- Sheinbaum corrige a su gabinete, minimiza el malestar social y vuelve a culpar a una oposición que —según ella— no tiene fuerza, pero sí la suficiente para movilizar a medio país.
La oleada de bloqueos que paralizó carreteras en 17 estados encontró al gobierno federal más preocupado por ganar la narrativa de la semana que por entender la raíz del descontento. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a enmendarle la plana a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, luego de que ésta afirmara que entre los transportistas movilizados había personas con carpetas de investigación abiertas.
Ernesto Madrid
“No tienen carpetas”, corrigió la mandataria, apelando a un generoso “se malinterpretó” para suavizar la contradicción. No era persecución, dijo, sólo un “malentendido”. La coreografía oficial del desliz.
El problema es que la protesta no desaparece con una frase presidencial. Ni se convierte en complot por decreto.
Mientras la presidenta dedicaba energía a desacreditar interpretaciones incómodas y a ajustar las declaraciones de su propio gabinete, medio país vivía bloqueos, retrasos, pérdidas económicas y una demostración contundente de que la inconformidad social ya no es marginal ni reducible a “grupos manipulados”.
La 4T, no obstante, insiste en narrarse sitiada por una oposición que considera derrotada, casi ornamental, pero que al mismo tiempo imagina capaz de coordinar marchas, paros y bloqueos de dimensiones nacionales. Una oposición tan débil como para no amenazar electoralmente… pero tan poderosa como para paralizar 40 autopistas. Es un diagnóstico político que, en consultorios psiquiátricos, tendría nombre y tratamiento.
Rosa Icela Rodríguez no improvisó. Su comentario reveló algo más profundo: un gabinete que sigue operando bajo los mismos resortes del sexenio anterior —negación, cerrazón y victimización— con la diferencia de que ahora, la responsabilidad ya no se puede heredar.
La presidenta rechaza, minimiza o matiza cualquier señal de deterioro en seguridad, extorsión, narcoviolencia o abandono al campo. Es más cómodo culpar a los manifestantes de ser piezas de una conspiración que asumir que el país enfrenta una crisis silenciosa en carreteras, campos agrícolas y ciudades medianas donde los ciudadanos pagan extorsión como si fuera impuesto municipal.
Pero la estrategia tiene un límite. Y está cerca.
Porque cuando la cabeza del gobierno niega lo evidente, el resto del gabinete repite el libreto por lealtad, hábito o miedo. Todo se vuelve una liturgia: negar, matizar, corregir, culpar. O, en el mejor de los casos, asegurar que “se malinterpretó”.
Sheinbaum, concentrada en debates pos-Zócalo y en justificar la marcha del 6 de diciembre, parece apostar a que llenar de seguidores la Plaza de la Constitución equivaldrá a resolver la crisis del autotransporte, el hartazgo de agricultores o la parálisis económica en regiones enteras. Pero el músculo político no sustituye el músculo económico.
Y ahí está el verdadero riesgo para este gobierno.
No es el PAN, ni el PRI, ni Claudio X., ni Salinas Pliego.
Es la realidad del bolsillo. Es la carretera tomada por la delincuencia. Es la cosecha que se pierde sin apoyos.
Es el transportista que paga derecho de piso para cargar maíz, el comerciante que paga doble para abrir su local, el microempresario que cierra antes de tiempo porque la extorsión ya no le permite pagar nómina.
Mover medio millón de simpatizantes al Zócalo no resuelve nada de eso.
Hay quienes en el gabinete insisten en ver detrás de cada protesta la mano invisible de un adversario. Pero las movilizaciones no están esperando que la oposición les marque el paso. Brotan donde el Estado se ha retirado, donde el crimen llena vacíos y donde el gobierno responde con explicaciones indulgentes.
Nadie cuestiona que pueda haber actores políticos intentando capitalizar el malestar. Eso ha ocurrido siempre. La diferencia es que antes, incluso la propia Sheinbaum, López Obrador y Rodríguez alentaban protestas cuando jugaban en el lado opositor del tablero.
Hoy, desde el poder, ese mismo ejercicio se condena como “desestabilización”.
El asesinato brutal de Carlos Manzo fue el catalizador más visible de un enojo que llevaba meses acumulándose. Jóvenes, familias, profesionales, médicos, campesinos y traileros están protestando por una razón muy simple: ya no se sienten protegidos.
Y el gobierno, aferrado a su narrativa de “México feliz”, continúa ignorando que hay sectores que no sólo están inconformes: están frontalmente hartos.
Con la Copa Mundial de 2026 en la puerta —y con ella el escrutinio internacional sobre seguridad, gobernabilidad y movilidad— el país difícilmente puede darse el lujo de seguir explicando sus crisis con la categoría de “malinterpretación”.
Lo que sucede en las carreteras y en los campos no es un malentendido.
Es un mensaje.
Y si el gobierno insiste en no escucharlo, el ruido será cada vez más ensordecedor.
@JErnestoMadrid
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