En la narrativa patriotera del presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el acuerdo de compra de 13 plantas de Iberdrola garantizará que no aumente el precio de la luz y que se fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con esta adquisición para ofrecer la energía eléctrica a precios justos.
Por: Ernesto Madrid
De hecho, en su creencia habló de otra “nacionalización” al sector eléctrico a la que se suma la “nacionalización” al litio y la “renacionalización” al petróleo, en el entendido de su narrativa de que con la venta del 80% de la operación de Iberdrola en el país, les ganó la partida a los españoles, esa empresa que tanto fustigó porque argumentaba que ‘saqueaban’ al país.
Incluso López Obrador aclaró que los empleados de Iberdrola que laboren en las 13 plantas que serán adquiridas por el gobierno no perderán su trabajo ya que pertenecen al sindicato de electricistas y que contribuirán a que la CFE suministré el 55.5% de la energía eléctrica de México, cifra que espera pueda aumentar a 70% a finales de sexenio.
Es decir, mientras los países más fuertes en materia económica están mirando hacía las energías renovables, el presidente López Obrador está apuntando aún, a la soberanía del país y acaparar lo que llama bienes de la nación, para crear monopolios de gobierno que convenza a sus electores que es por el bien de México algo similar a las políticas del PRI, pero de la década de los 70’s.
La realidad es que la operación financiera a través de la cual van a pagar a Iberdrola unos 6 mil millones de dólares se llama, aquí y en España, endeudamiento que se hará mediante el Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y se concluirá en los próximos cinco meses. Para no sumar deuda pública al presupuesto, aseguró el presidente que el Fonadin, operado por Banobras –un banco de segundo piso del gobierno– puede salir al mercado para refinanciar esta transacción o ‘capricho’ del anuncio presidencial.
El presidente se va de vacaciones de Semana Santa con su ego satisfecho y con su narrativa convincente para sus intereses, deja a un secretario de Hacienda marginado pese a que había pedido “tener voz en todo lo que tiene impacto fiscal” relacionado con Pemex y la CFE, con la rara idea de que al fin Bartlett conseguirá que su CFE generé más del 50% de electricidad del país pero con una deuda de 120 mil millones de pesos o 6 mil millones de dólares que equivalen a una quinta parte del presupuesto de los programas sociales y casi el 100% de las pensiones para adultos mayores en 2023. A ver qué pasa.
Gobierno federal apuesta al olvido ante la muerte de 39 personas en la Estación migratoria del INM
Lo ocurrido en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez es una tragedia que debe ser sancionada, afirmó la senadora Kenia López Rabadán.
“Los hechos que cobraron la vida de 39 personas y dejaron heridas a 28 más es un crimen de lesa humanidad que exige que los funcionarios involucrados rindan cuentas de inmediato y sean sancionados con todo el peso de la ley”, subrayó.
Indicó que el Gobierno federal le apuesta al olvido, ya que ninguno de los responsables ha presentado su renuncia, aunado a que el Senado mexicano no aceptó llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casauboìn, ni al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yánez.
“Es inadmisible que hasta el momento no haya renuncias ni comparecencias de los directamente responsables, por ello exigimos que se conforme una comisión especial de investigación para saber qué originó la muerte de los migrantes”, sostuvo.
“No debe haber impunidad ni en esta ni en ninguna otra tragedia. Ya basta de encubrir a las ´corcholatas´ favoritas del presidente López Obrador”, señaló la vicecoordinadora del PAN en el Senado.
Añadió que las personas que aún se encuentran hospitalizadas, originarias de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, entre otros países, aún se encuentran graves y algunos están en riesgo de perder partes de su cuerpo o su vida.
López Rabadán dijo que la impunidad ha sido el sello de este gobierno que encabeza el presidente López Obrador, ya que se ha privilegiado proteger a delincuentes antes que dar la cara a la ciudadanía ante las tragedias que han costado la vida a muchas personas.
“Han dicho que nada ni nadie por encima de la ley, y exigimos que lo cumplan y le respondan a las familias de los migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez. Debe darse protección inmediata, justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición y sobre todo, deben darle seguridad a los heridos que se encuentran convalecientes hasta que se recuperen por completo”, puntualizó.
Aquí se lo dije, la admiración que tenía por el trabajo cinematográfico de Luis Estrada era grande, particularmente por las cintas “La Ley de Herodes”, “El Infierno” y “La Dictadura Perfecta” que con humor ácido retrataban la realidad social y de la política nacional, los vicios del PRI, la corrupción hasta de la iglesia católica, la violencia del PAN, la relación de gobernantes con narcotraficantes, los costos de poder una realidad lacerante para todos. El mérito del cineasta y su equipo era mayor porque las películas sortearon los obstáculos de la censura en época de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, quienes encabezaban al gobierno federal y las críticas eran directas.
A pesar de las advertencias de algunos colegas para no tirar el dinero a la basura, me fui al cine a ver “¡Que Viva México!”, no quería presenciar esta nueva cinta en tiempos de la 4T, más cuando el mismo presidente López Obrador descalificó el trabajo del director y de los actores, excepto el de Damián Alcázar quien abiertamente se declara seguidor del Pejelagarto, ha defendido sus acciones como la justificación del trato y el estigma que se le da a la prensa desde Palacio Nacional, el histrión se olvidó que México es el país número uno más peligroso para ejercer ese oficio. A Damián Alcázar lo cuentan entre la lista de intelectuales que justifican al régimen, así como sucedía en los papeles que lo llevaron a volverse un ícono social.
A mí me gusta el café con cafeína, permítanme la redundancia, aquello de tomar café descafeinado resulta un engaño para los sentidos que quieren despertar o recibir una sacudida, eso resultó la mala película “¡Qué Viva México!”, una mala taza de café que lejos de hacerte despertar te genera somnolencia, tres horas aplastado en la butaca, apenas unas menciones al actual régimen que resultan unas caricias, nada que ver cuando se le iban a la yugular a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Obviamente no esperaba una diatriba contra López o la 4T, pero en un acto de congruencia un poco ácido por los errores que se han cometido, nada de eso, si esos elementos no estuvieran da lo mismo, están forzados quizás por aquello de que López Obrador pide lealtad ciega a sus seguidores. No sé si Luis Estrada sea incondicional de López, pero su obra parece que sí, como estará la cosa que ni los “chairos” con dos dedos de frente podrían festejar la cinta que se queda corta.
En una mañanera de la semana pasada, el presidente López se lanzó contra Estrada y sus películas, eso encendió el morbo, fue como un empuje publicitario y más de uno caímos para acudir al cine. Dentro de este caso, hay que reconocer que para sus películas anteriores Luis Estrada recibió apoyo del gobierno a pesar de los temas que tocaba, hubiera sido un escándalo que no fuera así, para esta no recibió ni un peso el “cineasta buena ondita” como lo calificó el mandatario que seguramente no ha visto el trabajo y que nos regala muestras de su conservadurismo, así como del relativismo de varios que hoy son gobierno que antes festejaban, ahora se dan golpes de pecho por aquello de la familia y como presenta la cinta a México en el extranjero.
Insisto en que la cinta es muy mala, se queda corta, no cierra los conflictos, es larga, los diálogos son predecibles, no es una loa a la 4T, pero no es una crítica dura como en el pasado, aunque como suele decirse para los que nos salieron conservadores y censuradores, el trabajo de Estrada no abona mucho a la mala imagen de México, solo hay que ver las noticias, 40% de los territorios perdidos ante el narco, como en su momento lo dijo el exembajador de EU en México Christopher Landau, maltrato a migrantes y la muerte de 39 en un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mal manejo de la pandemia que ha dejado 333 mil 449 muertos, los 150 mil 353 muertos por el narco, la corrupción en Segalmex, más las justificaciones ridículas de los incondicionales que parecen sacados de las películas de Luis Estrada.
No me gustó la película, estimado lector véala bajo su propio riesgo, me quedo con “La Ley de Herodes”, “El Infierno” o “La Dictadura Perfecta”, cualquiera de esas se puede aplicar a López y a su 4T, mientras que “¡Que Viva México!” es reflejo de un régimen patético… Pero mejor ahí la dejamos.
Las parteras mixe, ikoots, tzeltal, tsotsil, ayuujk, nahua, tenochtla, momoxca, mixteco, maya, amuzgo, mephaá-tlapaneco, purépecha, tének-huasteco, provenientes de diferentes organizaciones, estados de la república (Chiapas, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Michoacán y Veracruz) y pueblos indígenas nos reunimos y después de un amplio análisis DEMANDAMOS “NO AL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA-NOM PARA EL EJERCICIO DE LA PARTERIA TRADICIONAL.…”, así como proyectos de reformas y Reglamentos internos que han violentado derechos comunales y artículos de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto respecto a nuestro propio derecho al ejercicio y uso de la medicina y la partería tradicional indígena.
El actual marco legal en torno a la partería no reconoce nuestros conocimientos y prácticas, por el contrario, hay una falta de armonización entre los derechos de cómo los pueblos tenemos a preservar nuestra medicina tradicional, y las normativas que se aplican desde el sector salud. Es el caso de la NOM-007-SSA2-2016 que nos califica como “personal no profesional autorizado”.
Lo anterior ha llevado a que las ´parteras tradicionales seamos objetos de discriminación, despojo e incluso de imposición de formas de atención que no son propias de nuestra cosmovisión. También hemos sido desvalorizadas nombrándonos como promotoras o voluntarias, pretendiendo así “incluirnos” en un sistema de salud insensible a las formas comunitarias y que desconoce las normas, usos y costumbres de nuestros pueblos. Este sistema privilegia los modelos de atención biomédicos, a la vez que desconoce y señala negativamente a los diversos modelos de atención existentes en los territorios.
También, vale la pena decir, que muchas de las iniciativas de normativas y reformas corresponden a intereses vinculados con iniciativas privadas. No en vano se han creado espacios y procesos de registro, certificación, estándares de competencia, cursos de acreditación, entre otros, mismos que legitiman el despojo y comercialización de nuestros saberes y sistemas de conocimientos.
Ante estas graves amenazas, hemos iniciado un proceso de análisis de las posibles implicaciones del anuncio realizado en la conferencia mañanera del seis del septiembre del 2022, según el cual a través de la Subsecretaría de Promoción y Prevención se crearía una “Norma Oficial Mexicana de Partería”.
De hecho, en ese momento se anunció como un “Proyecto de NOM para el ejercicio de la partería tradicional y la partería comunitaria”, representando un riesgo inminente para nuestros conocimientos ancestrales, además de ser inconstitucional. En este sentido llamamos a que como sociedad reflexionemos sobre la importancia de la Medicina y Partería en las dinámicas comunitarias, tanto en las ciudades como en el campo.
El nacimiento no es un acto biomédico, de hecho, la atención de un parto lleva consigo una manera de ver el mundo, una cosmovisión que en nuestro caso concibe la salud en las diferentes dimensiones: física, emocional y espiritual.
Asimismo para nosotros es central la defensa del derecho reproductivo de las mujeres, pues son ellas quienes tienen el derecho a decidir con quién, en dónde y cómo atenderse, su derecho a parir libremente y en respeto a su dignidad.
El presente gobierno de la 'transformación' no ha sido la excepción en la adjudicación de contratos ya que 8 de cada 10 se asignaron por adjudicación directa en 2022 pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que, en su combate a la corrupción, no se daría este tipo de prácticas, pero no hay indicios de que se pretenda cambiar el rumbo.
Por: Ernesto Madrid
Estamos hablando que, para obtener un contrato, no existe competencia real entre las empresas que otorguen el mejor precio, producto o servicio ya que el 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal se hizo a través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia.
Es más, el 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas). Las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia, el 89% del monto contratado se adjudicó directamente de acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Es decir que, en 2022, el cuarto año de este gobierno, más de 1,700 contratos de la Administración Pública Federal (APF) violaron la ley al superar el monto que tuvieron permitido contratar mediante adjudicaciones e invitaciones restringidas.
En cerca de 300 licitaciones se identificó un mecanismo de simulación de competencia, pues la convocatoria para participar en la contratación se publicó después de que los contratos ya habían sido firmados, resalta por su parte, una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción. De 264 instituciones analizadas, el 45% incumplieron con las leyes de compras pues dedicaron más de la mitad del monto de sus contratos en procedimientos que solo podrían usar excepcionalmente.
En paralelo y pese a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de Cofepris, instituciones del sector salud contrataron por más de 40 millones de pesos a dos empresas que tuvieron irregularidades en medicamentos. En el Instituto Nacional de Pediatría fue evidente que se dieron dos contratos para la compra de medicamentos de quimioterapia a la empresa Medikament de México, que fue suspendida por falsificación de insumos médicos.
Dicho de otra manera, no existe transparencia alguna ya que una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos. El 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.
En resumen, no hay cumplimiento con la ley ya que las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma, señala el IMCO.
Es decir que el gobierno federal, de acuerdo con lo registrado en CompraNet, usó más de 1,239 millones de pesos cada día. En un día promedio, el gobierno federal gastó lo equivalente a 4 veces el presupuesto de todo un año en comedores sociales de la Ciudad de México. En otros términos, 2022 implicó un ritmo de gasto de 51 millones cada hora, 860 mil pesos cada minuto y alrededor de 14 mil pesos cada segundo, destaca el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción.
Para ser más claros, en 2022, se realizaron en promedio 477 contratos al día y se gastaron 452,496 millones de pesos lo cual equivale a tres veces el presupuesto anual para la Pensión de Adultos para el Bienestar. Para ponerlo en su justa dimensión, lo que se gastó en un solo año en contratos equivaldría a beneficiario durante tres años a 9.5 millones de adultos mayores.
PRESENTAN INICIATIVA DE LEY EN CÁMARA DE DIPUTADOS PARA INCLUIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR EMBARAZO (DLE) COMO VIOLENCIA DE GÉNERO
Por: Ernesto Madrid
Con diversas reformas y adiciones a varios artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue presentada por Morena en la Cámara de Diputados una iniciativa para que la Discriminación Laboral por Embarazo (DLE) sea considerada como un tipo de violencia ejercida en contra de la mujer embarazada y su bebé también como posible víctima de esta práctica.
A decir de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, quien presentó esta iniciativa, se trata de diez modificaciones que tienen como objetivo brindar una protección reforzada al embarazo y la maternidad en el espacio laboral; visibilizar que la mujer embarazada y su bebé pueden sufrir afectaciones a su vida y salud a causa de este tipo de violencia; y establecer mecanismos para sensibilizar, atender adecuadamente y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo.
Explicó que entre los alcances de esta serie de reformas están también como principio básico integrar el término “Discriminación Laboral por Embarazo” con el objetivo de visibilizarla como una forma de violencia ejercida en contra de las mujeres.
Subrayó que las autoridades tienen la obligación de difundir que la discriminación laboral por embarazo es un delito; proporcionar atención médica, psicológica y legal, especializada y gratuita, así como los servicios de salud mental, a quien sea víctima de discriminación por embarazo; y de implementar sanciones administrativas a los superiores jerárquicos del agresor cuando sean omisos en atender adecuadamente una queja de discriminación laboral por embarazo.
De igual forma, la diputada de Morena expresó que se contempla la obligación de emitir órdenes de protección necesaria a víctimas que han sido discriminadas en razón de su embarazo y maternidad.
Basada en un estudio hecho por Early Institute en el que se expone que esta práctica es más común de lo que se piensa, aún más en el sector privado; en ese sentido, Vences Valencia dijo que también se añaden las obligaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo registros homologados, confiables y desagregados sobre los casos de discriminación por embarazo, a fin de monitorear y dar seguimiento adecuado a la problemática.
En cuanto a atribuciones de la Fiscalía General de la República se propone elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y niñez para investigar y atender los casos de discriminación por embarazo que le sean denunciados.
Finalmente, conforme a la iniciativa presentada por la Diputada de Morena, se introduce la obligación de especializar de especializar -a través de programas, cursos permanentes y la elaboración de protocolos especializados con perspectiva de género- a las autoridades de primer contacto (entre ellos, agentes del Ministerio Público locales) en prevención y atención de discriminación por embarazo, posicionando a las mujeres embarazadas como un grupo de atención prioritaria.
En la lógica de que el ex director de Segalmex Ignacio Ovalle Fernández habría sido el padrino político del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando consiguió su primer y quizás el único trabajo en el gobierno, al frente del Instituto Indigenista de su natal Tabasco, el mandatario dijo que “si resulta que tiene responsabilidad, tiene que asumirla”.
Por: Ernesto Madrid
Pero más adelante dijo que la culpa es de los funcionarios “acostumbrados a robar” y que “se meten” en su gobierno, pero provienen de otros partidos políticos”, como si no se supiera el origen de cada funcionario, como el caso de Ignacio Ovalle, implicado en desvío en Consaupo en la época de Carlos Salinas de Gortari, pero en esta ocasión con un extravío de 15 mil millones de pesos entre 2019 y 2022 cuando estuvo al frente de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Lo curioso del caso es que ahora se dice que el operador de la multimillonaria tranza en este organismo que sucedió a la Conasupo, es un funcionario del gobierno capitalino en tiempos en que López Obrador y Marcelo Ebrard, estuvieron al frente, hablamos de Fernando Zurita que estuvo involucrado en la ‘sospechosa’ desaparición de recursos de policías activos y jubilados cuando había elecciones y estando él al frente de la Caja de Prevención de la Policía Auxiliar.
Lo dudoso del caso es que el desvío de los 15 mil millones en Segalmex que se esfumaron e hicieron que los bancos pagaran, ocurrió previó a las elecciones de 2021, en donde está la suspicacia de que si los funcionarios se quedaron con el recurso cometieron un delito de peculado, pero si la finalidad del desvió fue para fines electorales, como ocurrió con los recursos de los policías, el caso se tornaría más grave.
Lo contradictorio, en palabras del presidente López Obrador es que él tiene una “opinión muy buena” de Ignacio Ovalle y lo justificó al señalar que “lo considero una gente con principios, una gente honesta. Lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, del antiguo régimen”, según dijo.
“Servidores o funcionarios de tiempo atrás o proveedores de tiempo atrás, y se meten o se quedan ahí enquistados, tenemos muchos casos así, y el director de Segalmex confió en toda esta gente, la mayoría de partidos (sic) que no voy a mencionar, muy mal acostumbrados a robar”, y entonces ¿cómo se enquistó Fernando Zurita, que venía de su corriente del PRD?, incluso se fue contra los jueces de los que dijo “protegen a corruptos involucrados en estafa de Segalmex” pero que la próxima semana asistirán funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para explicar el caso. Habrá que ver hacia donde se lanza la bolita.
Este jueves 30 de marzo, las periodistas Geomar Pacheco Rivera y Marta O. Obeso Suro, participarán en el panel "Medios de Comunicación y Redes Sociales", el cual forma parte del programa de la Cumbre Mundial de Mujeres Líderes por los Derechos Humanos, encuentro que organiza la Red Internacional de Mujeres Líderes en Acción (RIMLA).
Geomar Pacheco es Directora de RIMLA en América Latina, vicepresidenta internacional de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT), productora y directora de TV y corresponsal intenacional de Noti-América, Magala Report y del Sistema Iberoaméricano de Radio (SIR).
Marta Obeso es Directora de RIMLA en México, vicepresidenta nacional de la ANPERT, directora general de www.esferanoticias.com, de la revista Naturopatía, corresponsal en México de SIR y directora en la Ciudad de México de la Confederación Mundial de Medicina Tradicional, Integrativa, Complementaria y Educación en Salud (COFEMITES)Ambas con una larga trayectoria que les permitirá compartir la visión y experiencia que tienen respecto a los desafíos que enfrentan los medios de comunicación y las redes sociales en la actualidad.
Entre los temas que se abordarán en este panel destacan, la ética periodística, la importancia de la verificación de la información y el impacto de las noticias falsas en la sociedad.Vicky Leyva, fundadora y derectora de RIMLA Internacional, ha coincidido en que el periodismo desempeña un papel fundamental en la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo.
Cabe destacar que, los derechos humanos son un conjunto de principios universales que protegen la dignidad y la libertad de todas las personas, sin importar su raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal, y que los medios de comunicación, a través del periodismo, tienen la capacidad de informar a la sociedad sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos que se producen en todo el mundo.
También gracias al periodismo, es que se puede ayudar a crear conciencia sobre los derechos humanos ya fomentar la participación ciudadana en la defensa de estos derechos. Para participar en esta Cumbre Mundial, puedes registrate en: https://mstr.ly/CumbreMundial2023
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reclutó a un ex funcionario de Genaro García Luna, a través de su paisano y colaborador cercano desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, Octavio Romero Oropeza, quién fuera el oficial mayor en esa administración y el encargado de establecer el 'moche' a los empleados del gobierno capitalino, de acuerdo con el libro 'El Rey del Cash' de la periodista Elena Chávez.
Por: Ernesto Madrid
Desde enero de este 2023 Juan Torres Gurrola pasó de ser el titular del Órgano Interno de Control de Presidencia de la República a ser el director de la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos (PEMEX). En 2004 ocupó el cargo de la oficina de Información Pública de la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal ya su vez director de Administración de éste. Antes había sido, asesor económico del PRD ya la fecha, está afiliado a Morena.
Juan Torres Gurrola nombró, como su brazo derecho en la auditoría de Pemex a Raúl Gerardo Lemus Soto, conocido en la dependencia como 'Maestro' y ocupa el cargo de coordinador especialista A con apoyo directo al auditor, quién fuera ex colaborador de Genaro García Luna y de Manuel Mondragón y Kalb en tiempos de Marcelo Ebrard. Lemus fue acusado de corrupción en 2021 por la Fiscalía General de la República que entre 2010 y 2020 se cometió en el sistema penitenciario federal cuando ocupó la titularidad General Administrativa en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
LOS ENJUAGUES DE CORRUPCIÓN No obstante, Gerardo Lemus estuvo al frente de la dirección de Apoyo Operativo del Servicio de Protección Federal pese a que estuvo involucrado en el desvío de recursos con 8 contratos para construir y prestar servicios a los reclusorios federales, junto con otros 20 funcionarios.
Durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Gerardo Lemus entregó contratos a 6 empresas: Grupo ICA, Prodemex y GIA, las cuales subcontrataron a ocho empresas más: MAKOBIL, Infraestructura Penitenciaria Michoacana, Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria, GRS Morelias , Pagos y Servicios para la Infraestructura, SANFRE Infraestructura y Servicios y, Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca.
A su vez, las tres primeras, estaban relacionadas con Grupo Tradeco, Grupo Arendal y Desarrolladora Homex S.A. de C.V. esta última investigada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por un fraude de más de 3 mil millones de dólares, donde obtuvo créditos de bancos mexicanos con base en miles de casas que no existían.
Entre los accionistas de Homex estaban Bermuda Trust Company Limited; EIP Investment, LLC; Banco Santander Mexicano; José Ignacio Nicolas Gutiérrez; Julio de Nicolás Gutiérrez; Eustaquio de Nicolás Vera y Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, este a su vez, miembro de la Bolsa Mexicana de Valores y del círculo cercano al expresidente Enrique Peña Nieto.
Otro dato interesante, es que a dos años de iniciado el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la compañía constructora Tradeco -que tiene como accionista mayoritario a Federico Alberto Martínez Urmeneta, hijo del ex directivo de Pemex Federico Martínez Salas que se perfiló para ocupar una dirección de la paraestatal que en el sexenio de Vicente Fox, tuvo Cosme Mares y sus compañías Facopsa y Fastec, y uno de los financiadores de la campaña de Fox- sus constructoras fueron favorecida con onerosos contratos del gobierno federal en los gobiernos panistas, a veces sin licitación.
Lo anterior a pesar del historial que carga Tradeco de incumplimiento en la ejecución de obra, daño patrimonial, tráfico de influencias, pérdidas de vida, conflictos de intereses y supuesto fraudes en México y Centroamérica. En paralelo, Grupo Arendal S. de R.L. de C.V, obtuvo beneficios con el contrato número 420834802 entregado el 27 de mayo de 2014 por un monto de 2 mil 207 millones, 305 mil 441 mil pesos.
Raúl Gerardo Lemus Soto, estuvo involucrado en todos estos presuntos actos de corrupción y fue nombrado por Genaro García Luna al frente de la Dirección General de Administración en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de acuerdo con el Artículo 8, fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del que se desprende el Manuel de Organización General de Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
PEMEX LA PARESTATAL DE LA SOBERANÍA Pemex es la paraestatal que está en la narrativa del presidente López Obrador para defender la soberanía energética del país y en 2022 surgieron preocupaciones de malas gestiones en uno de los proyectos insignia de esta administración: La refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
La realidad del caso es que la filial de Pemex que construye la refinería, PTI Infraestructura de Desarrollo, se ha negado a proporcionar los contratos necesarios para respaldar una auditoría financiera del proyecto y, la cantidad de éstos, asociados con el proyecto han aumentado en más de 100, mientras que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle y su acérrimo enemigo político Octavio Romero se niegan a exhibirlos y por el contrario, la funcionaria reclutó e José Manuel Rocha en PTI.
Lo realidad es que, a Dos Bocas, la joya de la corona de las ambiciones de independencia energética del presidente López Obrador, les sigue abriendo el grifo de los recursos de la inversión, que hasta ahora suman alrededor de 233 mil millones de pesos, una obra que ha enfrentado diversos sobrecostos, dejando atrás la promesa de que no saldría en más de 160 mil millones de pesos, es decir unos 8 mil millones de dólares y máximo 20 mil millones. Lo cierto es que ahora requieren de un auditor ‘experto’ que viene de la administración de García Luna, con los antecedentes mencionados para cubrir todos los desvíos e irregularidades como lo es Raúl Gerardo Lemus Soto, mano derecha de Juan Torres Gurrola cercano a presidencia y del quién estableció el ‘moche’ en el gobierno de la Ciudad de México y ahora titular de Pemex Octavio Romero Oropeza.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se fuera en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar que son parte de ‘la mafia del poder’ cuando el ministro de la Corte Javier Laynez desactivó los efectos del "Plan B" electoral promovido por el Gobierno federal, Morena echó a andar el Plan ‘C’ para quedarse con la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por: Ernesto Madrid
Lo curioso del caso es que en ese sobre cerrado en que el Comité Técnico Evaluador entregó con la quinteta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que designará a la primera consejera presidenta del INE y que se someterán a votación el 30 marzo, quién encabeza la lista es Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Pero eso no es todo, lo más curioso es que los cuatro perfiles restantes están íntimamente relacionados con la llamada "Cuarta Transformación" (4T), hablamos de Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala.
En el contexto, Maite Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación señaló que debió hacerse una minuciosa investigación de los aspirantes al a consejeros electorales ya que muchos no reúnen las condiciones idóneas para formar parte del Consejo General del INE.
Por ejemplo, Bertha María Alcalde Luján, trabaja, al igual, como Comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris; Guadalupe Álvarez Rascón es hija del senador morenista, José Álvarez Lima y, Iulisca Zircey Bautista Arreola es asesora de partidos y candidatos morenistas además, esposa del subsecretario de Sedatu, Daniel Octavio Fajardo.
De esta manera, queda claro que no cumplen con lo que tanto pregona el presidente López Obrador, imparcialidad, autonomía e independencia además de un perfil académico y de investigación amplia sobre el derecho electoral, pero eso sí, el mandatario dijo que “los conservadores que no quieren que haya democracia porque ellos son partidarios de la oligarquía, ellos no quieren el Gobierno del pueblo, por eso no quieren la Reforma Electoral”.
E incluso se fue contra los de enfrente al argumentar que si “pueden -frenarla- porque es la misma mafia, al igual que Ciro, Lorenzo y Claudia, son iguales”, según expuso y los magistrados, jueces, ministros y los consejeros del INE buscan continuar con su privilegios (…) puesto que están cegados por el dinero y los recursos”.
Sobre el tema, el Partido Acción Nación reprocho la quinteta y la lista de las 20 propuestas iniciales, al señalar que están estrechamente ligadas al gobierno y a Morena, por lo que se tiene que declarar la no idoneidad de varios de esos perfiles solo “por el bien de México y nuestra democracia”.
“Para asegurar elecciones libres y creíbles, el Partido Acción Nacional demanda a la Cámara de Diputados, que en la última etapa legitime el proceso de selección de la Presidenta y de tres consejeros del INE, porque cada día resulta más sospechoso que varios personajes morenistas, sin ser expertos en materia electoral, hayan sacado las mejores calificaciones y posteriormente hayan avanzado a la última etapa, cuando por sus evidentes vínculos con el gobierno y con el partido de Morena, el Comité Técnico de Evaluación tuvo que haber declarado su no idoneidad” advirtió el presidente del partido Marko Cortés.
Si bien es cierto que la inflación general anual de la primera quincena de marzo de 2023 se situó en 7.12% al descender más de lo esperado por el mercado y alcanzó su punto más bajo para una primera quincena desde noviembre de 2021 al igual que la subyacente que se ubicó en 8,15% desde 8,38% la inversión creció 3,0% durante el cuarto trimestre de 2022, pero como porcentaje del PIB llegó a ser de 21,4% a 21,1% respecto al tercer trimestre del año.
Vamos por partes, en primer lugar, las presiones sobre los precios de las mercancías si bien siguieron disminuyendo, las de servicios aumentanon, dicho de otra forma, los precios subyacentes crecieron en 0.30% quincenal, menor a la estimación de los especialistas de 0.36% no obstante el aumento quincenal fue mayor a su promedio histórico para una primera mitad de marzo de 0.24% y fue principalmente impulsado por el incremento de 0.35% en los precios de los servicios, particularmente de los relacionados con alimentación y turismo. Los precios de las mercancías crecieron en 0.26%, sobre todo por mayores precios de productos alimenticios.
Para ser más claro, los alimentos y bebidas no alcohólicos contribuyeron en 3,22 puntos a la inflación general de 7,12% y tuvieron una variación anual de 11,55% y los genéricos con mayor incidencia quincenal al alza de precios fue el transporte aéreo que mostró una variación de 18% en una sola quincena.
Si bien es cierto que ligó cuatro quincenas a la baja, todavía está lejos del rango objetivo de Banco de México (Banxico) que es de 3 por ciento +/- un punto porcentual, en el que lleva 49 periodos por arriba del mismo y para México ¿cómo vamos? este indicador aún se mantiene en rojo.
En lo particular, los productos y servicios que presentaron una mayor baja en sus precios en la quincena, respecto al cierre de febrero fue el gas doméstico LP, con 2.43%; el jitomate, 4,75%; el pollo, 1,13%; los nopales, 14,40%, y el 'coco duro' el huevo, poco, bajo 1,15%.
Del lado contrario los que subieron más de precio fue el transporte aéreo, con una variación quincenal de 17.96%; limón, 15,29%; restaurantes y similares, 0,56%; servicios turísticos en paquete, 4,86%, y tortilla de maíz, 0,70%.
Y ¿LA INVERSIÓN? En contraste, lo que le informó al inicio, la inversión creció 3.0% durante el cuarto trimestre de 2022, pero como porcentaje del PIB resultó de 21.4% a 21.1% respecto al tercer trimestre del año en el cuarto trimestre de 2022, pese al denominado nearshoring por lo que la formación bruta de capital fijo (inversión) se encontró en un nivel similar al que tenía previo a la pandemia, pero se encuentra rezagada en 8.3% respecto a su máximo nivel observado en el 3T2015.
Lo interesante del caso es que la inversión permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos para la población. Fomentar mayores niveles de inversión en un país resulta el principal motor de crecimiento económico.
Lo curioso del caso es que la formación bruta de capital fijo (inversión) en México cierra el cuarto trimestre de 2022 (4T2022) con un crecimiento de 3.0% respecto al tercer trimestre del año.
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Ahora se trata de no permitir que una parte de esa importante Unidad Deportiva sea destinada para la construcción de un Centro de Gobierno Municipal según las intenciones del alcalde Antonio Astiazarán, que dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento en sesión celebrada con Colectivos ambientalistas.
La respuesta Ciudadana fue inmediata y el pasado sábado 25 de marzo se dieron cita, en el campo número 3, una diversidad de Colectivos Ambientalistas, así como presidentes de varias ligas de beisbol para dar a conocer que se opondrán firmemente a que se le quite ese estadio de beisbol a las ligas que han jugado por muchos años en ese lugar.
Previamente, se había realizado una reunión, en las instalaciones del STAUS, donde se hicieron compromisos entre Ambientalistas y regidores del Ayuntamiento que apoyan esta lucha social. Por parte de los ediles, hicieron llegar un oficio al alcalde, firmado por ocho regidores, donde se le solicita que respete el acuerdo de cabildo del 15 de octubre de 2020 donde quedó estipulado el uso de suelo como área verde y/o deportiva, lo cual no autoriza que se hagan oficinas en El Cárcamo.
Como se recordará, en tiempos de pandemia, la entonces alcaldesa Célida López, quien ahora promueve la matazón de guajolotes por rumbos de Yécora, intentó vender las casi 10 hectáreas de El Cárcamo y la movilización Ciudadana se lo impidió. No solo eso, el Cabildo se vio obligado a blindar a esa Unidad Deportiva, para evitar precisamente lo que hoy pretende hacer el Toño Astiazarán.
Esos terrenos, junto con La Sauceda, han sido muy codiciados por los grupos de poder económico y político, por lo que han intentado en varias ocasiones cambiarles el uso de suelo para establecer giros comerciales, tal y como lo hiciera Eduardo Bours con el Parque de Villa de Seris para establecer el Mall Galerías y la instalación de un Casino en detrimento de uno los pulmones con que contaba la ciudad capital.
Todo indica que a los políticos solo les interesa hacer negocios y poco le importan la salud de los hermosillenses, en este caso. Sin embargo, la Ciudadanía se involucra cada vez más en este tipo de temas y ha evitado recientemente, en varias ocasiones, que los políticos hagan los que les de su regalada gana con los espacios públicos. Por eso, de nuevo empieza esta segunda defensa de la integridad del Cárcamo y la consigna que unió a deportistas y ambientalistas fue la de ¡El campo 3 se queda! Que le busque el Toño otro lugar a su Centro de Gobierno Municipal.
Esperemos que el alcalde sea sensible a esta petición y no se enfrasque en otra lucha, similar a la que recurrió Célida Lopez en su momento, y no haya un desgaste innecesario de fuerzas por parte de la Sociedad Civil y del mismo representante del Ayuntamiento.
Hoy, prácticamente las pláticas están suspendidas. Por lo mismo, hacemos un llamado a la reflexión y que no se tomen medidas que sigan afectando las áreas verdes y/o deportivas. Mas que destruirlas, se requiere que se construyan más y de mejor calidad.
Ernesto Madrid
