Dos de los bancos más grandes del país demostraron que la tecnología, la regulación y la seguridad son simples promesas de marketing: permiten fraudes, ofrecen excusas y dejan en el abandono al usuario. ¿Hasta cuándo la CNBV y la CONDUSEF seguirán siendo cómplices silenciosos?
En México hay cosas que no cambian: los fraudes bancarios siguen ocurriendo, las víctimas siguen quedando indefensas y los bancos, esos que presumen tecnología de punta y protocolos de seguridad impenetrables, siempre encuentran la manera de deslindarse. Así ocurrió con BBVA y Banamex, dos gigantes del sistema financiero nacional que acaban de demostrar que tamaño no siempre es garantía de responsabilidad.
Ernesto Madrid
Relato el caso en primera persona, porque fui víctima directa: un fraude que inició con la compraventa de un automóvil y que terminó con la pérdida de $182,000 pesos gracias a la inoperancia, negligencia y contradicciones de ambas instituciones.
El cheque fraudulento fue emitido desde Banamex, pero cayó en mi cuenta BBVA. Lo vi reflejado en la aplicación móvil, como cualquier cliente confiado en un sistema que, supuestamente, bloquea anomalías. Consulté la app, la línea BBVA, a mi banquera personal y la sucursal de Plaza Delta. Recibí tres versiones distintas. Ninguna cierta. En Banamex, el discurso fue similar: "no hay problema, el depósito se hará válido en 72 horas". Mentira. Era un cheque fantasma, parte de un esquema de estafa bien ejecutado.
El dinero no llegó, pero la amenaza sí: el estafador me llamó para exigirme dinero adicional a cambio de recuperar el vehículo. La clásica extorsión telefónica que en México se da con la misma naturalidad con la que uno consulta su saldo.
Hasta ahí, el drama personal. Pero esto es solo una cara del problema. La otra, la estructural, es la historia vieja de siempre: la impunidad de los bancos.
Banamex —ese banco que fue rescatado con dinero público en el Fobaproa durante la crisis de 1995— fue vendido a Citigroup en 2001 por 12 mil millones de dólares, sin pagar un solo peso de impuestos gracias a generosas disposiciones gubernamentales. Hoy, en proceso de venta de nuevo, bajo la mirada interesada de Germán Larrea y el respaldo del IPAB, sigue operando con los mismos vicios: mala atención, poca transparencia, errores operativos graves. Y mientras tanto, ¿quién pierde? Los usuarios.
BBVA, por su parte, presume ser el banco número uno de México en clientes, cartera y activos, pero ocupa el segundo lugar nacional en quejas ante la CONDUSEF. Sus protocolos de atención son un laberinto: la línea telefónica dice una cosa, la sucursal otra y su área de prensa —donde Carmen y César deberían ofrecer soluciones y no arrogancia— se niega siquiera a tomar en serio una denuncia sustentada. "No hay postura oficial", la salida fácil de siempre.
No sorprende. Los grandes bancos en México tienen licencia para todo... menos para perder. El cliente es quien paga fraudes, cargos no reconocidos, robos de identidad o trampas con cheques. El sistema de compensación interbancaria —que debería detectar anomalías como esta— falló. Los empleados bancarios —que deberían conocer estos procedimientos— se equivocaron o mintieron. Los canales de comunicación interna —que deberían prevenir estos abusos— son un caos.
Y así sigue girando la rueda del negocio bancario mexicano: con el cliente en la incertidumbre, el banco blindado en su impunidad, y la autoridad —léase CNBV, CONDUSEF o Profeco— jugando de espectador. Y cuando el escándalo llega a los medios, la respuesta es la misma de siempre: "investigaremos". Nada cambia.
Este caso no es aislado. Es reflejo de un sistema que permite que Banamex, beneficiario histórico de rescates públicos, y BBVA, líder del mercado y campeón en reclamaciones, operen con cero consecuencias reales.
Por eso insisto: no se trata solo de un auto perdido ni de una cuenta bancaria vulnerada. Es un síntoma de un sistema podrido de raíz, donde la banca mexicana —protegida por décadas de favores fiscales, rescates financieros y laxitud regulatoria— sigue actuando como juez y parte, sin que nadie le exija cuentas.
Es momento de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la CONDUSEF dejen de actuar como comparsas de la banca y cumplan su función real: proteger al usuario y castigar las omisiones de las instituciones financieras. Este caso exige una investigación pública, sanciones ejemplares y una revisión urgente de los protocolos de compensación interbancaria. La impunidad bancaria en México debe terminar. ¿O también esta vez los reguladores mirarán hacia otro lado?
Mientras tanto, los clientes seguimos pagando.
@JErnestoMadrid
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El deterioro de la inversión pública y privada amenaza el crecimiento, advierte México, ¿cómo vamos?
El semáforo de inversión cambió de color. Después de dos trimestres consecutivos en verde, el termómetro económico de México, ¿cómo vamos? pasó al amarillo, confirmando que la inversión en el país se contrae peligrosamente.
Ernesto Madrid
Los datos del primer trimestre de 2025 son contundentes: la inversión total cayó un 4.0% respecto al trimestre previo y un 6.8% en comparación anual. Más grave aún: la inversión pública se desplomó un alarmante 24.4% anual, mientras que la privada —que representa el 90% de la inversión nacional— retrocedió 4.4%.
El impacto no es menor. La inversión en México equivale ahora a 23% del PIB, una caída de casi dos puntos respecto al cierre de 2024, y lejos de la meta oficial de mantenerla por encima del 25% para 2026, como lo establece la Meta 2 del Plan México. Alcanzar ese objetivo es clave para detonar otros compromisos: llegar al top 10 de economías globales y crear 1.5 millones de empleos en el sector manufacturero. Sin inversión suficiente y sostenida, estos planes se vuelven aspiraciones sin sustento.
El mensaje es claro: el capital productivo —nacional y extranjero— responde a señales de confianza, estabilidad jurídica y reglas claras. El informe de México, ¿cómo vamos? subraya que la inversión privada alcanzó su pico en el tercer trimestre de 2024, y desde entonces muestra señales de deterioro, probablemente por la incertidumbre interna y la falta de claridad en la política económica.
El retroceso de la inversión pública agrava el panorama. Lejos de ser el motor contracíclico que debiera impulsar proyectos de infraestructura, la inversión estatal cayó a 2.3% del PIB, frente al 2.8% del trimestre previo. La apuesta excesiva por Pemex y los recortes al resto de la obra pública pueden estar cobrando factura justo cuando se requieren estímulos para la actividad productiva.
El Plan México —el gran proyecto de desarrollo que busca transformar la estructura económica del país— necesita más que buenas intenciones o discursos: requiere capital, público y privado. Pero este no llega si el entorno es incierto, si la institucionalidad se debilita o si las prioridades del gobierno se concentran en controlar otros poderes, como vimos recientemente con la controvertida elección judicial.
Menos inversión significa menos empleo formal, menor productividad y, en el largo plazo, más desigualdad. El cambio de color en el semáforo de México ¿cómo vamos? no es una anécdota técnica: es una advertencia política y social.
El gobierno tiene aún margen para corregir el rumbo. Pero la ventana se cierra rápido. La inversión no espera eternamente, y la historia económica nacional demuestra que, cuando este semáforo permanece en amarillo por demasiado tiempo, el siguiente color suele ser rojo.
@JErnestoMadrid
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Tensiones en Medio Oriente, decisiones de la Fed y riesgos climáticos afectan a bolsas y expectativas económicas globales
Los mercados globales cerraron con pérdidas generalizadas este martes, arrastrados por el aumento de tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre en torno a la política monetaria de Estados Unidos. La mezcla de riesgo geopolítico, presiones inflacionarias por el alza del petróleo y datos débiles de consumo golpearon a los principales índices bursátiles.
Ernesto Madrid
En Wall Street, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron 0.70%, 0.84% y 0.91%, respectivamente, mientras que en México el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.76%, para cerrar en 56,614.32 unidades.
El nerviosismo se desató luego de que el presidente Donald Trump exigiera la rendición incondicional de Irán y reiterara su oposición a que Teherán desarrolle armas nucleares. Además, reveló que su gobierno conoce la ubicación del líder supremo iraní, Ali Jamenei, elevando la percepción de un posible conflicto directo en la región.
El aumento de la tensión se agravó tras la abrupta salida de Trump de la cumbre del G7 en Canadá, lo que dejó sin firmar acuerdos comerciales clave con Japón y Canadá, y alimentó dudas sobre la estabilidad en las relaciones comerciales globales.
A esta inestabilidad se suma la expectativa por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, programada para mañana. Aunque se prevé que la Fed mantenga sin cambios su tasa de interés, los mercados siguen atentos a cualquier indicio de ajuste ante la presión pública ejercida por Trump para flexibilizar la política monetaria.
El petróleo también reaccionó al entorno de incertidumbre. El crudo WTI repuntó 4.61%, para ubicarse en 75.08 dólares por barril, impulsado por la posibilidad de interrupciones en la oferta energética de Medio Oriente si el conflicto escala. Esto, a su vez, podría presionar la inflación global y limitar la capacidad de los bancos centrales para reducir tasas de interés en un contexto de enfriamiento económico.
En paralelo, las ventas minoristas en Estados Unidos mostraron debilidad inesperada, con una caída de 0.9% mensual en mayo, o de 0.3% excluyendo vehículos, reflejando un consumidor menos dinámico ante la inflación persistente y la incertidumbre económica.
A largo plazo, otro factor de preocupación estructural se suma al panorama: el cambio climático. De acuerdo con un reporte de la OCDE, las sequías extremas son cada vez más frecuentes y costosas. En los últimos 120 años, la superficie terrestre afectada por sequías se ha duplicado, y para 2035 los costos económicos derivados podrían aumentar en al menos 35%. La OCDE advierte que es urgente implementar políticas públicas efectivas para mitigar estos efectos y proteger la estabilidad económica mundial.
Así, los mercados globales navegan en un mar de incertidumbres: geopolítica explosiva, señales económicas mixtas y riesgos ambientales cada vez más tangibles. Una combinación que podría mantener la volatilidad financiera en niveles elevados en los próximos meses.
@JErnestoMadrid
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Exhortan a que la SCJN elimine la prisión preventiva oficiosa, que se aplica de forma automática, por ser contraria a los derechos fundamentales
El 1 de septiembre próximo asumirán sus cargos los nuevos jueces y ministros electos en la inédita —y cuestionada— elección judicial de este año. La paradoja es que llegarán con el respaldo de apenas el 13% del padrón electoral, pero con la expectativa de transformar el sistema de justicia mexicano... o de volverlo una extensión del oficialismo.
Ernesto Madrid
Las organizaciones de la sociedad civil ya anticipan su papel de contrapeso. México Evalúa y el Colectivo #LaJusticiaQueQueremos advierten que vigilarán de cerca la calidad de las resoluciones judiciales para detectar posibles subordinaciones a intereses políticos, y para exigir el respeto de los derechos humanos, especialmente en un país donde el gobierno ha perdido fuerza ante el crimen organizado.
Uno de los grandes temas en juego será la prisión preventiva oficiosa, esa figura que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos sin necesidad de evaluar riesgos procesales reales. No es menor: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en 2023 por violar derechos fundamentales al mantener esta medida. Y aunque los defensores de esta figura alegan que garantiza seguridad, la evidencia dice lo contrario: en al menos 12 estados del país donde se usa más la prisión preventiva justificada (y no la automática), no ha habido aumentos en la criminalidad o en la ingobernabilidad.
Las organizaciones civiles insisten: la Suprema Corte debe eliminar la prisión preventiva oficiosa. Su uso alarga innecesariamente procesos, incentiva malas prácticas y vulnera el principio de presunción de inocencia. Además, las alternativas procesales —como la mediación o la suspensión condicional del proceso— podrían reducir la carga judicial y acercar la justicia a los ciudadanos, sin recurrir a la cárcel como única solución.
Pero más allá de las cuestiones de derechos, hay una preocupación económica de fondo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ya lanzó su advertencia: este relevo en la Corte —sin legitimidad clara y con sospechas de subordinación política— podría espantar inversiones y frenar la confianza empresarial. Según sus estimaciones, el país podría tardar al menos dos años en recuperar los flujos de capital que hoy están en pausa, si es que logra recuperarlos.
El dilema es claro: o el nuevo Poder Judicial se convierte en garante de derechos y promotor de certidumbre —jurídica y económica— o corre el riesgo de ser visto como un simple apéndice político, sin independencia ni credibilidad ante los inversionistas nacionales y extranjeros.
Porque en tiempos donde el crimen organizado avanza y el Estado se debilita, lo último que necesita México es una justicia simulada, de togas nuevas pero viejos vicios. La verdadera reforma judicial no se mide en urnas ni en discursos, sino en sentencias justas, procesos transparentes y autonomía real.
@JErnestoMadrid
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El mundo financiero tuvo un pequeño respiro. Bastó con que Irán insinuara su disposición a retomar el diálogo nuclear para que los mercados globales aflojaran los dientes y el riesgo, al menos por unas horas, se retirara discretamente al rincón. Los precios del crudo y del oro cayeron, mientras las bolsas, encabezadas por el S&P 500, cerraron con ganancias. Un buen gesto en un mundo donde el nerviosismo es la nueva normalidad.
Ernesto Madrid
Pero, como siempre, México va por otro carril.
Mientras Wall Street se entusiasma con la posible contención geopolítica en Medio Oriente —ese polvorín de vieja data— y sueña con que la inflación no vuelva a calentar motores, la Bolsa Mexicana de Valores no logró subirse a ese tren de optimismo. El S&P/BMV IPC cayó 0.68% y el FTSE-BIVA 0.69%. Aquí no hubo respiro ni rebote, sólo más señales de fatiga económica.
La explicación está a la vista: el consumo privado sigue flojo, sin energía ni empuje. El indicador oportuno anticipa que en abril el crecimiento fue de apenas 0.1% y en mayo simplemente cero. Sí, cero. Ni para arriba ni para abajo. En términos anuales, la caída en el primer trimestre fue de 0.9% y el futuro inmediato no ofrece mejores números: -0.8% en abril, -0.5% en mayo.
Peor aún: el sector manufacturero tampoco da buenas noticias. El personal ocupado, las horas trabajadas, las expectativas... todo se mueve sin fuerza o hacia atrás. La única excepción es la remuneración media, que tuvo su mejor crecimiento desde abril de 2022. Pero un dato aislado no hace primavera económica.
El peso mexicano, eso sí, sigue dándole gusto a los operadores: se apreció ligeramente frente al dólar hasta ubicarse en 18.91 pesos por billete verde. Pero no nos engañemos: la moneda se mueve más por la debilidad global del dólar que por méritos propios de la economía nacional.
El gran problema es otro, y es local: la incertidumbre política y económica de México es la que no se disipa. La imposición de aranceles en Estados Unidos, tan volátiles como el humor de su clase política, dificulta cualquier planeación empresarial. La inseguridad pública sigue asustando a las inversiones. Y el consumo privado —ese motor interno que debería sostenernos— está debilitándose.
A este panorama se suma una paradoja irritante: mientras en Palacio Nacional se presume un ambicioso "Plan México" para atraer inversión y detonar infraestructura, en los hechos la ejecución es lenta, incierta o simplemente difusa. Las necesidades son obvias: mejor infraestructura energética, mejores carreteras, mejores puertos, mejor seguridad pública, pero las señales políticas no terminan de convencer a los inversionistas privados, que siguen esperando claridad y reglas firmes.
El gobierno no puede controlar el conflicto Israel-Irán. Tampoco puede decidir la política monetaria de la Reserva Federal. Pero sí puede garantizar que invertir en México deje de ser una apuesta a ciegas.
Mientras Irán y Tel Aviv juegan al ajedrez diplomático y Washington mide sus pasos, México sigue atrapado en su laberinto de indefinición económica. El mundo respira con cautela... pero nosotros apenas y nos movemos.
El riesgo geopolítico amainó, por ahora. Pero el riesgo interno —el de la parálisis económica— sigue ahí, tan real como siempre.
@JErnestoMadrid
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Admite la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que la reforma al Poder Judicial podría requerir de correcciones mayores
¿Elección histórica y democrática? lo que vimos fue una puesta en escena digna de los tiempos dorados del PRI: urnas embarazadas, boletas clonadas, participación “milagrosa” de más del 100% en algunas casillas... pero eso sí, todo barnizado con modernidad digital gracias a Morena y su nuevo "cerebro electrónico" para acarreo de votos. ¡El PRI jamás soñó con tanto software de vanguardia!
Ernesto Madrid
Resulta que la 4T ya no necesita tortas ni refrescos en bolsitas de plástico. Ahora basta con un mensaje de WhatsApp para indicarle al votante qué hacer con un bonito acordeón electrónico o físico es lo de menos. Tecnología aplicada a la democracia... de cartón.
El INE —ese órgano que la 4T insultaba a diario— se lavó las manos diciendo: "sí hubo cochineros, pero no es nuestra bronca anular la elección... es asunto del Tribunal Electoral". Tribunal que, ¡oh sorpresa!, está a punto de llenarse con estos nuevos jueces surgidos de este parto electoral lleno de fórceps, fraude y fórmulas mágicas.
Mientras tanto, en Palacio Nacional la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sonreía anunciando que todo estaba perfecto... salvo por un detallito: “La reforma al Poder Judicial podría requerir correcciones mayores”, aceptó con esa frescura que solo da saber que todo sigue bajo control. ¿Así o más claro que esto apenas empieza a cocinarse?
El senador Gerardo Fernández Noroña anduvo de gira triunfalista en la frontera —sin pisar Matamoros, no fuera a darle un susto la realidad— celebrando el “éxito histórico” de este circo democrático mientras en las casillas florecían viejas prácticas: listados nominales perdidos, paquetes robados, boletas sin doblez (recién salidas de la imprenta), y votos perfectos llenados con la misma letra.
La consejera Carla Humphrey enumeró las joyas: casillas con participación imposible, boletas idénticas, robo de paquetes... y nadie hace nada porque, claro, la "democracia" es más importante que la ley. Catalina Pérez Correa, analista y y activista por los Derechos Humanos también soltó la joya: la mayoría real votó nulo. Pero eso no importa porque la decisión ya estaba tomada desde Palacio... o desde la nube de datos del "cerebro digital".
Eso sí, Morena está feliz: primera Corte con ministro indígena de la era moderna. A falta de legitimidad... ¡identidad y narrativa! Todo muy incluyente, todo muy diverso... menos la posibilidad de decidir libremente.
El viejo PRI estaría orgulloso: sus viejas mañas sobrevivieron y evolucionaron. Ahora no hacen falta operadores con maletines, basta con un algoritmo y un archivo Excel. El acarreo es digital. La trampa, también.
¿Y saben qué es lo mejor? Que hasta Rosa Icela admite que esto necesitará "correcciones mayores". ¡Ni ellos confían en su Frankenstein judicial recién estrenado!
Así que no nos engañemos: esto no fue una elección. Fue un simulacro. Una obra de teatro... ya quizás hasta con WiFi.
@JErnestoMadrid
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Washington desmiente presiones formales, pero mantiene la lupa sobre la 4T y sus sombras criminales.
El reciente desmentido de Washington respecto a un supuesto intercambio de aranceles por investigaciones contra políticos mexicanos es apenas la superficie de una tensión más profunda, de ésas que rara vez se ventilan de forma oficial, pero que todos saben que existen.
Ernesto Madrid
Mientras la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental salían a apagar rumores, los observadores diplomáticos no pudieron evitar notar el trasfondo: la desconfianza creciente de la Casa Blanca –y de buena parte del aparato de seguridad estadounidense– respecto a la cercanía de ciertos personajes de la política mexicana con las estructuras del crimen organizado.
Que la administración de Donald Trump y la de Claudia Sheinbaum hablen de cooperación bilateral contra cárteles y fentanilo es un discurso esperado. Pero la realidad es más turbia: Washington sospecha que la narcopolítica en México ha dejado de ser un fenómeno aislado y ha pasado a contaminar áreas de decisión pública. Y si bien hoy no hay exigencias abiertas de “investigar políticos a cambio de aranceles”, es ingenuo pensar que Estados Unidos no observa con lupa a quienes, desde el poder mexicano, podrían tener nexos con redes criminales.
El desliz en redes de la militante morenista Melissa Cornejo, quien atacó sin reparo a Estados Unidos, no fue un hecho menor. Su respuesta directa del Departamento de Estado fue un recordatorio de que la paciencia diplomática tiene límites. Y si bien Cornejo es un personaje menor, su vínculo con operadores políticos de Morena vinculados a figuras como Adán Augusto López o Andrea Chávez volvió incómodo el episodio para Palacio Nacional.
El gobierno de Sheinbaum ha querido desmarcarse del tema con prontitud: ni cancillería ni el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aceptaron que hubiera presiones reales o solicitudes directas de investigación. Pero el silencio sobre los motivos reales de la inquietud estadounidense es revelador: Washington teme que ciertos personajes en el círculo de la 4T –y no sólo a nivel estatal o municipal– puedan estar protegidos por el poder central.
Lo preocupante para México no es sólo la molestia diplomática. Es el potencial costo económico de una relación desgastada: aranceles volátiles, amenazas migratorias, menor confianza para la inversión extranjera directa y un entorno de incertidumbre financiera que ya comienza a reflejarse en la cautela de los inversionistas.
La sombra del crimen sobre la política mexicana no es nueva. Pero hoy, con Sheinbaum arrancando gobierno y con Trump de regreso en la Casa Blanca, el tema podría pasar de ser un ruido de fondo a una tormenta perfecta que contamine toda la agenda bilateral.
Por ahora, los comunicados oficiales insisten en la “cooperación”, la “confianza” y la “alianza estratégica”. Pero en Washington –y en ciertos despachos del gobierno mexicano– saben que el verdadero problema no son los desmentidos en Twitter, sino el largo historial de impunidad y complicidades que nadie se atreve a nombrar en voz alta.
@JErnestoMadrid
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Los programas sociales sostienen el consumo… pero distorsionan el mercado laboral
En el México de la 4T la economía se mueve con aparentes paradojas: la actividad económica se desacelera, la inversión privada titubea, el empleo formal pierde ritmo… y, sin embargo, la tasa de desempleo sigue en mínimos históricos. ¿Milagro laboral? ¿Éxito de las políticas públicas? No exactamente.
Ernesto Madrid
Un análisis de Banamex pone sobre la mesa una de las explicaciones más incómodas para esta aparente contradicción: la expansión masiva de programas sociales y transferencias monetarias —que ya benefician a más de 30 millones de mexicanos— estaría desincentivando a sectores completos de la población para integrarse al mercado laboral. En especial, a los mayores de 65 años y a ciertos grupos jóvenes que reciben apoyo directo del gobierno.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) son claros: la participación laboral de los adultos mayores se ha reducido en forma consistente. Si se hubiera mantenido en niveles de 2005, hoy habría al menos 850 mil personas más buscando empleo o trabajando. La diferencia no es menor: sin este efecto, la tasa oficial de desempleo habría subido de 2.6% a por lo menos 3.8%, y en ciertos escenarios podría superar el 4%.
Así, el mercado laboral mexicano ofrece una postal distorsionada: bajo desempleo formal, sí, pero con una menor población dispuesta a trabajar porque su ingreso mínimo está garantizado por transferencias. ¿Es esto sostenible? A corto plazo, sí: el consumo interno se mantiene gracias a estos flujos gubernamentales. Pero a mediano y largo plazo, el costo puede ser alto: menos trabajadores, menos productividad y un sistema fiscal cada vez más dependiente de los grandes contribuyentes (recordemos que el 2% de las empresas genera casi el 80% del ISR empresarial).
Este fenómeno debería encender alertas en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque si bien los programas sociales son una herramienta legítima de redistribución, su efecto secundario sobre la oferta laboral puede terminar atrapando al país en un círculo vicioso: bajo empleo formal, alta informalidad y nulo dinamismo productivo.
El desafío es claro: mantener los apoyos sin desalentar la participación laboral. De lo contrario, el “milagro” de las bajas tasas de desempleo será apenas un espejismo sostenido con gasto público… hasta que la factura fiscal se vuelva impagable.
@JErnestoMadrid
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“El sueño americano se desvanece… y México podría despertar con resaca”
En Palacio Nacional todavía se repite el viejo mantra: “Estados Unidos es fuerte, estable, invencible… nuestro gran mercado, nuestro gran salvavidas”. Pero quizá alguien debería pasarle a Claudia Sheinbaum el último análisis de Banamex antes de que la luna de miel con los mercados se vuelva pesadilla.
Ernesto Madrid
Resulta que el “excepcionalismo americano” ya no luce tan excepcional. La deuda pública de EE. UU. crece a ritmo de película de horror; Moody’s ya le bajó la calificación; el dólar, antaño rey de reyes, se debilita frente a monedas europeas, asiáticas… y sí: también frente al peso mexicano (que no ha dejado de sorprender con una apreciación de casi 8%). Para colmo, el famoso S&P 500 ya no saca tanta ventaja: las bolsas de Europa y Asia van pisándole los talones... o peor aún, rebasándolo.
Pero aquí seguimos actuando como si nada pasara. La 4T presume estabilidad económica, récords de inversión y superávit comercial… sin mencionar que todo eso cuelga de un hilo: la salud económica de Estados Unidos. Porque si allá hay tos, aquí llega la pulmonía.
El problema no es que Sheinbaum herede esta dependencia estructural (de eso ya se encargaron décadas de gobiernos), sino que insista en sumar incertidumbre con ideas como la reforma judicial, que justo cuando México debería proyectar confianza jurídica, manda el mensaje opuesto a los inversionistas.
¿De verdad creen que con un socio tan inestable podemos darnos el lujo de espantar capitales, congelar grandes proyectos o complicar la relación bilateral? Estados Unidos deja de ser garantía… y la 4T sigue creyendo que el futuro está asegurado.
En análisis de Banamex ya puso la advertencia sobre la mesa: o diversificamos y fortalecemos nuestra institucionalidad, o nos preparamos para ver cómo el “milagro económico” mexicano se apaga en cuanto el vecino tropiece. Total, en esta película ya sabemos quién paga los platos rotos.
@JErnestoMadrid
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El primer cara a cara entre la presidenta y el presidente de E.U. pondrá a prueba la estrategia económica, la confianza empresarial y el rumbo institucional de la Cuarta Transformación.
A pocos días de su participación en la cumbre del G-7 en Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum prepara su primer encuentro con Donald Trump, en medio de un contexto económico y político que pondrá a prueba su capacidad de reconciliar dos mundos: el de la diplomacia internacional y el de la incertidumbre interna.
Ernesto Madrid
El momento no puede ser más decisivo. México necesita crecer, generar empleo y sostener sus programas sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Para ello, las cifras que revela la organización México Evalúa, son contundentes: en 2024, menos del 2% de las empresas concentraron el 78% de la recaudación del ISR empresarial y aportaron el 39% del total nacional. Es decir, unas pocas grandes corporaciones sostienen buena parte del financiamiento público del país. Sin su permanencia, su expansión y la llegada de nuevas inversiones, el modelo de desarrollo social que propone el nuevo gobierno corre el riesgo de volverse financieramente inviable.
En este sentido, la cita con Trump no será sólo un ritual diplomático: es una oportunidad para enviar señales claras a los mercados. Temas como la reforma judicial —que ha sido criticada por debilitar la autonomía del Poder Judicial al establecer elecciones populares para jueces y ministros— y la amenaza de aranceles unilaterales impuestos por E.U. (como los recientes al acero y aluminio) están en el centro de la conversación.
El dilema es evidente: sin certidumbre jurídica no hay inversión sostenida; sin inversión sostenida no hay grandes empresas capaces de sostener la recaudación tributaria; sin esta recaudación, el Estado no puede financiar salud, pensiones o infraestructura. Por ello, más que una simple visita internacional, esta reunión simboliza una bifurcación histórica: ¿seguirá México apostando por un modelo donde las grandes empresas sean vistas como aliadas estratégicas o persistirá en una retórica de sospecha y control que las ahuyente?
El propio éxito de los programas sociales de Sheinbaum —que dependen de una base fiscal robusta y creciente— está condicionado a una verdad económica ineludible: México necesita más grandes empresas, no menos. Ampliar su número permitiría reducir la dependencia de los mismos conglomerados de siempre, diversificar la economía, fomentar la innovación y, sobre todo, financiar el desarrollo sin recurrir a deuda ni a improvisaciones fiscales.
Pero la confianza de las empresas —nacionales y extranjeras— no se compra con discursos; se construye con instituciones sólidas, reglas claras y respeto a la ley. La reforma judicial, tal como está planteada, parece ir en sentido contrario: genera incertidumbre, eleva los riesgos jurídicos y encarece los proyectos de inversión por la mayor necesidad de acudir a arbitrajes internacionales.
En este contexto, la reunión Sheinbaum–Trump no es un simple intercambio de posturas: es el espacio para redefinir la relación comercial, negociar certidumbre para las inversiones binacionales y aclarar si México está dispuesto a rectificar el rumbo institucional que preocupa a empresarios, analistas e inversionistas.
El desarrollo económico de México no puede basarse en la improvisación o el voluntarismo. Requiere decisiones valientes: apostar por un modelo de crecimiento moderno, sostenible y basado en la confianza de los actores productivos. La pregunta es si el nuevo gobierno tendrá el pragmatismo para rectificar, aun si eso implica revisar o moderar reformas emblemáticas.
Por ahora, todo dependerá de señales: las que Claudia Sheinbaum envíe a Donald Trump —y por extensión, al mundo— en una reunión que puede marcar el tono económico y político de todo su sexenio.
@JErnestoMadrid
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En México, los casos de denuncias falsas por violación, aunque estadísticamente minoritarios, han provocado devastadoras consecuencias para hombres inocentes. Este reportaje examina a fondo el caso de Raúl Rodríguez González, un ciudadano acusado de una violación cuya versión presenta graves inconsistencias periciales.
La noche del 22 de noviembre de 2024 se grabó a fuego en la memoria de Raúl Rodríguez González, padre de familia de 62 años, quien padece de una afectación cardiaca. Una acusación, que él categóricamente ha rechazado, y que lo envolvió en una pesadilla de la que aún no despierta. Todo comenzó, según su relato, cuando una mujer desconocida lo señaló directamente de haberla violado. La supuesta víctima afirmó que mientras caminaba por la banqueta, él la había tomado del cabello para meterla por la fuerza a través de la ventana de su propio vehículo y, ya estando dentro, la violó brutalmente. Estos hechos fueron presenciados por un sujeto que venía en otro vehículo, quien justo circulaba cuando la mujer agredida sexualmente descendía del automóvil de Rodríguez González.
Este supuesto testigo llamó al 911 para denunciar los hechos y, en cuestión de minutos, una patrulla apareció para interrumpir abruptamente el tránsito del vehículo que manejaba Raúl Rodríguez. Sin pruebas ni evidencia que confirmaran la versión de la mujer, y sin que se presentara ninguna identificación formal, Raúl fue detenido y registrado en calidad de sospechoso. La detención fue inmediata, y en cuestión de horas fue remitido al Reclusorio, acusado de haber cometido un delito sexual.
Raúl vivió una odisea que evidenció las fallas del sistema: fue sometido a maltratos, a una acusación que se basaba solo en testimonios falsos, sin acceso a pruebas reales y sin que las autoridades le brindaran apoyo ni respaldo. La carpeta de investigación, incluso hoy, sigue sin avanzar. La fiscalía aún no ha asignado un ministerio público al caso, y las investigaciones parecen estar estancadas, sin una sola prueba concreta contra él.
Tras dos días en prisión, finalmente fue liberado, pero no sin pagar un precio emocional y social. Actualmente, Raúl se encuentra en espera de una respuesta formal a una queja que presentó ante el órgano de control, la cual busca denunciar no solo la falsedad de las acusaciones en su contra, sino también las posibles irregularidades, la pasividad de las autoridades y la utilización de estas denuncias como arma de venganza o de extorsión.
El relato de Raúl expresa que este tipo de denuncias falsas se están volviendo cada vez más frecuentes y que no solo responden a venganzas personales, sino que también son contratadas por terceros que solo buscan dañar la dignidad y la reputación de las personas acusadas sin pruebas. La finalidad, muchas veces, es manipular el sistema para obtener beneficios económicos o simplemente para destruir la vida de quienes terminan siendo víctimas de estas artimañas.
Hoy, Raúl espera que su denuncia sirva para alertar sobre la grave problemática de las denuncias falsas, y para que las instituciones tomen cartas en el asunto y fortalezcan sus mecanismos de investigación, sancionando a quienes utilizan la mentira como arma de venganza o de daño personal. Mientras tanto, él continúa en su lucha por la justicia y por recuperar su dignidad, víctima de una práctica que, cada vez, parece estar más extendida en la coyuntura social actual.
La verdad no tiene género.
Estudios internacionales muestran que las denuncias falsas por violación representan entre el 2% y el 10% de los casos, dependiendo del país y de la metodología del estudio. En México, los datos oficiales son escasos y dispersos, lo que dificulta tener un panorama claro. Sin embargo, expertos alertan sobre un fenómeno emergente: la instrumentalización del discurso feminista radical para fines personales, legales o económicos que, lejos de empoderar a las víctimas reales, las desacredita y vulnera aún más.
No se trata de deslegitimar la lucha contra la violencia de género, sino de exigir que el sistema judicial mexicano investigue con profundidad, sin prejuicios ni presunciones. Tanto una víctima verdadera como un acusado inocente merecen justicia.
Entre los fracasos del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador , hay que contabilizar el programa “Internet para todos”, pues… ¡falló! Para especialistas y técnicos del tema, no se cumplió con la promesa de que “la conectividad es un derecho y no un privilegio” y, en lugar de cerrar la brecha digital, sigue abierta y sangrante, principalmente en los estados más pobres.
Por Redacción
Esta podredumbre ha impactado de forma significativa en la educación del país, la cual enfrenta desafíos profundos y uno de ellos es, precisamente, la reciente licitación para la transmisión de canales educativos gestionada por la unidad @prende dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, ha dejado al descubierto una serie de anomalías que benefician de manera evidente al incúmbete, Grupo W.
Esta firma (Grupo W Com, SA de CV), mejor conocida como StarGo, con domicilio en calle Galileo No. 50, colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11550, en la Ciudad de México, y portal de Internet http://stargomexico.com/ , se especifica, es responsable del uso y protección de datos personales; Además, posee las llaves de encriptación necesarias para operar el sistema.
En un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes carecen de acceso efectivo a la educación, los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan, y los servicios prometidos no se cumplen, pero sí se cobran, con el surgimiento de una serie de irregularidades que evidencian un sistema viciado por intereses privados que derraman corrupción.
Desde el inicio, los estudios de mercado omitieron señalar la necesidad de visitar los sitios para poner en funcionamiento la red, estableciendo un candado presupuestal que favorece exclusivamente a quienes ya tienen el equipo desplegado en más de 20,000 escuelas. Una investigación de campo realizada en 30 escuelas ubicadas en distintos estados del país revela que tan solo una escuela estaba en funcionamiento, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema.
Esto comprueba que la SEP, de manera cuestionable y engañosa, paga los servicios únicamente con la “demostración” de que las señales son transmitidas, sin garantizar que estas señales sean recibidas en las escuelas, que las televisiones se enciendan o, mucho menos, que los estudiantes aprovechen este servicio educativo.
No hay duda de que en nuestro país hay licitaciones fraudulentas para la transmisión de canales educativos, en un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes carecen de acceso efectivo a la educación con esta herramienta digital. Según el acta de fallo, disponible en el Portal de Compras Gubernamentales Oficial del Gobierno Federal, el contrato tiene una vigencia hasta el 30 de abril de 2027 y contempla un costo mensual de $174.00 pesos más IVA por aula, lo que representa un gasto público que podría superar los 420 millones de pesos en su máximo estimado.
Sin embargo, diversas voces técnicas y especializadas han cuestionado duramente la racionalidad de este gasto, pues con base en información pública que se desprende de la propia documentación puesta a disposición de la ciudadanía de la propia Dirección General, entre agosto de 2021 y enero de 2022 se realizó un diagnóstico que identificó que el 99% de los teleplanteles no contaban con recepción de la señal de la Red Edusat, ya sea por equipos dañados o inexistentes.
Este hallazgo justificó la reactivación del servicio mediante tecnología satelital, incluyendo antena parabólica, LNB y dispositivos de almacenamiento Set Top Box. No obstante, el contrato recién adjudicado (a Grupo W o StarGo) no incluye instalación de equipos ni visitas de campo a las aulas. La prestación actual del servicio se limita al envío de la señal desde las oficinas de Edusat, validado centralmente, sin mecanismos para verificar su recepción ni aprovechamiento en las aulas.
Esto implica que el costo real de 174 pesos por aula corresponde únicamente a la emisión de la señal, sin incluir soporte, instalación ni monitoreo en sitio. Al analizar las condiciones del servicio, se advierte que este esquema representa un sobreprecio, pues el proveedor actual es el mismo que instaló los equipos anteriormente, lo que debería implicar una reducción sustancial en el costo.
Durante la Junta de Aclaraciones celebrada el 16 de mayo, EDUSAT reconoció abiertamente no tener visibilidad sobre cuántas aulas están en operación ni si los equipos están siendo utilizados, lo que implica que el pago del servicio no está vinculado al uso efectivo en plantas específicas. A ello, se suma que el anexo técnico establece que cualquier nuevo proveedor debería visitar los más de 21,000 planteles en un plazo de 30 días para reprogramar los equipos. Este requisito logístico resulta virtualmente imposible para un nuevo oferente, otorgando una ventaja operativa al proveedor adjudicado. Por lo tanto, la tecnología utilizada resulta obsoleta, pues no se puede programar remotamente ni existe un sistema para verificar que los contenidos transmitidos estén llegando a las aulas.
En una época de transformación digital, resulta inadmisible que un contrato de esta magnitud no contemple herramientas interactivas ni de monitoreo pedagógico; Además, ejercicios de verificación en campo han revelado que en múltiples escuelas no se detecta operación efectiva del sistema Edusat. Esto revela y confirma que se está pagando por un servicio sin evidencia de uso real en los planteles.
Para cualquier especialista en tecnologías aplicadas a la educación, resulta evidente que con una inversión equivalente podrían ofrecerse soluciones modernas, capaces de evaluar en tiempo real el uso de los contenidos, su alcance y la interacción con los estudiantes. Actualmente, se transmiten 14 canales de televisión educativa sin que existan indicadores de visualización, aprovechamiento o interacción. No hay una metodología para evaluar el impacto ni la calidad de los contenidos difundidos.
Por lo tanto, cualquier especialista en contrataciones públicas advertiría que el Estado no está ejerciendo de forma eficiente ni eficaz el gasto público, como lo mandata el artículo 134 constitucional. De hecho, se afirma que se está financiando un servicio sin resultados comprobables ni impacto medible. No hay duda de que en lugar de asegurar el acceso a contenidos educativos, se corre el riesgo de estar simulando una cobertura inexistente, agravando las condiciones de rezago educativo en las comunidades más vulnerables.
Aunado a esto, Altán Redes y CFE Telecom no han priorizado la conectividad social en comunidades rurales, marginadas y desconectadas, pues han desplegado sus servicios y su infraestructura en mercados rentables, compitiendo con operadores privados y desvirtuando su función social, o sea que no se han centrado en su misión principal: “conectar a los desconectados”, según lo informa la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
En este contexto, los especialistas consideran que el Estado debería reflexionar seriamente cancelar, al menos, un contrato (Grupo W o StarGo) que no aporta valor educativo real, y reencauzar los recursos hacia soluciones que verdaderamente fortalezcan el sistema de educación pública. Aunque el fallo ya fue emitido y el contrato se encuentra en miras de formalización, la situación exige una revisión institucional de fondo, orientada a proteger el interés público y garantizar que los recursos beneficien efectivamente a las niñas, niños y adolescentes de México.
No obstante, es de resaltar que la falta de monitoreo y estándares verificables crea un escenario donde los recursos son desviados y la educación de millas de niñas y niños queda relegada. Resulta más que preocupante que la ausencia de mecanismos que aseguran el impacto real del programa eterno las fallas estructurales, consolidando un modelo que, lejos de ser funcional, alimenta la corrupción y el rezago educativo.
Ante este panorama, a decir de los especialistas del tema, se subraya la urgencia de reformar de raíz los procesos de licitación, incorporando parámetros claros y verificables que prioricen el bienestar de los estudiantes y el uso transparente de los recursos públicos. No cabe duda de que las consecuencias de estas prácticas van más allá de la esfera administrativa, que pone a miles de niñas, niños y adolescentes en México a continuar sin acceso a una educación de calidad, mientras que los maestros enfrentan condiciones precarias y se ven obligados a protestar para exigir justicia.
Tanto así que, cuesta trabajo creer que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) haya dado su autorización para este proyecto, que claramente privilegia intereses privados sobre el bienestar colectivo en lugar de tomar la iniciativa de atraer el proyecto para detener el proceso actual y fortalecerlo a través de un sistema que permita el monitoreo del estado operativo de los servicios y la calidad de los contenidos. Por ello, es imperativo que se investiguen estas irregularidades y que se tomen medidas para garantizar un sistema de licitación justo, transparente y orientado hacia el beneficio de la educación pública.
México necesita un compromiso real con la educación, libre de prácticas corruptas que perpetúan la injusticia y el rezago. Las niñas y los niños de nuestro país merecen algo mejor. No es sólo cuestión de infraestructura; es una cuestión de ética, justicia y futuro. Es una obligación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de los órganos internos de control y fiscalización, valorar los riesgos de este esquema y proponer medidas correctivas que privilegien el interés superior de la niñez, la eficacia del gasto y la dignidad del sistema educativo nacional, opinan estudiosos en herramientas tecnológicas.
No se puede seguir permitiendo que la corrupción en el sistema de licitación persista, pues no solo afecta los recursos públicos, sino que perpetúa la desigualdad y obstaculiza el desarrollo educativo de generaciones enteras.
Ernesto Madrid
