La presidenta del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García, hizo un llamado firme y urgente a poner fin a cualquier forma de violencia contra las mujeres en la capital de Sonora.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "desde el Partido Verde en Hermosillo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las mujeres y niñas, así como con la construcción de una sociedad donde la dignidad, el respeto y la igualdad sean una realidad diaria".
Karla Yanez convocó a fortalecer los mecanismos de prevención y a garantizar que ninguna denuncia presentada en las instancias jurisdiccionales de Procuración y Administración de Justicia quede en la impunidad.
Resaltó que "es momento de que las instituciones respondan con sensibilidad, eficacia y responsabilidad ante las mujeres que alzan la voz y buscan justicia".
Reiteró que la lucha contra la violencia de género requiere la participación de todas y todos.
"Desde nuestro ámbito, seguiremos promoviendo acciones, políticas y espacios que contribuyan a un Hermosillo más seguro, más justo y más humano para cada mujer", culminó la dirigente del Partido Verde en la Ciudad del Sol.
Aunque la IED alcanza niveles históricos y se presume como prueba del atractivo del país, debajo de los números brillantes surgen inconsistencias: la manufactura avanza con lentitud, el consumo se estanca y la inversión nacional sigue sin despegar.
La Secretaría de Economía volvió a desplegar el reflector sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), presentando el dato estrella del año: 42 mil millones de dólares anunciados en el primer semestre y 41 mil millones confirmados al cierre de 2025. Cifras que Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, exhibe con convicción casi eufórica, como si el nearshoring hubiera resuelto de golpe todas las urgencias estructurales del país. El incremento general de 15% respecto a 2024 alimenta la narrativa oficial de un México que se consolida como imán para el capital global.
Ernesto Madrid
Los números acumulados también lucen impecables: 40,960 millones de dólares en los primeros nueve meses, 14.5% más que el año pasado. Pero detrás de la euforia conviene revisar las letras pequeñas: se trata de datos preliminares, sujetos a revisión por Banco de México, ese árbitro silencioso que suele ajustar lo que la Secretaría prefiere dejar en condición de hazaña.
Aun así, algo es innegable: las llamadas “nuevas inversiones” —dinero fresco, no simples reintegros de capital ya presente— crecieron más de 200%, superando los 4,500 millones de dólares. Solo en el tercer trimestre se registraron 6,695 millones, un salto de 127.9% anual, impulsado por 3,414 millones en nuevas inversiones y 4,391 millones en cuentas entre compañías. La otra cara del dato es menos espectacular: la reinversión de utilidades pierde fuerza y algunas empresas optan por retirar ganancias antes que apostarlas de nuevo.
Estados Unidos sigue siendo el principal origen de la IED, con alrededor de 30% de los flujos; detrás vienen España, Países Bajos, Japón y Canadá. El destino preferido del capital continúa siendo la manufactura, con 37% del total, sobre todo el sector automotriz y de autopartes; después destacan los servicios financieros y la construcción, esta última impulsada por parques industriales y proyectos energéticos.
Sin embargo, la fotografía no es tan homogénea como sugiere el discurso oficial. México puede estar recibiendo cantidades históricas de inversión extranjera, pero su economía interna camina a un ritmo que contrasta con los aplausos. La manufactura apenas creció 0.2% en septiembre; el personal ocupado retrocedió 0.1% y las horas trabajadas cayeron 0.4%. La capacidad instalada al 80.8% refleja estabilidad, sí, pero también la falta de un motor interno que empuje el crecimiento.
El consumo privado —la madre de todos los mercados— avanza 0.1% en septiembre y octubre, apenas un guiño después del 0.6% de agosto. Las exportaciones hacia Estados Unidos, en cambio, parecen vivir su propia realidad: 354.9 mil millones de dólares entre enero y agosto, 6.1% más que el año pasado, y una participación récord de 17.2% en las importaciones estadounidenses. México vende más que nunca, pero eso no necesariamente se traduce en una economía más dinámica puertas adentro.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se compara este “año dorado” con administraciones anteriores: sin el discurso del nearshoring, el sexenio de Peña Nieto captó ligeramente más IED que el actual, y los flujos de 2013 a 2018 superaron los de los primeros años de relocalización productiva. A ello se suma que una parte del récord de 2025 obedece a operaciones corporativas específicas, inversiones pospuestas por la pandemia y particularidades metodológicas.
La IED, además, es solo una pieza del rompecabezas. Los nuevos datos de formación bruta de capital fijo muestran que la inversión total en México equivale a 22.6% del PIB, lejos de la meta de 24% que economistas consideran indispensable para crecer de forma sostenida. Los 41 mil millones de dólares de IED representan apenas 13% de la inversión total: un complemento importante, sí, pero insuficiente para cambiar el rumbo económico por sí solo.
El desafío central permanece sin resolverse: mientras persista la incertidumbre interna —la reforma judicial, posibles cambios fiscales, la renegociación del T-MEC en 2026, reglas poco claras en sectores regulados— el empresario mexicano seguirá frenando su capital. Y sin inversión nacional, la extranjera pierde tracción.
La buena noticia es real: México está captando más dólares que nunca. La mala es que estos dólares, por sí solos, no bastan. Celebrar es válido; convertir ese récord en un punto de partida para fortalecer la inversión interna es lo que no puede seguir postergándose.
@JErnestoMadrid
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En un país donde la violencia se ha vuelto paisaje y la inseguridad acompaña cada decisión cotidiana, insistir en la cultura de la paz parece, para algunos, un acto de ingenuidad.
Pero es exactamente lo contrario.
En México, donde históricamente las autoridades han fallado en garantizar seguridad, servicios de salud dignos y la infraestructura más básica para que las familias vivan sin miedo, la paz no debe entenderse como un destino idealizado, es una estrategia urgente y profundamente realista.
La experiencia reciente -y las que se avecinan-, deja claro que la confrontación perpetua no ha resuelto los conflictos, sólo los ha multiplicado.
El diálogo, en cambio, ha sido históricamente el motor de las transformaciones sociales más duraderas.
La mediación abre rutas donde la fuerza bruta sólo levanta muros.
La cultura de la paz, bien entendida, es un ejercicio de responsabilidad colectiva que no pide renunciar a la justicia, pide asumirla desde la inteligencia social y no desde la imposición.
En este escenario, las comunidades más apartadas siguen pagando el costo más alto.
Sin inversión, sin empleo, sin oportunidades, sin caminos ni clínicas que funcionen, cualquier intento de pacificación es apenas un discurso vacío.
Para abatir el rezago que arrastra a miles de familias, es indispensable generar un ambiente que permita crecer, emprender y creer nuevamente en un futuro distinto.
La paz también se construye con infraestructura, con maestros en las escuelas, con doctores en las comunidades, con empresas que invierten y con gobiernos que escuchan.
Por eso resulta relevante el papel que empieza a adquirir la Organización Mundial por la Paz en México y en Sonora, una institución que no se limita a pronunciar buenas intenciones.
La OMPP Sonora emerge como un agente de cambio dispuesto a fomentar una verdadera cultura de los acuerdos.
Su llamado es claro:
Sumar, dialogar, coordinar acciones y trabajar a favor de quienes menos tienen.
Es en esta visión donde empresas socialmente responsables y gobiernos comprometidos, encuentran un punto de coincidencia, no para repartir culpas, es para compartir soluciones.
La paz no llegará por decreto ni por discursos; llegará por decisiones valientes, por puentes tendidos y por voluntades que elijan colaborar antes que confrontar.
Así lo entiende Cristóbal Navarro Amaya, delegado de la OMPP en Sonora, quien expresa que México necesita esa energía distinta, esa fuerza silenciosa que nace del entendimiento y de la empatía:
La paz.
Coincidimos en que si somos capaces de construirla, incluso en medio de la tormenta, estaremos más cerca del país digno que nuestras familias merecen.
Más allá de la retórica institucional, México necesita un nuevo pacto social que coloque en el centro a las comunidades, especialmente a aquellas que han sido abandonadas por décadas.
Cuando hablamos de paz, hablamos también de oportunidades: inversión, empleos, educación, caminos en buen estado, clínicas que sí atiendan, servidores públicos que no pretendan gobernar desde la distancia.
Sólo con condiciones de vida dignas podremos abatir el rezago que condena a miles a sobrevivir en territorios donde el Estado es apenas un rumor.
La violencia no se combate solamente con operativos, se desactiva cuando se escucha, cuando se entiende, cuando se tienden puentes.
La mediación comunitaria, la participación ciudadana y la recuperación de la confianza son rutas complejas, sí, pero son rutas posibles.
México necesita abrazar estas alternativas antes de que la desesperanza termine por convertirse en la ley no escrita que determine nuestro futuro.
La paz no se decreta, se construye y empieza cuando el Estado atiende a la ciudadanía que jamás ha dejado de resistir.
Aquí extendemos el brazo de la amistad y el puente que dará esa fuerza silenciosa de la paz en Hermosillo, Sonora y México.
*El autor es periodista con más de 35 años de experiencia en medios de comunicación escritos y digitales; es especialista en temas de Derechos Humanos, Migración y Seguridad Pública, además es asesor en Comunicación Social y Comisionado de DH de la Organización Mundial por la Paz México en Sonora.*
Entre amenazas de ataques militares de Estados Unidos y denuncias de campaña internacional, el gobierno de la transformación repite una fórmula peligrosa: negar la crisis, culpar a los demás y preserva impunidad para sus líderes.
En un episodio más de esta diplomacia tóxica que cruza la frontera a la velocidad de un tuit, Donald Trump dejó caer una frase que retumbó en México como un portazo geopolítico: “No estoy contento con México”.
La molestia, según él, se debe a la ineficacia del gobierno mexicano frente al crimen organizado. Pero entre líneas —y Trump nunca ha sido un maestro del disimulo—, la frase dejó un eco más profundo: Estados Unidos sabe dónde están los líderes del narcotráfico… y algunos no están en cuarteles clandestinos, sino en posiciones de poder político.
Ernesto Madrid
Porque Trump no solo dijo que podía enviar tropas. No solo aseguró que conoce rutas, casas, puertas y rostros. También deslizó la frase que más incomodó en Palacio Nacional:
“Sabemos todo de cada uno de ellos.”
Cada uno de ellos.
La ambigüedad no es inocente.
La insinuación que nadie en Palacio quiere escuchar
Cuando Trump afirma que “sabe dónde viven” y que “lo sabe todo”, no se refiere únicamente a los capos visibles. En inteligencia, lo que más pesa no es la captura del sicario, sino la identificación de quien lo protege. Y el expresidente estadounidense ha utilizado esta línea varias veces: sugerir complicidades al más alto nivel en México sin nombrar a nadie, dejando que la sospecha flote como un misil sin destino preciso.
Según fuentes diplomáticas consultadas por analistas en Washington —y citadas en reportes de think tanks como el Wilson Center y el International Crisis Group—, la inteligencia estadounidense ha expresado desde hace años preocupación por la infiltración del crimen en estructuras políticas mexicanas, especialmente en gobiernos locales emanados de Morena en zonas de alta conflictividad. No lo dicen públicamente porque “no rompe relaciones”, pero sí lo insinúan por canales discretos.
Trump, sin embargo, no usa canales discretos. Usa micrófonos.
Entre amenazas militares y diplomacia de negación
Mientras tanto, en México, el gobierno responde con el mismo libreto:
Negar,
Descalificar,
Culpar a un enemigo externo imaginario,
Y, sobre todo, no tocar a los propios aliados comprometidos.
Sheinbaum repitió el mantra de la soberanía: “Nuestro territorio es inviolable.” “No aceptamos intervención extranjera.” “Ellos entendieron.” Pero lo que no respondió fue lo que sí queda en el aire:
¿Entendieron realmente? ¿O entendieron que México no quiere ni puede tocar a ciertos personajes que la inteligencia estadounidense sí tiene identificados?
Porque es evidente: Trump habla como si alguien en México estuviera protegiendo a los jefes reales. Y el gobierno responde como si la frase no existiera. Caos interno, narrativa externa
La protesta juvenil —la primera marcha masiva contra Sheinbaum— fue descalificada como “campaña internacional”, justo cuando Trump decía estar atento a lo ocurrido en México. La narrativa oficial se refugia en conspiraciones cuando la realidad es más cruda:
Regiones enteras están bajo control criminal;
La violencia política se normaliza;
Alcaldes son asesinados;
Grupos armados desfilan sin oposición;
Y los grandes capos viven en absoluta tranquilidad.
Es ahí donde las palabras de Trump resuenan: “No estoy contento con México”. “Es como una guerra”. “Yo estaría dispuesto a hacerlo”. “Sabemos dónde viven”.
Lo que realmente está en juego
No es solo una amenaza militar. Es algo peor: Es una advertencia política.
Trump sugiere que Estados Unidos sabe más de lo que México admite. Que la corrupción no solo está en los cárteles, sino en quienes deberían combatirlos. Que la impunidad tiene nombres y apellidos. Que la transformación tiene grietas donde caben pactos incómodos.
Y que, si México no actúa, Estados Unidos podría hacerlo a su manera.
La relación bilateral continuará tensa, y la retórica seguirá escalando. El riesgo es claro: la soberanía no se pierde cuando se niega una intervención militar, sino cuando un gobierno deja de combatir a los responsables reales del crimen.
Ahí está el núcleo del conflicto: Trump insinúa que sabe quiénes son. Y México insiste en que no los ve. Mientras Marco Rubio apacigua el terreno.
@JErnestoMadrid
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La Suprema Corte les quitó su comodín favorito: culpar al usuario por no presentarse. Ahora los bancos deberán probar, con documentos y no con discursos, que cada cargo fue real. Ironías del destino: quienes durante años abusaron de la confianza ajena hoy lloran por ‘inseguridad jurídica’.
En una jugada que los bancos mexicanos describen como “inesperada” —y que los usuarios describen como “por fin”— la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que cambia la regla más cómoda del sistema financiero: ya no será suficiente culpar al cliente ausente para validar un cargo no reconocido.
Ernesto Madrid
Ahora, cada institución deberá demostrar, con documentos verificables y procesos confiables, que fue el usuario quien autorizó cada transacción. En otras palabras, aquello que en cualquier país sería lo mínimo indispensable.
La resolución, impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar, tomó por sorpresa a la banca, que no fue convocada a tiempo para presentar sus argumentos. Una tragedia procesal que, al parecer, les dolió más que los miles de quejas por cargos indebidos que acumulan desde hace años.
La Corte eliminó la figura de la “confesión ficta”, ese mecanismo que convertía la ausencia del usuario en el juicio en una especie de firma involuntaria. Con el nuevo criterio, los bancos deberán acreditar que sus sistemas funcionaron correctamente, que los pasos de autorización se siguieron como marca el contrato y que la operación puede rastrearse sin sombras técnicas. Solo entonces el cliente deberá probar que no realizó el cargo.
La medida llega en un momento especialmente sensible para el sector: mientras Estados Unidos presiona por casos de presunto lavado de dinero, en México la banca enfrenta otra tormenta regulatoria —entre ellas, la propuesta del Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para topar comisiones en tarjetas— que, según la Asociación de Bancos de México, amenaza con “restringir el crédito” y “frenar la inclusión financiera”. Sí, los mismos bancos que durante años han defendido comisiones de hasta más del doble de lo que proponen hoy las autoridades.
Según análisis como el de Miranda Partners, las instituciones ya anticipan que recuperarán sus pérdidas por otras vías: más comisiones, menos recompensas y créditos más caros. Una estrategia tan vieja como el propio sistema bancario: si la regulación aprieta, la banca aprieta al usuario.
Mientras tanto, la SCJN insiste en que la nueva jurisprudencia busca un equilibrio básico: que los clientes dejen de estar en desventaja frente a instituciones con recursos ilimitados, abogados de tiempo completo y sistemas que —cuando conviene— siempre funcionan a la perfección.
La decisión marca un precedente obligatorio para los tribunales del país y podría complicar a los bancos ganar juicios por cargos no reconocidos como antes. Para los usuarios, en cambio, representa un respiro: ya no serán interrogados como sospechosos por cargos que no hicieron.
En un giro curioso, la banca asegura que estas medidas contradicen el plan del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la digitalización y la penetración financiera. Una lectura peculiar de los tiempos: proteger al usuario, al parecer, sería contrario al progreso.
Así, entre nuevos topes a comisiones, pérdida de deducibilidad de cuotas al IPAB y más controles regulatorios en puerta, el gremio financiero vive días difíciles. Los usuarios, por primera vez en mucho tiempo, no tanto.
Porque en la guerra declarada por la Corte, el mensaje es simple: si vas a cobrar, primero demuestra. Y eso, para ciertos actores, parece ser pedir demasiado.
Faltan más regulaciones para la banca como el hecho de que sean ellos los que determinan sus lineamientos en contra del usuario y mayores controles en los cheques que reciben para ‘salvo buen cobro’ donde protegen más a los ‘defraudadores’ y ‘rateros’ que, a los usuarios, lo que deja entrever la sospecha de la complicidad, pero quizás, ya vendrá nuevas reglas para quienes siempre quieren ganar antes de perder.
@JErnestoMadrid
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La movilización y marcha del 15 de noviembre (15,N) surge en un momento de creciente indignación ciudadana por la inseguridad, la corrupción y la impunidad en México.
Un detonante clave fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, lo que ha alimentado la sensación de crisis de gobernabilidad y la pérdida de confianza en el Estado.
El movimiento define su identidad en términos generacionales:
“Generación Z” (nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2010), y en redes se ha usado una bandera con la calavera pirata inspirada en el anime One Piece.
A pesar de su origen juvenil, participaron también personas de otras generaciones, y voces críticas del gobierno señalan un posible respaldo o infiltración de figuras políticas mayormente opositoras.
Los convocantes insistieron, con anterioridad, en que la marcha sería pacífica y deslindaron actos vandálicos atribuidos a “grupos externos”.
*Preparativos y movilización*
En Ciudad de México, la marcha comenzó en el Ángel de la Independencia y se dirigió hacia el Zócalo.
Se reportó que la convocatoria abarcó más de 50 ciudades en todo el país.
Por parte de las autoridades, se implementó un operativo de seguridad significativo; se instalaron vallas metálicas alrededor del Palacio Nacional y otras zonas sensibles para prevenir desbordes.
El movimiento cuenta con un pliego de exigencias amplio, pide mayor seguridad y también revocación de mandato, organismos independientes, elecciones limpias y mayor transparencia.
*Desarrollo de la marcha y desenlace*
Según la Secretaría de Gobierno de la CDMX y la SSC, el evento congregó a 17 mil personas en la capital.
Sin embargo, algunas fuentes independientes y medios periodísticos estiman una cifra mayor: por ejemplo, Marca México reporta alrededor de 50 mil asistentes en la Ciudad de México.
En otras ciudades, participaron también miles de jóvenes y ciudadanos, aunque no todos los reportes ofrecen un conteo detallado por sede.
La marcha comenzó de forma mayormente pacífica, con consignas por justicia, seguridad, contra la corrupción y por rendición de cuentas.
Sin embargo, hacia el Zócalo se produjo un punto de inflexión: un grupo identificado como el “bloque negro” (encapuchados) comenzó a golpear las vallas que protegían el Palacio Nacional con martillos y piedras.
La policía respondió con gases lacrimógenos y extintores para controlar el desbordamiento.
Hubo heridos: según la SSC, 20 civiles y 100 policías lesionados fueron atendidos en el lugar, y también 40 fueron hospitalizados.
Además, se dieron 20 detenciones por faltas administrativas.
*Reacciones institucionales y mediáticas*
El gobierno capitalino y autoridades de seguridad han denunciado que algunos manifestantes fueron violentos y que el “bloque negro” no representa al movimiento generacional.
Por su parte, los organizadores y jóvenes previnieron esa posibilidad días antes, diciendo que esos actos no están alineados con su causa.
Algunos críticos del movimiento apuntan que figuras políticas de oposición se han acercado al evento, lo que podría poner en duda la pureza del reclamo generacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que se trató de una convocatoria con apoyo de “bots” en redes y usuarios externos, cuestionando la autenticidad del carácter juvenil y apartidista del movimiento.
Criticó la violencia de los encapuchados.
*Evaluación: ¿éxito o fracaso?*
Para determinar si la marcha fue un éxito o un fracaso, es útil analizar varios criterios: asistencia, impacto simbólico, repercusión política, costo social/político y cumplimiento de objetivos.
*Asistencia e impacto simbólico*
La marcha logró movilizar a decenas de miles según algunos reportes (17 mil según autoridades, hasta 50 mil según medios).
Esa diferencia muestra una tensión entre lo oficial y lo mediático, pero incluso el número más bajo no es despreciable para un movimiento emergente.
Más allá de los números, el hecho de que la Generación Z, históricamente menos movilizada políticamente que generaciones anteriores, organice una manifestación nacional es simbólicamente potente: una señal de que los jóvenes no solo están indignados, sino dispuestos a organizarse y presentarse en espacios públicos.
El uso de iconografía pop (bandera pirata de One Piece) refuerza que el movimiento es genuinamente juvenil y adapta su lenguaje para conectar con su generación.
*Repercusión política*
El pliego de demandas, seguridad, independencia institucional, revocación de mandato, es ambicioso y va más allá de una protesta “antigobierno”: hay una crítica estructural al sistema.
El hecho de que figuras opositoras se hayan mostrado interesadas puede ser visto como un doble filo: por un lado aumenta la visibilidad y el peso político del movimiento; por otro, puede diluir su carácter apartidista y generar desconfianza sobre su autonomía.
El gobierno respondió con prevención (vallas, operativo de seguridad) y también con deslegitimación (acusaciones de bots, cooptación): esto indica que percibe a la movilización como una amenaza real, lo que para los jóvenes organizadores podría considerarse un reconocimiento de relevancia.
*Costo social y riesgos*
El brote de violencia con el “bloque negro” manchó en parte la narrativa del movimiento pacífico.
Las confrontaciones y las heridas a policías/civiles pueden dañar la legitimidad pública del movimiento si se percibe que no tienen control sobre sus propios contingentes más radicales.
Las detenciones y el despliegue de fuerzas de seguridad, implican un costo político al Estado, pero también podrían servir para radicalizar a parte de la juventud o reforzar narrativas conspirativas sobre represión.
Si bien los organizadores se deslindaron de los actos violentos, la posibilidad de infiltración (según sus críticos) podría debilitar su credibilidad futura.
*Sostenibilidad y legado*
Para que esta marcha no quede como un evento aislado, los jóvenes de la Generación Z deberán traducir su movilización en acciones concretas: organización continua, seguimiento de las demandas, exigencia política, alianzas o presión institucional.
Su capacidad para mantener la unidad generacional (sin que grupos más viejos o partidos la secuestren) será clave para su relevancia futura.
*Reflexión*
La marcha del 15N de la Generación Z en la Ciudad de México y su réplica en más de 50 ciudades como Hermosillo y Cajeme, puede considerarse una movilización exitosa desde una perspectiva simbólica y de visibilidad.
Logró convocar a miles de personas, muchas de ellas jóvenes, levantar un discurso generacional potente y llevar al debate público temas estructurales como la corrupción, la impunidad y la seguridad.
Sin embargo, no fue un éxito total sin matices: los disturbios y la presencia del “bloque negro” restan fuerza a su narrativa exclusivamente pacífica; las acusaciones de cooptación política y apoyo de figuras opositoras generan dudas sobre su autonomía y queda por ver si las demandas serán satisfactoriamente canalizadas hacia cambios reales.
En última instancia, el verdadero éxito del movimiento dependerá de su capacidad para institucionalizarse, mantenerse cohesionado y convertir la indignación generacional en propuestas concretas de transformación.
Si lo logra, podría marcar un antes y un después en la participación política de la Generación Z en México.
Si no, podría quedar como un episodio simbólico, con gran potencia mediática pero escasa incidencia política real.
Mientras el Gobierno insiste en que la transformación avanza “sin miedo”, la COPARMEX —que representa a los patrones de más de 100 ciudades del país— pinta otro retrato: un México donde la extorsión es ley de facto, la impunidad su motor y la ausencia del Estado su mejor aliada.
México amanece cada día con una certeza incómoda: la violencia no da tregua y la extorsión se ha convertido en el negocio más estable del país. No lo dice la oposición, ni algún opinador catastrofista: lo afirma la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el organismo que agrupa a los empresarios de más de cien ciudades del país. En un país donde la violencia se dosifica por semana y los discursos oficiales por hora, las cifras empresariales son una llamada de emergencia, no de atención.
Ernesto Madrid
Desde Tijuana —símbolo de resiliencia, frontera de oportunidades y espejo de urgencias— los 71 presidentes empresariales levantaron la voz para decir lo que el Estado parece empeñado en no escuchar: la extorsión es hoy el delito que sostiene a miles de criminales y arrodilla a miles de empresarios.
No es metáfora. Es un diagnóstico:
– 8,585 víctimas de extorsión en lo que va del año, un incremento del 5.2%. – En los 43 municipios fronterizos, donde supuestamente hay más vigilancia, el delito creció 15.2%. Y eso sin contar la “cifra negra”: miles que no denuncian por miedo a represalias o por sospecha —cada vez menos velada— de colusión entre autoridades y delincuencia.
El mensaje empresarial es claro: la extorsión dejó de ser un delito marginal para convertirse en un sistema paralelo de gobierno, uno que decide quién abre, quién cierra, quién invierte y quién abandona su hogar. Un sistema que está vaciando comunidades enteras y ahorcando a las MiPyMEs, ese “motor de México” que los discursos oficiales presumen, pero no protegen.
Ejemplo reciente y doloroso: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuyo impacto social desbordó regiones y profesiones. Un recordatorio de que la impunidad no es una estadística: es un mensaje.
COPARMEX no se quedó en el diagnóstico; lanzó un ultimátum elegante, pero ultimátum al fin:
– Al Gobierno Federal, le exige una estrategia nacional contra la extorsión, de Estado, no de partido.
– A los congresos locales, les pide armonizar leyes y presupuestos para enfrentar un delito que ya es plague económica.
Al Senado, lo urge a aprobar —sin más pretextos— la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión. – A los gobiernos estatales y municipales, los llama a lo básico: depurar policías, profesionalizarlas, dotarlas de capacidad y presencia territorial.
Fue también una advertencia: sin seguridad no hay convivencia, ni economía, ni país posible. Y sin Estado, la extorsión seguirá succionando la vida de comunidades completas.
La COPARMEX promete hacer su parte: diagnósticos territoriales, mapas de riesgo, pactos por la paz, apoyo a víctimas, redes de denuncia segura y mecanismos para reconstruir el tejido social que el crimen deshace y que el gobierno —por omisión— permite deshilachar.
Pero la frase de fondo, la que debería incomodar en Palacio Nacional, fue otra: “No vamos a normalizar el miedo ni aceptar la renuncia del Estado a su función esencial”.
En tiempos donde se presume que “vamos bien” y que “el pueblo está más seguro que nunca”, los patrones del país responden con una narrativa más cruda: México no está condenado, pero sí está esperando. Y lo que espera es acción, no conferencias.
Un país cansado de vivir con miedo ya habló. Falta ver si alguien en el poder tiene la cortesía —o la responsabilidad— de escuchar.
@JErnestoMadrid
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La marcha juvenil de la generación Z que no pertenece al pueblo pero que descompuso al poder y exhibió a la vieja guardia, la mano dura en las calles y el hartazgo que ya no cabe bajo la alfombra de la 4T
El Zócalo se convirtió ahora en el espejo incómodo del gobierno. Lo que comenzó como una protesta convocada por jóvenes derivó en un episodio que exhibió, por un lado, la irritación del gobierno federal y, por el otro, la persistencia de viejas prácticas políticas que sobreviven bajo nuevas siglas.
Ernesto Madrid
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó condenando la violencia, atribuyéndola a “caras muy conocidas” de la Marea Rosa y asegurando que no se dejará intimidar: “¿Creen que me van a debilitar? ¡No! Aquí estamos fuertes con el pueblo”. Lo que omitió fue el despliegue policial y la actuación de grupos que, desde hace años, operan en las sombras del oficialismo capitalino: células organizadas cuya logística —según reportes de seguridad— ha estado vinculada a personajes como César Cravioto y Martí Batres que actuaron nuevamente el sábado.
El diseño del operativo tampoco fue casual. La línea dura que históricamente nació en Iztapalapa durante los años del PRD —territorio donde Clara Brugada construyó una base social robusta, disciplinada y útil para el proyecto político que hoy gobierna— reapareció en la capital. Aquella estructura, que transitó sin pudor de la izquierda perredista a Morena, volvió a demostrar que su capacidad de movilización incluye tanto porras como golpes, según se requiera.
El joven convocante de la marcha, Edson Andrade denunció que fue expuesto públicamente por la presidenta, responsabilizándola de cualquier represalia en “un país donde el crimen calla a quienes lo denuncian” y dejando en claro que la marcha fue para “toda la clase social”.
Su señalamiento también desnudó otra tensión: mientras Sheinbaum buscó asociar la protesta con políticos “de siempre”, como Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, fueron precisamente esos perfiles los que el convocante pidió que se mantuvieran al margen; los mismos que hoy intentan regresar al ruedo para vivir nuevamente del presupuesto público.
La dirigencia de Morena, Luisa María Alcalde, insistió en que la marcha no fue juvenil y que apenas reunió 17 mil asistentes. Una comparación cómoda para un movimiento que presume llenar el Zócalo con cifras que oscilan entre los 3 y los 19 millones de pesos en gastos de organización según la Plataforma Nacional de Transparencia más esos 600 a 900 pesos que reparte en los mítines según fuentes periodísticas. Pero la magnitud del sábado no se midió en cuerpos, sino en señales: el gobierno no previó la intensidad, ni la respuesta internacional que siguió.
En las calles, el resultado fue evidente. Hubo choques a un costado de la Catedral, cohetones frente a Palacio Nacional y vallas derribadas que derivaron en jóvenes gaseados y policías heridos. Para la presidenta, aquello sirvió como argumento para deslegitimar la protesta y culpar al pasado de Peña y Calderón; para los manifestantes, fue la confirmación de que el discurso oficial de que “ya no hay granaderos” es cada vez menos creíble.
La tensión ocurre en un contexto en el que, pese a la reducción de homicidios que presume el gobierno, las cifras del Inegi muestran que una de cada cinco víctimas tiene entre 15 y 24 años. Ese fue el verdadero motor de la protesta: la seguridad que no llega, las promesas que se desgastan y los escándalos de corrupción e impunidad que se acumulan entre figuras cercanas al obradorismo.
El golpe al relato presidencial se amplificó fuera del país. Portadas y reportajes internacionales describieron la escena como una ruptura generacional. Incluso desde Estados Unidos, un mensaje atribuido a Barron Trump habló de “hartazgo” y “revuelta contra la corrupción”.
Sheinbaum, sin embargo, insistió en un mensaje que parece pensado para su base más fiel: la Pensiones del Bienestar y la revocación de mandato, dijo, es una bandera de la 4T y está dispuesta a someterse a ella. Lo que el sábado dejó claro es que habrá generaciones dispuestas a exigirle, no por lealtad partidista, sino por desencanto acumulado.
@JErnestoMadrid
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Mientras la SCJN confirma una sanción fiscal histórica contra Grupo Salinas y Sheinbaum insiste en que no asistirá al cumpleaños del “gran líder”, su agenda la llevará —pura coincidencia— a pocos kilómetros del rancho en Palenque. Entre campañas en redes, acusaciones cruzadas y chocolatadas oficiales, el discurso de independencia institucional vuelve a derretirse más rápido que una barra de cacao al sol tabasqueño.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, por fin, cerrar uno de los litigios fiscales más largos y políticamente incómodos de los últimos años: el que obliga al Grupo Salinas a pagar casi 50 mil millones de pesos al SAT. Una cifra que, de tan voluminosa, podría financiar un par de refinerías o, cuando menos, un capítulo más en la saga del encono entre Palacio Nacional y la élite empresarial.
Ernesto Madrid
El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego respondió como era de esperarse: con un comunicado solemne lleno de indignación cívica, derechos humanos lastimados y una sentencia que acusa a los ministros de la Corte de haber actuado “por instrucciones” de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un reclamo que, al menos, mantiene viva una tradición: culpar al Ejecutivo de todo lo que no resuelva a favor del contribuyente.
“Un golpe fulminante al Estado de Derecho”, llamó la empresa al fallo. Una descripción dramática para referirse al simple acto de pagar impuestos… aunque, en justicia, lo de “simple” es un decir tratándose de más de 33 mil millones.
Del otro lado, Sheinbaum devolvió la pelota con la elegancia que permite un templete oficial. En pleno evento del ISSSTE en Tecámac, cuestionó que el conglomerado prefiera “pagar campañas en redes sociales” antes que saldar cuentas con Hacienda. Una línea que, para su audiencia, terminó en aplausos; para los analistas, en un recordatorio de que el pleito político-empresarial sigue en temporada alta.
La polémica, sin embargo, no surgió aislada. Llega justo cuando la presidenta atraviesa una semana particularmente sensible en términos simbólicos: el cumpleaños número 72 de Andrés Manuel López Obrador.
Mientras la SCJN resolvía el tema fiscal, Palenque se convertía en un desfile de familiares del exmandatario: hijos, nueras, camionetas tabasqueñas, todo perfectamente registrado por las cámaras de los medios regionales. Un festejo discreto… dentro de lo discretamente masivo que puede ser la reunión anual del líder moral de la 4T en su rancho “La Chingada”.
La presidenta, eso sí, ha sido clara: No asistirá al cumpleaños. No es esa la intención. Su viaje a Tabasco el próximo domingo es estrictamente para el Festival del Chocolate.
Una coincidencia geográfica que solo en México puede considerarse normal: viajar al estado natal de AMLO, a escasos kilómetros del rancho donde se congrega su círculo íntimo, justo el fin de semana del cumpleaños 72 del hombre al que Sheinbaum describe como “el dirigente político más importante de la historia moderna”, pero con quien —insiste— no tiene programado ningún encuentro.
Los críticos del gobierno, por supuesto, vieron en el timing la escena completa: una histórica multa fiscal para un rival político-mediático, una respuesta presidencial con dedicatoria, un cumpleaños simbólico y una visita estratégicamente cercana a Palenque. Pieza por pieza, un retrato que permite lecturas sobre la independencia institucional… y otras sobre la coreografía política del momento.
Detrás de todo, queda la incómoda pregunta:
¿Fue el fallo contra Grupo Salinas un acto de estricta justicia fiscal o parte del mismo espectáculo de presión y narrativa que ha caracterizado la relación entre gobierno y empresarios incómodos?
La respuesta —como el chocolate tabasqueño— dependerá de qué tan amargo prefiera cada quien su versión de los hechos.
@JErnestoMadrid
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Mientras Washington advierte que el narco gobierna zonas completas de México, el gobierno federal prefiere mirar hacia otro lado: convertir críticas en bots, impuestos en conspiraciones y asesinatos políticos en notas de color. Una coreografía perfecta para que las acusaciones jamás asciendan hasta quienes realmente protegieron al crimen organizado.
En la diplomacia, como en la política doméstica, el silencio suele decir más que la palabra. Y cuando desde Estados Unidos aseguran que en México existen regiones “controladas y gobernadas” por cárteles más poderosos que las policías locales e incluso que las fuerzas federales, la reacción del gobierno mexicano no es indignación… sino distracción. Arte nacional desde tiempos memorables.
Ernesto Madrid
El secretario de Estado, Marco Rubio, quien desde el gélido Hamilton —en plena cumbre del G7, lejos del calor de la mañanera— recordó que los cárteles, esos invitados permanentes al festín de la impunidad mexicana, poseen “más armas, mejor inteligencia y mayor capacidad” que los propios Estados nación. No habló de metáforas: habló del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ultimado en plena celebración del Día de Muertos. Un símbolo cruel de lo que México ya normalizó.
Rubio insistió en que Washington no planea enviar tropas ni emprender medidas unilaterales. Desde la Casa Blanca saben que lo último que necesita México es otro pretexto para acusar injerencia extranjera. Pero sí dejó sobre la mesa algo más incómodo: la afirmación de que el problema es tan grande que amenaza la viabilidad misma del Estado mexicano.
Y mientras el republicano articulaba una de las advertencias más frontales en años, la administración mexicana afinaba su respuesta maestra: un nuevo distractor.
La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su última intervención pública no a responder sobre zonas del país dominadas por el crimen organizado, ni a la cadena de asesinatos políticos, ni al avance internacional del lavado de dinero. No. Su prioridad fue denunciar una “campaña tremenda” en redes sociales —con bots, por supuesto— que busca, según dijo, crear la percepción de descontento social.
Que un fallo de la Suprema Corte obligue al Grupo Salinas a pagar 33 mil millones de pesos no parece tan grave como los 90 millones de pesos que, afirma la mandataria, se habrían destinado a atacar a su gobierno en redes. Una magistral forma de convertir un conflicto fiscal en una conspiración digital. Pan y circo; pero ahora con algoritmos.
Mientras tanto, en Washington, el Departamento del Tesoro y la OFAC anunciaron un golpe conjunto contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa, una red albanesa que lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa mediante restaurantes, casinos y empresas en México. Una operación que evidencia tres cosas:
Que el narco ha diversificado su portafolio internacional.
Que Estados Unidos está haciendo el trabajo financiero que México evita.
Que el gobierno mexicano celebra la cooperación… siempre y cuando la evidencia no apunte demasiado cerca de casa.
El subsecretario John K. Hurley advirtió que “los que apoyen a los cárteles rendirán cuentas”. En México, por contraste, rendir cuentas suele significar rendir declaraciones… en conferencias de prensa.
Mientras tanto en la feria del libro en Culiacán —extraño lugar para hablar de transparencia política— sirvió para que el gobernador Rubén Rocha Moya revelara un capítulo que ya se sospechaba: encuestas de Morena donde él no ganaba eran suspendidas por orden presidencial. No por inconsistencias, sino por el desconcierto del propio Andrés Manuel López Obrador al ver que, contra toda expectativa, Rocha sí encabezaba la intención de voto.
Un destello de sinceridad política que confirma lo que muchos sabían: en Morena, la democracia interna es más literaria que cuantificable. Pero, como siempre, el relato funciona de cortina de humo para un señalamiento mayor: el mismo partido que presume pureza moral fue señalado durante años por encubrir la expansión del crimen organizado bajo el amparo de los abrazos y el desdén operativo.
El gobierno mexicano despliega con maestría su estrategia favorita: ahogar las discusiones relevantes con un océano de anécdotas políticas, pleitos fiscales, bots imaginarios y confesiones tardías. Pero los hechos persisten:
Alcaldes asesinados en fechas simbólicas.
Zonas del país donde rige la ley del cártel, no la Constitución.
Redes internacionales de lavado operando desde México.
Funcionarios y políticos beneficiados por encuestas mágicamente suspendidas.
Y un gobierno que acusa amenazas digitales mientras minimiza amenazas armadas.
El problema no es que Estados Unidos hable de terrorismo: es que México no habla de responsabilidad. Y mientras los distractores sigan siendo más ruidosos que los datos, las acusaciones jamás escalarán hasta quienes durante dos sexenios dieron cobijo político, operativo y financiero al crimen organizado.
Porque en México, el narco manda en territorios; el gobierno, en la narrativa. Y en esa balanza desigual, siempre gana el silencio.
@JErnestoMadrid
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Entre la rebeldía digital y los viejos trucos del poder, la protesta juvenil pone nervioso a un gobierno que dice no temerle al disenso… pero levanta vallas por si acaso
La encuesta de El Financiero de octubre trajo un dato que el oficialismo celebra como medalla: 70% de aprobación para Claudia Sheinbaum, en un mes en que el país parecía hundirse —literalmente— bajo el agua. Pero entre tanto aplauso hay una grieta que preocupa: la Generación Z, ese grupo nacido entre 1997 y 2012 que creció entre pantallas, crisis y escepticismo, no está tan convencida.
Ernesto Madrid
Según Alejandro Moreno, director de encuestas del diario, solo 66% de los Gen Z aprueban el trabajo presidencial, frente al 73% de los millennials. Y lo más delicado: 69% reprueba la estrategia de seguridad. No es para menos: la violencia no descansa, y los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo son recordatorios de que el crimen sigue mandando en amplias zonas del país y los jóvenes los más afectados por el crimen organzado.
Moreno añade que esta generación “cree que las inundaciones pudieron prevenirse” y exige resultados tangibles, no promesas recicladas. Pero también observa que los jóvenes muestran poco interés en la política tradicional, quizá porque la política se muestra poco interesada en ellos.
En ese clima de desconfianza, Sheinbaum se refirió con cierto desdén a los “chavorrucos” que —según dijo— buscan montarse en la convocatoria juvenil para protestar. “Los jóvenes tienen derecho a manifestarse, pero esto ya se convirtió en una manifestación de la oposición”, aseguró desde la mañanera. Lo que no dijo es que ella, como su jefe político, siente una profunda aversión por las protestas en su contra: prefiere no verlas ni oírlas, aunque el eco de los tambores se cuele por las ventanas de Palacio Nacional.
Por eso, las vallas metálicas vuelven a abrazar el corazón de la capital. Sheinbaum asegura que son “para proteger vidas”, pero la experiencia indica que protegen más los muros que las libertades, en un Palacio Nacional que antes estaba abierto a las y los mexicanos. El argumento de los “bloques negros” se repite, aunque desde hace años se sabe que varios de esos contingentes han sido financiados por funcionarios del propio régimen, no para sabotear las marchas, sino para generar caos, provocar enfrentamientos y sacar raja política de la desestabilización.
A ello se suma un ingrediente viejo con sabor a maniobra: la CNTE, incondicional aliada del lopezobradorismo, decidió salir a las calles justo ahora, algo inédito para noviembre. Normalmente el magisterio disidente inicia su ciclo de movilizaciones a comienzos de año, calienta motores y culmina el 15 de mayo, Día del Maestro, tras la clásica rutina de negociación, presión y receso. Esta vez, en cambio, el plantón coincide con la protesta juvenil. Casualidad o no, parece una jugada táctica para ocupar el Zócalo antes que los jóvenes, o, en el peor de los casos, servir como grupo de contención adicional.
Dentro del oficialismo, el guion ya está escrito: culpar a la derecha internacional. Desde Palacio Nacional señalan al argentino Fernando Cerimedo —ex estratega digital de Javier Milei— como supuesto instigador de la marcha. No hay pruebas, solo la conveniencia de alimentar el relato de un enemigo externo.
En este ambiente de polarización atizado por la propia presidenta, todo puede suceder. Porque la Generación Z no pide permiso: desafía, se burla y se organiza sin estructuras ni padrinos.
La Generación Z, mientras tanto, parece tener su propio código: creen en la diversidad, la autonomía y el derecho a la irreverencia. En otros países, tumbaron gobiernos (Nepal, Madagascar) o incendiaron las calles (Indonesia, Filipinas). En México, su rebelión podría empezar con memes, pero podría incomodar más de lo que el poder imagina.
Y tal vez por eso, más que a los jóvenes, Sheinbaum teme a lo que representan: una generación que no necesita líderes, ni discursos de plaza, ni permiso para dudar. Porque en el fondo, los verdaderos “chavorrucos” no son los que marchan con los jóvenes… sino los que insisten en creer que aún pueden controlarlos.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora, a 13 de noviembre de 2025.- David Figueroa Ortega llevó la jornada número 35 del programa “Diputado en tu Colonia” al sector de las Villa Sauces-Dunas.
Al lado de la presidenta del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García, Figueroa Ortega cumplió una vez más con el ejercicio legislativo de informar, escuchar y servir a las familias del Distrito 6.
En el diálogo directo con las y los vecinos del sector, el legislador informó sobre sus iniciativas de ley que buscan mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses
Destacó las acciones de Gobierno a favor de la niñez y juventud, así como la reducción de la pobreza en Sonora y México.
Resaltó que el objetivo del programa es acercar la labor legislativa a las colonias, siendo una promesa de campaña cumplida en gran parte del Distrito 6 Hermosillo.
Figueroa Ortega escuchó las sentidas demandas sociales como fallas en el servicio de agua potable, vialidades dañadas, inseguridad, entre otras.
Por su parte, David Figueroa y su equipo de trabajo ofrecieron servicios de gestión social, asesorías y orientación sobre programas que brindan el Gobierno del Estado y el Gobierno de México.
El programa “Diputado en tu Colonia” ha recorrido hasta el momento más de 30 colonias de Hermosillo como la Olivares, Internacional, Sahuaro, San Pablo, Los Jardines, Dunas, Las Ladrilleras, Sahuaro Final, Nueva Castilla, El Mirador, Atardeceres, Reforma Norte, Benito Juárez, Floresta, Camino Real, Machi López y San Judas.
Lla Unión de Colonos, Oasis Lantana, Primero Hermosillo, Sonacer, Luis Encinas, Pimentel, Mirasoles, Fraccionamiento Arizona, Sahuaro Indeco, Lomas de Madrid, Álvaro Obregón, Rancho Bonito, Mártires de Cananea, El Choyal, Los Jardines, Miguel Hidalgo, La Huerta, Villa Sauces-Dunas.
Carlos Roberto Matty
