- Exhortan a que la SCJN elimine la prisión preventiva oficiosa, que se aplica de forma automática, por ser contraria a los derechos fundamentales
El 1 de septiembre próximo asumirán sus cargos los nuevos jueces y ministros electos en la inédita —y cuestionada— elección judicial de este año. La paradoja es que llegarán con el respaldo de apenas el 13% del padrón electoral, pero con la expectativa de transformar el sistema de justicia mexicano... o de volverlo una extensión del oficialismo.
Ernesto Madrid
Las organizaciones de la sociedad civil ya anticipan su papel de contrapeso. México Evalúa y el Colectivo #LaJusticiaQueQueremos advierten que vigilarán de cerca la calidad de las resoluciones judiciales para detectar posibles subordinaciones a intereses políticos, y para exigir el respeto de los derechos humanos, especialmente en un país donde el gobierno ha perdido fuerza ante el crimen organizado.
Uno de los grandes temas en juego será la prisión preventiva oficiosa, esa figura que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos sin necesidad de evaluar riesgos procesales reales. No es menor: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en 2023 por violar derechos fundamentales al mantener esta medida. Y aunque los defensores de esta figura alegan que garantiza seguridad, la evidencia dice lo contrario: en al menos 12 estados del país donde se usa más la prisión preventiva justificada (y no la automática), no ha habido aumentos en la criminalidad o en la ingobernabilidad.
Las organizaciones civiles insisten: la Suprema Corte debe eliminar la prisión preventiva oficiosa. Su uso alarga innecesariamente procesos, incentiva malas prácticas y vulnera el principio de presunción de inocencia. Además, las alternativas procesales —como la mediación o la suspensión condicional del proceso— podrían reducir la carga judicial y acercar la justicia a los ciudadanos, sin recurrir a la cárcel como única solución.
Pero más allá de las cuestiones de derechos, hay una preocupación económica de fondo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ya lanzó su advertencia: este relevo en la Corte —sin legitimidad clara y con sospechas de subordinación política— podría espantar inversiones y frenar la confianza empresarial. Según sus estimaciones, el país podría tardar al menos dos años en recuperar los flujos de capital que hoy están en pausa, si es que logra recuperarlos.
El dilema es claro: o el nuevo Poder Judicial se convierte en garante de derechos y promotor de certidumbre —jurídica y económica— o corre el riesgo de ser visto como un simple apéndice político, sin independencia ni credibilidad ante los inversionistas nacionales y extranjeros.
Porque en tiempos donde el crimen organizado avanza y el Estado se debilita, lo último que necesita México es una justicia simulada, de togas nuevas pero viejos vicios. La verdadera reforma judicial no se mide en urnas ni en discursos, sino en sentencias justas, procesos transparentes y autonomía real.
@JErnestoMadrid
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