El desastre de Petróleos Mexicanos (Pemex) no es sólo financiero o técnico; es político, estructural y producto de una red que ha mezclado intereses públicos y privados alrededor del círculo presidencial. Lo que inició con el “rescate de la soberanía energética” es hoy una crisis de deuda, empleo, producción y credibilidad institucional. Y el riesgo se expande hacia Infonavit.
Ernesto Madrid
Pemex: números rojos y consecuencias ocultas
Al cierre del primer trimestre de 2025, Pemex reportó una deuda total de 101,100 millones de dólares, un incremento del 21% anual. A esto se suma un pasivo con proveedores de más de 21 mil millones de dólares, de los cuales buena parte llevan meses sin cobrar.
La producción cayó a 1.62 millones de barriles diarios, un nivel 11% menor al de 2024. Si la migración de contratistas a países que sí pagan —como Guyana o Brasil— continúa, México podría cerrar el año produciendo menos de un millón de barriles diarios, con el consiguiente desplome de ingresos petroleros y riesgo de déficit fiscal insostenible.
Pero el daño real está en la economía regional, de acuerdo con un sondeo de empresas privadas, más de 20 mil empleos directos podrían ser eliminados en Campeche y Tabasco, con un estimado de 120 mil plazas totales perdidas entre empleos directos e indirectos. Esto implica caída del PIB estatal, menor consumo, pérdida de tejido social… y aumento de inseguridad.
Infonavit: mismo modelo, mismo riesgo
Lejos de corregir, Octavio Romero exporta el modelo de colapso al Infonavit. Primero intentó retirar al Instituto de la supervisión bancaria. Ahora, promueve un esquema de “regularización” de viviendas invadidas, comprometiendo más de 700 mil millones de pesos del fondo de vivienda de los trabajadores.
La propuesta debilita el principio de propiedad privada, mina la confianza en el ahorro para la vivienda y envía un mensaje devastador al mercado inmobiliario: invadir podría ser la nueva vía para obtener casa.
La red de intereses
No se trata de errores administrativos aislados. De acuerdo con una investigación en el diario Reforma, Octavio Romero encabeza un grupo que desde hace más de una década mezcla política y negocios privados en torno a la figura presidencial.
Este grupo —que nació en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a principios de los años 2010— está vinculado con al menos 11 empresas y asociaciones privadas, algunas señaladas en 2012 de participar en el financiamiento irregular de la campaña presidencial de López Obrador.
Además de Romero y Daniel (cuya identidad también figura en registros), destacan en esta red Marcos Manuel Herrería Alamina, director Corporativo de Administración de Pemex, y Tomás Efraín Hernández Wade, jefe de Unidad de Administración y Finanzas de la petrolera. Todos ellos fueron socios en La Mercocha, S.P.R. de R.L. de C.V., empresa de cría y comercialización de ganado en Comalcalco, Tabasco, entre 2012 y 2018.
Todos ocuparon cargos clave en la conducción de Pemex y han sido pieza central en decisiones que llevaron a la paraestatal a su crisis actual que son llevado al equipo de confianza en Infonavit. ¿Casualidad? Difícil de creer.
Lo que está en juego
La suma de estos factores no es menor: Pemex amenaza las finanzas públicas; Infonavit puede convertirse en la próxima víctima de la improvisación política disfrazada de justicia social. Y en el centro de todo, una red de funcionarios —viejos conocidos— que operan negocios públicos con intereses privados.
Si Pemex colapsó por debilitar su inversión, desordenar sus pagos y politizar su operación, el Infonavit puede caer por la destrucción de su base jurídica: la propiedad privada. El costo no lo pagarán ellos: lo pagará el trabajador que ve disminuir el valor de su patrimonio y la certeza de su futuro.
México no soporta otro Pemex.
@JErnestoMadrid
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