• ¿Quién protege al usuario frente al crimen financiero institucionalizado?
Mientras la banca mexicana se promociona como un pilar de solidez, innovación y regulación estricta, esta semana recibió un duro golpe internacional: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— de participar en el lavado de dinero a favor de cárteles involucrados en el tráfico de fentanilo.
Ernesto Madrid
Las sanciones, aplicadas por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), son las primeras bajo la nueva legislación FEND Off Fentanyl y representan un parteaguas en el señalamiento directo a la banca como actor clave —y no solo intermediario pasivo— en el flujo financiero del crimen organizado.
La reacción no se hizo esperar. Los bancos aludidos se declararon inocentes, invocaron "altos estándares de cumplimiento", auditorías internas y, por supuesto, la protección de los depósitos vía el IPAB. Lo mismo hizo la Secretaría de Hacienda (SHCP), que replicó su vieja fórmula: solicitar pruebas, negar subordinación y reiterar cooperación bilateral.
Sin embargo, lo que estos casos muestran es más profundo: la banca mexicana está estructuralmente diseñada para no asumir responsabilidades. Bajo el paraguas de la regulación, la opacidad y la burocracia judicial, protegen al poderoso y abandonan al ciudadano, ya sea frente a un fraude millonario, un cheque falso o al crimen financiero de gran escala.
Si los bancos no pueden detectar cheques falsos, no investigan a sus propios emisores, ni responden cuando sus empleados inducen errores, ¿a quién protegen realmente?
Narcolavado, impunidad y simulación
Hoy el Tesoro estadounidense señala a bancos mexicanos por mover dinero del narco. Ayer fue Citibanamex, beneficiario de un rescate multimillonario vía el Fobaproa y vendido a Citigroup sin pagar impuestos. Mañana será otro. La constante es clara: la banca en México nunca pierde.
Ni con fraudes pequeños ni con operaciones de lavado multimillonario. El cliente sí. La víctima también. El Estado, incluso, que sigue inyectando dinero a través del IPAB o cerrando los ojos ante operaciones sospechosas.
Las declaraciones oficiales repiten una narrativa que ya nadie cree: “cumplimos la regulación”, “no tenemos evidencia”, “todo está bajo control”. La realidad es que el sistema bancario mexicano está cada vez más blindado… pero contra sus propios usuarios.
El llamado pendiente
Este no es solo un tema de reputación internacional. Es una llamada urgente a la CNBV, a la UIF, a la CONDUSEF y a la Fiscalia General: el crimen financiero empieza cuando las instituciones prefieren no mirar, no actuar y no responder.
Mientras tanto, los bancos —ya sean pequeños como Vector o gigantes como BBVA y Banamex— seguirán operando con total normalidad. Porque en México, la impunidad bancaria no es una excepción: es política de Estado.
@JErnestoMadrid
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