Hermosillo, Sonora (I).- ¿Cuántas horas puede usted pasar sin beber agua en un día normal?
En la comunidad indígena yaqui "Santísima Trinidad" llevan más de 2 años sin el vital líquido.
Y no, no es en los territorios tradicionales de los 8 pueblos asentados en el Valle del Yaqui, es al Sur de Hermosillo, Sonora.
En un predio ubicado a 300 metros al Norte de la colonia Haciendas del Sur más de 380 familias padecen los crueles embates de la indiferencia, marginación, discriminación, abandono y olvido oficial.
Las bestiales horas bajo los rayos del Sol a temperaturas superiores a los 40 y hasta 50 grados en verano, la falta de agua, electricidad y el resto de servicios públicos, son sólo la punta del íceberg de sus múltiples problemas en su lucha diaria por sobrevivir como los guerreros ancestrales que son.
Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, enfermos y con discapacidad, ven vulnerados sus derechos humanos transgredidos sin piedad.
La indiferencia oficial y social son el pan de cada día porque de alimentos, difícilmente pueden disponer en su condición de pobreza extrema.
Los más pobres de los pobres en Hermosillo, Sonora, México.
Esta senana, un grupo de integrantes de la Tribu Yaqui exigieron al Gobierno del Estado regularizar la comunidad "Santísima Trinidad".
En entrevista concedida a este reoortero de a pie en el plantón realizado en la sede del Palacio de Gobierno, Miguel García, nombrado gobernador indígena de esta población, destacó la lucha que por más de 2 años encabeza.
El representante de esta comunidad priorizó la falta de servicios públicos como agua y luz para más de 380 familias de "Santísima Trinidad".
El grupo de personas apostadas frente a Palacio de Gobierno exigieron ser atendidos por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
El gobernador de esta comunidad indígena, Miguel García, informó que se conformó una mesa de diálogo.
Esta mesa es entre las autoridades estatales y una comitiva de vecinos integrantes de esta población yaqui.
Miguel García anunció que viajará a la Ciudad de México a elevar sus demandas al presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha ofrecido aooyar y atender a las comunudades y pueblos indígenas de México.
Aquí habitan más de 380 familias yaquis entre adultos mayores, adultos, jóvenes, adolescentes, niñas y niños que además carecen de lo básico para su alimentación.
Carecen además de áreas verdes, servicios de salud, educación y de Seguridad Pública.
Por si fuera poco, son víctimas de discriminación, desinterés y olvido por parte de las autoridades de Hermosillo, Sonora y México.
Cananea, Sonora (AM).- Con el apoyo del alcalde Eduardo Quiroga Jiménez, la Sección 65 llamó todos los sectores de Sonora a solidarizarse con su lucha.
Heriberto Verdugo agradeció el respaldo y la comorensión del presidente municipal de Cananea quien conoce a fondo la probmemática de los mineros en lucha.
El líder de la Sección 65 pidió a los sonorenses y a los sindicatos sumarse a estas acciones de resistencia civil pacífica.
Destacó la manera solidaria y armoniosa en que el munícipe se ha sumado a estas movilizaciones.
Desde las 9 de la mañana, integrantes de la Sección 65 fel Sindicato Nacional Minero tomaron la carretera Ímuris-Cananea.
Heriberto Verdugo, integrante de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, dialogó a temprana hora con representantes de la Secretaría de Gobernación.
El líder sindical insiste en que continuarán firmes en su lucha hasta que se cumplan los compromisos asumidos por la empresa minera y el Gobierno de México.
Cananea, Sonora (AM).- Con la presencia de la Guardia Nacional, integrantes de la Sección 65 iniciaron con la toma de la carretera Ímuris-Cananea.
En punto de las 9 de la mañana los mineros en pie de lucha acompados por los dirigentes del Sindicato Nacional Minero cerraron los accesos viales a la ciudad y alistan la toma de la mina.
Antonio Navarrete Aguirre insistió en que la lucha continuará hasta recuperar sus derechos hunanos y su plaza laboral.
Indicó que con estas acciones de resistencia civil pacífica conmemoran además los 117 años de la Huelga de Cananea y a sus mártires.
Integrantes de la Sección 65 tomarán a primera hora de este 1 de junio la mina "Buenavista del Cobre".
Como un acto conmemorativo a la lucha de los "Mártires de Cananea" registrada en 1906 y a casi 16 años de iniciada la huelga del 2007, más de 650 mineros exigirán el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo que los llevó a la férrea lucha que mantienen vigente y retomar sus plazas de trabajo.
En amplia entrevista exclusiva, Antonio Navarrete expresó que hace 16 años iniciaron la huelga encabezada por Sergio Tolano Lizárraga como Secretario General de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero.
El vocero de la Sección 65 estableció que ante el incumplimiento de los acuerdos registrados en la mesa de diálogo, tomarán este jueves la mina y la carretera de Cananea.
Dijo que ya han transcurrido 17 meses y aún no se han podido concretar soluciones en la restitución de sus derechos humanos.
Navarrete Aguirre recordó que hace una semana se hizo el ultimátum en la Ciudad de México.
En el centro del país se encuentran los mineros que integran la comisión negociadora que hace una semana se manifestó en Palacio Nacional.
Lamentó los casi 16 años de lucha exigiendo justicia pese a las promesas de Andrés Manuel López Obrador.
Criticó que el poder de Germán Larrea siga impidiendo la justicia para los integrantes y familias de trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero de Cananea, Sonora.
Toma de carreteras
y mina de Cananea
Antonio Navarrete narra a este medio que la huelga estalla el 30 de julio de 2007 en la minera Mexicana de Cananea S. A. de C. V. y no se resolvió no por falta de voluntad de los trabajadores de Sindicato Nacional de mineros, sino por culpa de la compañía minera.
"Grupo México ya tenía un plan perverso en terminar con los trabajadores mineros y su Sindicato Nacional Minero Sección 65", recuerda.
Plantea que "como todos sabemos, ya que es de dominio público, Germán Larrea se vengaría de los mineros se Cananea y su dirigente nacional, hoy senador Napoleón Gómez Urrutia, por exigir el pago de utilidades a los trabajadores ya que durante 14 años Grupo México no lo hacía".
Lo anterior, precisa, "aún cuando sus ganancias fueron siempre abundantes, todo esto a la vista de las autoridades en turno que siempre obedecieron al magnate más voraz de nuestro país".
Amplía que "sin lugar a duda, los reclamos de nuestras demandas siempre fueron legítimas, Grupo México siempre perdió la legalidad de la huelga".
Así, expresa Navarrete Aguirre, "quedó demostrado que mediante la corrupción y el tráfico de influencias no sólo recuperó la mina más grande de México, sino además abandonó a su suerte a los mineros que sólo querían mejores condiciones de seguridad".
Además pedían "que garantizaran el regreso a casa sanos y salvos".
Recuerda los deseos de "nuestro querido y entrañable amigo fiel nuestro secretario general, Sergio Tolano Lizárraga, quien nunca aceptó los ofrecimientos de Grupo México para que vendiera a sus compañeros".
A 16 años de esta emblemática lucha, los mineros de la Seccion 65 no renunciarán hasta obtener la justicia negada por los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto.
"Porque no estamos acostumbrados a perder cuando tenemos la razón, la lucha continúa ya no en el plano nacional pero sí en el internacional donde nuestras demandas fueron admitidas por la CIDH lo que abrió las puertas ante el gobierno mexicano para poder llegar a un acuerdo de solución amistosa, que después de 17 meses de negociación aún no se pueden concretar la restitución inmediata a nuestros derechos humanos admitidos".
Entre ellos, apunta, "el regreso al trabajo el pago de salarios caídos durante 16 años".
Además "el derecho a la salud que nos fue negado por Grupo México y el pago de las cuotas obrero-patronales que se adeudan a los mineros desde 1990".
También el "derecho a un medio ambiente sano y derechos progresivos culturales de los pueblos".
Al día de hoy, expone, "sólo hemos encontrado el burocratismo en la Secretaría de Gobernación que sólo se han tirado la bolita de funcionario en funcionario, primero con Adán Augusto López, Alejandro Encinas, César Yáñez , Enrique Irazoque, Miguel Ángel Chico Herrera y este último el doctor Lorenzo Gómez, director del Jurídico de la Secretaría de Gobernación quie siempre nos dio la razón en cuanto nuestros derechos humanos violentados por Estado mexicano pero sin resultados".
Antonio Navarrete Aguirre explica que aunque el Gobierno del Estado ha manifestado su Interés e insistencia en que la ventanilla está abierta "sí sí está abierta pero atrás de ella no hay nadie con facultades para resolver nuestra demandas".
Ante el hartazgo por el trato que hemos decidido el día de hoy 31 de mayo celebrar Asamblea General Permanente para dar continuidad con los acuerdos para seguir alzando las voces de justicia"
Este jueves "protestaremos pacíficamente sobre la carretera Ímuris-Cananea y regresaremos a la mina a recuperar nuestro trabajo hasta que el gobierno no sólo atienda, además resuelva nuestras demandas legitimas que se reclaman desde hace 16 años".
Este 1 de junio "conmemoramos aniversario luctuoso a los mártires de 1906 y posteriormente comenzaremos con nuestra manifestaciones acordadas en nuestra asamblea".
Por último, Navarrete Aguirre apunta que "sólo queremos que nuestros derechos humanos admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosI se nos restituyan y que Grupo México no siga gozando de total impunidad".
Un grupo de integrantes de la Tribu Yaqui exigen al Gobierno del Estado regularizar la comunidad Santísima Trinidad en Hermosillo.
En entrevista para Pajarito News en el plantón realizado en la sede del Palacio de Gobierno, Miguel García, nombrado gobernador indígena de esta población asentada a 300 metros al Norte de la colonia Haciendas del Sur, destacó la lucha que por más de 2 años iniciaron.
El representante de esta comunidad priorizó la falta de servicios públicos como agua y luz para más de 300 familias de Santísima Trinidad.
El grupo de personas apostadas frente a Palacio de Gobierno exigió ser atendido por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
Además refieren un trato discriminatorio por parte de autoridades por su condición de grupo vulnerable indígena.
Serán 17 los ponentes que participarán en la primera etapa del Foro de Investigación sobre Medicinas Tradicionales, Alternativas y Complementarias (MTAC), un esfuerzo impulsado por la Confederación Mundial de Medicina Tradicional, Integrativa, Complementaria y Educación en Salud (COFEMITES) y coordinado por Centro de Investigación en Medicina Integrativa (CINVESMI), cubyjetivo es el de rescatar, difundir y promover los conocimientos que respaldan y dignifican a la medicina y terapias alternativas y complementarias.
Todas las ponencias contemplan la importancia de la investigación como vía para la integración de estas medicinas y terapias al sistema de salud en México, aseguró David Hidalgo Ramírez, presidente de COFEMITES, quien agregó que al finalizar esta serie de encuentros, se habrá de mostrar un análisis puntual del estado que guarda la investigación en la Meticina Tradicional, Alternativa y Complementaria (MTAC) en la actualidad, partiendo de las interrogantes ¿conocer qué se está investigando?, ¿quiénes lo están haciendo?, ¿cuáles son las instituciones interesadas en esta tipo de conocimientos?, ¿cuáles son las terapias o sistemas complementarios de salud que ya tienen un reconocimiento explícito en el sistema nacional de salud y cuáles no?.
De forma especial se deberá abordar la filosofía con la que se abordan las diferentes metodologías y herramientas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas; así como su posible aplicación en este campo tan carente de investigación sistematizada y reactiva a los planteamientos de la investigación científica, considerada un área de escasa evidencias.
Hidalgo Ramirez destacó la Conferencia Magistral: El Modelo Médico de la Medicina Tradicional de América, con la participación del médico y sacerdote INCA, Lauro Hinostroza García, quien actualmente enfrenta su proceso en libertad, luego de haber sido tratado como delincuente por introducir a nuestro país preparados con ayahusaca, medicina ancestral que ha demostrado su pertinencia en el tratamiento de enfermedades.
Durante el Foro de Investigación sobre Medicinas Tradicionales Alternativas y Complementarias, se ofrecerá un análisis puntual de los diversos planteamientos metodológicos para realizar investigación, conocer el estado que guarda la enseñanza y proponer la necesidad de implementar procesos pedagógicos y métodos instruccionales, así como analizar las el estado de la cuestión de las diferentes formas en que se practican las medicinas tradicionales y los sistemas complementarios de salud (MTSCS), también se revisan las diferentes herramientas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas para una posible aplicación en este campo tan carente de investigación sistematizada y reactiva a los planteamientos de la investigación científica, y caracterizado como poco fundado en evidencias.
Además de que se busca afirmar que la investigación, la enseñanza y la práctica de las MTSCS constituyen una unidad inseparable, por lo que puede decirse, y sin temor a equivocarse, que la falta de investigaciones científicas suficientes son el Talón de Aquiles de la medicina tradicional ante la medicina occidental, cuyos defensores están cada vez más conscientes de la necesidad de pruebas sólidas que respalden sus acciones y decisiones.
Se contemplan ponencias que nos permitan entender que en el desarrollo histórico de las medicinas tradicionales y complementarias es evidente la falta de investigación y sustentabilidad académica de algunas de ellas y por lo mismo, de carencia de mecanismos de integración al sistema nacional de salud y normatividad sanitaria, siendo esto algunas de las razones por las que se carece de reconocimiento oficial y de preparación formal reconocida, dándose el caso de médicos, sabios o terapeutas alternativos, que engañan a la población, haciendo uso de procedimientos y terapias que pueden ocasionar en muchos casos, daños a la salud, afectando el prestigio de practicantes formales y al reconocimiento e interés hacia éstas terapéuticas. Aunado a todo eso la falta de gestión legislativa e iniciativas que impulsen la incorporación de las MTSCS los diferentes niveles de atención pública.
En cuanto a la elaboración de la enseñanza se observa que se carece de un sistema de enseñanza, aprendizaje y evaluación de este tipo de conocimientos, hoy se registran hasta momento diferentes instituciones (las cuales se enlistan en esta obra) encargadas de impartir tanto a nivel técnico como a nivel profesional, y niveles de posgrado, impartiendo diferentes carreras en el campo de las MTSCS, una característica es que sus planes y programas de enseñanza son diferentes entre las licenciaturas y carecen de un sistema nacional de enseñanza y un organismo superior que las regule, cada institución tiene diferentes métodos de enseñanza pero se observa la falta de sistemas pedagógicos e instruccionales planificados tanto para la enseñanza presencial como en línea.
Finalmente David Hidalgo agregó que la diferenciación más importante de la medicina alternativa en México hoy en día, se está presentando en la estructura de mercado entre los terapeutas con un conocimiento profundo filosófico y místico de sus prácticas, y los terapeutas "light" orientados a ganar un espacio lucrativo en el mercado de servicios alternativos.
Realizan en Nogales el primer foro de Parlamento Abierto con cuatro iniciativas
Nogales, Son.- La socialización de cuatro iniciativas que son acciones afirmativas a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Sonora, llevó a cabo en esta frontera el diputado Luis Arturo Robles Higuera, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.
En un ejercicio de Parlamento Abierto, el legislador dio a conocer que el propósito de estas propuestas responde a la importancia de que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados en cuestiones como qué deben hacer las autoridades gubernamentales ante una contingencia sanitaria, la preservación de la lengua materna en las ocho etnias, la visibilización de los Pimas en el municipio de Ónavas y la realización de un foro anual para elaborar la agenda de trabajo.
“A través de este foro de consulta en materia indígena se busca garantizar el derecho de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas que residen en nuestro Estado a ser consultados y hacerlos partícipes en el proceso de análisis de las iniciativas, siendo este uno de los objetivos del Parlamento Abierto”, expresó Robles Higuera.
Agregó que la primera iniciativa busca adicionar un artículo 38 bis a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objeto de que, en caso de una emergencia sanitaria derivada de una declaración epidemiológica o pandemia, las autoridades y médicos tradicionales indígenas sean incluidos en el proceso de toma de decisiones sanitarias en torno a la prevención, desarrollo, difusión, aplicación y vigilancia de las medidas para hacer frente al caso de emergencia de que se trate.
La segunda iniciativa que se encuentra en estudio en la comisión trata sobre el derecho lingüístico, el cual se sustenta en el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales 1 y en la Ley General de Derechos Lingüísticos, en sus artículos 3 y 5, ya que existe el riesgo de que poco a poco se pierda la lengua de las comunidades, indicó el legislador.
Entre las razones mencionó: reubicación forzada; por discriminación; migración por razones económicas; presión social para hablar lenguas dominantes; y falta de reconocimiento legal.
Siguió la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto para que las comunidades de la etnia Pima, que están asentadas en el municipio de Ónavas sean visibilizadas por las autoridades, a efecto de que se beneficien de las políticas públicas implementadas por los órdenes de gobierno Federal y estatal.
La etnia Pima (O´ob) sería reconocida como residente habitual y permanente por tiempos inmemoriales en el municipio de Ónavas, Sonora, establece el proyecto de decreto, el cual fue avalado por la Presidenta Municipal, Verónica Valenzuela Avilés, presente en el foro de consulta.
La cuarta iniciativa presentada por el diputado Luis Arturo Robles Higuera se refiere a instituir en la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, un foro anual como un espacio de encuentro entre autoridades gubernamentales y autoridades indígenas asentadas en el Estado, con el fin de elaborar una agenda de trabajo y evaluar las acciones para garantizar el desarrollo de los integrantes de las etnias de Sonora.
La idea es establecer un día al año, que tentativamente sería el 9 de agosto, para llevar a cabo el foro anual en el que se pretende recibir las propuestas.
Edgard Acuña, vicepresidente de la zona Norte de la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios, expuso que estas cuatro iniciativas dignifican la importancia que tiene la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, ya que tanto los tratados internacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén que sean consultados ante alguna medida legislativa que impacte en su desarrollo, además de tratarse de un derecho humano.
Recordó que este ejercicio de Parlamento Abierto será replicado en foros a realizarse el 16 y 24 de junio en Hermosillo y Etchojoa, respectivamente, de manera que se espera un resultado final que lleve a la aportación de este y otros foros en los que se escuchen las propuestas de las comunidades indígenas, en un espacio que abre las puertas del Congreso del Estado para hacer partícipe a la ciudadanía en aquello que se vaya a legislar.
Carmen Lucía Munguía Vega, coordinadora de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, confió que el trabajo conjunto con el Congreso del Estado permitirá lograr las metas que se han puesto a favor de las etnias de Sonora.
En representación del Presidente Municipal de Nogales, el regidor Martín Ortega, se congratuló por haber elegido a esta ciudad para la realización del primer foro en materia indígena, ya que Nogales es rico en historia y cuna de la comunidad Lipam Apache, dijo, la cual recientemente fue reconocida como tal por el Poder Legislativo.
El Senado aprobó una reforma para mejorar la atención hospitalaria y otorgar licencias laborales para madres y padres que han perdido a sus bebés; ésta se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.
La falta de un protocolo de atención hospitalaria que favorezca un trato digno y respetuoso de los derechos de las mujeres y sus parejas agrava las repercusiones psicológicas, sociales y laborales de este problema de salud pública, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Por un protocolo de atención integral en la muerte gestacional y perinatal”, elaborada por el investigador Itzkuauhtli Zamora Saenz, detalla que las mujeres que pierden a sus bebés son frecuentemente víctimas de violencia simbólica en los hospitales, como ponerlas en cuartos compartidos con madres que acaban de tener a sus hijos y recibir comentarios insensibles del personal de salud, entre otras situaciones que dificultan el proceso de duelo que están viviendo.
Para atender este problema, estados como Jalisco y Sonora han comenzado a implementar el denominado “Código Mariposa”, que consiste en colocar una mariposa en la cabecera de la cama ocupada por la mamá que está atravesando por la pérdida, a fin de que todo el personal la identifique y le brinde un trato digno, sensible y respetuoso.
El documento del IBD destaca que la adopción de este tipo de protocolos no implica costos elevados, sino que se concentran en la capacitación y sensibilización del personal de salud.
Adicionalmente, el 28 de abril de 2023, el Senado aprobó una reforma que plantea, entre otras cosas, garantizar la atención integral y multidisciplinaria en este tipo de muertes, capacitar al personal de salud, así como otorgar permisos de duelo a madres y padres trabajadores de cuando menos cinco días con goce de sueldo por la muerte fetal o perinatal de sus bebés.
Esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en proceso de revisión.
La expropiación de bienes por parte del Estado, a pesar de haberse matizado con supuestas acciones de ocupación temporal, pone en riesgo los derechos de las personas y la democracia del país, así lo advirtió el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) "Lex-magister".
Su presidente Jesús Rey Fierro Hernández recordó que las consecuencias son negativas para el Estado mexicano y van desde la pérdida de confianza en las instituciones, hasta el debilitamiento en la inversión y el emprendimiento, de manera particular, para aquellos grupos considerados como vulnerables.
"El riesgo de manifestar la ocupación temporal (o en los hechos de una expropiación) de territorios o bienes ocupados por la sociedad civil, de manera individual o en grupos, genera incertidumbre y crea un ambiente de desconfianza que afectará la estabilidad política y social de un país; más, si estas acciones se llevan a cabo de manera arbitraria o sin justificación.
Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta un interés superior sobre territorios ocupados por personas de origen indígena, de tal suerte que garantiza el derecho a llevar a cabo una consulta previa, libre e informada, sobre aquellas decisiones que les afectan o pudiera afectar.
"El desarrollo de megaobras en esta administración federal, por ejemplo, la ampliación de la Base Aérea Militar de "Santa Lucía" en uno de carácter civil se llevó a cabo con el atropello de las poblaciones consideradas originarias de aquella zona mexiquense.
"No se consultó del todo a los integrantes de las culturas indígenas el uso del suelo y la demanda del agua en una zona que, de por sí, carece del vital líquido; sin contar con el grave cambio a su vida rural por una cada vez más metropolitana; sin duda, parte de su cultura será enterrado por la actividad de dicha terminal aérea, ahora conocida como Felipe Ángeles", expuso.
Fierro Hernández detalló que eventos como el Desarrollo Integral Morelos para ampliar un gasoducto -que intenta conectar las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos- o el desarrollo de la refinería de "Dos Bocas" en Tabasco, evidencian el atropello sistemático de las culturas originarias, que incluso ha dado como respuesta el asesinato de varios activistas a favor de la conservación del medio ambiente.
"También, la construcción del Tren Maya y del Corredor Transístmico han pasado por el atropello de comunidades indígenas y grupos sociales debidamente organizados a costa de la intervención de las fuerzas armadas, situación que genera incertidumbre y más, en medio de una jornada electoral que se desarrolla en dos entidades del país, Coahuila y México", expuso.
"Los pueblos indígenas y grupos vulnerables tienen el derecho de mantener y fortalecer sus cultura, forma de vida e instituciones propias, además de participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio de la OIT", expuso.
El abogado litigante -reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017- agregó que en la víspera infantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) no sólo han intervenido en las instalaciones de la empresa Ferrosur, de Grupo México, en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas en Veracruz; sino que vulnera el derecho de cientos de trabajadores y miles de personas que usan este medio de transporte para conseguir suministros en comunidades apartadas del país.
El estado de Sonora, sede de la 12.ª reunión del Subcomité de Acuicultura de la FAO
Dio inicio la 12va. Sesión del Subcomité de Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presidido por México a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.
En la reunión del Subcomité de Acuicultura de la FAO participaron cerca de 60 países del mundo y 120 delegadas y delegados, así como 8 organizaciones observadoras con 11 participantes, con los cuales se buscará determinar y examinar las principales cuestiones y tendencias en el desarrollo de la acuicultura mundial, así como la adopción de medidas para incrementar la contribución sostenible de la acuicultura a la seguridad alimentaria, la mejora nutricional, desarrollo económico y mitigación de la pobreza.
La agenda y los trabajos que se realizaron son de gran importancia para la aprobación del Proyecto de Directrices sobre Acuicultura Sostenible de la FAO, las cuales proporcionan una dirección clara e identifican acciones concretas para el desarrollo de la acuicultura sostenible a tres niveles, económico, medioambiental y social.
Los sistemas alimentarios acuáticos sostenibles son una parte esencial en el camino hacia la transformación de sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos y resilientes. El logro de la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación de la pobreza constituye una parte esencial de la esfera programática prioritaria de la FAO sobre la transformación azul, cuyo objetivo es que todas las personas dispongan de alimentos acuáticos saludables y nutritivos, como parte de su dieta.
"Dado que la acuicultura suministra en la actualidad cerca del 50 por ciento de los alimentos de origen acuático, y teniendo en cuenta su potencial para contribuir a muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, todos necesitamos centrarnos en cómo hacerla avanzar de forma sostenible", aseguró Xinhua Yuan, Director Adjunto de Acuicultura de la FAO. "El pescado y otros productos acuáticos pueden desempeñar y desempeñarán un papel importante en la satisfacción de las demandas alimentarias de todas las personas, ayudando a mejorar la capacidad de recuperación del sistema alimentario mundial, al tiempo que satisfacen las necesidades de seguridad alimentaria de los más pobres", añadió.
“Tenemos la valiosa oportunidad para visibilizar la importancia social y económica de los más de 400,000 acuicultores y 1.2 millones de empleos indirectos asociados en la región. La acuicultura sostenible tiene un gran potencial para promover el crecimiento económico, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, y proporcionar medios de vida a las comunidades, especialmente en los países en desarrollo”, comentó Lina Pohl, Representante de la FAO en México.
México ocupa el lugar 17° en producción mundial pesquera y acuícola, cuenta con 11 mil km de litoral, tiene casi 2 millones de km2 de superficie terrestre y 3 y medio veces más de superficie marina. Por su parte, el estado de Sonora es líder nacional en la producción pesquera y acuícola, poniendo de relieve al país como capital de la acuicultura.
Por su parte el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, mencionó: “Estoy seguro de que las reflexiones que se llevarán a cabo en estas importantes sesiones habrán de contribuir a un mejor futuro para la producción acuícola del estado, pero sobre todo para combatir con mayor éxito y amplitud el combate del hambre en el mundo”.
Desde CONAPESCA, Octavio Almada, Comisionado Nacional mencionó: “Estoy seguro y convencido de que gracias a estos trabajos que inician en este foro, se trazarán directrices, acuerdos, y se desprenderán excelentes resultados para las políticas públicas en materia de acuicultura para el mundo y para nuestra región, siendo esta actividad fundamental para el desarrollo de los pueblos”.
Dentro del nuevo Marco estratégico de la FAO para 2022‑2031, se ha contemplado la transformación azul, la cual se centra en el uso responsable y sostenible de los recursos acuáticos y, al mismo tiempo, en la protección del medio ambiente. Además de que el presente año conmemoramos Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales dando la oportunidad para destacar el importante papel que tienen la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala para los sistemas alimentarios, medios de vida, cultura y medio ambiente.
En el marco del Día del Maestro, colectivos y representantes de padres de familia presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de la ex Secretaría de Educación Pública, (SEP) Delfina Gómez Álvarez, y otros, por presunto ejercicio indebido de atribuciones y por haber dado el aval a empresas factureras para el proceso de revisión y distribución de libros de texto, que carecen de una calidad mínima.
Por: Ernesto Madrid
La revisión, edición y distribución de libros de texto con graves omisiones y yerros representa no solo un perjuicio a la Secretaría de Educación Pública, es decir a los maestros, sino a 38.3 millones de alumnos, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, que son y serán víctimas de la violación de sus derechos humanos por discriminación, por actos de omisión en su educación básica.
El documento completo, en manos de este espacio de noticias contiene información de denuncias recabadas por organizaciones de padres de familia, tutores y especialistas en educación a nivel básico, en contra de la ex titular de la SEP, Delfina Gómez quién habría incumplido su obligación de revisar, conforme a su responsabilidad, los procesos de licitación y la revisión de los contenidos de estos materiales educativos, que finalmente fueron distribuidos a pesar de registrar errores y omisiones de fondo, lo que constituye delitos del fuero federal.
La denuncia presentada detalla que en su momento fue la Secretaría de Educación Pública la que hizo una invitación de licitación a una empresa con domicilios inexistentes y otras con falsas instalaciones, las cuales están catalogadas como factureras, observadas por la Auditoría Superior de la Federación, incluso mucho tiempo antes de que se le invite al proceso de revisión de los libros de texto, lo cual corrobora el delito por ejercicio abusivo de funciones.
Se sabe que dichas empresas -cuyos datos puntuales quedaron registrados en la denuncia penal-, forman parte de las 4 principales factureras en el gobierno de la 4T, con la participación de licitaciones del orden de los 7 mil millones de pesos, tan sólo en el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo con datos públicos de Compranet.
La empresa que invitó la SEP a la licitación en el tema de los libros de texto está relacionada con casos de presuntos ilícitos en otras dependencias, como Seguridad Alimentaria Mexicana -Segalmex- y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero -FND-, de acuerdo con información pública. Aún con esos antecedentes, la SEP con Delfina Gómez como titular avaló todos los procedimientos.
LA SEP DIO VISTO BUENO A LIBROS MALOS En la denuncia presentada la mañana de este lunes 15 de mayo en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, los inconformes citaron que la edición de estos libros de texto fue hecha por parte de una “outsourcing”, cuya intervención dio como resultado la edición y distribución de libros pésimamente elaborados y, por lo visto, nunca revisados en sus estándares mínimos de calidad.
Los libros contienen, junto con el plan que los impulsa, no solo proposiciones ideológicas vulnerantes del derecho de las niñas, niños y adolescentes a no resentir actos intencionados en detrimento de su libertad de pensamiento, sino que estos libros contienen yerros de conocimiento gramatical, técnicos y científicos, denotativos de extrema ignorancia.
Por ejemplo, el uso de tiempos verbales inexistentes dentro del idioma español o sustantivos que no abrazan las reglas de la gramática, tales como “fuistes”, “venistes”, “nadien”, entre otros. Los aprendizajes que se propone en el plan general son insuficientes, pero, además, no se abordan en los libros de texto. Llama la atención, por ejemplo, que de los 7 aprendizajes de Matemáticas que deben lograr los estudiantes en primer grado, según el programa, sólo 2 se retoman en los libros de texto, el resto quedaron fuera, lo que revela una incongruencia.
Entre otras consecuencias de validar libros de texto de mala calidad, está el hecho de que los maestros recibirán cada ciclo a estudiantes del grado anterior con menos habilidades matemáticas; niños y niñas concluirán la primaria y quizá secundaria sin saber lo básico en esta materia básica del conocimiento.
Además, los estudiantes de nivel secundario que lleguen al bachillerato reprobarán masivamente, con alta probabilidad de abandonar sus estudios por la misma razón. En suma, el país experimentará un rezago considerable en aprendizajes fundamentales.
La funcionaria denunciada por omisión permitió que se estableciera como optativa la enseñanza de las matemáticas, a pesar de que esta asignatura es base y determinante en el conocimiento de los niños y niñas estudiantes del nivel primario.
De esta forma, las niñas, niños y adolescentes resentirán los daños producidos por el indebido obrar de las autoridades de la SEP entendiendo que, en el caso de que los hijos no accedan a una educación de calidad no podrán romper o derrotar la situación de pobreza en la que han tenido que nacer.
Los denunciantes reiteraron que esta falta de compromiso de Gómez Álvarez, quien claudicó en su deber de supervisar este proceso, es suficiente para pisar la cárcel porque no debió autorizar la entrega de libros de texto, a sabiendas de que estaban mal hechos o con errores, o, en todo caso pasar por alto los procesos de revisión y corrección.
Cuestionaron que a pesar de haber incurrido en estas anomalías cuando fue titular de la SEP, ahora tenga la osadía de querer ser la gobernadora de una entidad federativa, a sabiendas del daño irreparable que infringe a millones de niñas y niños que han sido utilizados como conejillos de indias para “aprender” de libros de texto ajenos al magisterio y a la praxis de la mayoría de los mentores.
Señalaron que los políticos y funcionarios públicos deben estar expuestos al escrutinio de la sociedad en cualquier momento, siempre deben hacerse responsables de sus actos en cualquier tipo de encargo en el sector público y/o político.
En este sentido indicaron que si antes de su entrega a 38.3 millones de alumnos, los libros de texto han estado elaborados o supervisados por auténticos profesionales de la educación, no se han dado este tipo de anomalías.
Necesario resolver causas estructurales, como la pobreza y marginación, para un sano desarrollo de niñas y niños de cero a cinco años de edad: Hernández Bringas. Propuso la creación de un Observatorio Nacional de la Primera Infancia para dar atención y seguimiento a las necesidades de este segmento de la población.
Por: Ernesto Madrid Para abatir en México los índices de mortalidad materna e infantil por falta de acceso a servicios de salud y prestaciones sociales es necesaria la universalización de este tipo de servicios, así como garantizar el abasto básico de medicamentos, afirmó el Dr. Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La incidencia de mortalidad materna e infantil es una clara señal de que la prestación de los servicios médicos no está funcionando, expresó Hernández Bringas al participar en la mesa redonda: Obstáculos y soluciones para la salud de la primera infancia, organizada por Early Institute.
Con medidas elementales (en servicios de salud) esos decesos de niñas y niños de la primera infancia “serían muertes evitables”. También el hecho de que haya alta mortalidad materna nos da un indicador del nivel de acceso a los servicios de salud, “son muertes que no debieron ocurrir”, dijo.
Por su parte, Renata Díaz Barreiro, investigadora y líder del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), explicó que conforme a los datos arrojados la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2021, en México el 60 por ciento de las niñas y niños fueron al menos a una “consulta de niño sano”, un índice bajo porque se recomiendan dos consultas para el neonato, seis consultas para las y los menores de 1 año y 2 consultas al año hasta que se cumplen los 4 años.
En tanto, con información de la Secretaría de Salud -respecto a la semana epidemiológica-, en 2022 se obtuvo una razón de mortalidad materna de 30 defunciones maternas por cada cien mil nacimientos vivos. Es decir, México no ha alcanzado la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que debió cumplirse en 2015, de 22 defunciones.
En otro dato, sospechamos preocupante el desarrollo infantil inadecuado ya que de acuerdo con datos estadísticos oficiales que se pueden consultar en el SIPI, en México tenemos casi 20 por ciento de niñas y niños de la primera infancia que no se están desarrollando adecuadamente.
Ante este panorama, Hernández Bringas explicó que no se ha hecho nada para abatir las causas estructurales para corregir o eliminar la falta o mala atención de servicios de salud en la primera infancia.
“Lo que se está atacando son causas blandas y no las causas duras como la reducción en los niveles de desigualdad y de pobreza que hay en nuestro país. Se ha hecho algo en dar antibióticos y el esquema de vacunaciones, pero no se ha hecho nada en las causas estructurales como desigualdad y acceso a servicios de salud, a medicamentos, además en materia de combate a la desnutrición”, remarcó ante representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con cifras del sector salud Hernández, Bringas refirió un aumento del 77% en la carencia en el acceso en servicios de salud de la primera infancia, de 2018 a 2020, que pasó de 17.6% a 31.2%. Ante ello, alertó de la necesidad de asignar más recursos presupuestales para prevenir la mortalidad infantil, en especial en estados como Chiapas, Estado de México y Michoacán.
Recordó que más del 60 por ciento de ocupación laboral está en el mercado informal, por lo que el trabajador y su familia carecen de servicios médicos en el sector público, que proporciona la seguridad social.
El especialista de la UNAM abogó porque haya una reforma integral al sector salud. Sin embargo, vaticinó que por ahora ese cambio de fondo es imposible, por las condiciones presupuestales y de organización institucional que prevalecen. Hay un sesgo ideológico, una negación a aceptar lo que en el pasado sí supera, como lo fue, con sus limitantes o fallas, el Seguro Popular. Dijo que dadas las carencias y urgencias servicios en de salud que requieren las madres, y las niñas y niños de la primera infancia, un camino a seguir por ahora es implementar programas específicos que promuevan el seguimiento del estado de salud de los más necesitados.
Carlos Roberto Matty
