SE EXTIENDE CATÁLOGO DE DELITOS PARA ENJUICIAR AL PRESIDENTE, DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES
El Senado aprobó ampliar el catálogo de delitos por el cual puede ser enjuiciado el presidente de la República, así como los integrantes del Congreso de la Unión. Con ello, podrán ser juzgados no solo por traición a la patria o delitos de corrupción, si no por todos aquellos por los que puede ser juzgado cualquier ciudadana o ciudadano.
“Nuestro actuar en este Senado, siguiendo el sentido de lo que dice la gente, es que ningún servidor público debe tener protección de la ley, que todos los servidores públicos deben de cumplir con la ley igual que cualquier ciudadano, y eso es lo que nosotros, senadores, tenemos que representar aquí, seamos del partido que representemos. Todos a cumplir con la ley”, afirmó el senador, Juan Manuel Fócil Pérez.
El legislador por el Estado de Tabasco señaló que el fuero ha permitido que los servidores públicos adquieran una protección a la que el resto de las y los ciudadanos no tienen acceso. Por lo que con las reformas aprobadas a los Artículos 108 y 111 de la Constitución se atiende el reclamo de los ciudadanos.
“Esto sí es hacer historia y de esta forma sí vamos a trascender en la vida pública, porque estamos hablando de que no tenga fuero el presidente, que no tenga fuero ningún diputado federal, que no tenga fuero ningún senador y posteriormente, esto debe trascender hacia los escenarios estatales, para que ni los gobernadores ni alcaldes ni diputados locales tengan la protección o la impunidad en sus actos de corrupción”, destacó.
Al fijar su posicionamiento, el senador Antonio García Conejo señaló que estas reformas constitucionales si bien permitirán que el presidente y los legisladores sean sujetos a “un proceso penal por la posible comisión de algún delito, ello no debe afectar la libertad de expresión de la función legislativa”.
Precisó que, para proceder penalmente contra el presidente de la República, el Senado jugará un papel preponderante pues para iniciar este proceso, la Cámara de Diputados procederán a la acusación ante la Cámara de Senadores y ésta deberá resolver mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Secretaría de Salud emitió reglamento para uso medicinal de cannabis que se prevé entre en vigor el siguiente año
La Secretaría de Salud emitió el Reglamento para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis, que se prevé entre en vigor el siguiente año, asegura el acceso de pacientes al medicamento y otorga al personal médico la facultad para prescribirlo, anunció el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Zirot.
Durante la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, que encabezó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el titular de la Conadic añadió que el reglamento que se emitió, en cumplimiento al ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diferencia entre las dos moléculas más importantes del cannabis: CBD para uso medicinal, y THC que es psicoactiva.
La Secretaría de Salud, Conadic e instancias involucradas vigilarán la calidad, pureza y contenido de medicamentos que se manejarán con o sin restricciones, dependiendo del contenido. Además, capacitarán a personal de salud en su prescripción y contribuirán con la elaboración de leyes secundarias y guías clínicas, detalló.
Asimismo, vigilarán e investigarán los aspectos clínicos en el manejo de medicamentos, sus efectos, calidad, presentaciones, así como características de los productos no médicos.
Al referirse al dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabispara modificar el carácter criminal de la producción y uso recreativo en adultos, precisó que el propósito es defender los derechos humanos por encima de los mercados, porque se tiene que privilegiar la salud pública.
Uno de los retos es evitar que personas menores de 20 años tengan acceso a productos cannábicos, ya que su consumo se asocia con riesgos a futuro, por lo que a nivel nacional se generará una campaña masiva de psicoeducación, sensibilización y atención para proteger a las niñas y niños contra el consumo temprano y se brindará orientación a las y los usuarios.
“Se trabaja por lograr el equilibrio entre las libertades personales y la salud pública. Es un paso correcto para aliviar los problemas porque un país más regulado tendrá mayor capacidad de atender a pacientes”, concluyó el titular de Conadic.
El director general de los servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada Gaytán, se refirió a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA) Juntos por la Paz, que consiste en adaptar los componentes a cada comunidad para fortalecer en ese entorno los factores protectores para evitar el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo alcohol y tabaco, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y juventudes.
La directora de Vinculación y Coordinación Operativa de la Conadic, Evalinda Barrón Velázquez, dijo que la ENPA es un esfuerzo intersectorial que implica un cambio de perspectiva basada en las personas y no en las sustancias, ya que se trata de un tema de salud mental por consumo problemático o trastornos de dependencia a sustancias psicoactivas, en muchos casos consecuencia de factores ambientales como es el económico, sociocultural y, sobre todo, las distintas formas de violencias.
En esta tarea participan los tres órdenes de gobierno y dependencias federales para la reconstrucción del tejido social, a través de factores protectores y la promoción de la cultura de paz con énfasis en el respeto a los derechos humanos de consumidores, perspectiva de género y el trabajo en el individuo, la escuela y la sociedad.
La Figura del Testigo Colaborador en los últimos meses se ha vuelto un mecanismo muy recurrente para que aquellos exfuncionarios involucrados en diversos delitos como el desvío de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), ejercicio indebido del servicio público, corrupción, delincuencia organizada, etc.
Por: Dr. Julio Jiménez Martínez
¿Qué es la figura de un testigo colaborador?
Según la citada ley, un testigo colaborador “es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos”.
“Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.
Artículo 2. Fracción X | Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
Beneficios de un testigo
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “cuando una persona tiene el carácter de testigo colaborador, las autoridades deben garantizar su integridad personal, en todos los ámbitos, como lo establece el artículo 18 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal”.
Ante esta situación, Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano Territorial (Sedatu), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, busca convertirse en testigo colaboradora de la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de la investigación por la Estafa Maestra.
Robles, quien cumple un año tres meses presa en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, en la ciudad de México, manifestó ya a la FGR su intención de buscar un criterio de oportunidad.
El objetivo es buscar la condonación de la pena que pudiera imponérsele por el delito de dos veces ejercicio indebido del servicio público que le imputó la FGR, por el cual está presa, por no denunciar ni evitar el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario desde las dependencias que encabezó.
No olvidemos que la FGR cuenta también con dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, (lavado de dinero).
Por lo tanto, después de un ejercicio de análisis y reflexión, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, hace días, cambió su postura con respecto al proceso penal que se sigue en su contra y aseguró que colaborará con las autoridades con toda la información disponible en contra del ex titular de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.
Los abogados de Robles Berlanga afirman que se acogerán al ‘criterio de oportunidad’ que ofrece la Fiscalía General de la República (FGR), a la cual le facilitarán todos los elementos de prueba necesarios para que las investigaciones se centren única y exclusivamente en contra del también excanciller.
Entre los señalamientos que se le imputarán a Videgaray se encuentran su vinculación en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en la que fungió como coordinador de campaña; así como la financiación de los procesos electorales de 2015 y 2018, pues –aseguran- fue quien dio las instrucciones expresas que se dieran estas operaciones.
No olvidemos que el exdirector de PEMEX cuenta con dos órdenes de aprehensión giradas en su contra en territorio nacional por presuntas operaciones de lavado de dinero en que habría incurrido junto con otras personas, entre ellas sus familiares, para ocultar dinero recibido de supuestos sobornos provenientes de las constructoras Odebrecht y Altos Hornos de México, (AHMSA), en julio del 2019 un juez mexicano ordenó la detención del exfuncionario mexicano acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y sancionado en el artículo 400 Bis, párrafo primero del Código Penal Federal, asociación delictuosa prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal y el delito de cohecho previsto en el artículo 222 fracción I, en el último párrafo del mismo ordenamiento penal.
Cabe mencionar que una facultad discrecional del Ministerio Publico para extinguir la acción penal en favor del imputado; desde luego, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, confiere en su artículo 256 diversas hipótesis por las cuales, dicha figura jurídica es procedente; operan cuando una persona aporta información eficaz y esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se compromete a comparecer a juicio; [2] hipótesis en la cual, a pesar de ostentar la calidad de imputado, la denominación genérica que se le debería dar, sería como “un testigo colaborador” y no la de “un testigo protegido”.
No podemos olvidar que Emilio Zebadúa González, quien fuera Oficial Mayor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles,
acudió hace unos días a la Fiscalía General de la República (FGR), ya que ofreció convertirse en testigo colaborador en el caso que se sigue contra su exjefa, Rosario Robles Berlanga, por la llamada Estafa Maestra, afirmó que cuenta con información que relaciona directamente al expresidente Enrique Peña Nieto con la llamada Estafa Maestra y que estaría dispuesto a declarar y aportar las pruebas necesarias ante el Ministerio Público federal.
Hay que considerar que algunos días más tarde trascendió que Emilio Zebadúa, quien fungió como oficial mayor bajo el mando de Robles en Sedesol y Sedatu, se habría entrevistado con funcionarios de la Fiscalía para ofrecerse como testigo protegido; asegurando que aportaría información sobre la implicación de Peña Nieto y de su antigua jefa.
Tal parece que los mexicanos seguiremos siendo testigos de hechos inéditos en materia de procuración y administración de justicia con profundos interéses político-electorales.
Estimado lector, gracias. Estamos a punto de cumplir dos años de gobierno con la 4T, López Obrador levantó gran expectativa, quizá más que Vicente Fox en el año 2000 cuando sacó al PRI de Los Pinos. Para el tabasqueño en su tercer intento no hubo oposición, los votos y el reconocimiento de sus adversarios le dieron la legitimidad que Peña Nieto y Felipe Calderón no tuvieron, además de una tersa transición, el 1 de diciembre del 2018 era una fiesta y había esperanza ciudadana que se diluyó al paso de los meses.
Así hasta que nos llegó la pandemia del SARS-CoV-2 un año después, ahí apareció un personaje construido a imagen y semejanza del Pejelagarto, soberbio, embelesado por el poder que da ser parte de la Secretaría de Salud, sin empatía, frívolo y bueno para mentir con la verdad en la mano, López-Gatell ha sido el fusible perfecto para cargar con las malas decisiones de su jefe, del otro López, de los más de 103 mil muertos y contando.
Con todo y lo negativo del asunto, los López dividen palmas del respetable, es decir cuentan con gran popularidad entre la población que los conoce bien, así como aceptación entre su mercado electoral, en ese terreno lo han hecho bien, pero la evidencia apunta a un subregistro de contagios y muertos por el Covid-19. Hay recomendaciones de instituciones como la OMS para que se maneje bien la información y se manden mensajes claros a la población.
Esta semana se dio a conocer que México es el peor país para vivir durante la pandemia en América Latina, de acuerdo con un análisis que publicó Bloomberg, según el Ranking de Resiliencia de Covid-19, ocupamos el último lugar de la región si se consideran once elementos ligados a las muertes y contagios por coronavirus, así como las oportunidades para obtener pruebas, vacunas, los confinamientos y la economía. Obviamente al inquilino de Palacio Nacional no le hizo ninguna gracia y lo desestimó.
Ahí no para la cosa, el Departamento de Estado de EU mantendrá el nivel de alerta tipo 4 para que sus ciudadanos eviten viajar a México, los motivos, el manejo de la emergencia sanitaria y la creciente inseguridad que nos envuelve desde el triste “calderonato”. En caso de que vengan a nuestro territorio pueden experimentar cierre de aeropuertos, fronteras, y exponerse al sistema de salud.
En estos días platiqué con un investigador del Instituto Politécnico Nacional, le cuestionaba cuál era el pulso que la comunidad científica tiene de Hugo López Gatell. La respuesta fue que se dividen las opiniones, existen los más recalcitrantes que no toleran la crítica, pero que estos están ligados a la política que se genera dentro de los institutos y quienes estiman que sus cálculos mantienen errores para matizar las cifras, minimizar el daño político a la 4T.
Entienden al científico de la fuerza de contagio moral, como un fusible quemado que habrá que cambiarse cuando ya no sirva, cargará con todas las culpas, pero para López Obrador y su 4T dos años han pasado, no entienden que hizo corto circuito hace meses.
Por otro lado, me dice el también profesor del IPN, que se había generado una alta expectativa de que la ciencia tuviera otro manejo, diferente a la época del PRI y del PAN, cuando se beneficiaba a los de siempre, algunos con mérito claro está, pero se manejaba discrecionalmente los recursos, la esperanza de más dineros y un reparto equitativo para la ciencia, para la investigación se esfumó rápidamente. Estos temas quisieran borrarlos de la agenda del presidente.
Entre Palabras
Presentó AMLO su Guía Ética para la Transformación de México. Para empezar… ¿Ya la tiene Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Ana Guevara, Alfonso Romo y López Gatell?
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La cifra es aterradora, pero la realidad es decepcionante, en el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido alguna vez en su vida violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o violencia sexual infligida por cualquier otro agresor. La mayor parte de las veces se trata de violencia de pareja y en los hechos, puros mensajes.
Por: Ernesto Madrid
La violencia contra la mujer sigue siendo una gran amenaza para la salud pública mundial y la salud de la mujer durante las emergencias, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde la violencia contra la mujer sigue siendo sumamente prevalente y la violencia de pareja es su forma más común.
Lo lamentable del caso es que la violencia contra la mujer tiende a aumentar, advierte la Organización Panamericana de Salud (OPS) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en cualquier tipo de emergencia, incluidas las epidemias.
En un comunicado destaca que la probabilidad de estar expuestas a más riesgos y tener más necesidades es mayor en las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad. Las mujeres desplazadas, las refugiadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos son particularmente vulnerables.
Aunque hay pocos datos, los informes de China, el Reino Unido, los Estados Unidos y otros países indican que los casos de violencia doméstica han aumentado desde que comenzó el brote de COVID-19.
El número de casos de violencia doméstica notificados en febrero del 2020 a una estación de policía de Jingzhou, una ciudad de la provincia de Hubei, fue tres veces mayor que en el mismo período del año anterior.
La violencia contra la mujer, en particular la violencia de pareja y la violencia doméstica, tiene efectos importantes sobre la salud de las mujeres, y de sus hijos y hijas. Puede dar lugar a traumatismos y problemas graves de salud física, mental y sexual y reproductiva, incluidas las infecciones de transmisión sexual, la infección por el VIH y los embarazos no planificados. Cómo agrava la COVID-19 el riesgo de violencia contra la mujer.
El estrés, la perturbación de las redes sociales y de protección, y el menor acceso a los servicios pueden aumentar el riesgo de violencia contra la mujer.
A medida que se implantan las medidas de distanciamiento y se pide a las personas que se queden en casa, es probable que el riesgo de violencia de pareja aumente. Por ejemplo: o La probabilidad de que las mujeres que están en una relación de maltrato y sus hijos e hijas estén expuestos a la violencia aumenta enormemente conforme la familia pasa más tiempo en contacto estrecho y hace frente a un mayor estrés y a posibles pérdidas económicas o del trabajo.
Estos son sólo algunos puntos para que las autoridades no olviden que los feminicidios, la violencia contra las mujeres, las niñas las adolescentes pongan más atención en este rubro que en particular en esta administración, parece que ha sido olvidado.
Lo anterior porque son duda la violencia contra la mujer constituye una grave violación de los derechos humanos de la mujer, independientemente de cuándo, dónde y cómo se produzca. Hay muchas formas de violencia contra la mujer, las cuales pueden tener numerosas consecuencias sanitarias negativas para ellas y sus hijos.
Lo delicado del caso es que este tipo de delitos puede provocar traumatismos y problemas graves de salud física, mental y sexual y reproductiva, incluidas infecciones de transmisión sexual, infección por el VIH y embarazos no planificados que pueden llegar a casos extremos como la muerte.
Muy a menudo los efectos de la violencia perduran toda la vida. La violencia, en todas sus formas, puede afectar al bienestar de la mujer para el resto de su vida. Es algo inaceptable y por eso no puede ignorarse el riesgo de violencia al que se enfrentan las mujeres y sus hijos durante la crisis actual debida a la pandemia de COVID-19.
Si podemos prevenir la violencia contra la mujer o ayudar a sus víctimas, destaca la ONU por lo que advierte que estará contribuyendo a salvaguardar sus derechos humanos y promoviendo su salud física y mental y su bienestar a lo largo de toda su vida. Eso ayudará a aliviar la presión sobre unos servicios públicos ya desbordados, incluido el sistema de salud.
Pues en un incremento interesante de alrededor de casi 10 millones de pobres más, así de simple.
Por: Ernesto Madrid
Le explicó con las cifras del organismo que mide la pobreza.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que entre el primer y tercer trimestres del año, el ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 12.3 por ciento al pasar a mil 675.21 pesos al mes, el más bajo desde finales de 2017.
¿Que implica esto?, pues que las evidencias del incremento de la población en situación de pobreza extrema a niveles récord en México como resultado de la pandemia por Covid-19 ha crecido.
Estaríamos hablando, repito, de 10 millones de personas más si tomamos en cuenta que , en el mismo periodo se registró un aumento de la pobreza laboral de 35.7 a 44.5 por ciento.
Dicho de otra forma, es el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es insuficiente para comprar los bienes de la canasta alimentaria.
Es decir, no tienen posibilidad de adquirir los bienes suficientes aun si hiciera uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar.
En resumen, el repunte sin precedente equivale a un incremento de 9.7 millones de personas con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.
¿Qué significa esto? que por la pandemia, el número de personas en situación de pobreza extrema por ingresos aumentará sobre 30 millones en 2020 desde 21 millones en 2018, por más que se den incrementos en la economía mexicana, esta no escurre a las personas de menores recursos, así de sencillo.
Por lo que será, probablemente, el incremento más alto en el nivel de pobreza extrema entre los países de la región.
Es decir que el reto del presidente López Obrador de Primero los pobres sigue pendiente. El escenario no obliga a otra cosa que revertir el avance logrado en México entre 2014 y 2018, cuando hubo una reducción de 3.6 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, es decir 6.1 millones de personas más que en la actualidad se han sumado a cifras de pobreza extrema.
Todo se finca no sólo al deterioro que experimentó el poder adquisitivo de los hogares mexicanos de menores recursos en este año, se debe también a la pérdida de ingresos y se debe también al aumento en los precios de la canasta alimentaria y se debe también al incremento en la tasa de desocupación ante la crisis derivada de la pandemia.
Así que el escenario está complicado por lo que el Coneval no se equivoca cuando dice que 12 entidades federativas mantienen niveles de pobreza laboral por encima del 45% en julio, agosto y septiembre donde destacan estados como Chiapas (69.3%); Guerrero (62.6%); Oaxaca (60.4%); Hidalgo (55.1%) y Veeraruz (55%).
Así la pregunta de Primero los Pobres, sigue en el aire y los apoyos de programas sociales de a quienes están llegando, sigue siendo la misma será a las personas que apoyan al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre todo, vamos, para garantizar el voto en el 2021.
La Cámara de Diputados, durante sesión semipresencial, aprobó por consenso, el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de reconocer los conocimientos ancestrales y tradicionales de los Pueblos Originarios.
El documento, que se aprobó por 456 votos a favor y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca reconocer los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y afromexicanos que hayan dado lugar a los avances en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Conocimientos ancestrales, claves para resolver problemas nacionales
Al fundamentar el dictamen, la diputada María Marivel Solís Barrera dijo que las manifestaciones culturales, como la lengua, las tradiciones, la organización y los conocimientos de la naturaleza y el universo, siguen siendo parte esencial de la humanidad.
Explicó que diversas comunidades indígenas y afrodescendientes se han unido para intercambiar conocimientos y usos de la biodiversidad. A su vez, resaltó la importancia de respetar estos saberes y costumbres. Comentó que con este trabajo se pretende impulsar, rescatar e incluir saberes y conocimientos ancestrales en las soluciones de los grandes problemas nacionales.
Se requiere reformar la legislación vigente para propiciar el diálogo entre la ciencia formal y el saber que surge de la práctica cotidiana. “Es urgente resolver los problemas relacionados con temas sustentables, cuidado del agua y la salud ciudadana; los pueblos originarios nos han dado importantes lecciones ”.
Han contribuido al desarrollo de la humanidad
La diputada María Eugenia Hernández Pérez, promovente de la iniciativa, señaló que los 68 pueblos originarios están presentes en el documento. “Hablar de ciencia e innovación, nos remite a un futuro mejor que no debe estar alejado de los saberes ancestrales y tradicionales”.
Estos conocimientos han contribuido al desarrollo de la humanidad. En México, los saberes provienen de los pueblos y comunidades indígenas que se transmiten de generación en generación. “Son un patrimonio cuya labor no se circunscribe únicamente a las comunidades, sino que constituye un recurso para toda la humanidad”.
Ante la creciente ola de violencia en el estado de Zacatecas, que afecta principalmente a mujeres y niñas y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre exige al gobernador de la entidad, Alejandro Tello Cristerna, intensificar y priorizar las políticas públicas dirigidas a combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
“Nos encontramos en un país que parece no entender que lastimar a una mujer y peor aún, a las niñas y niños, es un acto imperdonable que debe castigarse. Es responsabilidad de todos combatirlos y unirnos para erradicar la violencia contra las mujeres y en especial a niñas, niños y adolescentes”.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentará un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades zacatecanas reforzar las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la implementación de programas que contribuyan al combate y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes zacatecanos.
Asimismo, Geovanna Bañuelos pedirá al Senado de la República condenar enérgicamente el feminicidio de la menor Sofía Alejandra, encontrada sin vida el pasado 22 de noviembre en Fresnillo, Zacatecas y que la Fiscalía General de Justicia del Estado garantice la atención de las demandas de la familia de la víctima de acuerdo lo establecido en el Modelo Integral de Atención a Víctimas.
“Requerimos por parte de la Fiscalía una investigación exhaustiva, eficiente, profesional, imparcial, pronta, expedita y con perspectiva de género para el esclarecimiento del feminicidio de Sofía Alejandra para que se garantice la reparación integral del daño”, destaca en el documento que será presentado en la próxima sesión ordinaria.
La legisladora por Zacatecas señala que luego de 11 días desaparecida, la pequeña de 12 años fue hallada sin vida, lo que ha provocado la movilización de colectivos feministas y familiares de desaparecidos.
“El hartazgo de la sociedad es evidente. El caso de Sofia Alejandra sacude no solo a su familia, sino a toda la población de Zacatecas que hace escuchar su voz clamando justicia y hace cimbrar a todo un país”, subrayó Geovanna Bañuelos.
En el tema de feminicidios, la entidad ocupa el lugar número 21 de este ilícito a nivel nacional y en homicidios dolosos contra zacatecanas se ubica en el quinto lugar, acumulando hasta septiembre pasado 75 asesinatos.
“Evidentemente, nuestro estado padece de otra pandemia: la atroz y desgarradora violencia contra las mujeres. Es imperativo frenar la ola de violencia contra estos sectores”, sostiene Geovanna Bañuelos.
Destaca que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes es un problema grave en México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años 2012 y 2017 fueron asesinados casi 2 mil 600 menores de 15 años, 42% de ellos a manos de algún familiar en sus hogares o por maltrato.
Mientras que en el caso específico de Zacatecas este problema ha ido en aumento, al mes son presentadas alrededor de 28 denuncias de maltrato infantil según el DIF local.
“Este no es un fenómeno nuevo, sino el resultado de la falta de atención a las causas profundas de la violencia. En el año 2019 Zacatecas se encontraba entre los estados con mayor aumento en la tasa de homicidios contra menores de edad, de acuerdo con el reciente estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)” lamenta la senadora petista.
Enfatiza que el gobierno local debe aceptar que esto es una emergencia real y dar al tema un tratamiento interdisciplinario entre las áreas de salud pública, justicia penal, servicios sociales, educación, derechos humanos, medios de comunicación y empresas.
“No podemos seguir permitiendo que los niños, niñas y adolescentes sigan sufriendo inhumanidades. Como se menciona en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana", concluye
Estimado lector, gracias. En el año 2015, en el esplendor de corrupción de lo que llamaron el “nuevo PRI”, el gobernador de Veracruz, el otrora recluso César Duarte, advirtió a los reporteros que se encontraban en una comida que se portaran bien y remató con un “ sobre advertencia no hay engaño ”. Sin duda esa expresión fue interpretada como una amenaza por parte del gobernador quien era conocido por su intolerancia y prepotencia en contra de los periodistas en uno de los estados más violentos para ejercer la profesión.
La 4T también tiene a sus intolerantes, claro que esto viene desde Palacio Nacional, pero vamos por partes. En un informe de Artículo 19 sobre libertad de expresión e información en la pandemia, ubica a Puebla como el estado con más agresiones contra la prensa al acumular 10 casos, provocados por la estigmatización y desinformación por parte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Afortunadamente ahí están las evidencias y quedan en las benditas redes sociales que les voltean y les hacen rechinar los dientes. Así el pobre gobernador -como se asume-, se ha enfrentado con periodistas, amenaza, insulta, pero al mismo tiempo muestra su verdadero rostro intolerante y de virrey, no le gusta que publiquen información sobre su deteriorado estado de salud, como las cosas que ni el presidente lo volteó a ver en su última visita y se ha ganado recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales al estigmatizar a los periodistas.
En junio pasado, realicé una entrevista en PerspectivasMX con la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Oaxaca mientras realizaba su trabajo de fotoperiodista, como suele suceder su caso quedó impune, empantanado, nadie sabe y nadie supo. La mañana del martes 24 de este mes, Jarquín Edgar se presentó en la mañanera y con el dolor y llanto le presentó el caso a López Obrador, quien instruyó a la secretaria Olga Sánchez Cordero para que le diera atención inmediata.
El asunto es que minutos antes de que le presentaran el caso al tabasqueño, fiel a su costumbre, tundió a palos al periodista Héctor de Mauleón por haber compartido en su Twitter la historia de una mujer que no encontraba hospital para ser atendida por Covid-19 en la Ciudad de México, eso irritó al presidente, quien pareciera que se la pasa como censor en las redes y claro poniendo a merced de sus hordas de bots a quienes no le son afines.
Eso sí, cuando se trata de exigir cuentas, este gobierno igual que los otros, nos recetan que vamos bien, pero las evidencias vienen de sus propios números. En 10 años 138 periodistas han sido asesinados y ha tenido un repunte significativo en dos años de la 4T con 38, lo que hace al 2020 como el más trágico con 19 muertes, así lo dio a conocer Alejando Encinas.
El PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, ha repetido que el ejemplo es muy importante, que, si el de arriba es honesto, los de abajo serán honestos. Pero solo cuando le parece conveniente, en el tema de la violencia contra comunicadores es prioritario que pare la que sale de Palacio Nacional, que se pongan a trabajar las fiscalías y veremos cómo se llena el boquete que se abrió por la desaparición de los fideicomisos.
¡Ponga el ejemplo presidente!
Entre Palabras
Murió “el pelusa”, icono de una generación, protagonista de los escándalos, de los excesos y amigo de impresentables. Genio y figura.
Rosario Robles Berlanga acusó directamente a Luis Videgaray Caso de dirigir la red de corrupción para desviar recursos a las campañas del PRI en la elección intermedia del 2015 y presidencial del 2018, incluida la de 2017 del Estado de México.
La ex funcionaria se acogerá al criterio de oportunidad para contribuir como testigo colaborador en el proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de la República en torno a los desvíos de recursos de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los que estuvo al frente Robles Berlanga, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Dejará de manifiesto ante el Ministerio Público Federal que Videgaray Caso ordenó a las estructuras institucionales de Desarrollo Social y de Sedatu el uso de los recursos financieros para favorecer a los candidatos del Revolucionario Institucional en dichas contiendas, de manera directa ocultando los datos de dicha operación.
Luego de visitarla en el Centro de Reinserción Femenil de Santa Martha Acatitla, el jurista Sergio Arturo Ramírez, sostuvo que dicha acusación no contempla al ex presidente de México Enrique Peña Nieto, toda vez que las evidencias obtenidas por la defensa involucran directamente al ex titular de la Secretaría de Hacienda.
Aseguró que la ex titular de Sedatu nunca realizó transferencias del erario público a cuentas del PRI, ya que carecía de facultades para hacer uso de los recursos y desconocía los movimientos que ordenó Luis Videgaray.
“Rosario Robles nunca hizo ninguna transferencia y todo va a quedar bien determinado en el momento de su declaración y de ahí se va especificar exactamente cómo y en qué forma fue que él dio la instrucción y a quién le dio la instrucción para que salieran esos recursos, de los cuales ella nunca tuvo conocimiento, ella no siguió instrucciones de Luis Videgaray, hay una cadena que viene hacía debajo de ella”, expuso el penalista.
La decisión de Rosario Robles para acogerse al criterio de oportunidad se basa en una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y que las acusaciones solo han alcanzado a su persona y a ningún otro funcionario del gobierno de Peña Nieto, pese a que Videgaray fue quien orquestó, ordenó y operó los desvíos de dinero.
"Los demás personajes dentro de este escenario pusieron como figura a la maestra, entonces ella toma la decisión de ir contra quien realmente podría tener algún tipo de participación y de responsabilidad, sobre todo en el tema de las campañas y en el tema de los fondos que se utilizaron, por orden de Luis Videgaray Caso", enfatizó Sergio Arturo Ramírez.
“Rosario Robles deberá proporcionar información eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño hecha al patrimonio público, señalando fechas, montos y responsabilidades de todos aquellos funcionarios que intervinieron en los desvíos, comenzando con quién ordenó dicho esquema”.
Andrea Tinoco Linares, de 35 años de edad, no imaginó que su primer embarazo, luego de 10 años de intentos por ser mamá, lo sería de trillizas; tampoco que su embarazo fuera en medio de una pandemia como la provocada por la COVID-19.
A los cinco meses de gestación, desarrolló la enfermedad, la cual no presentó complicaciones. Posteriormente, una alza importante en sus niveles de presión arterial fue lo que originó una cesárea de emergencia a las 28 semanas, el pasado 27 de septiembre, nacimientos que se produjeron, con un minuto de diferencia entre cada bebé.
En medio de tales eventos inesperados, que por momentos la llenaron de temor al igual que a su esposo y al resto de su familia, contó con el respaldo y apoyo del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, en quienes depositó su entera confianza.
Hoy, con dos de sus tres hijas en casa, la madre expresó profundo agradecimiento a quienes han hecho posible el milagro de vida para ella, Alaia, Aisha y Amaya.
“El servicio y atención que hemos recibido es muy bueno, te sientes acompañada, apapachada y en verdad mis hijas han recibido además de atención médica, mucho amor”, expresó la mamá.
La neonatóloga adscrita al servicio de Pediatría en el Hospital General Regional (HGR) en Orizaba, Adriana Chisco Bartolo, explicó que se determina condición de prematurez a nacimientos que ocurren antes de las 37 semanas de gestación.
“De 28 semanas son considerados prematuros extremos, de 29 a 32 semanas muy prematuro, y de 33 a 37 semanas, prematuro tardío”, detalló.
Mencionó que en el caso de las trillizas Alaia, Aisha y Amaya, su nacimiento fue a las 28 semanas y tres días de gestación, por lo se catalogan como prematuras extremas y ante su inmadurez pulmonar, tuvieron requerimiento de oxígeno (dos de ellas, incluso, con apoyo ventilatorio durante un breve periodo).
La neonatóloga explicó que a las tres se les proporcionaron los cuidados necesarios y fueron sometidas a valoraciones oftalmológicas, neurológias y de diversas disciplinas para conocer su condición y establecer tratamientos para favorecer su desarrollo.
Detalló la especialista que debido a la inmadurez pulmonar, propia de su nacimiento prematuro, requirieron el uso de surfantantes, (sustancia que normalmente el pulmón produce, pero en estos casos no lo hacen de la forma necesaria para favorecer la oxigenación).
Mencionó que la forma de alimentación para las trillizas es a través de la colocación de una sonda que va directo al estómago.
“La mami diariamente trae leche materna para ofrecerlas a sus hijas por este medio, dado que, en las primeras semanas no tienen desarrollado el músculo de la succión, sin embargo, el alimento que produce la mamá es ampliamente benéfico para su desarrollo; a partir de la semana 32 se adicionaron fortificadores, con el fin de que el aporte calórico fuera mayor”, apuntó.
Fue el pasado 17 de noviembre cuando Aisha, quien al nacer pesó 1 kilo, fue dada de alta con un peso de 1,940 gramos.
Un día después, gracias a su excelente evolución luego de más de siete semanas de permanecer junto con sus hermanas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Amaya, quien al momento de nacer tuvo un peso de 900 gramos, también se fue a casa con un peso de 1 kilo 900 gramos.
Sólo Alaia, la más pequeña de las trillizas -pero que a decir de Andrea, la feliz mamá, es la más reactiva- y quien pesó al nacer 740 gramos, permanece bajo los cuidados del equipo de enfermeras, pediatras, neonatólogos y personal de nutrición, con un kilo y medio de peso a la fecha.
De continuar su favorable evolución, en breve se reunirá con sus hermanas, quienes paulatinamente se adaptan a su hogar.
Mientras los especialistas advierten que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la Ley outsourcing generará enormes desincentivos para la inversión, el mandatario dijo que no quiere que pueda burlarse de nuevo de la iniciativa por eso "vamos a ver” qué es lo mejor.
Por: Ernesto Madrid
Lo anterior al argumentar que en apego estricto a la Ley del Trabajo, el patrón, quien contrata a un trabajador, tiene que cumplir con obligaciones como el pago del salario justo y la inscripción al seguro social, pero esto a veces no sucede por parte de las empresas intermediarias de outsourcing. O, en ocasiones, estas manifiestan que los trabajadores ganan menos para no pagar cuotas de seguridad social.
En este contexto especialistas consultados por El Financiero destacaron que desaparecer el outsourcing puede tener un fondo positivo para combatir la evasión fiscal, pero desaparecer ese esquema de contratación afectaría la productividad en las cadenas de valor globales, desincentivaría la inversión y ocasionaría pérdida de empleos formales.
No obstante López Obrador destacó este martes que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer a por lo menos seis mil empresas de subcontratación que generan cinco millones de empleos formales y que según datos oficiales, representarían una evasión fiscal por 21 mil millones de pesos.
Esto tras la polémica generada por la extinción de 109 fideicomisos a lo que el Presidente anunció que emprenderá una nueva campaña que ocasionará una nueva confrontación que de hecho ya está en el debate nacional.
Por ejemplo, dos de los principales organismo beneficiados por el outsourcing, hablamos de la Coparmex y ManpowerGroup, se pronunció en contra de eliminar el outsourcing.
La Confederación que agrupa a los patrones de México destacó que “al prohibirlo se perderían empleos legítimos debidamente remunerados que impulsan la recuperación económica. Estamos en contra de una reforma legal que prohíba la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales".
Mientras que Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, aclaró para El Financiero que “las empresas de outsourcing evasoras son las que se deben de prohibir. Hace falta que el fisco entre con todo en el sector, si ya tiene a algunos en la mira, pues debemos de saber esos casos porque muchas empresas están viendo que no pasa nada”.
En este sentido el mandatario federal comentó que ya se intentó la regulación "pero hay quienes no ayudan, son de esas decisiones donde pagan justos por pecadores", y agregó que si bien hay muchos empresarios responsables, hay otros que son traficantes de influencias que abusan de este mecanismo de contratación.
Pero lo abogados tienen otro enfoque, como el caso de Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), quién defiende la ley argumentando que “es un poco radical”, además que no consideró revisar aspectos ligados como el reparto de utilidades y sus consecuencias en las cadenas de valor que subcontratan personal en “picos” de producción.
Y Carlos Ferran, socio director de Ferran Martínez Abogados que desde su postura la carga social en México es alta y la subcontratación a veces es la única forma de operar, lo que se necesita es que haya inspección laboral y se castigue a los que incumplen y evaden al fisco”.
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