional que se enmarca en la celebración de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe.
Así es que, mientras los problemas de inseguridad avanzan en el país, las amenazas arancelarias, forman parte las diferencias que tendrá México, Estados Unidos y Canadá, a lo que suma, la migración y la intención de Trump de que sus socios comerciales pase a ser un Estado más de Estados Unidos, el escenario se torna, cada día más complicado para el gobierno de la transformación.
Pero quizás mañana, como se menciona, exista una respuesta de Estado y que los colores partidistas no importen en este caso, para defender a nuestra nación de las amenazas externas, pero queda la pregunta, y, ante ¿las amenazas internas que enfrentaremos, qué se hará?
Y ¿La operación Enjambre acaba con el régimen criminal?
El tema de las diferencias entre el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la presidente (a) Claudia Sheinbaum, siguen en la encrucijada, luego de que el primero reveló que “ella me dijo: ‘¿Por qué me estás haciendo esto?” a los que este viernes aclaro la mandataria mexicana que no fue así, porque “Trump tiene su manera de comunicar (...) la presidenta de México debe mantener la coordinación sin subordinación", indicó.
Ernesto Madrid
Solo que, en el fondo, también Trump apuntalo: ‘Solo estoy poniendo muchos aranceles (a las importaciones de México) porque (ustedes) están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso’ lo cual pone en entredicho las acciones, más mediáticas que de base, se han realizado en México para satisfacer las peticiones del próximo inquilino de la Casa Blanca.
Una de ellas, la operación ‘Enjambre’ en el Estado de México que si bien, es un paso adelante, la respuesta precisa de qué si acabará con el régimen criminal, es que no, por cinco motivos que pueden subsanarse (lo que es una buena noticia), de acuerdo con un análisis de México Evalúa.
La primera, que la detención no es sinónimo de justicia, la segunda, que si las detenciones no reducen la violencia criminal en todas sus formas, entonces son mero populismo punitivo, la tercera que, las detenciones pueden detonar las disputas de territorios, provocando enfrentamientos violentos entre grupos criminales, la cuarta que es urgente que dicha operación se lleve a cabo en toda la república mexicana o perderá muy rápido su legitimidad y la quinta, romper las redes de protección es condición necesaria, pero no suficiente, para acabar con el régimen criminal.
Ante esto, señala el organismo que, se requieren intervenciones integrales, como, por ejemplo, fortalecer a las policías, a partir de la dignificación de sus condiciones laborales ya que, si lo anterior es tomado en consideración, la operación ‘Enjambre’ podría ser solo- una de las poquísimas luces que ha dejado este obscuro inicio de sexenio.
En el contexto y del otro lado de la frontera, el decomiso histórico de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa le dio la razón a Trump por sus declaraciones por lo que el Partido Republicano de Estados Unidos, -al que por cierto pertenece- le ‘colgaron la medalla’ y atribuyen a próximo mandatario estadounidense, avance sobre el combate a las drogas.
El congresista republicano por Texas, Dan Crenshaw, incluso reposteó la publicación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch quien anunció el decomiso de la droga, que si bien es una buena noticia que realizó, junto con la presidente (a) Claudia Sheinbaum, la realidad es que “sumado al regreso de Trump a la Casa Blanca, significa que los cárteles finalmente ‘podrían’ tener una pelea en sus manos”.
Por lo pronto, Sheinbaum se justificó diciendo que “hay que evitar caer en la provocación (…) no voy a entrar tampoco a un debate. Él tiene su manera de comunicar, pero pueden tener la certeza, las y los mexicanos, que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación”, y aclaró que en la llamada que tuvo con Trump, nunca se habló de que “vamos a cerrar la frontera”.
Lo que llama la atención es que en el segundo piso de la cuarta transformación, la corrupción se sigue dispensandose, ya que, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el fiscal Alejandro Gertz integró como su asesor a Antonio Del Valle, quien en su declaración patrimonial reportó que por seis años fue coordinador de una empresa catalogada por el SAT como “fantasma” y que luego se integró como gerente en Segalmex, dependencia sobre la que la FGR tiene abiertas 25 carpetas de investigación por un desfalco de $15 mil millones.
Es más, deja en claro que, desde hace más de una década, Del Valle ha sido cercano colaborador de Ignacio Ovalle, el primer director de Segalmex; ambos coincidieron en Movimiento Ciudadano, partido del que Gertz fue diputado plurinominal de 2009 a 2012. Así las complicidades y las contradicciones entre lo que se hace y lo que se dice.
Si PAN y PRI se desfondan y este intento de un nuevo partido no se consolida, MC podría quedarse como única opción opositora
El Frente Cívico Nacional (FCN), ha notificado al INE su intención de registrar un nuevo partido político nacional, con el que buscará activar a los abstencionistas, que constituyeron cerca de 40% del electorado en la pasada elección.
Ernesto Madrid
La tarea no suena nada fácil para consolidar una nueva opción electoral ya que la ley establece como requisitos la celebración de asambleas en la mayor parte del territorio y una afiliación mínima de 0.26% del padrón electoral (cerca de 260 mil votantes actualmente).
Quienes cumplan con ello para 2026 recibirían su registro en julio de ese año, podrán participar en la elección federal intermedia de 2027, no obstante, el requisito final para conservar el registro es que el nuevo partido por sí mismo obtenga al menos 3% del voto para diputados federales.
Sin embargo, este podría ser un momento propicio para gestar una nueva opción opositora con la salvedad de que, si el PAN y PRI se desfondan y este intento de un nuevo partido no se consolida, MC podría quedarse como única opción opositora.
Vamos por partes, de acuerdo con un análisis de Citibanamex, después de la elección de 2024, organizaciones ciudadanas buscan construir una nueva opción, que podría modificar el sistema de partidos en 2027 en dónde, el Frente Cívico Nacional (FCN) conformado por ex militantes de partidos, académicos, líderes sociales y ciudadanos busca formar un nuevo partido para ganar acceso a la política electoral al margen de los partidos tradicionales de oposición.
“En los últimos tres años, desde que se fundó para frenar a Morena, junto con la oposición, el FCN participó en la organización de las marchas ciudadanas que terminaron por identificarse como ‘marea rosa’, y que salieron a las calles, en al menos 5 ocasione, para protestar los embates en contra de instituciones como el INE, la SCJN y el poder judicial en pleno.
En las elecciones de 2024, este Frente apoyó a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada, los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, respectivamente, sin embargo, después de las elecciones la oposición los marginó de posiciones legislativas y de sus procesos de configuración de nuevas dirigencias”.
Ante la evidente crisis en la que se encuentran sumidos esos partidos tradicionales, parece comprensible que organizaciones como el FCN se planteen la necesidad de construir nuevas opciones, pero no será fácil.
En su asamblea nacional del pasado 23 de noviembre, el FCN votó a favor de buscar formar un nuevo partido político, que se registró como Partido Político de los Derechos, las Libertades y las Causas Justas, aunque algunas personas han deslizado la posibilidad de registrarlo como “Libertario” o “Justicialista”, no será sino hasta 2025 cuando tendrían que decidir un nombre definitivo.
El FCN se plantea defender la democracia y generar una alternativa distinta de los partidos tradicionales, para ofrecer representación a quienes no confían en ellos, pero no es fácil formar un partido político ya que, la ventana para formar un partido político sólo se abre cada seis años.
En las últimas dos ocasiones, 2015 y 2021, 158 organizaciones notificaron al INE su intención de hacerlo, pero sólo seis consiguieron el registro aunado a que la alianza sociedad civil-oposición tradicional fue poco competitiva, por lo que no es claro cuánto arrastre tendrá el FCN tomando en cuenta que la victoria de Sheinbaum y los candidatos de Morena en general fue aplastante y la oposición obtuvo menos voto que en elecciones pasadas.
Aunque su objetivo fuese atraer sólo a los abstencionistas, si el FCN logra formar un nuevo partido, inevitablemente fragmentará a la oposición. De acuerdo con la encuesta de salida de El Financiero, los segmentos con mayor grado de escolaridad y de ingresos se ubican a lo largo de todo el espectro ideológico y son, simultáneamente, los que menos votaron a favor de Morena y los que menos confían en los partidos políticos, se trata, esencialmente, de opositores y, por consiguiente, sería natural que entre ellos hubiese, además de independientes, votantes de PAN, PRI y PRD.
Pero hay dos realidades, si el PRD ha desaparecido, PAN y PRI atraviesan una profunda crisis, un nuevo partido podría darles el tiro de gracia solo que si la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, que anunció que probablemente se una a esta organización, podría restarle credibilidad, por los políticos que traería detrás y por haber levantado la mano de Sheinbaum con apenas el 1% del conteo en las pasadas elecciones presidenciales.
*Así como los programas sociales para jóvenes y adultos mayores, también niñas y niños requieren del apoyo institucional para su bienestar y sano desarrollo.
*Presenta Early Institute, a través del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI – México) el reporte: “Prioridades de atención de la primera infancia 2024-2030”
*Se expone un diagnóstico, con áreas de oportunidad detectadas y recomendaciones para resolver problemas de pobreza, cuidado, educación, seguridad, protección, nutrición y salud de la primera infancia.
Si es del interés del gobierno, instituciones y autoridades que haya un auténtico estado de bienestar para todos, es necesario que también tengan en consideración una atención integral y especializada en primera infancia. Que se atiendan recomendaciones basadas en evidencia para resolver problemas y superar rezagos en pobreza, cuidado, educación, seguridad, protección, nutrición y salud.
En el reporte: “Prioridades de atención de la primera infancia 2024-2030” del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI), una iniciativa impulsada por Early Institute, se expone un diagnóstico puntual de la situación actual de niñas y niños de entre cero y cinco años en diversas áreas, con sus correspondientes recomendaciones para un desarrollo sano e integral.
Preocupados porque prevalezca el interés superior de la niñez en planes y programas gubernamentales en los próximos seis años, los especialistas Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, quienes coordinaron la publicación de este reporte, establecieron que ambas Cámaras del Congreso de la Unión, legislaturas locales, gobernadores, alcaldes y funcionarios son parte de una responsabilidad compartida en beneficio de la infancia.
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES
A partir de una serie de mesas de análisis con especialistas nacionales e internacionales de diversas disciplinas y con indicadores integrados en el Sistema de Indicadores de Primera Infancia, en el documento de Prioridades de Atención de la primera infancia 2024-2030: https://earlyinstitute.org/sipimexico/wpcontent/uploads/2024/11/241024_Prioridades-de-atencion_digital2.pdf, se establecen áreas de oportunidad y una serie de recomendaciones de interés para entidades del sector público y privado.
POBREZA
En este tema, se identificó que la primera infancia se encuentra en mayor situación de pobreza, en comparación con adolescentes y personas adultas, y se observó mayor vulnerabilidad en niñas y niños en hogares indígenas, con personas con discapacidad y rurales, así como baja cobertura de programas sociales para reducir la pobreza en la población de cero a 5 años de edad.
Aquí la recomendación para el gobierno federal, instituciones, diputados y senadores del Congreso de la Unión, diputados locales, gobernadores, alcaldes y resto de autoridades de los tres niveles de gobierno es que se amplíe el alcance de programas sociales de transferencias monetarias; focalizando las estrategias y programas con prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad para cambiar las cifras de pobreza extrema.
Además, dotar a la primera infancia con paquetes de servicios básicos complementarios, donde se incluyan servicios de vacunación, vigilancia del crecimiento y desarrollo, atención a la desnutrición, cuidado y educación infantil, prevención de violencia y crianza positiva.
CUIDADO Y EDUCACIÓN
El documento, cuyas conclusiones se desprenden de las participaciones de especialistas, se reconoce que, si bien el Estado tiene la obligación de brindar protección y cuidado a niñas y niños de cero a cinco años, de manera frecuente esas tareas las llevan a cabo mujeres adultas y niñas y niños, lo que genera bajo nivel de participación laboral y deserción escolar.
Además, existe una baja oferta de cuidados y servicios educativos y no hay homogeneidad en los esquemas de atención ni en los estándares de calidad en los servicios educación y cuidado de la primera infancia IMSS, ISSSTE, Pemex, SEP, y SNDIF por citar a algunas entidades públicas.
Lo que se necesita es promover la importancia y el valor de la educación inicial y preescolar entre madres, padres y personas cuidadoras en Centros de Atención Infantil e impulsar la implementación de la Política Nacional de Educación Inicial, incluido el fortalecimiento de prácticas de crianza positiva desde el hogar.
En materia de presupuesto, se requiere focalizar el gasto en los servicios de educación inicial en comunidades más vulnerables con la garantía de una distribución equitativa y efectiva, implementar un sistema de cuidados infantiles universal, gratuito y de calidad.
También es recomendable extender las licencias de maternidad (a 18 semanas) y paternidad (a al menos 20 días), incorporar políticas de cuidado que respondan a las necesidades de poblaciones, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, así como ampliar la gama de modalidades alternativas de cuidado con la participación de actores no gubernamentales.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
De acuerdo con cifras y estadísticas, es un hecho que la infancia en México, lejos de contar con un entorno seguro, las niñas y niños desde su primera infancia enfrentan problemas como la violencia en el hogar y la comunitaria; muchos de ellos padecen violencia normalizada como método de disciplina en el seno familiar o de personas cuidadoras.
Ante este escenario carente de un cuidado cariñoso y sensible a sus necesidades, un entorno seguro que les permita disfrutar de una buena salud, sentirse emocionalmente seguros y ser socialmente competentes y capaces de aprender, es urgente que con un enfoque de niñez intervengan autoridades como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) ante la comisión de posibles delitos, para que acompañen y representen a las niñas y niños durante todo el proceso evitando la revictimización.
También hacen falta mecanismos de colaboración con el Sistema Nacional DIF y otras dependencias para que haya un acceso a la justicia de niñas y niños porque hasta ahora los centros de salud y educativos carecen de capacitación sobre protocolos para notificar a las PPNNA ante la posible comisión de hechos violentos constitutivos de delito contra niñas y niños.
En síntesis, no se proveen las herramientas necesarias para que niñas y niños puedan reconocer conductas violentas y buscar ayuda de manera efectiva. Los protocolos vigentes en el ámbito educativo para prevenir y atender situaciones de violencia suelen ser poco aplicables en la educación inicial o preescolar.
NUTRICIÓN
En esta materia, es innegable que una mala nutrición en los primeros años de vida tiene consecuencias físicas y cognitivas importantes, desde disminuir la capacidad para retener información y aprender nuevo conocimiento, hasta retrasar y limitar el desarrollo del lenguaje.
También tiene consecuencias a largo plazo, comprometiendo la salud, el desarrollo académico, profesional y personal.
Lo mejor es generar entornos alimentarios y sostenibles que garanticen dietas sanas, accesibles y asequibles; fortalecer campañas de nutrición infantil con estrategias continuas y articuladas que visibilicen temas como la lactancia materna y la alimentación complementaria a partir de los 6 meses y aprovechen los medios digitales para incrementar su alcance; fomentar también la actividad física desde la primera infancia.
SALUD
Hasta ahora, existen numerosas barreras que dificultan el acceso efectivo a los servicios de salud: hospitales distantes de los hogares rurales, transporte insuficiente y caro, disponibilidad limitada de personal médico calificado, discriminación por condición social y étnica.
En lo que se refiere a la atención de la salud infantil aún se enfrentan grandes desafíos: carencias en la infraestructura sanitaria, falta de recursos médicos e insuficiencia de personal capacitado, que dificultan el monitoreo del desarrollo infantil temprano, la vacunación y el tratamiento de enfermedades.
Para enfrentar este tipo de rezagos hay que garantizar un acceso universal a la salud, unificando el sistema de salud bajo una única coordinación, estableciendo a criterios uniformes y creando más unidades de salud cercanas a las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, se requiere desarrollar una estrategia de comunicación integral y complementaria, dirigida al sector informal y sin seguridad social, para garantizar que las personas cuidadora s conozcan las alternativas y servicios de salud disponibles para los niños y niñas.
Según los expertos, bajo la actual política humanista y de bienestar, si se analiza este diagnóstico y se siguen las recomendaciones, pueden darse pasos firmes hacia una atención integral para niñas y niños desde la primera infancia.
Los especialistas de Early Institute llamaron a las autoridades del Gobierno Federal, de los tres niveles de gobierno y representantes de la academia y del ámbito legislativo, a considerar esta serie de prioridades como un punto de partida serio para el abordaje de la atención de la primera infancia en México.
La Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) inauguró la Cuarta Jornada de Periodistas , un evento que reunió a comunicadores y líderes de la sociedad civil para reflexionar sobre el papel crucial que desempeñan los medios en la transformación social.
La jornada se inauguró con la conferencia titulada " ¿IA no es el mejor oficio del mundo? ", donde Carlos Sánchez invitó a los asistentes a considerar la relevancia y el valor del trabajo periodístico frente a la creciente automatización y el uso de tecnologías avanzadas en la comunicación y la información.
Durante la apertura del evento, se enfatizó que el periodismo no solo se trata de informar, sino de crear conciencia y generar un sentido de urgencia para abordar los problemas sociales. La presidenta de FECHAC en la región de Chihuahua, Emilia Mejías, subrayó que los periodistas son aliados fundamentales en la difusión de proyectos que benefician a las comunidades más necesitadas. "Gracias a su trabajo, muchos chihuahuenses descubren oportunidades que no conocían", afirmó Mejías, resaltando el impacto transformador que tienen los reportajes y las historias contadas por los medios.
Esta jornada también es una plataforma para reconocer el esfuerzo conjunto de organizaciones civiles y empresas en la implementación de la Agenda Mundial 2030, un plan que busca el desarrollo sostenible y la inclusión social. "La suma de cada paso que damos se convierte en una fuerza imparable de cambio", expresó Mejías, invitando a los periodistas a llevar la labor de FECHAC como propia ya seguir cambiando vidas, un reportaje a la vez.
FECHAC ha estado trabajando en cientos de proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de los chihuahuenses, desde las comunidades más remotas de la Sierra Tarahumara hasta las ciudades más grandes como Ciudad Juárez y Chihuahua. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos son poco conocidos, lo que hace aún más relevante la labor de los medios de comunicación para dar visibilidad a estas iniciativas.
Como parte del programa de este ejemplar esfuerzo, destaca la participación de Marco Lara Klhar, María Teresa Juárez y de la periodista Marta Obeso, directora del portal informativo Esfera Noticias , quien impartirá el taller: " La Nueva Forma de Informar ", el cual tiene como objetivo equipar a los periodistas con las habilidades necesarias para navegar por el complejo mundo de la información, combinando el aprendizaje técnico con reflexiones éticas. Este taller prepara a los participantes no solo para utilizar herramientas de IA, sino también para ser defensores del periodismo responsable en la era digital.
La Cuarta Jornada de Periodistas no solo es un espacio de reflexión, sino también un recordatorio de que el periodismo tiene el poder de movilizar a la sociedad y generar un impacto positivo en la vida de las personas. Con cada historia contada, se construye un futuro más inclusivo y próspero para todos.
Se extiende debilidad en la demanda interna; el consumo se debilita y la inversión extiende su agotamiento
Si bien es cierto que habrá un aumento de 12% al salario mínimo en 2025, que pasará de 248.93 a 278.80, la triste realidad es que, en el tercer trimestre de 2024, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 35.1%, menor a la observada un año antes (37.3%) y la tasa de informalidad laboral fue de 54.6%, mayor a la del trimestre anterior (54.3%) y menor en su comparación anual (55.1%).
Ernesto Madrid
Es decir, que la mayor parte de las personas que trabajan, lo hace en la informalidad y ese salario mínimo para ellos es igual a nada, a lo que suma que ese poco más de 35% que se encuentra en pobreza laboral, equivale a alrededor de 45.6 millones de mexicanas y mexicanos que implica una diminución pequeña, con respecto al tercer trimestre de 2023, apenas de 2.2 puntos porcentuales.
“En el mercado laboral mexicano persisten dos fallas estructurales que necesitan ser atendidas a partir de políticas públicas integrales que puedan corregirlas: la baja participación laboral de las mujeres y la alta y persistente informalidad laboral” precisa la organización México ¿cómo vamos? en un extenso análisis del mercado laboral.
Al tercer trimestre de 2024 (3T2024) la tasa de participación laboral de los hombres se encuentra 30.1 puntos porcentuales por encima de la tasa de participación laboral de las mujeres; la tasa de participación de los hombres fue de 76.4%, mientras que la de las mujeres se ubicó en 46.3%; una brecha de 30.1 pp, ligeramente superior a la observada en el trimestre anterior (29.9 pp).
Además, la tasa de informalidad laboral se ubica en 54.6%, es decir, más de la mitad de la población ocupada en nuestro país no tiene acceso a seguridad social y, en promedio, sus ingresos son equivalentes a la mitad de lo que se observa en un empleo formal que, con el incrementó a un salario mínimo, la mayoría de la población se queda sin ese beneficio.
Si nos vamos al desglose de los datos, encontramos que, en el tercer trimestre de 2024 la población económicamente activa (PEA) del país fue de 61 millones 370 mil personas, 378 mil más que en el tercer trimestre de 2023; en la población ocupada se observa un incremento anual de 360 mil 777 personas; en la población desocupada un incremento de 16 mil 889 personas; en la población disponible un incremento de 94 mil 163 persona y en la población no disponible un incremento de 551 mil 317 personas.
En todo este contexto, en septiembre, hubo un retroceso en el consumo privado; se contrajo -0.3% durante septiembre (anterior: 0.1%), lo que implicó una moderación en su expansión anual al pasar de 2.8% en agosto a 1.7% durante septiembre con un acumulado del año, que se ha expandido en promedio 3.6% anual, una moderación desde el 4.2% para el mismo periodo del año anterior.
Además, la inversión hila dos meses con caídas ya que, durante septiembre, la inversión se contrajo -0.8% mensual (anterior: -2.2%), lo que implicó una contracción anual de -2.3% (anterior: 1.5%) con un acumulado del año en promedio de 5.7% anual, una moderación desde el 16.0% para el mismo periodo del año anterior.
Y, por si fuera poco, los datos de demanda interna apuntan hacia una desaceleración ya que, durante septiembre, la inversión y el consumo se contrajeron -0.8% y -0.3% mensual, con debilidad particularmente en la importación de bienes de consumo (-4.1%) y maquinaria y equipo importado (-3.3%) reflejando la depreciación del tipo de cambio.
Así es que, para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe ser una prioridad la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que permita que las mujeres puedan entrar y permanecer en el mercado laboral remunerado, así como un programa de formalización del sector informal de la economía (28.1% de la población ocupada), el ámbito agropecuario (9.9% de la población ocupada) y el trabajo doméstico remunerado (3.8% de la población ocupada); sin olvidar al trabajo informal que se realiza en el sector formal de la economía (empresas, gobierno e instituciones), correspondiente al 12.8% de la población ocupada en el país.
El Paquete Económico 2025 va en contra de los principios de desarrollo social y combate a la pobreza que el régimen actual abandera
El Paquete Económico plantea un severo recorte al gasto en salud, como parte de la estrategia de consolidación fiscal, la falta de gobernanza y blindaje institucional que permite se reduzca el gasto en este derecho humano.
Ernesto Madrid
En paralelo, la urgencia por acabar las obras prioritarias del Gobierno de López Obrador impulsó la inversión en infraestructura de enero a octubre con un nivel no visto desde 2016 que ha provocado un endeudamiento, muy superior a la inversión física y el gran aumento de la deuda en 2024 se ha dado a costa no de impulsar la inversión, sino el gasto corriente.
Lo anterior es el escenario que se advierte entre los ingresos y gastos del gobierno federal que, para México Evalúa, “estamos bajo una combinación nociva. Por un lado, un Gobierno que se aleja de la transparencia, los contrapesos y la rendición de cuentas.
“Por el otro, un régimen criminal que en algunas regiones suplanta al Estado. En este contexto, la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial, por su mal diseño, se ha convertido en el símbolo de un gobierno que prioriza el poder sobre los derechos de las personas”.
En todo este contexto, la situación se agrava con el Paquete Económico 2025 que opta por recortes que profundizan no sólo la desigualdad, sino la violencia e inseguridad de la ciudadanía.
“Las dependencias que atienden la salud de la población más vulnerable, como el IMSS-Bienestar, sufrirán los mayores impactos. De la misma manera, se avizoran recortes a la seguridad en uno de los periodos más violentos de la lucha entre facciones del crimen organizado.
Mientras tanto, el gasto en proyectos emblemáticos como el Tren Maya, o el incremento de las pensiones no contributivas (los apoyos y pensiones del Bienestar) han alcanzado niveles históricos”,
Todo lo anterior refuerza la percepción de un gobierno que prefiere acumular poder y construir clientelas políticas, antes que hacerse responsable de sus funciones como Estado moderno.
Para el director de México Evalúa, Luis Rubio, estamos ante ‘un gobierno sin recursos y sin reforma fiscal’ ya que un sistema fiscal sostenible requiere gobernanza de calidad y rendición de cuentas.
“En países con altos impuestos y buenos servicios (como Japón o Canadá), la confianza social sostiene el pacto entre ciudadanos y gobierno. En México, la corrupción y el uso privado de fondos públicos minan este contrato social. El pago de impuestos debe implicar contraprestaciones: mejores servicios y bienes públicos. Sin ellas, la legitimidad de una reforma fiscal se tambalea” advierte.
Lo cierto es que, propuestas fiscales en México fracasan porque carecen de condiciones políticas y de un régimen de contrapesos, pero el gobierno actual, al debilitar instituciones democráticas, se aleja de un modelo viable. Sin democracia efectiva, no hay legitimidad para una reforma fiscal.
Aunque el presupuesto de las personas con seguridad social caerá en 2025, su reducción será ínfima frente al recorte que sufrirá la población más vulnerable del país, pues las dependencias más afectadas serán las que atienden a las personas no aseguradas, como la Secretaría de Salud o el IMSS-Bienestar.
El impacto será el ensanchamiento de las brechas presupuestarias entre asegurados y no asegurados a un nivel no visto en 20 años señala México Evalúa. En este contexto se hará muy difícil solucionar los problemas de falta de citas o desabasto de medicamentos que tanto aquejan hoy al sector salud, pero eso sí, más clientelas políticas, pero menos derechos básicos.
Persiste tendencia a la baja en la confianza empresarial y caen empleo remuneraciones en septiembre y el crédito bancario se redujo
La inequidad en la distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), destinado a cubrir las necesidades de infraestructura de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, pone en desventaja a las entidades con las mayores carencias porque, paradójicamente, son las que menos recursos recibirían advierte la organización Mexicanos Primero.
Ernesto Madrid
En paralelo, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) aumentó 0.2 puntos en la construcción, en noviembre, sin embargo, ésta se redujo -0.6 puntos en los servicios privados no financieros (SPNF), 0.5 puntos en el comercio y 0.1 puntos en las manufacturas, mientras que, en septiembre, el índice global de personal ocupado de los sectores económicos (IGPOSE) se redujo 0.1% mensual con cifras desestacionalizadas (cd) acumulando 4 meses con disminuciones.
Este indicador, que representa una aproximación del personal ocupado para la construcción, las manufacturas, el comercio y los servicios privados no financieros –con base en las encuestas a establecimientos del INEGI– no ha podido recuperar su nivel previo a la pandemia.
Más aún, en el acumulado enero-septiembre de este año, el IGPOSE presenta una caída de 0.5% anual, con cifras desestacionalizas, en tanto, el índice global de remuneraciones de los sectores económicos (IGRESE) se redujo 0.2% mensual, tras la expansión de 1.1% en agosto.
Este indicador acumuló un aumento anual de 3.9% en enero-septiembre de 2024, menor que el de 5.0% para el mismo periodo de 2023 por lo que el índice global de remuneraciones medias reales de los sectores económicos (IGREMSE) también se redujo 0.2% mensual y el crédito bancario redujo su ritmo de expansión que, en octubre aumentó 0.4% mensual en términos reales, tras las expansiones de 1.1% y 0.6% en agosto y septiembre, respectivamente.
En lo que respecta al índice de confianza empresarial, el componente “momento adecuado para invertir” sigue débil ya que en los servicios y las manufacturas creció 0.2 y 0.1 puntos en octubre, respectivamente, mientras que en el comercio y la construcción disminuyó 0.3 y 0.2 puntos, en ese orden, pero en todos los casos, este indicador se mantiene por debajo del umbral de 50 puntos asociado al deterioro del panorama político, que se reflejará en menores niveles de inversión privada.
En lo que respecta a los recursos para infraestructura educativa, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, se propone transferir más recursos a las entidades con mayor número de estudiantes y de escuelas, y no a las que tienen más carencias de infraestructura escolar. Es decir, no se consideran las necesidades de las entidades en cada nivel educativo, sino el tamaño de la matrícula escolar y la cantidad de escuelas.
En el Proyecto de PEF 2025 tiene un monto de 13 mil 762 millones, lo que representa un aumento de 3.15% respecto de lo asignado en 2024. De acuerdo con datos de la Mejoredu del ciclo escolar 2021-2022, 54,662 escuelas en el país no tienen agua potable, 5,950 no cuentan con baños, 42,474 no tienen lavamanos y 25,890 carecen de electricidad.
Caen remesas 1.6% anual en octubre pasado, y Trump aún no llega con su plan antimigratorio
Existe todo un movimiento para sacar a México del T-MEC confirmó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico en el marco de la Cumbre de las 1000 empresas más importante de México, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum culpó a los canadienses de tener, también, problemas graves de consumo de fentanilo.
Ernesto Madrid
“Los problemas de México no pueden compararse con los de Canadá, no por ello somos menos, nunca jamás, pues su segundo socio comercial tiene problemas graves de consumo de fentanilo (…) Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves” advirtió.
Solo que el detalle está en que la agenda política y económica de México y Estados Unidos está muy enfocada en la migración y el combate contra el fentanilo, por lo que existe una ‘gran ola’ en Canadá que desea excluir a México del T-MEC, confirmó el empresario, ya que el país aborda muchos temas que no les incumben a ellos pero que jalan el foco de la conversación de la relación trilateral.
Y así lo han manifestado, al menos, dos gobernadores canadienses (el primer ministro de Ontario y la primera ministra de Alberta) bajo el argumento de que México debe quedar fuera, porque Trump tiene puesta la mirada en Canadá, sino atiende los problemas de migración y narcotráfico.
Pero la presidenta, descarta incluso esa ‘invasión suave’ que reveló la revista Rolling Stone la semana pasada, por si no atiene el problema y no solo las causas, al señalar que le dijo a Trump que su ‘delfín’ García Harfuch encabeza un gabinete de seguridad muy competente y coordinado como almirante secretario y que, sobre todo, se debe respetar ‘nuestra soberanía’ por lo que será “muy importante que compartiéramos información; que hubiera las labores de inteligencia e investigación”.
Solo que en el camino interfieren los intereses del ala dura de Morena y la gente de Claudia Sheinbaum que ponen por encima los intereses políticos de los sociales, y están en el golpeteo bajo y anticipado a la presidencia de 2030, revela este lunes Raymundo Riva Palacio.
“Las resistencias dentro del gobierno federal, donde los leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador pertenecen al sector duro al que le molesta la presencia de García Harfuch porque no es parte de su causa sino simboliza a sus enemigos, pero es en quien descansa fuertemente Sheinbaum y lo perfilan como una de sus cartas fuertes para la sucesión en 2030” por ejemplo señala, se está cruzando en el combate a los criminales con pugnas entre las facciones que existen dentro de Morena y, por razones de sobrevivencia, el realineamiento de lealtades rumbo a la sucesión presidencial.
“La prueba más clara es la Operación Enjambre, que escondió los primeros golpes contra el grupo político de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y actual secretario de Organización Electoral de Morena, a quien se señala dentro del gobierno como el principal responsable de los ataques contra García Harfuch, y las complicidades políticas mexiquenses con el crimen organizado, que propiciaron la fuga de siete funcionarios que iban a ser detenidos”.
Lo lamentable es que mientras en México se están ‘peleando el hueso presidencial’ sin atender a la población, los cárteles mexicanos, incorporar a estudiantes de química de universidades mexicanas a sus tropas de fabricadores de droga, según reveló una investigación de The New York Times, no sólo para fortalecer su producción de fentanilo, sino como “cocineros” en laboratorios clandestinos, que se les pide, desarrollen métodos para hacer la droga más fuerte y adictiva por un salario de 800 dólares mensuales o 16 mil pesos.
Y mientras, por primera ocasión el flujo de remesas hacia México reporta dos meses consecutivos con caídas anuales desde febrero a junio del 2013, con una caída de 1.6% anual en octubre pasado, de acuerdo con el Banco de México.
Y eso, que todavía no llega Trump, con su política migratoria.
El aumento de políticas proteccionistas entre las principales economías afectará el crecimiento del PIB en los mercados emergentes advierte S&P Global
Tres calificadoras han cambiado su percepción a negativa, sobre el panorama económico de México, Moody’s y HR Ratings cambiaron la perspectiva crediticia de estable a negativa y Standard and Poor’s redujo sus perspectivas de crecimiento para México en 2025 a 1.2 desde 1.5% y en medio, las amenazas arancelarias que dice la presidenta, Claudia Sheinbaum: “tenemos un plan” que quizás no usaremos, porque vamos a llegar a un acuerdo.
Ernesto Madrid
“Si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan, pero el objetivo es que no ocurra” lo delicado del tema, es la soberanía que antepone en nombre de todos los mexicanos, al señalar que “Nos vamos a poner de acuerdo, yo estoy convencida, defendiendo nuestra soberanía, con el respeto a las y los mexicanos”.
En el contexto está también la reforma al Poder Judicial, tan cuestionado como el hecho de la poca transparencia para el registro de candidatos, la eliminación de los órganos autónomos al que se oponen en el marco del T-MEC, un peso que se ha devaluado, desde que la presidenta ganó las elecciones, en al menos el 20% pero podría tomar un respiro de corto plazo, luego de la llamada de Claudia Sheinbaum a Trump y la inseguridad, que sigue siendo, muy disputada.
Por ejemplo, la American Chamber México destaca en su último sonde de Seguridad Empresarial que “la impunidad y falta de acción por parte de las autoridades envía un mensaje de permisividad hacia las organizaciones delictivas; los cuerpos de seguridad del Estado mexicano tienen diferentes niveles de preparación y esto se refleja en desigual efectividad de combate a la inseguridad. En tanto, el crimen organizado se consolida como una industria con amplio poder financiero y de acción que ha alcanzado altos niveles de sofisticación”, rebasando al gobierno federal.
Pero, además, señalan que el crimen organizado es una de las preocupaciones más grandes, porque la extorsión se ha vuelto el delito más poderoso. Y es que ya no se tienen que cubrir bajo la noche, lo hacen a plena luz del día.
Y si bien es cierto que ha disminuido la percepción sobre la inseguridad que paso del 17 al 39% no es gracias a las autoridades, sino a que han tenido que invertir más en sus sistemas de seguridad, con un 10% de su presupuesto que canalizan a gasto de operación, contrario al 2% de hace dos años.
Ocho de cada 10 empresarios dijeron que el Estado de Derecho se hace valer poco o nada en el país; 81% tienen una percepción negativa generalizada sobre la aplicación de las leyes en el país e incluso, la “cifra negra”, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, durante 2022 únicamente se denunció e inició una carpeta de investigación en el 7.6% de delitos cometidos en el país, lo que refleja un alto grado de impunidad.
En paralelo, S&P Global se en su estudio “Panorama económico para los mercados emergentes, primer trimestre de 2025: Incertidumbre en el entorno comercial amenaza el crecimiento”, señala que el probable aumento de las políticas proteccionistas entre las principales economías afectará el crecimiento del PIB en la mayoría de los mercados emergentes durante los próximos años, pero la magnitud del impacto dependerá de los detalles de esas políticas, que serán más claros en los próximos meses.
“Por ahora, suponemos sólo un modesto aumento de los aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China en 2025 y ningún arancel nuevo para el resto del mundo, lo que podría generar un impacto neto relativamente modesto en el PIB en la mayoría de los mercados emergentes fuera de China. Sin embargo, los riesgos a la baja para nuestras proyecciones son altos, y un posible endurecimiento de las condiciones financieras debido a la incertidumbre relacionada con el comercio suma otro riesgo”
Ante esta crisis, dice la American Chambers, y desde los años anteriores, hay un divorcio entre lo público y lo privado que hace que hoy las empresas tengan que cumplir inclusive algunas funciones de seguridad pública para autoprotegerse. Y más ahora con la Guardia Nacional, que hablamos de una Guardia en construcción, que está más concentrada en construirse que en resolver.
La aprobación de la prisión preventiva oficiosa en México es uno de los cambios legislativos más controversiales de los últimos años, especialmente desde que fue incorporada en la reforma constitucional de 2014.
Desde hoy, aparentemente criminalizará la pobreza por afectar a las personas acusadas que carecen de recursos económicos para contratar su defensa jurídica en un eventual proceso al que llegará en condiciones adversas y de estado de indefensión.
Constitucionalistas consultados por este espacio de reflexión, consideran que esta medida establece que ciertos delitos graves, como los relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, y algunos delitos violentos, pueden llevar de manera automática a la detención preventiva de los acusados, independientemente de su culpabilidad o inocencia, sin que medie una valoración judicial previa.
Si bien la intención detrás de la reforma es garantizar la seguridad y la administración de justicia en casos de delitos graves, sus repercusiones en materia de derechos humanos son alarmantes y requieren una reflexión profunda sobre el impacto en la justicia penal, la dignidad humana y las condiciones de vida de los detenidos.
Opinan que uno de los principios fundamentales del sistema de justicia penal es el de la presunción de inocencia, el cual establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio con las debidas garantías.
Esta regla es esencial para evitar la criminalización anticipada de personas que, por diversas razones, pueden ser acusadas injustamente; sin embargo, la prisión preventiva oficiosa socava este principio, ya que impone la detención de una persona bajo la acusación de un delito grave sin que se haya llevado a cabo una evaluación judicial rigurosa ni una sentencia condenatoria.
En lugar de garantizar la presunción de inocencia, esta práctica asume la culpabilidad del individuo y lo castiga de antemano, vulnerando su derecho a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario.
La consecuencia más grave de esta vulneración es que, al imponerse la prisión preventiva oficiosa de manera automática, se desdibujan las fronteras entre juicio penal y condena anticipada.
Las personas detenidas en este contexto quedan privadas de libertad durante largos períodos, sin que exista una sentencia firme, lo que puede llevar a que se produzca un efecto punitivo preventivo que afecta la integridad de los acusados y su derecho a defenderse adecuadamente.
Establecen que la aplicación masiva de la prisión preventiva oficiosa también tiene un impacto directo en las condiciones de los centros penitenciarios en México, que ya enfrentaban una crisis de hacinamiento y sobrepoblación antes de la reforma.
La sobrepoblación carcelaria se ha convertido en un problema estructural en el sistema penitenciario mexicano, y la prisión preventiva oficiosa ha exacerbado esta situación; al ser un mecanismo de privación de libertad aplicado de manera masiva y sin el debido proceso, el número de personas en prisión preventiva ha aumentado considerablemente.
Este hacinamiento trae consigo una serie de violaciones de derechos humanos relacionadas con las condiciones de vida en las prisiones porque las personas detenidas preventivamente se ven obligadas a vivir en espacios estrechos, insalubres y violentos, lo que pone en riesgo su salud física y mental.
La falta de infraestructura, el acceso limitado a atención médica, las pésimas condiciones de higiene, y la violencia tanto de las autoridades como de otros internos son situaciones comunes en muchas prisiones mexicanas.
Estos hechos constituyen una clara vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la integridad personal, a la seguridad, y a la dignidad humana.
Además, el hacinamiento y la carencia de recursos adecuados en los centros penitenciarios hacen que la reinserción social de los reclusos sea cada vez más difícil.
En lugar de cumplir con los objetivos rehabilitadores del sistema penitenciario, las personas detenidas en prisión preventiva oficiosa se ven atrapadas en condiciones que perpetúan la criminalización y la exclusión social, lo que agrava su situación y contribuye a la creación de un ciclo de violencia y pobreza.
Otro aspecto crucial en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa es el derecho a la defensa ya que las personas que son sometidas a esta medida, muchas veces, se encuentran en una situación de desigualdad frente al sistema de justicia.
La prisión preventiva impide que los acusados puedan contar con un tiempo adecuado para preparar su defensa, debido a que se encuentran privados de libertad, y muchas veces carecen de los recursos para contratar un abogado que los represente de manera eficaz.
Las condiciones de detención, como el hacinamiento y la falta de acceso a una comunicación adecuada con sus defensores, también dificultan su derecho a un juicio justo.
Los abogados expresan que el derecho a la defensa se ve afectado porque, al permanecer detenidos sin juicio, las personas no tienen oportunidad de ofrecer pruebas en su favor, de cuestionar las pruebas presentadas en su contra o de negociar posibles acuerdos con la Fiscalía.
Esto se convierte en una desigualdad estructural, ya que las personas con menos recursos económicos, que son las más propensas a ser detenidas preventivamente, se ven forzadas a aceptar acusaciones sin la posibilidad de un juicio adecuado.
Este desajuste en el sistema judicial crea un ambiente de impunidad, ya que las autoridades pueden abusar de la detención preventiva para obtener confesiones o presionar a los detenidos sin los debidos procedimientos legales.
La prisión en “automático” tiene un impacto desproporcionado en grupos vulnerables como mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad y aquellas que viven en situaciones de pobreza.
Estos grupos enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia, como la falta de recursos, la discriminación sistémica y la ausencia de un entorno legal que proteja sus derechos.
Las mujeres, por ejemplo, pueden ser detenidas por delitos relacionados con la violencia de género o el narcotráfico sin una valoración adecuada de su contexto personal, lo que las coloca en una situación aún más vulnerable dentro del sistema penitenciario.
Las personas indígenas, por su parte, enfrentan obstáculos lingüísticos y culturales que dificultan su defensa, y pueden ser detenidas sin una traducción adecuada o sin que se tomen en cuenta sus particularidades.
El uso de la prisión preventiva oficiosa, además, genera un efecto de criminalización sobre las personas que ya viven en condiciones de marginalidad, contribuyendo a la perpetuación de desigualdades estructurales.
En este sentido, la medida afecta principalmente a quienes no tienen los recursos o el acceso a una defensa eficaz, lo que incrementa la discriminación y la exclusión dentro del sistema penal mexicano.
Finalmente, otro aspecto crucial es la falta de revisión judicial en la implementación de la prisión preventiva oficiosa porque la detención de una persona debe ser una medida excepcional, y en su caso, debe ser revisada periódicamente para asegurar que continúe siendo necesaria.
Sin embargo, en la práctica, muchas personas permanecen detenidas sin que se les realice una revisión o se les otorgue la oportunidad de impugnar la medida y esto se convierte en una forma de impunidad, donde las personas permanecen en prisión durante meses o incluso años sin un juicio justo.
La detención preventiva oficiosa o ex profeso, en muchos casos, se convierte en una especie de castigo anticipado, sin que exista una sentencia que respalde la medida.
La aprobación de la prisión preventiva oficiosa en México ha generado una serie de repercusiones que no sólo afectan el funcionamiento del sistema de justicia penal, sino que tienen un impacto directo y profundo sobre los derechos humanos de las personas detenidas.
La medida socava el principio de la presunción de inocencia, genera condiciones inhumanas de detención, afecta el derecho a una defensa adecuada y perpetúa la discriminación estructural en el acceso a la justicia.
Si bien la medida busca garantizar la seguridad pública, es esencial que se revalúe su aplicación en aras de proteger los derechos humanos, evitando que la justicia penal se convierta en un mecanismo de castigo anticipado y promoviendo un sistema que garantice el derecho a un juicio justo, la libertad personal y la dignidad humana para todas las personas.
Al convertirse en una realidad que criminalizará la pobreza, pues que de una vez que México deje de formar parte de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y que venga el autoritarismo con olor a Dictadura.
Al tiempo.
*El autor es periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación escritos y digitales en Ciudad de México, Sonora y Arizona, además Premio Nacional de Periodismo 2010 por “Mejor Reportaje Web en México”.
Es Director General de AM Diario, colaborador del medio binacional Irreverente Noticias, colaborador en Dossier Político, Pajarito News y Esfera Noticias.
La amenaza de aranceles aumenta riesgos para el crecimiento económico
A final de cuentas y luego de la carta que le envío al presidente electo Donald Trump que fue visto más como un ‘acto de propaganda’ y no de alta política, la presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó, vía telefónica con el próximo mandatario de los Estados Unidos como lo hizo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en lugar de preparar un evento de ‘parafernalia’, tomó el teléfono y le marcó a Trump.
Ernesto Madrid
Incluso, así lo tomaron diversos analistas como Citibanamex que calificó la posición de Claudia Sheinbaum sobre sobre su carta en donde amenazó de que “a un arancel vendrá otro en respuesta” como una “vaguedad” por la magnitud de dichos aranceles y que, el cumplimiento de las amenazas afectaría el 40% de las importaciones, que es lo que representan las que provienen de EUA.
“Sin embargo, los pronunciamientos expresados ayer y hoy elevan la probabilidad de ver una guerra de tarifas (…) es previsible que el efecto neto sea negativo sobre las exportaciones de México. Guerra de aranceles presionaría los precios en México. Una depreciación adicional del tipo de cambio más los costos de los aranceles traspasados a los consumidores generarían presiones inflacionarias que anticipamos no estarían compensadas por la menor actividad productiva asociada a menores exportaciones” destaca Citibanamex.
Ante esto, en su afán por calmar a los mercados, Sheinbaum tomo el teléfono y como resultado y de acuerdo con lo que escribió la presidenta en sus redes sociales es que fue “excelente -la- conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México".
Incluso dijo que hubo entendimiento para reforzar la colaboración en temas de seguridad "en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo".
A la par, la mañana de este miércoles, presentó a su equipo que enfrentará ‘los halcones’ del presidente Trump, denominado Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, cuyas tareas son sí, impulsar el desarrollo industrial y de inversión en el país, pero también, en palabras de su coordinadora, la empresaria Altagracia Gómez, la de participar en el llamado “cuarto del lado” durante la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, T-MEC.
Solo que se advierte que lejos quedo el equipo capacitado en la Secretaría de Economía que la exsecretaria Raquel Buenrostro los corrió a todos en el sexenio pasado y ahora le apuestan a poner en la mesa, a empresarios y empresarias que han demostrado no ser nada débiles a la hora de negociar.
Sin perder de vista que en México se acentúa la incertidumbre para invertir ya que en el congreso avanza la eliminación de siete organismos autónomos cuya posición no acaba de convencer a los inversionistas y negociadores del T-MEC que mantienen una pausa en los países socios como tampoco, la reforma judicial, hecha ‘al vapor’.
De hecho, una encuesta nacional de El Financiero realizada en noviembre señala que el 44% de las personas consultadas considera que lo mejor para el país es tener organismos autónomos que vigilen lo que hace el gobierno, mientras que 42% opina que es mejor eliminar dichos entes y usar los recursos en otras cosas.
Aunado a esto y en medio del pulso arancelario, hay un mayor apetito por la relocalización de empresas chinas en Sudamérica con miras a abrir un comercio más directo con sus principales socios en la región y exportar a EE.UU., pero no con México sino para países como Colombia
“Hay oportunidades de explorar el nearshoring en el sector automotor con empresas como BYD, dijo a Bloomberg Línea la directora ejecutiva de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio Colombiana, Ingrid Chaves.
El fabricante chino de vehículos eléctricos ya ha realizado inversiones por alrededor de 910 millones de dólares en Brasil y Chile hasta 2023 y en febrero de 2024, realizó un estudio de viabilidad para la construcción de una planta en México, pero el plan no se ha concretado hasta el momento por la incertidumbre que prevalece.
Ernesto Madrid
