NECESARIO TOMAR PRECAUCIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE FRAUDES CIBERNÉTICOS EN ESTE PERIODO VACACIONAL
En el marco del periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Federal te recomienda que tomes precauciones para evitar ser víctima de algún ciber-fraude que afecte tu patrimonio.
El fraude cibernético a través de operaciones comerciales vía online, banca móvil e Internet también representan un riesgo. Si estas vacaciones planeas viajar, verifica antes de reservar; además evita proporcionar información personal a través de correo electrónico. Los correos apócrifos tienen como propósito dirigirte a un sitio falso con el objetivo de robar tu información personal.
Desconfía de las promociones que sean muy atractivas, ya sea por correo electrónico o como mensajes de texto en tu celular. Comunícate al establecimiento oficial para validar la supuesta promoción sobre el servicio o producto que deseas adquirir en Internet. Si no estás afiliado al newsletter de alguna empresa evita abrir los correos que recibas.
También al utilizar plásticos bancarios se debe estar muy atentos en los contenidos de las páginas web, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones, además de no compartir datos personales ni contraseñas financieras, así como evitar realizar sesiones de compras o transferencias electrónicas en computadoras de uso público o compartido.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Federal, recuerda tomar precauciones a fin de evitar caer en amenazas cibernéticas, entre ellas la pornografía infantil, secuestro, extorsión, trata de personas, fraudes, usurpación de personalidad, lo que se conoce como phishing, entre otros.
La SSPC recuerda a los usuarios que la Policía Federal mantiene la estrategia de seguridad basada en los ejes de prevención y atención ciudadana; la detección oportuna de amenazas y ataques en la Red, por ello la Unidad de Ciberseguridad de la División Científica de la Policía Federal realiza ciberpatrullajes para prevenir y combatir conductas ilícitas en el entorno digital.
Es muy importante prevenir los delitos, por lo que se exhorta a los usuarios a no difundir información falsa, no vulnerar ni denigrar a otras personas, configura la privacidad de tus publicaciones y hacer uso responsable de las redes sociales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reitera su compromiso de garantizar la seguridad de los usuarios del ciberespacio y pone a su disposición los canales de atención y denuncia, a través del número telefónico 088, el twitter @CEAC_SSPCMexico y la aplicación PF Móvil para dispositivos móviles.
LA OMC EMITE FALLO QUE CONFIRMA EL CUMPLIMIENTO DE EE. UU. A SUS OBLIGACIONES EN LA DISPUTA DE ATÚN
La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer, el día de hoy, el informe final del Órgano de Apelación sobre la disputa que México inició en 2008 en contra de Estados Unidos por las restricciones a la comercialización del atún mexicano.
El Órgano de Apelación examinó las últimas modificaciones que Estados Unidos hizo en materia de etiquetado “dolphin-safe” resolviendo que, con éstas, dicho país ya no discrimina entre productos de atún mexicanos y productos de atún estadounidenses y de otros países.
Este informe se presenta durante el segundo procedimiento de cumplimiento que México inició para analizar las modificaciones que Estados Unidos realizó a sus regulaciones en materia de etiquetado “dolphin-safe” continúan discriminando a los productos de atún mexicanos.
En las primeras dos etapas de esta disputa comercial, la OMC falló a favor de México, dado que las regulaciones de Estados Unidos permitían que los productos de atún de otros países y de su propia flota utilizaran la etiqueta “dolphin-safe” aun cuando no se tiene la seguridad que con los métodos de pesca que utilizan en sus pesquerías se proteja a los delfines.
El Gobierno de México y su industria han jugado un papel importante en la protección de los delfines contra los efectos adversos en la pesquería del atún. Gracias a los esfuerzos de México, Estados Unidos modificó su medida en dos ocasiones, lo que permitió que se incrementaran los requisitos en pesquerías distintas a usadas por México.
El método que utiliza la flota atunera mexicana está regulado por el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) por ser el de mayor sustentabilidad, ya que además de proteger a los delfines no depreda el recurso atunero al evitar la captura de atunes juveniles, lo que sí hacen flotas pesqueras de otros países poniendo en alto riesgo al atún y con ello el abasto del mismo, como ya sucede en otros mares.
Además, recientemente la pesquería de atún mexicana con red de cerco sobre delfines ha sido certificada por el Marine Stewardship Council (MSC) como una pesquería que es sustentable para mantener la especie objetivo y que minimiza el impacto al medio ambiente.
Este resultado nos obliga a continuar la defensa y promoción de nuestra industria atunera y un método de pesca altamente sustentable, así como los esfuerzos en foros multilaterales para lograr la protección no sólo de los delfines, sino de otras especies marinas afectadas por distintos métodos de pesca utilizados en otros países.
México espera que más allá del fallo, Estados Unidos reconozca el efecto que tienen los métodos de pesca utilizados por su flota y la de otros países en el ecosistema marino.
El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, continuará trabajando con la industria para su desarrollo y por el compromiso con la sustentabilidad.
Ya se avanzó en el empleo medicinal de la marihuana, ahora el debate es para logar su uso lúdico y que el Estado pueda asumir la regulación de la hierba.
La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Verónica Juárez Piña, afirmó que existen las condiciones para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se analicen las iniciativas que plantean legalizar la marihuana y tener un marco jurídico que acabe con el prohibicionismo.
Al inaugurar el foro “¿Legalizar la marihuana?”, en el que especialistas, académicos, investigadores y representantes de organizaciones civiles expusieron sus puntos de vista, la diputada dijo que este espacio servirá para obtener más elementos para debatir en el Congreso de la Unión.
“Creemos que hay condiciones para discutir todas las iniciativas, como la que envió, en su momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la que presenté a nombre del PRD en la Cámara de Diputados, y la de la diputada Martha Tagle Martínez”. Adelantó que pedirá trabajar en conferencia con la Cámara de Senadores para su análisis.
¿Por qué abordar este tema como un problema de salud y hablar de legalización desde el enfoque de salud pública?, ¿cuáles son los retos como país productor, de tránsito consumo?; ¿qué está ocurriendo con el crimen organizado y los jóvenes?, ¿cuáles son los índices de violencia en la cadena del mercado ilegal? y ¿cuáles las consecuencias de la política prohibicionista?, son algunas interrogantes que se deben abordar durante el camino hacia la legalización, afirmó.
La diputada mencionó que su fracción parlamentaria trabaja para que en la tabla del gramaje desaparezca el cinco por ciento permitido para consumo personal y que, al menos, cada unidad habitacional pueda tener hasta tres matas de hierba. Actualmente, “si alguien se pasa de ese gramaje, se cataloga como narcomenudista, y las cárceles están colapsadas, principalmente por jóvenes”.
El investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Región Centro, Froylán Enciso, consideró importante avanzar en una regulación que proporcione seguridad para todos, porque la “llamada guerra contra las drogas” ha dejado miles de personas asesinadas, desaparecidos y cientos de comunidades desplazadas.
Afirmó que es fundamental regular la marihuana, para retirar buena parte de la renta a las organizaciones criminales que generan violencia. “Tenemos que quitar las ganancias a los criminales y gastar ese dinero en justicia social, y nulificar el pretexto del gobierno para justificar la militarización”.
Además, sostuvo que se debe transitar hacia la regulación de otras sustancias, como la amapola, para fines medicinales. “Hay enfermos de cáncer que mueren de dolor. Además, es absurdo que los campesinos no tengan un mercado legal al cual ofrecer su producto y que, en lugar de producir las sustancias que necesitan los enfermos terminales, la exporten por medio del crimen organizado”.
Se tiene que avanzar en este tema de seguridad y justicia social, que será punta de lanza para cambiar la política de seguridad y de drogas, enfatizó.
Agregó que el mercado de las estupefacientes deja ganancias que se pueden utilizar para beneficio de la sociedad; por ello, propuso que por lo menos 60 por ciento de las licencias de producción se otorguen a comunidades campesinas; planteó que los impuestos que se obtengan por consumir marihuana, se etiqueten para el Fondo de Reparación de Víctimas, el desarrollo comunitario de productores y las políticas de prevención.
La directora general de México Unido contra la Delincuencia, Lisa María Sánchez Ortega, consideró que para regular el consumo lúdico, la producción y venta de la marihuana, se tiene que observar la forma de cómo hacerlo; este foro ayudará y será constructivo, porque permitirá entrar al detalle de cuáles deben ser las restricciones y salvaguardas del órgano regulatorio.
Agregó que México Unido Contra la Delincuencia está convencido de que, en este camino, el objetivo principal tiene que ser la mitigación de riesgos y daños en materia de seguridad y salud pública.
“Un modelo orientado a la salud pública lleva muchas salvaguardas, por ejemplo, al tema de mercadeo, anuncios, publicidad, acceso, otorgamiento de licencias y tipo de productos que se venden”.
Recomendó poner especial atención en la parte del consumo y elaboración, porque si se quiere que sea bueno para la política de seguridad, hay que atender los temas de erradicación, producción en el campo y transformación.
Opinó que el modelo no debe permitir la integración vertical de la industria, para que no haya captura del regulador; en este sentido, añadió, tendrá que ser un mercado lo suficientemente atomizado, para que quien produzca no pueda vender, quien venda no pueda transportar y quien transporte no pueda tener el resto de las licencias. “Lo que no queremos es que haya una industria igualmente poderosa”.
Consideró que en el proceso de análisis para legalizar la marihuana, se deben fortalecer las condiciones de atribución de licencia, de participación de la industria extranjera, de desarrollo de la industria nacional y de acceso a los distintos tipos de productos.
Durante la mesa “¿Por qué sí?”, Jorge Andrés Castañeda, coordinador de Proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), propuso pasar a un modelo comercial que favorezca a quién produzca la marihuana de mejor calidad y con el menor costo, creando de esa forma derrama económica. “Se sacará al crimen organizado poco a poco de una actividad tremendamente fructífera”.
Dijo que debemos tener un mercado regulado, no uno libre, subordinado a las consideraciones de salud pública. Puntualizó que existen 75 millones de personas viviendo en un régimen de mercados desarrollados, en donde la marihuana es legal, por lo que las oportunidades económicas son gigantescas y el mercado global de productos derivados de cannabis alcanza 40 mil millones de dólares al año, “más de lo que vende PEMEX”.
Propuso un impuesto progresivo a la venta de marihuana, el cual será destinado a cubrir los requerimientos de salud pública e impulsar el desarrollo de comunidades afectadas por la violencia y donde no existan oportunidades económicas.
Saúl López Noriega, investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, pidió no asumir la regulación con una perspectiva penal, sino desde la óptica de la salud pública.
Consideró que el Estado debe ser receptor de la mariguana sembrada y cosechada por los productores locales, para que sea el gobierno quien tenga el control; sugirió, a su vez, otorgar franquicias para su venta, la cual deberá incluir el cobro de impuestos y utilidades económicas.
Comentó que no se trata de adoptar modelos aplicados en otros países a pesar de su éxito, sino de crear uno propio acorde al escenario mexicano.
El ex diputado federal, Fernando Belauzarán Méndez, aseguró que es falso que la regulación de esta droga escale su consumo, aunque, aclaró, es normal que al principio aparezca un pico, para posteriormente estabilizarse. “Es mejor tratar en la formalidad, pues en el mercado negro todo es pernicioso”, expresó.
Mencionó que las drogas siempre han acompañado a la humanidad durante toda su historia; actualmente, las ilegales son más accesibles para los menores de edad, incluso, ha aumentado su consumo entre dicha población.
Declaró que posiblemente México es el país que más ha pagado por la guerra contra las drogas, especialmente por ser vecino de Estados Unidos, el principal consumidor. Dijo que el miedo primordial es el costo político, debido a los prejuicios que existen alrededor del consumo, pero eso nos priva de contar con una nueva industria.
Destacó que, de ser regulada, podríamos contar con los beneficios de un control de calidad del producto. “Ya existe una jurisprudencia en la Corte que reconoce el derecho de adultos para consumirla, pero al carecer normatividad para su comercio, deben cultivarla de forma casera”.
Tania Ramírez, directora del programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia, aseguró que el sistema penal se utiliza de forma indiscriminada para resolver problemas de salud. Un caso, “son los tribunales para tratamiento de adicciones, los cuales judicializan a usuarios, buscando un nexo entre el consumo y una conducta ilícita”.
La prohibición, confirmó, “no es medida eficaz para tutelar la salud de las personas, no se cuenta con capacidad para conocer la calidad del producto, ni trazabilidad para detectar si un lote viene mal, como con los medicamentos. Quienes usan drogas están expuestos a algo que no fue supervisado”, sostuvo.
El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, afirmó que si se quiere mejorar la educación, se debe empezar por las escuelas normales y procurar que realmente tengan mayor autonomía.
En San Lázaro, durante el foro “Las normales, los maestros; el futuro…”, aseguró que estas instituciones han sido tratadas como escuelas primarias porque se les dice “qué, cómo, con qué y quién debe enseñar”. Además, ellas no definen su currícula, planes, programas, personal y presupuesto.
Por ello, consideró que es tiempo de buscar que las escuelas normales realmente tengan autonomía, dispongan de sus recursos, construyan sus planes y programas, y contraten personal. “En suma, ser auténticas instituciones de educación superior”.
Hasta hoy, se han hecho reformas para la educación básica, medio superior o los distintos niveles educativos, y las modificaciones a las normales han sido una materia pendiente.
Aréchiga Santamaría destacó que hace unos días llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo para concluir con “una etapa oscura de la Reforma Educativa. Hay buenas noticias y es que la educación superior se incluye como un derecho y se tiene un sentido de equidad”.
En este foro se tendrán propuestas concretas para trabajar como, por ejemplo, la Ley de Educación Superior; en una ley orgánica del Instituto Tecnológico Nacional de México y el modelo educativo en los distintos niveles.
“Hoy se trata de buscar nuevas formas y rumbos para poner a las instituciones normales y al país en una ruta de desarrollo que todos estamos esperando”.
Con la ponencia, “El reposicionamiento de las escuelas normales en la Cuarta Transformación”, Janine Romero Ávila, Coordinadora Administrativa de la Dirección General de Normales y Actualización del Magisterio, planteó establecer un marco normativo para que todas estas instituciones cuenten con un andamiaje jurídico, una estructura orgánica e infraestructura que les garantice capacidad de gestión académica, presupuestal y administrativa.
Lo anterior, para cumplir a cabalidad con las funciones de docencia e investigación, difusión y divulgación del conocimiento y la cultura como cualquier institución de enseñanza superior. En ese sentido, solicitó a los legisladores, considerar a las universidades normales con sus pares.
En materia presupuestal, afirmó, estas escuelas han estado en el olvido durante décadas; se requiere llevar a cabo el reajuste estructural presupuestal, a fin de que cuenten con los recursos económicos necesarios, de acuerdo a su estatus de establecimiento de educación superior.
A su vez, con el tema “Actualidad y vigencia de la educación normal”, la exsubsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del pasado sexenio, Sylvia Ortega Salazar, sostuvo que en América Latina y El Caribe, la profesión docente transita por momentos de redefinición, “pero no será sencillo, dado que venimos cambiando desde hace 30 años y cada sexenio hay otros planes y programas pero desfasados, aunque sí hay avances”.
En México, dijo, existen 423 escuelas normales; 22 licenciaturas; 19 de ellas tiene carácter nacional; 239 de estas instituciones forman maestros para educación primaria; 138 de carácter público y 101 particular; 21 academias forman maestros para nivel primaria-intercultural bilingüe. Hay 93 mil 766 estudiantes de normales y, en los próximos 30 años, se van a requerir 60 mil nuevos docentes.
Se manifestó por darle libertad al formador y a la normal; reconsiderar los contenidos; impulsar el desarrollo gradual e integrado de las personas. Afirmó que los programas están saturados, dispersos y brindan pocas oportunidades para la comprensión del ejercicio y naturaleza de la profesión.
El integrante del Sistema Nacional de Investigadores y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Díaz Barriga, al abordar la temática “La Reforma Educativa y las escuelas normales”, resaltó que el país tiene un serio problema con ese tipo de enseñanza y “no lo ha querido enfrentar”.
Dijo que el Ejecutivo federal no debe seguir normando los planes de estudio de la educación normal, “si no acabamos con esto definitivamente, no vamos a dejar que estas instituciones asuman su responsabilidad y los retos de responder a la formación inicial de docentes, la cual es diferente en cada región”.
Planteó modificar el artículo 3º constitucional y dar autonomía curricular y, de ser posible, establecer mejores mecanismos de elección de cuerpos colegiados; reivindicar la formación dual y fortalecer el papel de las escuelas experimentales, así como impulsar la creatividad e innovación en sus tareas y asumirse como profesionales del aprendizaje.
El profesor-investigador de la Escuela Normal de México, José Inés Lozano, con el tema “Importancia de la investigación en las escuelas normales”, también pidió mayor autonomía curricular y presupuestal de estas instituciones; promover la creación de institutos de estudio y de órganos difusores, así como revisar los contenidos.
La investigación educativa del país, precisó, transita por graves problemas; uno de ellos, es que las normales son muy diferentes entre ellas. “Hay unas en abandono, descuido, con falta de recursos para recuperar o habilitar los espacios, incluso, sólo el 30 por ciento cuenta con profesores de tiempo completo”.
Si se quiere competir con los grandes expertos, se necesitan redes y grupos dedicados a la investigación. Se manifestó porque la LXIV Legislatura y el gobierno de la Cuarta Transformación, lleven a cabo su propuesta de equidad, pues hay establecimientos que necesitan mayor apoyo que otros, o de lo contrario, se caerá en el favoritismo.
La denuncia que presentó el ciudadano Miguel Ángel Armenta Ramírez, no tiene los elementos probatorios suficientes.
Hermosillo, Son.- No habrá procedimiento de juicio político en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ex presidente municipal de Hermosillo; así lo resolvió, por mayoría, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al no actualizarse la realización de la conducta establecida en la fracción VI del Artículo 270 de la Ley de Responsabilidades.
Dicha disposición establece los actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, entre ellos cualquier infracción a la Constitución Política local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus municipios, o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jesús Alonso Montes Piña, explicó que el dictamen va en razón de la denuncia que presentó el ciudadano Miguel Ángel Armenta Ramírez, la cual en este momento no tiene los elementos probatorios suficientes.
Montes Piña fue puntual al aclarar que “los diputados de la comisión no estamos diciendo que el ex presidente de Hermosillo no haya cometido algún desfalco o un quebranto a la hacienda del Municipio, estamos diciendo que los elementos que presentó el acusador no están todavía sustentados en tales pruebas y no somos nosotros quienes vamos a exonerar al ex presidente”, aseveró.
Armenta Ramírez presentó la solicitud el pasado 8 de noviembre, para que esta Soberanía iniciara procedimiento de juicio político en contra del ex alcalde de Hermosillo por supuestamente haber cometido conductas establecidas en la fracción VI del Artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades. Señaló que con el refinanciamiento obtenido por el Ayuntamiento de la capital durante la administración anterior se produjo un quebranto a la hacienda municipal.
El promovente, quien ratificó la denuncia ante la comisión el pasado 5 de diciembre, acompañó a su escrito como medios probatorios el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, con clave de Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque en Desempeño: 2017-D-26030-16-1374-2018, del año 2017; el Decreto número 23, aprobado por la LXI Legislatura el 10 de diciembre de 2015 y el Decreto número 104.
El Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales explicó que en el compendio de pruebas contenidas en el expediente que fue analizado por los nueve integrantes no hay elementos firmes para iniciar juicio político.
“Desafortunadamente, bien lo decía alguno de los compañeros, se adelantaron a la denuncia; debieron haber esperado al término de las auditorías para que fuera el resolutivo definitorio el que nos diera la posibilidad de tener los elementos suficientes para fincar responsabilidades”, afirmó el diputado Montes Piña.
En el proyecto de dictamen destaca que la Auditoría Superior de la Federación emitió una serie de conclusiones, recomendaciones y un pliego de observaciones apegadas al análisis realizado a la deuda pública del Ayuntamiento de Hermosillo, donde se señala se pueden presumir probables daños a la Hacienda Pública Federal, en el proceso de contratación de la reestructura aprobada por el Poder Legislativo en los decretos 23 y 104.
También señala que se le dé vista al órgano de control interno del Ayuntamiento de Hermosillo, para que realice las investigaciones correspondientes y, en caso de haber elementos, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron que las contrataciones de financiamientos se realizaron de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Esto significa que no existe definitividad respecto a un posible quebranto en contra de la Hacienda Municipal de Hermosillo, debido a que no hay una conclusión respecto a las investigaciones correspondientes; no hay una resolución del órgano de control interno del Ayuntamiento que arroje que el ciudadano al que se busca fincar una responsabilidad política, por supuestamente haber cometido las conductas señaladas en la fracción VI del Artículo 270 de la Ley de Responsabilidades, leyó el diputado Montes Piña.
En la discusión del proyecto de dictamen hicieron uso de la voz los diputados María Dolores Del Río Sánchez, Jesús Eduardo Urbina Lucero, Héctor Raúl Castelo Montaño, Nitzia Corina Gradías Ahumada, María Magdalena Uribe Peña y Jorge Villaescusa Aguayo.
Del Río Sánchez dijo que como Legislatura pueden iniciar un procedimiento, igual que lo hace el ISAF, como lo debe hacer la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción y como lo propone la Auditoría Superior de la Federación, ya que es parte de sus facultades, además de que iniciar un procedimiento no hace culpable a nadie, y este Poder sentaría un precedente.
El diputado Urbina Lucero indicó que el Acuerdo de la comisión implica que no tienen los elementos suficientes para iniciar el procedimiento contra el ex alcalde, lo cual no significa que no haya un funcionario público responsable, pues la ASF es clara al decir que hubo un uso indebido de funciones, por lo que se pronunció a favor de que sea la autoridad municipal la que acelere los procedimientos de investigación.
Una denuncia adelantada y a la que le falta sustento es la que analizaron, consideró el diputado Castelo Montaño, quien llamó a no convertir el Congreso del Estado en un instrumento de persecución política, sino legal; a no actuar a favor de la impunidad pero tampoco a favor de alimentar el linchamiento político.
La diputada Gradías Ahumada afirmó que el dictamen no va en relación al fondo sino a la forma, ya que la ASF no ha terminado su proceso, no ha concluido el tiempo de solventación de la información y no se han determinado responsabilidades, por ese motivo adelantó que su voto sería a favor del dictamen.
No puede iniciar un procedimiento de juicio político sin sustento probatorio y por respeto a la presunción de inocencia, sostuvo la diputada Uribe Peña, ya que según su punto de vista se necesitan pruebas que acrediten plenamente una conducta y una probable responsabilidad del acusado.
El diputado Villaescusa Aguayo se manifestó a favor de que se fortalezcan los procedimientos administrativos y los penales, pero que se concluyan en las instancias correspondientes, de manera que como servidores públicos pueden hacer lo que la Ley les permite, y sí es un acto de responsabilidad y profesional esperar los periodos en que se solventen las observaciones, y sean los órganos jurisdiccionales quienes concluyan las investigaciones.
Una aeronave tipo Cessna 210, que realizaba un vuelo privado, se desplomó sobre una zona boscosa
Atizapán de Zaragoza, Estado de México.- Dos tripulantes perdieron la vida derivado del desplome de la aeronave en que viajaban, cerca del aeródromo de Atizapán de Zaragoza.
De acuerdo con reportes preliminares, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 15:30 horas de este viernes 14 de diciembre, cuando personal de la terminal aérea reportó la caída de la aeronave tipo Cessna 210 con matrícula XB-MDW, de un vuelo privado.
El avión privado se desplomó en la zona boscosa aledaña al aeródromo de Atizapán, en las inmediaciones de la residencial Zona Esmeralda, a una distancia aproximada de 30 metros de la pista de aterrizaje.
Hasta el momento de publicar esta información, se desconocian las causas del percance y el nombre de las víctimas, pero corresponderá a la Dirección General de Aeronáutica Civil determinarlas.
LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO APRUEBA DICTAMEN PARA APOYAR A CONTRIBUYENTES CON ADEUDOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Antes de restringir el líquido se debe acreditar la negativa del usuario a firmar el convenio de pago en parcialidades.
Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el Dictamen para modificar el artículo 177, párrafo tercero del Código Fiscal local y con ello dar mayor certeza a los usuarios con uso doméstico y no doméstico que tienen adeudos por el suministro de agua potable.
En reunión de trabajo, se explicó que la modificación a la norma garantiza que previo a la restricción del suministro de agua debido a la falta de pago, la autoridad realice un convenio de pago en parcialidades con el contribuyente.
Durante la reunión de trabajo, el diputado Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso a los integrantes de la Comisión adicionar al Dictamen que antes de la restricción del suministro de agua debido a la falta de pago, se acredite la negativa del usuario a firmar el convenio de pago en parcialidades; incluso cuando la autoridad esté por realizar la restricción, primero notifique de la acción.
La propuesta fue aceptada por las diputadas y diputados de la Comisión, por lo que se incluyó en el cuerpo del proyecto.
Después, la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, de la fracción parlamentaria de MORENA, se pronunció en favor de utilizar la pregunta parlamentaria y dirigirla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de conocer a fondo el cobro por el suministro de agua.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, aseguró que no sólo se debe garantizar la distribución del líquido, también que haya suficiencia. “Nos toca asegurar que el Código Fiscal haga accesible el pago y las personas tengan agua. Lo que hacemos con esta modificación es generar un criterio que no impida el acceso al agua por falta de pago”.
En la reunión, las diputadas y los diputados conocieron de los asuntos turnados a la Comisión, así como de otros ordenamientos. Propuestas que fueron presentadas por diversos legisladores en las sesiones ordinarias.
La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, conocida en las redes sociales como #LadyChampagne, propuso reformar el Código Penal Federal a fin de sancionar con privación de libertad y multa económica a quien difunda imágenes de contenido sexual sin consentimiento de las personas que aparecen en dichas imágenes.
“La exposición no autorizada de la vida sexual de las personas produce consecuencias gravés en las víctimas, en algunos casos devastadoras, pues el periodo de recuperación es muy largo; además de saberse vulneradas de manera súbita en su intimidad, las víctimas sufren la humillación que les dificulta continuar con sus vidas sin discriminación”, indicó la senadora del Partido del Trabajo.
Recordó que ella misma fue víctima de este tipo de violencia de género, y no encontró ningún elemento realmente efectivo y eficaz en las leyes o en los códigos penales, a los que pudiera recurrir para exigir castigo a este tipo de acciones.
“Siendo víctima de esta situación consideré necesario legislar contra este tipo de acciones, porque como yo hay muchas otras personas, jóvenes, niñas, adolescentes, y que es el motivo por el que mis compañeras Ana Baquedano y Olimpia Coral Melo, en sus respectivos estados, Puebla y Yucatán, en donde ellas también fueron víctimas, y desde hace cinco o seis años se dieron a la tarea de presentar inciativas legislativas e impulsarlas en los congresos estatales”, añadió.
La iniciativa presentada establece pena de prisión y multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, difunda, comparta o haga del conocimiento de terceros, imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de las personas que aparecen en las mismas.
Además, señala que el Juez ordenará a quien resulte responsable abstenerse de hacer uso del Internet por un lapso igual a la duración de la pena de prisión que se le imponga. El incumplimiento de este deber será sancionado con el pago de un importe igual al monto de la multa que se haya impuesto al responsable. Cualquiera de las víctimas y el Ministerio Público pueden informar al juez sobre la inobservancia por parte del sentenciado a lo dispuesto en este párrafo.
Asimismo, se obliga de forma oficiosa al responsable al pago de la reparación de daños Integral, consistente en el pago total de gastos por tratamientos psicológicos o psiquiátricos actuales o futuros, así como una indemnización por daños materiales o morales causados a la Víctima, por tratarse de un delito de afectación Psicológica, con efectos y daños en la fama pública y moral.
Las penas anteriores se aumentarán en un tercio si la víctima no aparece en las imágenes pero se le atribuyen por su nombre, apodo, rasgos físicos o cualquier referencia que de manera razonable induzca a considerar que se trata de ella.
En toda sentencia condenatoria que se dicte por este delito, el Juez competente podrá ordenar que el sitio de Internet a través del cual se hayan difundido las imágenes con contenido de desnudez o sexual explícitos lo retire y no lo tenga disponible para su consulta pública en Internet. Asimismo, podrá ordenar a las plataformas de búsqueda que no muestren los hipervínculos a las páginas de Internet que permitan acceder a dichos contenidos sexuales o de desnudez explícitos que de manera expresa establezca el Juez en su sentencia, para lo cual la sentencia deberá identificar los hipervínculos en cuestión.
La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos
Se convirtió en un ejército dentro del ejército; sus funciones eran inconstitucionales
El senador Félix Salgado Macedonio presentó una iniciativa que deriva en diversos aspectos de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, para desaparecer formalmente en el Estado Mayor Presidencia e incorporar a sus integrantes a sus unidades de origen dentro de las estructuras castrenses.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, la Guardia de Honor para los actos oficiales, la ley del ceremonial militar.
Precisó que los archivos y la documentación que han sido generados durante la gestión del Estado Mayor Presidencial, desde el primer decreto de su creación hasta la fecha, quedaron resguardados en calidad de públicos en el Archivo General de la Nación.
Asimismo, se planteó las instalaciones en el orden social, excepto en el Palacio Nacional y la Residencia Oficial de Los Pinos.
El legislador de Morena explicó que este cuerpo militar desvirtuó su función de seguridad a la inversión presidencial y se convirtió en el ejército exclusivo del Presidente. Es una institución que no tiene soporte constitucional y está aparta de todo tipo de control, subrayó.
Requerido que se conforma con aproximadamente 15 mil efectivos, utiliza instalaciones militares, contamos con campos deportivos, hospitales, flotas aéreas y navales, un hangar y tenían el control del Palacio Nacional y de Los Pinos.
Además, a partir de eso, sirvieron de escoltas a los presidentes y expresidentes. Tan solo Felipe Calderón tenía 800 elementos para su seguridad, dispersos en toda la República, señaló.
Félix Salgado Macedonio dijo que los elementos del Estado también sirvieron como escoltas y choferes para los familiares y amigos de los presidentes. Era un papel completo y absolutamente indigno, lamentó.
Aseveró que este cuerpo militar debe desaparecer. Se convirtió en una cuarta fuerza paralela y sin controles:
Con su estructura y funcionamiento. Es una fuerza militar inconstitucional dependiente directamente del presidente, enfatizada.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda.
Comisión de Protección Civil se declara en sesión permanente para diseñar Opinión presupuestaria
Ciudad de México.- La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, presidida por la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, se declaró en sesión permanente para diseñar la Opinión sobre gasto público de proyectos que recibió, y remitirla a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la presentación del Paquete Económico 2019.
La próxima semana, la Comisión de Presupuesto enviará a las diversas comisiones ordinarias, la nueva estructura programática presupuestal para adecuar las propuestas en el rubro administrativo competente de cada instancia legislativa, debido a la readecuación de facultades en las diferentes dependencias federales.
Asimismo, deberán ubicar los ramos presupuestales de donde se prevé obtendrán los recursos para sustentar los proyectos que propondrá.
Reséndiz Hernández refirió que se requiere promover la capacitación en protección civil de la población, para concientizarla y enseñarle a prevenir los efectos perniciosos de las contingencias climáticas.
El diputado Manuel García Corpus, afirmó que se necesita una política de Estado de protección civil y prevención, para evitar la pérdida de vidas ante contingencias naturales, y se pronunció por defender recursos suficientes para este sector, a través de la prevención de desastres en el país.
Por su parte, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura destacó la importancia de priorizar las propuestas que prevengan el impacto de desastres naturales en las diversas regiones del país por el cambio climático.
La legisladora María Liduvina Sandoval Mendoza se inclinó por fomentar la prevención de desastres, analizar los proyectos con un enfoque que coadyuven a mitigar los daños a la infraestructura pública y privada, así como preservar la vida de los ciudadanos ante contingencias metereológicas.
La diputada Sonia Rocha Acosta resaltó la necesidad de que los legisladores defiendan el presupuesto para cada sector y se establezcan reglas de operación claras y transparentes. Pidió que en el futuro, los proyectos se presenten vía electrónica para evitar gastos de traslado de las personas.
Por otra parte, los integrantes de la instancia legislativa avalaron seis puntos de acuerdo, que se remitieron a la Mesa Directiva para que continúen su proceso parlamentario ante el Pleno.
Destaca el exhorto a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que en vinculación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan las campañas informativas sobre riesgos existentes en los hogares con la instalación de árboles y adornos navideños con luces a conexiones eléctricas, a fin de atender medidas de seguridad. Ante las bajas temperaturas prevenir el uso de fogatas en el interior de las casas.
Aprobaron también un exhorto al Ejecutivo federal y a gobiernos estatales, catalogados como epicentros sísmicos importantes, a coordinar las acciones necesarias para conectar y ajustar en cantidad, calidad y tiempo los sensores sísmicos conectados al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, y contar con una alerta eficaz.
Actualizar oportunamente el Atlas Nacional de Riesgo, así como de los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana verificar si los atlas de riesgo estatales y municipales cumplen con los requisitos establecidos en la Guía para su Elaboración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016.
Un acuerdo para que el gobierno de la Ciudad de México, indemnice y brinde apoyo a las personas afectadas por el socavón ubicado en la avenida del Peñón, colonia Moctezuma, segunda sección; además exhortos a los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Michoacán para que atiendan emergencias por desbordamientos de presas, derrumbes en construcciones y por lluvias.
CONDENA LA SSPC ABATIMIENTO DE TRES ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL EN MICHOACÁN
Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comunica el muy lamentable fallecimiento de tres integrantes de la Policía Federal durante una agresión ocurrida la tarde de este jueves en el estado de Michoacán.
El secretario Alfonso Durazo detalló que los informes preliminares refieren que los elementos de la División de Seguridad Regional realizaban tareas de vigilancia sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el kilómetro 11, a la altura del fraccionamiento Arco San Pedro, cuando fueron agredidos por sujetos armados que circulaban en una camioneta.
Tras el incidente, personal de esta institución y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, acudieron en apoyo al punto referido, pero al llegar localizaron los cuerpos sin vida de los policías federales, dos oficiales y un suboficial.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), brindará todo el apoyo a los deudos de los elementos caídos y expresa su compromiso de coadyuvar en las investigaciones a fin de presentar a los responsables de este lamentable suceso ante las autoridades competentes.
El secretario Alfonso Durazo expresó su pesar personal por los hechos y hace llegar sus más sentidas condolencias a los familiares y amistades de los elementos caídos.
“La construcción de la paz y la seguridad a la que aspiramos todos los mexicanos continuará siendo el camino a seguir; recordaremos siempre a nuestros elementos caídos en este día”, agregó el Secretario.
Es un padecimiento que afecta desde los cuatro años de edad. Los síntomas pueden desencadenarse por la presencia de pelos de animales o polvo
En esta temporada de frío, especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Ismael Cosío Villegas” recomiendan que los jóvenes con antecedentes de asma diagnosticada durante la infancia, y cuyos síntomas hayan desaparecido en la adolescencia, mantengan los cuidados, a fin de evitar recaídas.
El doctor José Luis Miguel Reyes adscrito a la Clínica de asma del INER, explicó que gran parte de los casos de infantes con esta patología entra en periodo de remisión durante la juventud. “Esto no significa que se haya curado, significa –refirió- que la enfermedad puede mantenerse apagada siempre y cuando no exista un desencadenante que reinicie los síntomas, como el pelo de las mascotas, polvo o humo de tabaco, entre otros”.
En entrevista, el doctor Reyes, señaló que el asma es una patología que afecta con mayor frecuencia a infantes a partir de los cuatro años de edad. Algunas personas nacen con la predisposición a desarrollar este padecimiento y otros pueden presentarla en algún momento en su vida.
Entre los factores de riesgo de asma infantil se encuentra la predisposición genética, el tabaquismo durante el embarazo, los cambios en la microbiota intestinal en el periodo de gestación, bajo peso al nacer y deficiencia pulmonar al nacer.
La exposición tardía a los microbios después del nacimiento, infecciones por el virus sincicial respiratorio (VSR), los efectos de la contaminación por vivir a menos de 100 metros de una avenida primaria, son otros causantes de este padecimiento.
Este problema de salud se registra principalmente durante la temporada de frío y cuando hay mayor prevalencia de infecciones virales. Sin embargo, también depende de la susceptibilidad de las personas, los síntomas pueden presentarse en los cambios de estaciones, cuando se registra la polinización de plantas y hay un incremento en la humedad ambiental.
Para evitar complicaciones recomendó no realizar actividades al aire libre en temporadas de contingencia ambiental, vacunarse cada año contra influenza, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo, asimismo no acudir a sitios donde haya mucho polvo o el uso de alfombras, ya que acumulan una gran cantidad de ácaros.
El doctor Miguel Reyes sugirió a las personas acudir al médico para realizar el seguimiento de su tratamiento, y en su caso ajustarlo de acuerdo con los síntomas, grado de inflamación y función pulmonar.
Algunos síntomas son disnea -falta de aire-, sibilancias -silbidos, rechinidos, chiflidos en el pecho-, sensación de opresión torácica y tos habitualmente seca. Estos problemas se presentan con mayor intensidad en la noche o madrugada y habitualmente son provocados por un factor que los exacerba, como frío, alérgenos, pólenes, mascotas, emociones o estrés.
En la etapa adulta se puede presentar el subtipo de asma denominado fenotipo, el cual se conoce como asma en la vejez, esto significa que una persona puedo no ser asmático a lo largo de su vida hasta llegar a la edad mayor.
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