- “Un modelo sin precedentes, con procesos improvisados con salidas inciertas y una elección inasequible para la modelo electoral mexicana”: Banamex
Este domingo, México llevará a cabo un experimento inédito a nivel mundial: la elección popular de jueces federales y locales en una jornada electoral extraordinaria, sin precedentes ni referentes internacionales comparables. Bajo la bandera de una supuesta democratización del Poder Judicial, el gobierno federal ha empujado una reforma que, lejos de fortalecer la justicia, la expone al juego político y a la lógica clientelar. El contexto y la forma de esta elección no sólo ponen en riesgo la imparcialidad judicial, sino que también exhiben un patrón preocupante: la consolidación de un modelo autoritario con mecanismos democráticos de fachada.
Ernesto Madrid
Un modelo sin precedentes... por algo
En ningún otro país del mundo se elige por voto popular a la totalidad de los jueces, mucho menos a los de jurisdicción federal con competencias tan técnicas como las telecomunicaciones o la competencia económica. Bolivia elige un número limitado de magistrados nacionales. Algunos cantones suizos y condados estadounidenses eligen jueces de paz. Incluso en esos casos, los riesgos de politización y debilitamiento judicial han sido ampliamente documentados.
México, sin embargo, decidió ir más allá: diseñó, sin diagnósticos técnicos ni discusión pública sustancial, un sistema de elección judicial que responde más a una lógica de control político que de mejora institucional. La improvisación ha sido norma: nuevas circunscripciones judiciales sin criterios demográficos claros; boletas con “atajos informativos” para inducir el voto; candidaturas sin transparencia en su selección; campañas irregulares y una autoridad electoral reducida al papel de espectador destaca un análisis de Banamex.
Un poder que deja de ser contrapeso
La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 —en los últimos días del expresidente López Obrador— fue presentada como una reivindicación democrática. En los hechos, parece diseñada para desmontar al último poder que aún funcionaba como contrapeso real frente al Ejecutivo. El mensaje implícito es claro: el gobierno ya no tolera un Poder Judicial que emita sentencias incómodas, frene reformas inconstitucionales o limite el poder presidencial.
Este rediseño institucional no fortalece la justicia ni responde a la exigencia ciudadana de jueces más eficaces o cercanos. Al contrario, transforma al Poder Judicial en un campo más de disputa electoral, donde el mérito se subordina al arrastre político y la independencia se ve comprometida desde el origen.
La CNTE y el regreso de las viejas tensiones
En paralelo a este intento de reconfiguración del Estado, el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha escalado hasta convertirse en un factor desestabilizador de la elección judicial. La CNTE, que fue aliada estratégica de la izquierda en su camino al poder, ha vuelto a las calles con un plantón que ya acumula más de dos semanas. Las amenazas de boicot a la jornada del 2 de junio y la presión política han obligado al gobierno federal a reabrir el diálogo con una organización que ya no puede controlar.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública han tenido que convocar a la CNTE a negociaciones de emergencia, conscientes de que su boicot podría arruinar no sólo la elección judicial, sino la narrativa de “transformación democrática” que el gobierno busca consolidar como legado. A diferencia del SNTE, sindicato mayoritario institucional y subordinado, la CNTE representa una fuerza autónoma, organizada y capaz de poner en jaque al Estado cuando sus intereses se ven amenazados.
La diferencia entre ambos sindicatos ilustra con claridad las tensiones internas del régimen: por un lado, la estructura oficialista que acompaña sin cuestionar; por el otro, el movimiento que el gobierno ayudó a empoderar y que hoy, al no ser cooptado, se convierte en su principal dolor de cabeza.
¿De qué hablamos cuando hablamos de dictadura?
Si bien México no ha abandonado formalmente el modelo democrático, las señales acumuladas en los últimos años apuntan a un deslizamiento sistemático hacia un autoritarismo electoralmente validado. La captura de organismos autónomos, el debilitamiento del INE, la persecución de jueces incómodos, la centralización del poder presupuestal y ahora la elección popular de juzgadores son síntomas de una enfermedad institucional más profunda.
Este proceso no necesariamente culminará en una dictadura clásica, pero sí en una concentración de poder sin contrapesos efectivos, legitimada por elecciones donde las reglas se adaptan al interés del poder en turno. Una dictadura funcional, gestionada con urnas, pero sin Estado de derecho.
La elección judicial no resolverá los problemas estructurales de la justicia mexicana. No reducirá la impunidad ni garantizará mejores sentencias. Sí contribuirá, en cambio, a consolidar un modelo donde los jueces dejen de ser árbitros para convertirse en actores políticos subordinados. Y en ese camino, el gobierno que prometió democratizar al país corre el riesgo de instalar, por vías democráticas, un régimen autoritario sin retorno.
@JErnestoMadrid
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