-
Carlos Roberto Matty
- Sonora
El propósito de las y los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión tiene como objetivo debilitar a otro Poder, lo que en los hechos es una regresión democrática en donde diputados y senadores del partido en el poder, no han cumplido con quienes votaron por ellos, sino con sus representantes partidistas y sus intereses de grupo advirtieron empresarios sobre la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Ernesto Madrid
En realidad, el gobierno no está dando un golpe a los privilegios de los ministros añadieron, sino a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial ya que varios de los fideicomisos eliminados no están integrados sólo por recursos públicos sino también por aportaciones de los trabajadores que hoy quedaron en total incertidumbre por lo que el presidente se equivoca cuando asegura que no tendrá repercusiones negativas a los trabajadores.
En voz de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtieron de que se trata de una tendencia para minar la operatividad del Poder Judicial y resaltaron que entre 2019 y 2023 los recursos para seguridad destinados a las Fuerzas Armadas han crecido 180% pero el gasto destinado para el siguiente eslabón -que es el Poder Judicial- encargado de la procuración de justicia, se ha reducido 15%.
“Los recortes al Poder Judicial lo único que garantizan es que gane la impunidad y los mexicanos quedemos a merced de la delincuencia. Sin los recursos necesarios para 2024, como han señalado legisladores, se dejarían de crear 22 tribunales para atender obligaciones derivadas de la reforma laboral; 6 nuevos Centros de Justicia Penal y 3 Centros Regionales de Ejecución, entre otros órganos de nueva creación en diversas materias”, aclaró el organismo empresarial.
Es muy grave que el Ejecutivo y el Legislativo busquen minar al Judicial para pretender someterlo a su voluntad, reiteraron al tiempo de argumentar que se ha destacado que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados no era la competente para dictaminar el tema y dejaron en claro que desde el observatorio Guardianes de la Constitución, en el que participa Coparmex, daremos seguimiento a estos recursos legales.
Lo cierto dijo es que, en lugar de menos recursos, se necesitan más para garantizar acceso a la justicia ya que nuestro país tiene 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes; es decir, la mitad del promedio que hay en el continente americano y ocho veces menos que lo registrado a nivel mundial, según el Índice de Paz México por lo que, vemos juzgados saturados y retrasos en los procesos y ahora, con la asfixia presupuestal y el hostigamiento al Poder Judicial desde los otros poderes, perdemos todos y pierde México.
Las medidas de austeridad son correctas agregó Coparmex, pero no en el sentido que lo hacen la dupla Ejecutivo legislativo al eliminar fideicomisos que los propios trabajadores, junto con recursos públicos, han construido en el marco de la ley y con objetivos muy precisos como son complemento a pensiones y a atención a su salud y de sus familias.
Lo contradictorio del caso dijo es que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 olvidó la austeridad pues la propuesta del Gobierno federal es contratar más deuda, gastando una quinta parte más de lo que tiene como ingresos por lo que consideraron que ahí hay una incongruencia y los mexicanos no merecemos eso.
México vive en un régimen republicano y democrático en el que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que es el equilibrio por el cual, el Ejecutivo administra el gobierno federal y que tiene su base en la democracia.
Ernesto Madrid
Lo anterior lo realiza el Ejecutivo con base en lo establecido en la legislación, es decir en la Constitución, que es producto de lo que se aprueba en el Poder legislativo donde están los representantes de la sociedad y que ante todo contribuye para el bien de las y los mexicanos.
No puede haber un poder Legislativo a las órdenes del Ejecutivo porque ya no sería una República. Ni puede haber un Judicial que este al servicio del estado, porque ya no sería una democracia y al final, no sería congruente para que el Ejecutivo cumpla con lo que juro ante Congreso de la Unión.
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande." Ese detalle no puede pasar desapercibido por quién ostenta el Poder Ejecutivo.
Lo aprobado la noche de este martes en el senado de la República, en realidad no tiene como finalidad favorecer a la sociedad, ni tampoco se está quitando los beneficios de los ministros, porque ninguno de los fideicomisos es para beneficio en particular de algunos de los once que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La mayoría de ellos, que se ha dicho tienen privilegios, en realidad lo que generan esos fideicomisos son prestaciones para el grueso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, estamos hablando de 53 mil 160 trabajadores de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia, realizado por el INEGI, en donde 89.6% por ciento están adscritos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que es donde se ventila y resuelven la mayoría de los casos legales.
Es más, uno de ellos corresponde a pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo, y es, por cierto, el que más recursos tenía entre los adscritos a la Corte: 2 mil 972 millones de pesos.
También hay un plan de prestaciones médicas para los trabajadores tanto en la SCJN como en el CJF. Lo cierto es que otros fideicomisos no tienen carácter laboral y tienen que ver con el proceso de administración de justicia que, de hecho, ninguno de los eliminados por el senado de la República y antes por la Cámara de Diputados tiene como propósito cubrir las prestaciones solo de los ministros de la Corte.
Quizás el que más abultado tiene el presupuesto es el de las pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, cuyo monto es menor a los cinco mil millones de pesos, y el fondo para desarrollar la infraestructura que requieren las reformas en materia de justicia, digamos como los juicios orales, cuya cantidad ronda los cuatro mil millones de pesos.
Si usted me pregunta que va a suceder al final, yo le podría adelantar que van a enfrentaran recursos de inconstitucionalidad por parte de la oposición, los trabajadores y la sociedad civil.
De lo que se trata no es defender esos privilegios de la corte, y que no son, del todo, para los ministros en particular pero todo quedará, por lo menos hasta el 2024, como estaban, quizás donde haya que poner atención es que los ministros y magistrados no actúen en contra de los principios fundamentales de las y los mexicanos, pero eso ya será otra historia en la que tiene que ver con la otra estocada de la transformación del país.
Foto Cuartooscuro
El Fondo Nacional de Desastres (Fonden) fue desaparecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que era un instrumento de corrupción, no obstante, José María Tapia Franco ex director de ese fondo en el sexenio de Peña Nieto paso a ser empresario para hacer negocios con la 4T y ahora busca ser el candidato a la alcaldía de Querétaro por la coalición en el poder Morena-Verde y PT.
Ernesto Madrid
Sin duda, el Fonden resultó ser para quienes han sido sus titulares un negocio redondo, lo cual quedo de manifiesto en el periodo en el que Tapia Franco fue director, y tuvo un presupuesto promedio anual de 7 mil millones de pesos, pero resulta que la Auditoría Superior de la Federación documentó constantes desvíos o malos manejos por cientos de millones de pesos.
Ante de concluir su cargo en el fondo, Tapia Franco constituyó el 19 de septiembre de 2018, la empresa denominada Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, en donde aparece como accionista mayoritario que le dio la oportunidad de hacer negocios millonarios con la pandemia por Covid, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en 2020.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó, con carácter de extraurgente, un contrato por 52 millones 606 mil euros (unos 1,350 millones de pesos) con una empresa que Tapia acababa de crear, para la venta de 1,330 ventiladores para atender a pacientes graves por Covid.
El contrato millonario de la empresa de Tapia con la Sedena fue firmado el 30 de marzo de 2020, y formaba parte de la aplicación del Plan DN-III por parte del Ejército para atender la emergencia de salud pública originada por la pandemia del Covid, el pedido incluía 600 ventiladores marca Hamilton, de Suiza, además de 730 ventiladores modelo Shangrila, marca Aeon Medics, provenientes de España y China.
Pero también Tapia Franco evadió impuestos en la importación de algunos de los ventiladores, ya que reportó a las autoridades de Aduanas que la importación sería temporal, con lo cual no cubrió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo que detectó el Sistema de Administración Tributaria (SAT) al señalar que había sido definitiva, y no temporal, por lo que envió requerimientos a la empresa para exigirle el pago del IVA que había omitido, de acuerdo a un documento de la Aduana del Aeropuerto Internacional de México al que accedió MCCI.
En la investigación realizada por Valeria Durán y Eduardo Buendía destaca que, en auditorías realizadas al contrato, consta que la compañía Gestión de Riesgos de Desastres S.A. de C.V. incumplió con los plazos de entrega de los equipos, por lo que la Sedena le impuso una sanción de más de 61 millones de pesos, la UIF inició una revisión y presentó a la FGR una denuncia por lavado de dinero, pero a partir de este año, se convirtió en morenista y nada ha pasado.
De hecho, fue uno de los que renunció al PRI el día que lo hizo su exjefe Miguel Ángel Osorio Chong y de ahí inició el coqueteo con Morena poniendo fin a una larga historia de militancia priísta y por paradójico que parezca, inició a difundir mensajes en Twitter en los que anticipaba que buscaría la alcaldía de Querétaro, pero sin revelar por cuál partido, dejando en claro que dejaba el tricolor “por su falta de transparencia, una creciente y dolora desconexión con las necesidades de la ciudadanía (…) y esa corrupción endémica que prevalece en el partido”.
El 21 de agosto de este año dio una clara señal cuando compartió en redes sociales una fotografía con Claudia Sheinbaum, en lo que fue su primer acercamiento con Morena, dos semanas después, Tapia felicitó a Sheinbaum por su nombramiento como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación Nacional y después compartió un tuit con Arturo Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde éste lo presentaba como “quien será el próximo presidente municipal de Querétaro”.
Mientras el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en la primera quincena de octubre de 2023, tuvo una variación de 0.24% respecto a la quincena anterior colocando a la general en 4.27% contra el 4.34% esperado y la economía mexicana aceleró su crecimiento mensual a 0.39 por ciento en agosto y a 3.5 por ciento anual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó pérdidas por mil 567 millones de pesos durante el tercer trimestre de este año.
Ernesto Madrid
La realidad del caso es que las pérdidas económicas de CFE para un tercer trimestre han navegado en ‘números rojos’ desde 2020 y el reporte que la empresa le entregó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) así lo confirman ya que en este último representó su menor nivel para un periodo similar en los últimos cuatro años.
El reporte de la empresa productiva del Estado reveló que en lo que va de 2023, los costos de operación de la CFE se ubicaron en 406 mil 949 millones de pesos, lo que representó una reducción de 14.1% anual.
En los entredichos, lo cierto es que, en 2019, al inicio del obradorato, la empresa energética todavía reportó utilidades por 3 mil 214 millones de pesos. La historia cambió en 2020 con pérdidas de 46 mil 127 millones de pesos; en 2021, los números rojos fueron de 14 mil 780 millones de pesos, mientras que, en 2022, las pérdidas se ubicaron en 50 mil 671 millones de pesos.
No obstante, lo números negativos observados entre julio y septiembre, la CFE reportó ‘números verdes’ en el acumulado del año, al registrar utilidades por 86 mil 226 millones de pesos entre enero y septiembre que atribuyó al nearshoring por lo que señala que obtuvo ingresos por 502 mil 453 millones de pesos en los primeros nueve meses del año.
En lo que corresponde a la economía mexicana, las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) revelaron que ésta aceleró su crecimiento mensual a 0.39% en agosto y a 3.5% real, con respecto al octavo mes de 2022, impulsada por la fortaleza de los servicios y de la industria.
Finalmente, la inflación el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en la primera quincena de octubre de 2023, tuvo una variación de 0.24% respecto a la quincena anterior. En la misma quincena de 2022, la inflación quincenal fue de 0.44 % y la anual, de 8.53%. mientras el índice de precios subyacente aumentó 0.24% a tasa quincenal y 5.54 % a tasa anual contra un 5.49% esperado. El índice de precios no subyacente registró un incremento de 0.25% quincenal y de 0.48% a tasa anual.
Para concluir vale la pena resaltar que el gobierno federal ordenó restringir “temporalmente” la importación de ceras, turbosina, aceites y otra serie de aditivos y combustibles “con el objeto de combatir el mercado ilícito de combustibles y el contrabando”. Los interesados en importar cualquiera de las mercancías, listadas por la Secretaría de Energía (Sener) en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), deben tener un permiso de la dependencia, así como acreditar que el volumen y destino de los insumos ingresado al país tienen un destino legal.