- El Departamento del Tesoro de E.U. reveló que García Luna recibió sobornos del narco a través de Vector. La CNBV guarda silencio, Sheinbaum encubre, y la ABM actúa como escudo político de la banca mexicana.
Vector Casa de Bolsa fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las instituciones financieras que sirvió de canal de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Según la investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más de 40 millones de dólares fueron canalizados a través de Vector, entre 2013 y 2019, por empresas vinculadas al hoy preso exfuncionario.
Ernesto Madrid
La gravedad de estas revelaciones contrasta con la pasividad de las autoridades mexicanas, especialmente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que sí intervino a CIBanco e Intercam, también señalados por FinCEN, pero que ignoró deliberadamente a Vector. ¿Por qué?
La respuesta podría estar en el nombre de Alfonso Romo, expresidente de Grupo Vector y exjefe de la Oficina de la Presidencia con López Obrador. Romo fue uno de los arquitectos financieros de la “Cuarta Transformación” y mantiene, a pesar de su supuesta salida del gobierno, vínculos estratégicos con el poder político y económico de la actual administración. El encubrimiento a Vector no es una omisión: es protección con nombre y apellido.
Esto no sería un problema si la presidenta Claudia Sheinbaum no estuviera empeñada en encubrir a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Lo preocupante no es solo el silencio, sino la actitud. Ante las acusaciones del Tesoro, Sheinbaum se limitó a decir que “no hay pruebas”, repitiendo el libreto que usó su mentor cada vez que Washington alzaba la voz.
Como si fuera poco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia clave para colaborar con autoridades extranjeras, sigue dirigida por una persona nombrada por AMLO, quien encarnó la política del “abrazos, no balazos” que terminó en un narcoestado tolerado desde Palacio Nacional.
Pero el aislamiento diplomático avanza. Pam Bondi, fiscal de Trump, ya ubicó a México en la lista de “enemigos” de Estados Unidos, al lado de Irán, Rusia y China. Y apenas el 10 de junio, Kristi Noem, secretaria de Seguridad también bajo Trump, acusó a Sheinbaum de alentar protestas violentas de migrantes en Los Ángeles. El mensaje de Washington es claro: la paciencia con México se agotó.
Y mientras eso ocurre en el plano internacional, dentro del país, la Asociación de Bancos de México (ABM) actúa como escudo institucional para proteger a sus agremiados, incluso a los que están bajo investigación internacional. En lugar de exigir claridad y limpieza, la ABM justificó la intervención de la CNBV a CIBanco e Intercam como “una medida de certidumbre”, y de paso, omitió cualquier mención a Vector, blindándolo tácitamente. ¿Por qué? Porque la banca —como en los tiempos del Fobaproa— no se toca.
En este entorno, hablar de “soberanía” es un recurso retórico vacío. El gobierno mexicano no defiende la soberanía financiera: defiende a sus aliados y castiga selectivamente. Protege a los bancos que convienen al poder y usa a la ABM como aval institucional de esa protección, bajo la narrativa de que el sistema está “bien regulado”, cuando lo que está es bien blindado contra la rendición de cuentas, los defraudadores y los criminales.
La omisión del gobierno de Sheinbaum no es casual. Es continuidad. Es encubrimiento. Y es, ante el mundo, una confesión silenciosa de que la “transformación” tiene un precio… y se está pagando.
@JErnestoMadrid
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