Es ‘muy poquito’ el ofrecimiento de Emilio Lozoya ex director de Pemex de pagar solo 3.4 millones de dólares para que pueda llevar su proceso en libertad, se requiere más dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la compra irregular de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.
Por: Ernesto Madrid
Emilio Lozoya está acusado de cohecho y lavado de dinero por si repara el daño, le advirtió López Obrador y cumple con lo que está pidiendo la Fiscalía y los jueces, que se devuelva “al pueblo lo robado”, se le podría dar la oportunidad.
Recordó que en el caso de Agronitrogenados se pagaron 200 millones de dólares adicionales a lo que valía la planta durante su compra, de los cuales se han devuelto 100 millones de dólares. Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos e involucrado en la venta, ya ha devuelto 100 millones de dólares de los, al menos, 275 millones que pagó Pemex por la planta, señaló AMLO y solo a cambio de esto puedo continuar su proceso en libertad sentenció.
“Por ejemplo estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron del pago excesivo en la planta de nitrogenados pues son para fertilizantes, es para los productores y es para producir alimentos, eso sí estamos en condiciones de que se llegue a acuerdos”, dijo.
“Nosotros estamos de acuerdo porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país”, según apuntó el presidente lo que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza respaldó al informar que el gobierno ha logrado recuperar 216 millones de dólares del daño ocasionado por la compra de Agronitrogenados y destinó los recursos a la reparación de dicha planta y la de Fertinal.
Detalló que, por instrucciones de AMLO, dicho recurso se utilizó en la rehabilitación de dichas plantas para “incrementar la producción” y entregar fertilizantes de los pequeños agricultores, de los cuales se han entregado más de 676 mil toneladas durante la actual administración.
No obstante, el presidente aprovecho la oportunidad para arremeter en contra del Poder Judicial de la Federación al señalar que sus sentencias no han ayudado al pueblo de México y sí a los intereses económicos.
“Si de por sí la Corte está dedicada, nada más a defender intereses financieros. A ver, díganme ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo, no hay nada, al pueblo, estoy hablando. No, al contrario, al contrario”, declaró.
En el entuerto Francisco Olascoaga Rodríguez, excolaborador de Emilio Lozoya, no podrá ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa porque un juez con residencia en el Estado de México le concedió una suspensión definitiva en el amparo, que tramitó para protegerse de cualquier orden de captura en su contra y su ejecución.
Lozoya Austin había ofrecido presentar ante la FGR a su exsecretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo, y a Francisco Olascoaga Rodríguez, como testigos en el caso de los sobornos que supuestamente recibieron algunos legisladores para aprobar la reforma energética en el sexenio anterior.
La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector, el leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos.
Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Da la facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.
Aquí tienen algunas alternativas muy valiosas del Dr. Luis Nuñez Noriega , Adquieran sus libros en:
Luego de que en octubre las remesas alcanzaron un máximo histórico de 5 mil 360 millones de dólares, en noviembre los ingresos de los mexicanos que trabajan en el exterior perdieron dinamismo al ubicarse en 4 mil 801.1 millones de dólares.
Por: Ernesto Madrid
Lo anterior y de acuerdo con el Banco de México esto implicó un avance de apenas el 3% frente a los 4 mil 661.6 millones de dólares con respecto al año anterior. No obstante, en el periodo enero a noviembre, el monto de las remesas ascendió a 53 mil 139 millones de dólares, valor superior al de 46 mil 834 millones de dólares reportado en el mismo lapso de 2021 y que implicó un alza anual de 13.5%.
De esta manera, el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (diciembre 2021 a noviembre 2022) sumó 57 mil 891 millones de dólares, mayor al flujo acumulado a doce meses reportado en octubre pasado de 57 mil 751 millones de dólares (noviembre 2021 a octubre 2022).
Las estimaciones de algunas instituciones bancarias advierten que las remesas volverán a romper un récord en 2022, cuando se prevé que totalicen 58 mil 500 millones de dólares e incluso consideran que, en este año, el dinero de EU hacia México por concepto de remesas moderará su crecimiento a 7%, para llegar a los 62 mil 600 millones de dólares.
El presidente López Obrador indicó que las remesas son un recurso muy importante para nuestro país, porque dan muestra de que los mexicanos ‘no son flojos’ ya que se van al extranjero por falta de oportunidades en nuestro país, y demuestran, con el envío de sus remesas, que su trabajo es muy importante para fortalecer la riqueza del país.
Ciudad de México.- Luego de cumplir con los lineamientos establecidos por la Red Internacional de Mujeres Líderes en Acción (RIMLA), la periodista Marta Oliva Obeso Suro juramentó como directora nacional de RIMLA en México.
Durante la ceremonia virtual que encabezó la fundadora y presidenta de RIMLA, la activista Vicky Leyva, destacó que esta red tiene como “misión integrar a mujeres líderes a nivel internacional, con el propósito de promover la inclusión, el desarrollo y el bienestar de ellas y sus comunidades”.
Agregó que en RIMLA se congregan “mujeres de valores y con principios establecidos para lograr un mundo mejor”, para luego proceder presentar oficialmente a la periodista Marta Obeso como la directora nacional de RIMLA de México.
Por su parte la Marta Obeso se comprometió a “hacer de México el epicentro desde donde RIMLA habrá de sumar a más mujeres de coraje”, y exhortó a las “mujeres capaces de comprender la verdadera esencia femenina” a sumarse a esta red en la que se está “plantando la semilla que nos permitirá cultivar nuestros más profundos anhelos”.
La periodista peruana Geomar Pacheco Rivera, directora general de RIMLA en América Latina y el Caribe, confió que bajo la dirección de Marta Obeso, RIMLA de México habrá de avanzar con esmero y especial cuidado en cada una de las 32 entidades federativas en las que habrá una representante de RIMLA, quienes habrán de sumarse a la misión que es base del origen de esta red de mujeres líderes en acción.
Junto con Marta Obeso refrendaron su compromiso como parte de la Mesa Directiva, la maestra Jovita Rojas como directora de RIMLA en el Estado de México y la licenciada Alma Rosa Beltrán como directora de RIMLA en Nuevo León.
Asimismo, se sumaron a la nueva mesa directiva de RIMLA de México las maestras Nayely de Jesús Sánchez como directora de RIMLA en la Ciudad de México; Alejandrina Pedro Castañeda como directora de RIMLA en Oaxaca, Reyna Diamandina Obeso Higuera como directora de RIMLA en Baja California Sur y María Abigail Apodaca Miranda como directora de RIMLA en Sonora.
Mujeres de reconocida trayectoria también se sumaron a las distintas secretarias que integran la mesa directiva de RIMLA de México, ellas son: Marina Olvera, Ariadna García Martín del Campo, Jessica Zulema Guerrero Obeso, Jocelyn Trejo, Eliselma de los Ríos, Mirian de Jesús Sánchez, Yessenia Zárate, Jesarela Pérez Dorantes y, como responsable de la coordinación de Comunicación Social estará Daniel Eduardo Valdespino Pérez.
Como primera actividad de RIMLA de México, se anunció la firma de un convenio de Alianza Estratégica con la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, centro de estudios superiores que ofrecerá un plan de capacitación permanente en temas de educación para la salud a todas las integrantes de RIMLA en el mundo.
El doctor David Eduardo Hidalgo Ramírez, informó que la capacitación se ofrecerá desde dos vertientes y que cada mes se ofrecerán conferencias gratuitas en las que especialistas compartirán el conocimiento que permitirá a las mujeres tener el control de la salud en sus manos.
Aunado a esto y de manera específica se ofrecerá un plan de estudios a precios accesibles, para quienes tengan la inquietud de ampliar sus conocimientos de manera profesional.
Finalmente Marta Obeso invitó a las mujeres interesadas en formar parte de esta red a contactarse personalmente con ella, mandando un mensaje a: RIMLA de México
La iniciativa privada ha emprendido acciones para conocer más del problema y tomar acciones para erradicarla, como ejemplo de la corresponsabilidad a favor de la mujer trabajadora y su hijo por nacer.
Por: Ernesto Madrid
Ciudad de México. La coparticipación del sector privado en la prevención y erradicación de la Discriminación Laboral por Embarazo es determinante, dada la recurrencia de este delito. Actualmente casi 9 de cada 10 casos de DLE son cometidos en la iniciativa privada y 1 de cada diez en entidades público-gubernamentales.
Así lo revela el think tank Early Institute en su estudio La Discriminación Laboral por Embrazo en México, prácticas que vulneran la maternidad, en el que también se advierte que el riesgo de que se cometa ese tipo de discriminación es 166 por ciento mayor en las empleadas de fábricas y 32 por ciento mayor en trabajadores del sector privado, como bancos, oficinas u hospitales.
Actualmente el sector patronal del país realiza esfuerzos importantes para erradicar ese tipo de violencia, sin embargo, resulta necesario reforzar las campañas que visibilicen esta problemática, que afecta de manera directa a una madre trabajadora y a sus hijas e hijos, ya que sólo de esta manera se podrán adoptar acciones más contundentes para evitarlas, señaló la Lic. Valeria González Ruiz, coordinadora del estudio e investigadora de Early Institute.
Precisó que “el involucramiento de la iniciativa privada puede dar solución a esta problemática tan importante” por lo que se han impulsado diversas alianzas con asociaciones de mujeres empresarias -como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Nacional- y organizaciones patronales para sensibilizar en esta materia y promover acciones en favor de las madres trabajadoras.
Las empresas privadas del país están tomando la iniciativa de emprender acciones para erradicar ese tipo de vulneración de los derechos humanos de las trabajadoras embarazadas, pero es necesario que otros sectores secunden este ejemplo.
Precisó que son múltiples las acciones que coexisten cuando se comete Discriminación Laboral por Embarazo, de tal manera que no se puede reducir a un tema estrictamente laboral, sino de vulneración de derechos humanos, ya que la DLE afecta su seguridad social, salud y la de su hija o hijo, su estado emocional, su entorno económico y su desarrollo profesional y laboral.
González Ruiz mencionó que, de acuerdo con estudios recientes, ampliamente desglosados en su estudio sobre la Discriminación Laboral por Embarazo, https://earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/, las mujeres trabajadoras que enfrentan mayor riesgo de ese tipo de discriminación son aquellas con bajos salarios, trabajadoras del hogar, empleadas de fábricas, mujeres con contratos temporales y contratadas en el sector privado.
Este fenómeno y sus entornos los tiene claramente documentado el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), que ha registrado que del total de los asuntos atendidos relacionados a la DLE, el 88% son presuntamente cometidos por particulares, mientras que el 12% por personal del servicio público.
Otro elemento que suma a la gravedad de este fenómeno, conforme a las investigaciones actuales, consiste en que la discriminación durante el embarazo contra trabajadoras de bajos ingresos es a menudo descartada, invisibilizada, lo que revela la hostilidad a la idea de que una trabajadora de bajos salarios quede embarazada.
El estudio de referencia da cuenta que la discriminación laboral por embarazo encuentra sus raíces en un conjunto de prejuicios formados alrededor de la maternidad, mismos que erróneamente son vistos como incompatibles con lo que se espera de una mujer trabajadora.
En este sentido, subrayó González Ruiz, pareciera que la maternidad incomoda en todos aquellos ámbitos que se encuentran fuera de la esfera familiar; la discriminación laboral por embarazo es solo una manifestación de esta realidad que es importante visibilizar, sobre todo en el sector privado, como un primer paso para su atención y erradicación.
Al respecto, la especialista de Early Institute dio a conocer las diversas opciones a las que pueden recurrir las mujeres que han sufrido Discriminación Laboral por Embarazo, para que sus casos sean atendidos por las autoridades competentes.
Explicó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los centros de conciliación locales y Tribunales Laborales del Poder Judicial son las instancias facultadas para atender los casos de las mujeres víctimas de discriminación por motivo de embarazo que laboran dentro de la iniciativa privada.
Aunado a ello, los Órganos Internos de Control son los facultados para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos de las entidades y dependencias de la administración pública federal o local.
Por último, dio a conocer que los Consejos estatales para prevenir y eliminar la discriminación son instancias facultadas para recibir y atender quejas presentadas por presuntos actos de discriminación laboral por embarazo en todo el país.
Se llevó a cabo la round table “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizado por Early Institute
Esta ronda de discusión y análisis es parte del proyecto del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, una herramienta social para saber el estado actual de niñas y niños de cero a 5 años en México
Por: Ernesto Madrid En México se vive un rezago importante en materia de atención y cuidado de niñas y niños que integran la primera infancia, es decir de cero a 5 años, expresaron especialistas del sector y coincidieron en el llamado a aumentar la oferta, cobertura y calidad de servicios en los centros de atención infantil, incrementar el presupuesto para este rubro e impulsar políticas familiares como las licencias de paternidad, maternidad y parentalidad como medidas prioritarias para revertir la actual situación.
En la mesa de discusión “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizada por Early Institute, como parte del proyecto del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, especialistas e investigadoras en el tema detectaron algunos de los retos que como gobierno y sociedad en México se deben asumir para un desarrollo integral de los menores de edad de cero a cinco años.
Para Martha Merlo Huerta, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Oficial Nacional de Política Social de la Unicef, es indispensable terminar con brechas de desigualdad social respecto a la atención y cuidado de niñas y niños quienes no siempre tienen garantizado el acceso a la seguridad social, a guarderías, a estancias infantiles o al cuidado de madres o padres trabajadores que gocen de licencias.
“El 52 por ciento no tiene seguridad social por estar en la economía informal, no tienen licencias por maternidad ni paternidad, ni acceso a guarderías, estancias infantiles, ni seguridad médica. Son las familias más vulnerables y eso abre la brecha de la desigualdad social”.
También mencionó que sólo la mitad de las niñas y niños de cero a cinco años de edad en México tienen acceso a un libro y/o carecen del acompañamiento de sus padres para la realización de actividades educativas o recreativas.
En más datos, Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute, citó que durante la pandemia de Covid-19 aumentó el cuidado inadecuado de niños y niñas menores de cinco años al registrarse un incremento en el porcentaje de niñas y niños que fueron dejados solos en sus hogares o bajo el cuidado de otros niños.
“Aumentó el cuidado inadecuado de menores durante la pandemia. De 2018 a 2021 pasó de casi 6 a 11 por ciento, es decir, uno de cada diez niños de cero a cuatro años de edad tuvo un cuidado inadecuado”, dijo.
Díaz Barreiro Castro reconoció que persiste la violencia como método de disciplina normalizado en el contexto del hogar, a la par de que no se reconoce el valor de la educación inicial y preescolar. Cuestión que dificulta el cuidado cariñoso y sensible de la primera infancia.
A su vez, Sunny Arely Villa Juárez, Doctora en Políticas Públicas y Fundadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria consideró que para la detonación de políticas públicas es inherente un sistema fiscal sostenible a largo plazo que no es posible si no pensamos en cómo invertir en la primera infancia.
“El cuidado es un asunto público en el que el Estado tiene que intervenir, además del sector privado y desde luego papás y mamás con el interés del auténtico desarrollo integral de la primera infancia”, dijo.
Añadió que el desarrollo de una vida depende de la calidad de cuidado que se tuvo en la primera infancia y con base en eso hay que superar desigualdades como uno de los retos a resolver. El round table “Políticas de cuidado para la primera infancia”, organizado como parte del proyecto SIPI – México se llevó a cabo con el apoyo de la Fundación Compartamos y Fundación Coppel.
Debido a que el financiamiento total de la economía se redujo en términos reales anuales durante el tercer trimestre de 2022 se cayó el financiamiento a la vivienda y al sector público alertó el Banco de México (Banxico) en su Reporte de Estabilidad Financiera de diciembre de 2022.
Por: Ernesto Madrid
Señaló que el sistema financiero mexicano, en particular la banca múltiple, mantiene niveles de capital y de liquidez por arriba de los mínimos requeridos por la normatividad. A su vez, el reporte menciona que el otorgamiento del crédito sigue sin registrar una sólida reactivación que pueda impulsar el crecimiento económico.
También advierte riesgos para la estabilidad financiera entre los que destacan: presiones inflacionarias globales, deterioro en las perspectivas de crecimiento y un apretamiento de las condiciones financieras globales.
LA CDMX LA MÁS REZAGADA EN APORTACIONES AL PIB Por otra parte, y de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto por entidad federativa (PIBE) 2021 que dio a conocer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su reporte preliminar, señala que en el año anterior solo tres entidades federativas pudieron recuperar sus niveles de crecimiento de 2019.
De acuerdo con, con cifras desestacionalizadas y a precios de 2013, 31 estados tuvieron un crecimiento anual en 2021, de los cuales Quintana Roo y Baja California Sur reportaron las mayores tasas, de 16.0% y 15.8%, respectivamente.
Por otro lado, Campeche fue la única entidad federativa que registró una caída, de (-)4.1%. A pesar de este crecimiento casi generalizado, solo Baja California, Chiapas y Tabasco pudieron superar sus niveles de PIB de 2019. Mientras que, Quintana Roo, Baja California Sur y Campeche observan los mayores rezagos.
Dentro de las entidades que aportaron más del 5% del PIB nacional en 2021 (Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco) la capital del país fue la más rezagada con respecto a sus niveles de 2019. Asimismo, la CDMX ha perdido participación en el PIB nacional: mientras en 2019 su aportación nominal era de 16.0%, en 2021 fue de 15.3%.
Esta menor participación fue en parte compensada por el Estado de México (de 8.8% en 2019 a 9.1% en 2021), Nuevo León (desde 8.0% a 8.3%) y, en menor proporción, Jalisco (de 7.2% a 7.3%). Una de las principales razones de esta pérdida de participación se debe a que las actividades terciarias (que representan casi el 90% del PIB de la CDMX) tuvieron una caída de (-)8.4% anual en 2020 y un crecimiento de 2.6% en 2021, afectadas por las medidas para tratar de contener la pandemia.
EL TRABAJO REMUNERADO EN EL HOGAR APORTA EL 24% DEL PIB Para concluir, vale la pena precisar que el aporte del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, desarrollado principalmente por las mujeres, sería equivalente al 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dicho valor que generó el trabajo no remunerado de los Hogares (TNRH) como porcentaje del PIB nacional fue superior al de algunas actividades económicas, como el comercio que registró una participación de 19.6%; la industria manufacturera con 18.1% y los servicios educativos con 3.6%.
A un día de presentar su cuarto informe de gobierno, Barbosa Huerta falleció a los 63 años y la titular de la Secretaría de Gobernación en el estado, Ana Lucía Hill Mayoral, será quien quede como encargada de despacho durante los siguientes días.
Por: Ernesto Madrid
Sin confirmarse aún, luego de que la funcionaria evito dar detalles no obstante la permanecería en el cargo de Lucia Hill se contempla en la Constitución durante los siguientes días, mientras en el Congreso nombra, ante la ausencia total de un mandatario a un gobernador substituto.
Lo cierto es que ante el fallecimiento de Barbosa que ocurrió en los últimos cuatro años de su administración no procede que se realice una elección extraordinaria y la designación será directa para concluir el mandato luego de que gobernador de Puebla padecía diabetes, enfermedad que le generó complicaciones en la visión, además de la pérdida del pie derecho.
La sesión para nombrar a un gobernador sustituto sería extraordinaria y la Mesa Directiva del Congreso tiene facultades para citar a los diputados aún sin la formalidad de costumbre.
Barbosa Huerta estaba internado en el Instituto Nacional de Cardiología, esto tras sufrir un infarto en la tarde del lunes, lo anterior pese a que la mañana de este martes corrió la versión de que el mandatario se encontraba estable y sin complicaciones, pero la realidad era que el mandatario local se mantenía internado en la Ciudad de México a donde fue trasladado en helicóptero tras sufrir el problema cardiaco que en primera instancia se atendió en Puebla, pero que mostró complicaciones por lo cual fue trasladado a la capital del país donde falleció.
El compañero de batallas de muchos funcionarios de la actual 4T se convirtió en gobernador tras las elecciones estatales, luego de que la gobernadora Martha Érika Alonso, murió en un accidente aéreo el 24 de septiembre de 2018, apenas días después de haber asumido el cargo.
La última vez que el gobernador marcho al lado del presidente López Obrador fue en la marcha del pasado 27 de noviembre cuando el mandatario poblano llegó muy temprano en silla de ruedas a las inmediaciones del Ángel de la Independencia donde fue saludado por otros políticos de Morena como Yeidckol Polevnsky y Alejandro Encinas y la última que estuvo con el presidente fue el pasado 2 de diciembre en Veracruz a donde acudió a la reunión anual del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este martes el mandatario federal anunció su deceso y diversos funcionarios de diversas corrientes se sumaron al pésame de su esposa Rosario, sus hijos y familiares: “Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo”, publicó en Twitter el presidente.
Ahora, mientras tanto, la titular de Gobernación, primera mujer en ocupar el cargo en la entidad, posición que asumió desde el 25 de febrero de 2021 a la fecha, tras la salida de David Méndez se queda al frente. Ella es originaria de Sonora y es egresada en Ciencias Políticas por el ITAM.
Cuenta con una maestría en Gestión Política en la Universidad George Washington y es egresada de la séptima generación del Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. En la actualidad es doctorante en Manejo de Crisis, Desastres y Riesgos por la Universidad George Washington y ocupo la dirección general de protección civil en el estado.
Despojan de sus derechos económicos a socios de la empresa Sello Rojo en contubernio con el sistema judicial de Jalisco.
En un presumible contubernio con el Poder Judicial de Jalisco, los hermanos Rubén y Abraham González Uyeda, Presidente y Director de Sello Rojo, la tercera compañía lechera más grande del país, han llevado una serie de acciones ilegales para consolidar un fraude corporativo y despojar a diversos socios de la empresa de sus beneficios económicos y legales, además de quedarse con el control total de la firma.
Mayari y Paloma González Rodríguez, hijas de José Luis González, socio fundador de la empresa, denunciaron que autoridades del Poder Judicial de Jalisco, notarios y autoridades del ministerio público local, han incurrido en serias irregularidades en el marco del diferendo que tienen los socios de Sello Rojo, en beneficio de Abraham y Rubén Masayi González Uyeda.
Haciendo uso indebido de sus relaciones, así como de la compra” de jueces, notarios y ministerio público de ese estado, los hermanos González Uyeda han logrado “deshacerse” de algunos de los socios de la empresa lechera, entre ellos dos de sus hermanos, con base un “modus operandi”, constante en Jalisco, por el cual se efectúan fraudes corporativos, se desplaza a socios de empresas y se obtiene el control de las mismas.
Con el apoyo de despachos de abogados involucrados en otros casos fraudulentos como el de la Fundación Jenkins en Puebla, el del World Trade Center, Tequila Centinela y el de la empresa Omnlife, los hermanos González Uyeda quieren ahora despojar de un patrimonio de 60 años al señor José Luis González de 85 años, padre de las denunciantes y tío de los hermanos González Uyeda.
De igual manera denunciaron que a partir de que Abraham González tomó las riendas de la empresa, ésta no ha entregado cuentas, ha presentado pérdidas en sus ganancias anuales por cerca del 30%, además de que, con base en un supuesto estudio económico, hecho por el contador público Joaquín Ramos Ramos, que estuvo en prisión por intento de homicidio y quien es socio del licenciado Virgilio Rincón Salas, fichado por la Interpol y prófugo de la ley, “argumentaron” un supuesto riesgo de quiebra en la empresa, lo que les ha permitido modificar el estado legal de la misma para dañar a un grupo de socios y hacerse de control absoluto de Sello Rojo.
Abraham y Rubén González Uyeda inconformes con una votación en la que la mayoría de los socios exigieron que no siguieran al frente de la empresa, pusieron a Sello Rojo en un entorno legal que los mantiene al frente de la compañía y amenazaron a otros socios de dejarlos sin recursos si no se desistían de sus acusaciones, además de no entregar a su padre José Luis González un solo peso de dividendos cuando la firma tiene ventas anuales por seis mil millones de pesos.
En julio de 2019, Rubén Masayiu González abrió además una carpeta de investigación ante el Ministerio Público Federal, acusando a sus tíos de fraude cibernético y robo, cuando éstos son adultos mayores de 85 y 90 años, no forman ni han formado parte de la administración o cualquier función dentro de la empresa, la cual les otorgó medidas de protección penales para que ninguno de los socios y algunos ahora exsocios pudieran acercarse a los hermanos González Uyeda, prohibiéndoles además, en un hecho sin precedentes, su derecho a voto en asambleas, lo que les dio la posibilidad de cambiar los estatutos de la misma y apoderarse de Sello Rojo
Las medidas cautelares civiles y penales otorgadas mediante acciones a todas luces irregulares a los a los hermanos González Uyeda les permitieron crear diferentes clases de socios, dejando sin derechos a sus tíos y buscar “blindarse” ante cualquier acción legal por parte de los socios a quienes no han logrado intimidar.
Expusieron que, en el 2019, sus padres ganaron un amparo, mismo que regresaba a la empresa al estado en el que estaba antes de la toma hostil de la emrpesa, sin embargo, el juez séptimo de lo mercantil nunca lo ha ejecutado, ante lo cual los acusados han cambiado en diversas ocasiones de juzgado para establecer nuevas medidas cautelaras y seguir protegiendo sus irregularidades.
Resulta increíble, añadieron Mayari y Paloma González, que por 36 meses Abraham y Rubén González Uyeda hayan incurrido en un claro desacato federal “sin que ninguna autoridad judicial jalisciense o del resto del país” les haya obligado a cumplir el mandato de la ley.
Asimismo hicieron mención del caso de su hermano Luis Rabinal González, quien fue víctima el viernes pasado del embargo de una propiedad de su hijo, promovido por Abraham González Uyeda, por parte del juzgado primero de lo civil que actuó a petición de la jueza décimo séptima oral mercantil de Guadalajara, sin tomar en cuenta que tiene una suspensión de amparo, lo que refleja la prepotencia de González Uyeda, quien tiene la impunidad de sobornar sin que nadie le haga nada al poder judicial de Jalisco
Recordaron que Abraham González fue subsecretario de Gobierno en Segob durante el gobierno de Felipe Calderón y previamente había sido secretario de Desarrollo Económico en el gobierno jalisciense de Francisco Ramírez Acuña; en tanto su hermano Rubén ha sido presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco y coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, lo que les ha permitido establecer una importante serie de relaciones también en el poder judicial de la entidad.
Asimismo Abraham González, añadieron, se jacta entre sus amigos de tener amistad y cercanía con el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Ante este a todas luces fraude y despojo corporativo y lo que denominaron la “pulverización de los socios de Sello Rojo”, las demandantes solicitan la intervención directa del Poder Judicial local, del Congreso de Jalisco, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Poder Judicial a nivel federal o de la Presidencia de la República, e incluso de instancias legales que protejan al adulto mayor, para que conozcan este caso, la corrupción que prevalece en instancias del sistema judicial de Jalisco, con el fin de que puedan apoyar la justa causa de un grupo de socios de esta empresa mexicana e incluso proteger a los trabajadores que han recibido maltrato laboral y que pueden estar en riesgo.
Lo anterior, concluyeron, debido a que existe la posibilidad de dañar a alrededor de 8,000 personas y sus familias, que viven de su trabajo en Sello Rojo tanto en Jalisco como en diversos estados de la república, ante la posibilidad de un paro de labores pues se tiene conocimiento que la empresa permanece en estado de huelga, con la consecuente pérdida económica para toda la cadena de proveeduría de esta importante empresa mexicana.
En el marco del día Internacional contra la Corrupción, México enfrenta una situación compleja no solo por los grandes escándalos de corrupción que han impactado en la opinión pública, sino también por la falta del ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Por: Ernesto Madrid
De acuerdo con un estudio, los riesgos de corrupción en las compras públicas persisten y las instituciones encargadas de combatir los delitos de corrupción, -por ejemplo, las Fiscalías Estatales Anticorrupción- aún no cuentan con las capacidades suficientes para detectar, judicializar y sancionar.
Por lo anterior queda claro que aún queda mucho camino por recorrer para asegurar que lo público sea sinónimo de transparencia, eficiencia y cumplimiento de la ley ya que los esfuerzos por combatir la corrupción no se han materializado en el Sistema Nacional Anticorrupción, que constituye una apuesta por la coordinación entre las autoridades encargadas de la lucha anticorrupción y sus alcances aún son limitados.
El número de acciones emitidas por la auditoría durante 2020 y 2021, desprenden que el mayor riesgo de corrupción se encuentra en las compras públicas que realizan los gobierno -federales, estatales y municipales- de acuerdo con el puntaje presentado por el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO.
Ejemplo de ello es que los patrones de riesgo en las compras públicas identificados por el IRC coinciden con algunas anomalías en la gestión financiera de contratos documentadas por la ASF. Instituciones como el Insabi, el puerto de Salina Cruz y Liconsa, que tuvieron puntajes altos en el IRC por falta de transparencia, competencia y cumplimiento de la ley respectivamente, recibieron recomendaciones de la ASF por las mismas prácticas de riesgo en compras públicas.
El Insabi es un modelo de corrupción ya que adquirió 2,250 ventiladores sin proporcionar justificación de los procedimientos de contratación realizados. Esta irregularidad coincide con la falta de transparencia identificada en el IRC: en 2020 100% de las adjudicaciones directas del Insabi no tenían el documento del contrato disponible para su consulta.
Ahora bien, en 2020 el puerto de Salina Cruz obtuvo un nivel alto de riesgo en el IRC por la adjudicación directa de un contrato de 4 mil millones de pesos. Ese contrato fue fiscalizado posteriormente por la ASF, que detectó una obra pagada no ejecutada y sin evidencia documental por al menos 3.3 millones de pesos, así como la existencia de pagos indebidos.
Al igual, Liconsa fue una de las instituciones que presentó mayor riesgo en el IRC 2021 por el alto porcentaje del monto destinado a procedimientos de excepción (83%), la existencia de concursos con plazos cortos (26%) y el monto destinado a empresas de reciente creación.
Posteriormente la ASF encontró que algunas empresas contratadas presentaron inconsistencias entre la información contenida en los RFC y los datos presentados a Liconsa, y comprobó la participación de una empresa sancionada.
En paralelo Liconsa, Diconsa y Seguridad Alimentaria son las tres instituciones con mayor proporción de acciones por auditorías, con 45, 31 y 20 respectivamente. Diconsa obtuvo un puntaje de 53 de 100 puntos en el IRC 2020, lo que la ubica en la sexta posición con mayor riesgo de corrupción entre las instituciones con mayor gasto.
En 2021, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE fueron las instituciones con mayor nivel de riesgo de acuerdo con el IRC, y al mismo tiempo recibieron un número significativo de acciones por parte de la ASF: 20, 22 y 30 respectivamente.
En los dos primeros informes de fiscalización de 2021, 15 de las 22 instituciones federales que gastaron más de tres mil millones de pesos en compras públicas fueron auditadas por la ASF y evaluadas en el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).
Los patrones de riesgo en las compras públicas identificados por el IRC coinciden con algunas anomalías en la gestión financiera de contratos documentadas por la ASF. Por lo anterior el IMCO hace un llamado para que las instituciones federales utilicen las herramientas del IRC para identificar prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas con el objetivo de mitigar irregularidades y atender las acciones establecidas por la ASF ya que incluye prácticas de riesgo de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley de cada uno de los contratos de más de 260 instituciones federales entre 2018 y 2021.
A 8 meses, más de 30 empleados despedidos de la CEDH siguen sin alcanzar justicia laboral en Sonora.
El presidente de Comisión Estatal de Derechos Humanos emprendió una severa estrategia de despidos masivos sin contemplación, sin consideración y sin liquidación alguna.
Vulnerando la dignidad de las personas y sobre todo, violando la Ley Federal del Trabajo, Luis Fernando Rentería Barragán sigue sin atender ni pagar las liquidaciones correspondientes al cierre de este 2022.
El abogado Santos Morales Borbón hace un rordatorio sobre los hechos suscitados a inicios de año de 2022, al ser electo Luis Fernando Rentería Barragán para el nuevo periodo arrancando de manera de manera reprobable mediante el despido masivo de trabajadores de la CEDH Sonora.
Señala que acompañado de un amplio curriculum profesional, "Rentería Barragán generó un alto nivel de expectativas positivas en su futuro desempeño, contrario a lo esperado emprendió una severa estrategia de despidos masivos sin contemplación, sin consideración y sin respetar la legislación laboral federal, vulneró con ello la dignidad de las personas, continuando al día de hoy con una conducta reprobable sin atender las demandas laborales, ni mucho menos pagar las liquidaciones correspondientes al cierre de este 2022".
Lo anterior, expone, "deja en entredicho el objeto y noción para el cual fue creada la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que con las arbitrariedades antes aludidas se coloca como un ente que practica los más despreciables antivalores como es la impunidad".
Además, aplica "el irrespeto a la Ley al no considerar los derechos laborales de quienes fueron despedidos, el egoísmo y la soberbia al echar a la calle más de treinta personas que en estos momentos no cuentan con la estabilidad laboral que les fue arrancada de la noche a la mañana y que muchos de ellos seguramente se encuentran viviendo en el desempleo".
Lo anterior, "deja sin la posibilidad de asegurar los medios más básicos de subsistencia a sus familias en esta etapa de Navidad y Año Nuevo todo gracias al nuevo espíritu entre comillas humanista de la nueva administración".
Es por lo anterior que "en aras de que tales hechos de impunidad no vuelvan a suceder por parte de un suscrito se llevó a cabo una serie de denuncias a la opinión pública y medios de comunicación vía correo electrónico".
De la misma forma, expone, "así como de posicionamientos públicos durante este 2022 que finaliza, llamando por ello la atención el desinterés mostrado por parte del sistema político mexicano".
Por último, precisa que "en específico el Congreso del Estado del Estado que en total opacidad nunca citó a lo largo de todos estos meses, al arrogante titular del Organismo que se supone esta formulado para la defensa y protección de la legalidad, para que este explicara las razones por las que se daba el irrespeto a la ley".
Igualmente, "la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y una denuncia ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sigue en trámite en la cual a nivel internacional se están denunciado los hechos".
Ante el presente escenario que sigue su curso con su latente impunidad así como el trámite lento de los procesos laborales, fechas alargadas en meses y uno que otro expediente traspapelado, genera una muy buena esperanza para que la justicia laboral en el actual periodo de ejercicio del nuevo Ombudsman, pueda durar unos cinco o diez años".
Ello "sin que la ley lo toque y pueda irse sin ningún de tipo de problemas para que en su periodo pueda disfrutar del cheque en blanco otorgado mediante su elección por parte de la legislatura estatal, pisoteando a los ex trabajadores del organismo en sus derechos laborales, que se supone están protegidos tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo".
Trabajadores de la Secretaría de Salud se han visto amenazados con la eliminación de premios económicos a cientos que les corresponde legítimamente por antigüedad debido a los años de servicio en dicha institución.
La Redacción
A nuestra redacción llegó la denuncia de los afectados ya que aseguran que fueron notificados, de forma verbal y a través de un oficio, en el cual se le avisa que no podrán recibir sus gratificaciones, lo anterior sin argumento válido que sustente esa decisión arbitraria.
Los servidores públicos Lic. Cesar Hernández Beltrán, Lic. Marcelino Conde y el director Luis Norberto Castillo de la dirección de Recursos Humanos y Organización explicaron que el confuso oficio pretende desconocer una de las principales conquistas laborales expuestas en las condiciones generales de trabajo que a la letra dice:
Art. 215.- Se otorgará a los trabajadores con motivo de antigüedad y al cumplir veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco y cincuenta años de servicio y cada 5 años después de los cincuenta años de servicio, el premio de antigüedad que consiste en medalla, diploma y reconocimiento económico, de acuerdo a los años de servicio laborados dentro de la Secretaría cuya comprobación se efectuara a través de la constancia de servicios correspondiente siendo ésta la responsable de computar los años de servicio efectivos de cada trabajador.
Los quejosos advirtieron que interpondrán denuncias masivas para hacer valer la reforma laboral en contra de quien resulte responsable del despojo que pretenden aplicar algunas autoridades de la Secretaría de Salud y que contradicen la reciente reforma en la materia que establece el gobierno federal en el sentido de garantizar los derechos de la clase trabajadora.
Agregaron que confían en que el líder sindical ratificado Marco Antonio García Ayala, haga valer, con sus mejores oficios la aplicación estricta de la legislación laboral vigente y se haga justicia para los servidores que han empeñado su vida aun en el tiempo más agudo de la pandemia de Covid-19 en bienestar de la sociedad mexicana.
Ernesto Madrid
