La pobreza a nivel nacional de niñas y niños menores de seis años es de 48.14%, revelan investigadores y especialistas durante el Simposio Contribuciones para la agenda de primera infancia 2024-2030, organizado por Early Institute.
Ernesto Madrid
El cuidado infantil afirmó un experto del Banco Mundial, no está reconocido en México como un derecho en sí mismo, por lo que México es uno de los países de la OCDE con menor gasto público para el cuidado infantil, el cual es menor al 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Por lo anterior destacaron expertos, que la primera infancia en México precisa de un buen desarrollo en donde se haga realidad la Política Nacional de Educación Inicial y que ésta vaya de la mano de un sistema nacional de cuidados, ya que sólo así se podrá superar la crítica situación que se observa en este segmento poblacional, plantearon especialistas nacionales e internacionales quienes apuntaron que el desafío inmediato es eliminar programas fragmentados, heterogéneos y no vinculados.
Eliminar la discriminación de la mujer trabajadora mediante una mayor flexibilidad laboral para ellas a fin de que se les dé la oportunidad de trabajar y cuidar a sus hijos; destinar mayor presupuesto públicos para educación inicial -que es la que se destina a las niñas y niños de cero a tres años-, elevar la calidad de los servicios de educación y atención social e integrar políticas nacionales articuladas, vinculadas y sujetas a una permanente revisión y evaluación, conforman las propuestas centrales de los especialistas.
Lo anterior fue expuesto durante el Simposio “Contribuciones para la agenda de primera infancia 2024-2030”, organizado por el think tank Early Institute, en el que participaron representantes del Banco Mundial, la UNICEF, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Pediatría, el Observatorio Materno Infantil y el Pacto por la Primera Infancia, con el apoyo del Centro Mexicano de la Filantropía (CEMEFI).
En la inauguración del simposio José Ángel Fernández y Annayancy Varas García, presidente del Consejo y directora general de Early Institute, respectivamente, subrayaron la importancia de analizar los desafíos de la primer infancia mexicana a través de mecanismos de análisis, monitoreo y seguimiento.
Sólo a través del análisis y seguimiento de los indicadores de primera infancia se podrán proponer acciones a favor de las niñas y los niños. Plantearon la necesidad de incorporar a la primera infancia en la agenda nacional con un alto grado de prioridad y con una perspectiva integral, no aislada.
Clemente Ávila Parra, economista sénior especialista en Práctica Global de Protección Social del Banco Mundial dijo que el marco normativo sobre el cuidado infantil es complejo, altamente fragmentado y discriminatorio, creando heterogeneidad no solo en la oferta de atención, sino en el perfil de las niñas y niños a atender, incluso en el costo por persona.
El cuidado infantil, dijo, no está reconocido en México como un derecho en sí mismo. Esto incide para que exista un sistema de protección social fragmentado, contributivo en el que participan diversas instituciones, pero no contributivo a pesar de que participan los distintos niveles de gobierno.
México es uno de los países de la OCDE con menor gasto público destinado a servicios de cuidado infantil, pues representa menos del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), precisó.
El maestro Clemente Ávila Parra, expresó que la oferta de centros de atención infantil es limitada en México, especialmente en los municipios más marginados del país. Sólo el 5 por ciento de las niñas y niños más pequeños o que integran la primer infancia, reciben servicios de cuidado infantil.
Puso como ejemplo la situación en el rubro educativo. Destacó que la cobertura de educación inicial ha ido a la baja en los últimos años ya que antes de la pandemia, entre los años 2019 y 2020, el nivel de cobertura era del 8.6 por ciento; en la etapa postpandemia, es decir en los años 2020-2021, bajó a un 5 por ciento y en la actualidad, en el 2022-2023, el nivel de atención de educación inicial es apenas del 2.7 por ciento.
Marcela Lucía Silveyra de la Garza, especialista en Práctica Global de Educación del Banco Mundial, planteó que esa Política Nacional debe partir de entender que no pueden ir por separado educación y cuidado; ambas son parte de la misma moneda y se deben analizar y atender de manera simultánea. La incorporación de la mujer al mercado laboral crea necesidades específicas respecto al cuidado y la enseñanza inicial.
Durante su exposición la especialista del Banco Mundial detalló una herramienta diseñada por el Banco Mundial, en coordinación con la SEP, para la expansión de la educación inicial en México la cual parte de criterios de priorización de necesidades, es decir poner mayor énfasis en estados y municipios con mayor rezago en esta etapa de enseñanza.
En su momento la doctora Martha Merlo, Oficial Nacional de Política Social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), habló de la importancia del cuidado infantil como un camino de mejora de condiciones de vida y desarrollo de las mujeres madres de familia y de los propios hijos el desarrollo.
Refirió que un cuidado infantil de calidad, accesible y asequible mejora el empleo materno, genera un mayor bienestar en las familias y aumenta el desarrollo infantil, además garantizar derechos.
Por el contrario, agregó, entre los efectos negativos de no brindar cuidados infantiles de calidad destaca el bajo desempeño escolar y riesgos de cuidado inadecuado. El impacto negativo para las mujeres madres de familia se observa en una baja participación laboral de acuerdo con la edad de las niñas y niños que cuidan.
Explicó que hay poca participación laboral de la mujer y bajo número de centros de atención infantil porque existe una correlación. Habló de un fenómeno de “feminización de la pobreza de la mujer en México”, ya que, de acuerdo a investigaciones recientes, la mujer mexicana trabaja más horas al día y a la semana, pero con bajo ingreso, ingreso precario e incluso sin ningún tipo de remuneración, contrario a lo que ocurre con los hombres trabajadores. Existe una brecha social y económica que se debe eliminar.
LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA VIVE EN POBREZA
En su intervención el Dr. Alberto Tonatiuh Sotomayor Avilés, del Pacto por la Primera Infancia expresó que la pobreza en este segmento de población genera daños acumulativos e irreversibles, lo que otorga un sentido de prioridad, su atención en específico, por parte del Estado.
La diferencia en pobreza entre primera infancia y en la población en general es de 11.84 puntos porcentuales, en tanto que en pobreza extrema la diferencia llega a 4.52 puntos porcentuales.
Si bien en el año 2022 se presentó una disminución de la pobreza en primera infancia al pasar a 6.2 puntos porcentuales en contraste con el 4.41 puntos porcentuales del año 2020, la realidad es que la brecha entre la población en general y la población en primera infancia se ha incrementado, pasando de 10.64 en el 2018 a 11.83 puntos porcentuales en el 2022, precisó el especialista.
Remarcó: la pobreza a nivel nacional es de casi la mitad de la población de niñas y niños menores de seis años (48.14%) y las entidades con mayores porcentajes de pobreza en primera infancia se ubican en el sur y centro del país. Ejemplos: Chiapas tiene el 79.3%; Guerrero 71.5%; Oaxaca 67.3%; Puebla 66.3% y Veracruz 63.7%.
La media nacional en cuanto a pobreza extrema en las niñas y niños que forman parte de la primera infancia llega al 11.54 por ciento. Chiapas ocupa el primer lugar con el 39.7 por ciento.
Sotomayor Avilés coincidió con el resto de los participantes en el Simposio en cuanto a las recomendaciones más apremiantes: invertir más y mejor en primera infancia; diseñar e implementar un sistema de protección social focalizado, con enfoque de derechos y con perspectiva intersectorial; ampliar y mejor la cobertura de los programas sociales de protección social que benefician a esta población infantil.
Además, complementar programas de transferencia no condicionadas con paquetes de servicios básicos, con énfasis en materia de salud y seguridad social; creación de un sistema de cuidados y mejorar los servicios de educación inicial y preescolar, así como impulsar la equidad regional
Hermosillo, Sonora (IN).- Porque la vida está sobre los intereses económicos, un no rotundo a la venta de la presa "Abelardo L. Rodríguez".
La Unión de Usuarios de Hermosillo y Sonora expresó su oposición a la intención del gobernador de vender los terrenos del embalse de la presa.
Ignacio Peinado Luna destacó que la intención "es una regresión porque la presa es un Área Natural Protegida, en categoría de zona Sujeta a Conservación Ecológica".
Lo anterior, de acuerdo a un Decreto de septiembre del 2014 publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Peinado Luna aseveró que "los usuarios rechazan la venta de los terrenos de la presa a particulares".
Dijo que es un patrimonio de las familias de Hermosillo.
Agregó que el gobernador pretende cancelar el Acueducto Independencias porque "así lo piden cacicazgos del Sur de Sonora".
Apuntó que una solución al problema de abasto de agua "es terminar el acueducto y construir el Ramal Norte en Hermosillo".
Indicó que están de acuerdo con la construcción de las tres presas río artiba, aunque sin cancelar la presa "Abelardo L. Rodríguez".
Aseveró que "no se puede ir contra la Naturaleza a nombre de intereses económicos ni el progreso".
Recordó que en 1983 ya hubo una inundación por desborde la presa.
Por ello, no se puede asegurar que después de 30 años o 40 no se repita algo similar.
Dijo que "vecinos de la Hacienda la Flor y sectores cercanos al vaso de la presa, han expresado su preocupación".
Por ello, buscarán reunirse en los próximos días con el Gobierno del Estado para llevar sus propuestas.
Reiteró que primero está la vida antes de intereses económicos de particulares.
La cancelación de la presa "Abelardo L. Rodríguez" está en manos de Conagua.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño aclaró el martes que primero deben construirse los tres represos río arriba antes de cancelar la presa de Hermosillo.
Apuntó que se creará el Consejo Técnico que estudiará la viabilidad de este proyecto hídrico.
La semana pasada, el gobernador anunció que la presa "Abelardo L. Rodríguez" será una zona urbana en Hermosillo.
Dijo que el Plan Hídrico para Sonora contempla la venta del 75 % de las 2 mil 800 hectáreas de terreno del embalse de la presa construida en 1948.
El proyecto del Gobierno del Estado incluye la creación de un fideicomiso de 5 mil millones de pesos que calcula obtener por la venta de 2 mil hectáreas de terreno.
El recurso pretende ser utilizado para financiar tres represos río arriba y las obras del parque recreativo "La Sauceda".
Además de cancelar la presa, se dejará de utilizar agua del Acueducto Independencia proveniente de "El Novillo".
Es decir, también cancelará la obra hidráulica que costó más de 5 mil millones de pesos a Sonora.
Con este proyecto, el gobernador Alfonso Durazo asegura que se garantiza por 30 años el suministro de agua para Hermosillo.
Ariel Monge Martínez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) dijo que contempla la edificación de tres presas:
Sinoquipe, Puerta del Sol y Las Chivas en San Miguel de Horcasitas.
Se busca hacer uso de los derechos de concesión para trasvase de hasta 160 millones de metros cúbicos al casco urbano.
Precisa que "con ese sistema de presas, más las de 'El Molinito' y 'Abelardo L. Rodríguez', consideramos que podemos garantizar los dos usos, el del agua potable y el de protección contra inundaciones a la ciudad”.
Agrega que el Plan Hídrico analiza comenzar un plan de urbanización en la zona de la presa "Abelardo L. Rodríguez".
Se mantendría el 25 por ciento del área total del represo que equivale a 2 mil 800 hectáreas, para contención de avenidas y el 75 por ciento restante se desocuparía para comenzar con proyectos urbanos en Hermosillo, Sonora.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial” el Consejo de la Judicatura y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una aclaración en donde destaca que ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros. “Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”.
Lo anterior en respuesta lo que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados ordenó al Poder Judicial a dar cuentas e informes pormenorizados de cada uno de los fideicomisos en los próximos siete días, como respuesta a la petición presidencial que además concretó su demanda de quitar a la Suprema Corte fondos contenidos en los 13 fideicomisos como prueba de su castigo por no sujetarse a los criterios del Poder Ejecutivo.
El pleito, que salió a las calles por parte de los trabajadores que reclamar la eventual eliminación de los fideicomisos que consideran que podrían afectar sus condiciones laborales o de retiro, lo cual, es cierto de acuerdo al documento difundido este miércoles por el propio poder judicial destaca que sl menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Además, le aclara a los legisladores y al propio presidente que “estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo” y las reglas de operación de los fideicomisos exigen a las y los trabajadores cumplir ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad.
Pero López Obrador desestima cualquier argumento al respecto porque considera que son cosas promovidas desde la propia Corte, sin conocer en realidad las razones por las que funcionan los fideicomisos, que además señala que el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos.
Pero el presidente se fue directo al castigo y la amenaza al señalar que algunos -ministros- tienen mansiones que ni con sus altos sueldos se podrían haber adquirido les reprochó y además les dijo que a parte reciben altos sueldos, los altos funcionarios del Poder Judicial y quieren que el pueblo siga manteniendo sus privilegios “y se enojan, protestan y mienten” según el presidente por lo que advirtió que habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, “los de arriba, dónde viven, qué tienen, porque ni siquiera, eh, con esos sueldos logran tener las mansiones que tiene algunos”.
La realidad del caso es que el documento del Poder Judicial señala que, de los 13 fideicomisos, seis son de la Suprema Corte, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos; cinco más son del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones, y otros dos del Tribunal Electoral, con 15 millones 941 mil pesos, en su mayoría destinados a apoyar a los trabajadores en pensione, prestación médica e infraestructura, es decir, en su mayoría, para los trabajadores y no para los magistrados en particular.
Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias/Corresponsal en México
Hermosillo, Sonora (IN).- La carretera "Cuatro Carriles" es una hipoteca que dejó el Gobierno federal al Estado y poderosos empresarios por 76 años, desde 1992 hasta el 2068.
En entrevista para este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, Alfonso Canaan Castaños denunció que "el Gobierno federal reservó esta información que apenas hace 2 días la conocimos".
El líder del Movimiento por el Libre Tránsito por Sonora (MLT) precisó que "la carretera está hipotecada desde 1992".
Apuntó que "desde hace más de 30 años esta hipoteca pasó de mano en mano por los gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora Morena".
Criticó que todos encubrieron este fraude carretero en Sonora.
Por ello, "seguiremos la lucha en los tribunales, esta lucha por la dignidad".
Canaan Castaños llamó a los funcionarios públicos que criminalizan y persiguen esta lucha policial y judicialmente, a llegar a los acuerdos y buscar una solución de fondo al problema.
Resaltó que en el Poder Judicial ya se tiene otra óptica de abordar este tema.
Dijo que iniciarán con procesos penales contra Capufe, Policía Estatal y Guardia Nacional por las detenciones arbitrarias.
Reiteró que la lucha continúa a favor de las familias sonorenses.
Agregó estar abiertos al diálogo y a los acuerdos; sin embargo, "el gobierno no los respeta".
Recordó que "la concesión de la caseta de cobro en Hermosillo ya está vencida pero aún así se sigue cobrando peaje".
Además, "el Gobierno de México, a través de Capufe y la SCT acordaron exentar el cobro a los sonorenses y no sucedió".
Se entregaría "un chip a cada automovilista de los municipios donde se encuentra instalada una caseta de cobro".
Al día de hoy, "esos acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, no se han cumplido".
Por ello, insistió en que "las ilegales casetas de cobro ya no deben operar en Sonora".
Recordó que el Movimiento por el Libre Tránsito pedirá al Juzgado de Distrito la comparecencia de Manlio Fabio Beltrones.
Reveló que la SCT concesionó varios tramos de la "Cuatro Carriles" al Gobierno del Estado en agosto de 1992.
Con documento en mano, Canaan Castaños describió que la semana pasada, la activista Alba Luz Borbón y 12 integrantes más del movimiento, fueron citados a comparecer ante el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Los Mochis, Sinaloa.
Ello por la denuncia presentada en su contra por Capufe que asegura daños a las vías generales de comunicación.
Lo anterior, luego de una manifestación pacífica llevada a cabo hace tres semanas en la caseta de cobro de Esperanza, Sonora.
El vocero y líder del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora, indicó que acudieron al amparo de la justicia federal
Apuntó que es el amparo 1021/2023 ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito.
Aclaró que dicho juzgado estableció que la lucha social es legal y justa.
Más aún, debe ser abordada desde el aspecto social y de Derechos Humanos.
Indicó que la semana pasada, "la SCT se deslindó de Capufe, Banobras y Fondin".
Además, "la SCT respondió al juez que el asunto de la Cuatro Carriles le corresponde atenderlo al Gobierno del Estado".
Es decir, hoy toca al gobernador Durazo.
Lo anterior, luego de que el año 1992 le otorgara la concesión de los tramos carreteros al ex gobernador de Sonora.
Canaan Castaños precisó que el 31 de julio de 1992, el entonces gobernador Beltrones presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la solicitud "a fin de que se le otorgue la concesión para la explotación mediante su operación y conservación de varios tramos carreteros en la región".
Además, la concesión de la SCT establece "la construcción de otros tramos carreteros, la que previo estudio efectuado por esta dependencia del Ejecutivo Federal fue aceptada para los siguientes tramos carreteros de peaje: Estación Don-Navojoa-Cd. Obregón- Empalme".
También el libramiento de Guaymas y el tramo carretero de Hermosillo-Magdalena, incluyendo su libramiento.
La concesión obliga "con la carga de construir a su costa y cargo, los caminos alternos de uso común, Magdalena-Tubutama-Altar-Caborca y Sahuaro-Puerto Peñasco-Sonorita, en el Estado de Sonora".
Asimismo, "conservar la red federal en el estado, conforme al proyecto y especificaciones que señale la Secretaría y bajo su vigilancia".
Por lo anterior, el activista destacó que "el Gobierno del Estado debe responder y asumir cualquier responsabilidad por fraude o desmanes en la Cuatro Carriles".
Además, "el juez debe llamar a comparecer al ex gobernador de Sonora".
"Como Asociación Civil, el Movimiento por el Libre Tránsito solicitará al Juzgado de Distrito la comparecencia de Manlio Fabio Beltrones".
Activistas de todo el país protestarán en el Zócalo contra los abusos de la Guardia Nacional y exigirán libre tránsito en las carreteras de México.
Alfonso Canaan Castaños dijo que la manifestación será el próximo domingo 22 de octubre.
Apuntó que están convocados a esta protesta nacional, "todos los colectivos de resistencia civil pacífica y organizaciones sociales de México".
Además, "todos los transportistas y ciudadanos que se quieran sumar a la protesta pacífica".
La protesta, dijo, es "en contra de los abusos de la Guardia Nacional, inseguridad en carreteras y las ilegales casetas de cobro con concesiones abusivas y ya vencidas".
Recientemente, Canaan Castaños destacó que una juez federal liberó a integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora.
Indicó que esta situación "sienta un precedente en la lucha contra la corrupción en las ilegales casetas en la Cuatro Carriles".
El líder de esta lucha señaló que la juez federal del Quinto Circuito recomendó abordar estas acciones desde el punto de vista social más allá de lo legal.
Criticó que "los diputados y senadores les aprueban miles de millones de pesos del presupuesto público para que reparen las carreteras y autopistas concesionadas, siendo que esa debería de ser una de sus principales obligaciones".
Describió que "el problema de la corrupción y saqueo de recursos públicos en el tema de las carreteras, es igual o más grave que el 'huachicoleo' de Pemex".
El activista dijo que ello, "ya que prácticamente toda la red carretera en el país está concesionada a estos empresarios particulares que no tienen llenadera y no justifican los aumentos en el peaje, pues no invierten un solo peso en las propias autopistas a su cargo".
El que el Presidente avale esta política "significa que no está combatiendo la corrupción o que sólo lo hace en algunas cosas y en otras no y para el caso pues es lo mismo que no enfrentar y resolver este grave problema de fondo al otorgarle la razón a los concesionarios para que sigan con el saqueo y fraude a miles tal vez millones de usuarios".
Canaan Castaños precisó que "México es el país más caro del mundo para viajar por carretera, sin agregar la inseguridad y las pésimas condiciones de la mayoría de las vías de comunicación además de la molestia de infinidad de retenes por parte de diferentes cuerpos de seguridad pública que en realidad se dedican a extorsionar a los automovilistas".
Con estas políticas que afectan gravemente a millones de usuarios en las carreteras y que encarecen los productos y servicios, "no vemos cómo se vaya a lograr la Cuarta Transformación del país".
"Lo único que buscamos es justicia y un alto total y definitivo al mar de corrupción en la carretera Cuatro Carriles" en Sonora, culminó.
Cananea, Sonora (IN).- Al menos 240 elementos de Protección Federal, arribaron hace unos momentos a Cananea para blindar la mina "Buenavista del Cobre".
Los elementos llegaron abordo de 6 autobuses que ingresaron por la Puerta 3 de la mina del magnate minero Germán Larrea.
Este es el primer grupo de Protección Federal que llega a Cananea tras el anuncio de que mineros de la Sección 65 y afectados por Grupo México.
El domingo, este medio binacuonal IRREVERENTE NOTICIAS, consignó que las víctimas protestarán el próximo viernes y exigirán la reparación del daño y castigo a Germán Larrea.
Las víctimas del Grupo Mexico anunciaron que formarán un frente unido y protestarán contra Germán Larrea.
Integrantes de la Sección 65 informaron un Manifiesto a la Nación y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este, los afectados anuncian que exigirán a Germán Larrea la reparación del daño y que pague por los delitos cometidos por Grupo México.
En un frente unido, "vamos a salir como un solo hombre el viernes 20 de octubre, en busca de Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, que es el verdadero responsable de todas las tragedias en perjuicio de los habitantes de Cananea".
Exponen que "los mineros de la Sección 65 exponemos que durante más de 16 años de lucha constante a la vez que desigual en contra de Grupo México ha sido por la defensa de nuestros derechos humanos y laborales que arbitrariamente trataron de aniquilar".
Precisan que "fue hasta el 28 de mayo de 2021 que la CIDH admite nuestras denuncias al habernos negado el acceso a la justicia en nuestro país contemplado en los tratados internacionales (OEA)".
Lo anterior, "basados en los principios de la CIDH donde el Estado Mexicano, nuestro sindicato y las víctimas trabajadores mineros de Cananea y sus familias (caso 14575) hemos logrado acuerdos que han beneficiado a los 657 mineros".
Por ello, "seguimos avanzando en el acuerdo de solución amistosa propuesto por la CIDH".
Agregan que "hoy vemos que en el gobierno que usted dignamente preside, ya no manda Grupo México de Germán Larrea Mota Velazco".
En este sentido, "aplaudimos la labor tan importante que viene realizando la Semarnat, en su dictamen que emite al reabrir el caso sobre la contaminación emitida el 6 de agosto de 2014 por el derrame de acidulados de cobre cargados de metales pesados a los ríos Bacanuchi y Sonora por la empresa propiedad del magnate Germán Feliciano Larrea Mota Velazco dueño de Grupo México".
Los trabajadores "advertimos y denunciamos ante la Profepa EXP. PFPA/SON/DQ/78/0016-08, con anticipación las graves condiciones de seguridad en la minera causando el peor desastre ambiental en la historia de nuestro país".
Ello mediante la corrupción y el tráfico de influencias con la que se conducían, los 3 niveles de gobierno lavaron y limpiaron los derrames provocados por Grupo México".
Hoy "vemos que su gobierno reabre estos expedientes secretos para poder tener acceso a la verdad, comprobando en su gobierno los graves niveles de contaminantes que existen desde Cananea hasta Hermosillo, poniendo en riesgo la salud de los habitantes por la explotación desmedida, rapaz y agresiva de la minera Buenavista del Cobre".
Dicha empresa día a día "saquea la riqueza de nuestro país a costa de lo que sea, lo que la convierte en una empresa enemiga de los trabajadores y de los habitantes de las comunidades".
Ante estos hechos criminales de Grupo México y su dueño Germán Larrea, "los mineros de la Sección 65 hemos acordado en nuestra asamblea de fecha 9 de octubre continuar con las protestas en contra de Grupo México por todos estos abusos en contra nuestra y de los habitantes de Cananea".
Por lo anterior, "vamos a salir como un solo hombre el viernes 20 de octubre en busca de Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, que es el verdadero responsable de todas las tragedias en perjuicio de los habitantes de Cananea".
"Estamos muy ofendidos por todos estos hechos tan lamentables que no sólo marcaron nuestras vidas".
Además "afectaron las generaciones futuras en venganza por señalar su lado más oscuro e inhumano a la sociedad mexicana".
Grupo México "ha utilizado la corrupción para la destrucción no sólo de la gran familia minera de la Sección 65 sino además, con este grave atentado al medio ambiente que afecta a miles de personas que hoy padecen las consecuencias de lo tóxico de sus aguas de sus ríos contaminados con la aprobación de la impunidad de sus gerentes de Estado que se lo permitían".
Sonsienen que "no permitiremos más atropellos en contra de los sonorenses, como Sección 65, nos sumamos y respaldamos con acciones fuertes en contra de Buenavista del Cobre".
"Estamos dispuestos a recuperar nuestra materia de trabajo que se nos arrebató ilegalmente con el uso de la fuerza pública, no nos van a poder callar y lo vamos hacer cueste lo que cueste, hasta que la justicia llegue para quedarse y se haga costumbre, todo esto en apoyo a la decisión tomada por nuestra instituciones que usted dignamente dirige y que ahora en su gobierno se tocan a estos empresarios corruptos que desde el Salinismo fueron intocables y gozaban de total impunidad que los gobiernos neoliberales les otorgaban".
Por ello exigimos "reparación y restitución de nuestros derechos humanos y laborales que desde la llegada de Grupo México a Sonora ha venido violentando sistemáticamente con los 3 niveles de gobierno".
Además, "castigo ejemplar a Grupo México y su dueño Germán Larrea Mota Velazco para que estos hechos criminales no se repitan".
También solución a las 3 huelgas mineras Taxco, Guerrero, Cananea, Sonora y Sombrerete Zacatecas.
Hermosillo, Sonora (IN).- Al menos 2 mil 100 hectáreas de terreno de la presa "Abelardo L. Rodríguez" están a la venta, aún en su condición de Área Natural Protegida, en categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica.
La semana pasada, el Gobierno del Estado anunció la venta del 75 % de las 2 mil 800 hectáreas de terreno que abarcan el embalse de la presa construida en 1948 para urbanización.
La intención es obtener 5 mil millones de pesos, crear un fideicomiso y utilizar esos recursos para la construcción de 3 represos río arriba, así como para invertir en obras de "La Sauceda".
Aquí se desconoce para cúando se construirán los represos que aseguran, garantizarán por 30 años el abasto de agua a Hermosillo.
En todo momento, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha asegurado que en Sonora, "primero los pobres".
Apenas el 4 de julio, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) anunció que construiría 158 hogares para personas que se encuentran en una situación vulnerable y sin una casa digna para vivir.
En total se invertirían 51 millones de pesos en beneficio de familias carentes de vivienda, pero que son propietarios de un terreno regular o ejidal.
Aunque no se aclaró para cuándo iniciaban y menos aún, las terminaban.
Hasta la mañana del martes 17 de octubre del 2023, no se tiene claridad del proceso de venta, ni de las inmobiliarias, empresarios, constructoras, clientes, licitaciones y menos del destino ni uso de esos terrenos.
Los datos que sí existen son que hoy, en México 14 millones de familias, equivalente a la mitad de la población, no tienen medios para comprar o construir una vivienda.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval).
La situación empeoró en las últimas décadas por la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos económicos.
Existen más de 35 mil casas abandonadas en Sonora.
En Hermosillo, al menos 4 mil familias solicitan un pie de casa o un terreno para levantar sus casas.
Recientemente, en entrevista conjunta de Dossier Político e Irreverente Noticias con César del Pardo y el abogado Javier Millanes de la Central Unitaria de Vivienda, se abordó el tema respecto a la certeza jurídica y la expropiación de bienes vacantes por parte del Gobierno del Estado, como la única forma legal para solventar las necesidades de vivienda de la población más vulnerable de Sonora.
Aquí se reveló la gran cantidad de familias que carecen de una vivienda en Sonora.
El tema de la vivienda en Sonora se puede ver en tres ejes.
Uno, la política del Infonavit en donde se tienen créditos que se conocen en la jerga financiera como "créditos subprime", hipotecas de alto riesgo que se utilizan para adquirir una vivienda.
Están orientados a clientes cuya solvencia no es buena y por lo tanto el riesgo de que se produzca un impago es mayor a la media de los demás créditos.
Estos créditos son impagables por ser pagos altos, con intereses altos y con plazos largos.
"Cuando no hay garantía de una economía formal generalmente esos créditos terminan en un fracaso y las viviendas terminan abandonadas", dice César del Pardo, de la Central Unitaria de Vivienda
"Y luego, es el caso en donde hubo convenio de compra-venta o créditos hipotecarios con empresas constructoras e inmobiliarias que cuando caen en crisis, en la liquidación que tienen que hacer con Hacienda no logran pasar todas las viviendas y se convierten en bienes vacantes", explica.
Esos bienes vacantes, alguien se tiene que quedar con ellos y hay dos maneras de poder quedarse con ellos.
"Una, es el 'robo hormiga' de bienes vacantes en donde por medio de prescripciones amañadas, porque ni siquiera se tiene posesión, las aplican particulares", asegura.
Esos bienes vacantes, "son miles de casas que están ocupadas y que no tienen un mecanismo legal para resolver la situación de certeza jurídica".
El otro tema es el de las invasiones, que también es un tema que se tiene que ver aparte.
El más interesante es el tema de los bienes vacantes.
El Gobierno de Sonora, como Estado soberano, "no tiene ninguna capacidad jurídica para poder adjudicarse los bienes vacantes y por lo tanto se convierten en un objetivo de quien que de alguna manera especula con la vivienda puede usar infinidad de recursos como, por ejemplo, las prescripciones y las cesiones de derecho para adjudicárse el bien perjudicando al posesionario original".
Hay otros términos que se han usado para apropiarse de esos inmuebles que es el "declarativo de abandono", como el que hace el Ayuntamiento de Hermosillo que eso también lo tiene que revisar el Gobierno del Estado porque para hacer un declarativo de abandono tiene que tener el aval del Congreso o del gobernador, si no el declarativo queda en una situación de ilegalidad.
En ese contexto, "nosotros consideramos que el Gobernador puede hacer este tipo de expropiaciones porque hay sectores, franjas grandes de la sociedad, que tienen posesión de esas viviendas vacantes, por ejemplo en Las Lomas de Hermosillo, en la Nuevo Hermosillo, en el Barrio Chino de Nogales, en Joyas del Parque en San Luis, y en en Navojoa, Huatabampo, Obregón, etcétera y como no hay un dueño cierto, el gobernador puede expropiar porque no tiene el riesgo de que los sectores que se dedican a la iniciativa privada puedan protestar porque esos bienes se vienen convirtiendo como la infraestructura, gratis, de las prácticas antisociales".
Si se aplicara ese término de expropiación en ese sentido, en las posesiones vivienda, "la sociedad lo aplaudiría porque le van quitan la infraestructura a las prácticas ilegales como 'picaderos', cementerios y otras prácticas no legales, entonces sí sería posible".
Sin embargo queda limitada la expropiación, "aquí lo que tiene que hacer el Gobernador y lo que debería hacer el Estado de Sonora, el Congreso, es buscar la manera para que la Ley Federal de Vivienda sea modificada en los términos de la expropiación de bienes vacantes, porque si se modifica la Ley Federal esto implica que le da margen que se adecuen las leyes estatales y el Estado se pueda apropiar de estos bienes".
DP: ¿A cuánto asciende el número de viviendas abandonadas en Sonora?
César del Pardo. "Es muy conocido cómo se apropian de los terrenos, sobre todo en zonas turísticas de alto valor en Peñasco, Bahía Kino y San Carlos, pero además también es notorio cómo se ha hecho en los predios grandes que dejaron bancos o que dejaron personas físicas, como para el lado de la Carretera 26, donde estamos hablando de 10, 15, 20 hectáreas que podrían servir para el uso común.
Entonces estamos haciendo un cálculo del 10 por ciento de los inmuebles del Estado, o sea, no es una cantidad menor, es algo extraordinario, por eso la importancia de que se manejen ese tipo de parámetros para poder abordar bien el problema de la vivienda.
El Gobernador por ejemplo, lleva a cabo una campaña de certeza jurídica, pero lo que está haciendo el Gobernador con la certeza jurídica, que no está mal, pero es limitado, es titular a quienes por alguna razón se les entregaron predios o lotes propiedad del Estado o propiedad federal que no fueron regularizados, ese rezago está correcto, pero falta ese espacio que es el más complicado, donde no hay un dueño cierto".
DP: Vuelvo a la pregunta, ¿de cuántos estamos hablando?
César del Pardo: "Alrededor de 35 mil, es muchísimo.
En realidad ese es un campo que está abandonado, no hay una alternativa para ese sector de la población.
Vamos a ver, por ejemplo, dos casos: El Barrio Chino de Nogales.
Ahí hay gente con 30 años en posesión de esa vivienda con una empresa que hace muchos años desapareció.
O por ejemplo, en la Nuevo Hermosillo con Las Carretas que hace muchos años, que “Mi Techo” también hace muchos años que desapareció.
¿Qué alternativa tiene la gente para poder darle certeza jurídica?
¡Ninguna!
Sólo que prescriban y es muy limitado porque hay gente de muchos escasos recursos.
¿Y qué alternativa tiene el Estado?, ninguna que no sea la expropiación.
Entonces el Estado debe expropiar los bienes vacantes sin dueño cierto, donde no tiene ninguna alteración, esos sí los debe de expropiar el Estado".
DP: ¿Y por qué no lo hace?
César del Pardo: "El Estado no ha querido expropiar porque hay una confusión, el término expropiación prácticamente aterroriza a la iniciativa privada y a veces se maneja como un término peyorativo, pero en los modelos de expropiación, donde más genera polémica, es cuando la expropiación es dirigida a un particular o a un representante moral.
En este caso no existe tal, ni es a un particular, ni es a un dueño moral, es una propiedad vacante.
Entonces, seguramente quienes están en la iniciativa privada, ese tipo de expropiación sí la pueden aplaudir porque garantizaría abonarle a la tranquilidad social en el Estado".
DP: ¿Quiénes lo pueden hacer, el Congreso puede actuar en esto?
César del Pardo: "Bajo iniciativa del Gobernador, el Congreso tiene que aprobar el Decreto de Expropiación".
Javier Millanes: "La única limitación que tenemos en ese sentido, es que no debe contravenir lo dispuesto en la Ley Nacional de Vivienda, pero el Estado tiene la facultad de iniciar un proceso legislativo que le permita, de alguna o de otra manera, apropiarse de los bienes declarados como vacantes o con dueño incierto a efecto de dar un beneficio social a las familias necesitadas de alguna vivienda o de un solar".
DP: ¿Incentiva la corrupción?
César del Pardo: "Sí, porque, a ver, vamos a tocar los dos temas.
El Gobernador tiene dos opciones, una es apropiarse de los bienes vacantes y la otra es expropiar los bienes vacantes.
La apropiación no la puede hacer el gobierno porque hay una limitación legal; pero la expropiación sí, porque si el Gobernador no lanza una Ley de Expropiación permite que ese campo vacío sea sujeto a especulación inmobiliaria, por eso se han hecho infinidad de prescripciones sin tener posesión.
Entonces ahí se puede presumir que los jueces y notarios están involucrados y hay muchos testimonios de esa índole.
Lo de los bienes vacantes es una realidad.
Todo Urbi de Las Lomas de Hermosillo, donde están más de 600 viviendas de alta plusvalía, son viviendas que carecen de dueño cierto y si no se expropia por parte del Estado, que es el único recurso que tiene, eso va a ser sujeto a que haya una serie de especulaciones y desorden social".
DP: ¿Son viviendas habitadas?
César del Pardo: "Son habitadas, que tienen a la gente en medio de la incertidumbre jurídica porque no hay una certeza.
Entonces el Gobernador tiene que aprovechar su interés de crear certeza jurídica y sin tener a equivocarse, una expropiación donde existen dueños inciertos, eso va a ser completamente aceptada por la sociedad sonorense porque gente la tranquilidad y la certeza jurídica".
DP: Y a la gente como ustedes interesados en la regularización, les ponen trabas, ¿cuál es el trato que se les da? porque se les llama "líderes invasores", cuando el realidad, por lo que me dices, los invasores son otros.
César del Pardo: "Por ejemplo, le decía una vez al Gobernador, cómo las casas de Banca Cremi, de más alta plusvalía en Obregón, se habían quedado gente de un alto poder económico.
O si se investiga, los terrenos del sur de la ciudad, que eran propiedad del Gobierno del Estado, por El Múzaro, que no son pequeños pedazos sino terreno 15, 20, 30 hectáreas, quienes se quedaron con ellos fueron gente que estaba ligada a la política y de alguna manera los invadieron con argumentos legales, pero no dejan de ser invasores".
DP: Claro, tienen información privilegiada y la utilizan para su beneficio, por ejemplo, en el caso de Bahía Kino, si el Gobierno del Estado hace una investigación de los bienes que eran del Banco del Atlántico de Banca Cremi y de Banca Serfin, van a salir los nombres de las personas que se dedicaron a prescribir sin tener posesión y eso es algo especulativo.
Javier Millanes: "Y eso es ilegal.
Es ilegal el procedimiento que utilizaron ese tipo de personas o instituciones para dañar inclusive al erario público, porque éste pudo haberse visto beneficiado con un proceso de expropiación y con la reasignación de esos predios a otros propietarios, pero como en su momento ellos tenían información privilegiada por estar en el Gobierno, en alguna Notaría o en un lugar de privilegio que le permitiera conocer la incertidumbre jurídica en la que se encontraba dicho bien.
Esa circunstancia fue aprovechada por ellos y prescribieron a su favor dichos inmuebles con una alta plusvalía sin tener ningún derecho a ello, porque ni siquiera ejercieron la posesión como legítimamente lo reclama el Código Civil el Estado de Sonora".
DP: ¿Y ahí qué es lo que pasa?
César del Pardo: "Ahí lo que se puede hacer es buscar un proceso de anulación.
Ahí el Estado sí tiene recursos para anular los títulos por haberse presentado ese tipo de irregularidades.
Ahorita todavía tiene tiempo el Estado de intervenir con los bienes vacantes".
DP: ¿Sienten ustedes que puede prosperar este llamado de atención sobre la problemática de la vivienda al Gobierno del Estado?
César del Pardo: "Yo creo que el Gobernador Durazo sí tiene voluntad.
Ahorita nosotros estamos formando un equipo juríco que lo encabeza el abogado Javier Millanes para hacerle una propuesta de expropiación.
Yo creo que al Gobernador sí le interesa.
Me parece que también existe una limitación dentro de los equipos del Gobierno del Estado en torno a este tema, no hay seguimiento, no hay claridad en lo que está pasando porque no son pequeños sectores.
Si tomamos Las Lomas como ejemplo y decimos que el 40 por ciento de las casas ahí están en situación de vulnerabilidad desde 20 años atrás, no es un asunto menor, estamos hablando que de 10 casas, 4 no tienen certeza jurídica, y eso es muchísimo.
En la Nuevo Hermosillo o Terranova, te vas dar cuenta que el 35 por ciento de las viviendas tampoco tienen certeza jurídica.
Son sectores bastantes considerables por lo tanto el Gobierno no lo puede soslayar.
Es un tema pendiente y que sí lo tienen que arreglar".
DP: ¿Estamos hablando de un problema grave?
Javier Millanes: "Sí, muy grave, porque no hay certeza jurídica en la tenencia de la vivienda para las clases más necesitadas de la población.
Los créditos de Infonavit por más de 25 años duraron en veces el salario mínimo y en vez de disminuir la deuda, crecía, y se convirtieron en deudas impagables y lo que hizo la gente fue abandonar la vivienda porque no les quedaba de otra y ahora se convirtieron en fosas clandestinas, en mataderos, en 'picaderos', en tranzas para notarías y en corruptelas para muchos líderes venales que amañados con notarios y con funcionarios públicos, se aprovecharon de las circunstancias de ese tipo de fraccionamientos vulnerables y se aprovecharon para quedarse con ellos".
DP: La cantidad que estamos hablando, ¿es del Estado o nada más del Municipio?
César del Pardo: "Hay que separarlos.
Lo que está hablando ahorita el licenciado Javier Millanes, corresponde a un sector formal que son los créditos hipotecarios del Infonavit que por ser impagables, genera que se abandone la vivienda.
El otro de los sectores vacantes, son constructoras, son inmobiliarias que fracasaron, que entraron en crisis en el 2008 y que en la liquidez que se hace en Hacienda, no pasaron, por lo tanto esos inmuebles quedaron en forma vacante, y esos bienes que están vacantes y tienen posesionarios no tienen una alternativa para darles una salida.
El otro tema es los bienes vacantes que no tiene posesionarios y que son sujetos a especulación porque entonces, cualquiera que tenga información privilegiada pueda apropiarse de ellos, como se ha dado en los casos de más alta plusvalía, sobre todo en los fraccionamientos residenciales y en las áreas turísticas.
Esos tres aspectos eso un problema de la crisis que hay en la vivienda en Sonora en el Infonavit:
Los bienes vacantes que están ocupados y los bienes vacantes que están desocupados.
A modo de resumen, la política del Infonavit, su sistema de crédito permite que haya casas abandonadas, pero los bienes vacantes ocupados son derivados de empresas que perdieron la capacidad de comercialización y que no pasaron la liquidez por medio de Hacienda y se convirtieron en bienes vacantes. Los otros son bienes vacantes que no tienen posesionarios y que son objeto de especulación inmobiliaria en el Estado.
Los créditos del Infonavit son muy largos, con altos intereses y con un tiempo prolongado de 30 años.
Eso lo convierte en un crédito prácticamente impagable.
Pero hay otro sector en donde bancos, constructoras, inmobiliarias y demás, en su periodo de crisis ha dejado infinidad de bienes vacantes, los cuales han sido ocupados por miles de sonorenses y que no tiene un mecanismo legal para poderles dar certeza jurídica a esas viviendas que están ocupadas.
Y hay otro sector de bienes vacantes que no son ocupados y que objeto de especulación por quienes conocen y tiene información privilegiadas para apropiarse de ellos.
Entonces, el Estado como carece de un recurso de apropiación tiene que hacer uso del recurso de expropiación porque son bienes de dueños cierto, ahí no va a haber ningún reclamo sino que va haber una aceptación social porque evita desbaratar una infraestructura para prácticas ilegales y dar certeza jurídica.
Nosotros tenemos una organización debidamente registrada que se llama Central Unitaria de Vivienda y en esa organización nosotros tenemos una serie de asesores jurídicos que son los que contribuyen a darle formalidad a la adquisición de la vivienda y con nuestras limitaciones, poder hacer prescripciones, en este caso asociación.
El compañero abogado Javier Millanez y Betel Valenzuela, son los encargados de hacer el marco jurídico para irse adjudicando a las viviendas a las familias humildes.
Si el Estado asume ese papel, de regularizar y darle certeza jurídica a personas que tienen posesión en bienes vacantes, sería un gran aporte a la certeza jurídica de la vivienda en Sonora".
DP: ¿Algo más que decir licenciado Millanes?
Javier Millanes: "Aquí lo fundamental es adecuar el marco jurídico, que es inexistente en este momento, a efecto de que el Estado como gobierno tenga la posibilidad legal de apropiarse de los bienes vacantes para solventar las necesidades de vivienda de la población más vulnerable, no existe nada más que la población".
DP: ¿Le quedará claro al Gobernador y a su gente, a los legisladores los beneficios de lo que están planteando?
César del Pardo: "Hay muchas voces, hay unos que luego infunden el temor por la palabra expropiación, pero ahí el Gobierno del Estado, como decía Maquiavelo, 'todo depende de un discurso adecuado'.
Si la expropiación implica tranquilidad social, implica certeza jurídica y no afecta a particulares, va ser aceptado.
Es un problema que también tiene que procesar el discurso".
El nuevo titular de la Secretaría de Energía Miguel Ángel Maciel Torres nombrado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene el compromiso, no sólo de echar a andar una de las obras emblemática del presente gobierno, la refinería de Dos Bocas, cuestionada por un sobrecosto de 17,000 millones de dólares, el doble de lo que se dijo costaría, además de estar envuelto en conflictos de interés, corrupción y opacidad, como se ha exhibido en los medios de comunicación e incluso a la fecha no ha refinado ni un litro de gasolina.
También deberá informar lo que no quiso hacer su antecesora, la zacatecana y aspirante a la gubernatura de Veracruz Roció Nahle que tiene el abal presidencial, sobre el presupuesto anual que se asignó a la refinería Dos Bocas, en Tabasco, de acuerdo con lo que instruyó, el pasado 12 de octubre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Lo anterior bajo el argumento de la comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, quién dejo en claro que “La transparencia es la pieza clave para comprobar el correcto manejo de los recursos públicos y, además, de la rentabilidad de este proyecto, también depende su papel como detonador del acceso a la energía asequible, segura, sostenible, tal como lo establece el objetivo siete de la Agenda 2030″.
Solo que Miguel Ángel Maciel Torres, quien fuera Subsecretario de Hidrocarburos de la secretaria de Energía fue nombrado por Roció Nahle y al momento de su nominación, era Gerente del Proyecto de Desarrollo Lakach, un proyecto en estancamiento al que se le invirtieron cuantiosos recursos que son costo hundido.
Maciel realizó el Análisis Costo-Beneficio del contrato 420834802 "Ingeniería, procura y construcción de la Estación de Recolección de Gas en el Campo Lakach" donde determinó que el proyecto era técnicamente viable a pesar de que todos los indicios eran negativos. El precio del gas era reducido lo que generaba pérdidas potenciales enormes.
Los datos indican que el proyecto causó un perjuicio a Petróleos Mexicanos no cuantificado en el que se hablan de más 3 mil millones de inversiones sin que se haya producido gas por lo que se menciona un daño patrimonial por gastos no recuperables por un monto de 38 millones de pesos es decir 875 mil 585.44 más aproximadamente, más los 3 millones de pesos en su equivalente en dólares americanos, correspondientes a lo que se conoce como Gastos No Recuperables a favor de la empresa Arendal S. de R.L. de C.V., una empresa con historial de irregularidades en Pemex.
La realidad del caso es que reactivar el campo Lakasch implicó un contrato con la empresa New Fortress Energy que tiene los inconvenientes siguientes: Se involucra un contrato de mil 500 millones de dólares. Un pago oneroso de más de dos millones de pesos sin negociar descuentos como es normal en la industria con la empresa SAIPEM.
Para que este contrato no fuera delictivo tendría que haber un dictamen de Auditoria, lo cual no fue el caso, pero si, esa erogación desestabilizo aún más las finanzas muy deterioradas de Pemex, lo que causó retrasos en los pagos a proveedores situación que amenaza con afectar, tremendamente la producción de Pemex y para intentar quitarse su mala administración financiera la administración de Pemex acusó a la SHCP de sus males, dando a conocer públicamente un oficio de Pemex a la SHCP.
Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias/Corresponsal en México
Cananea, Sonora (IN).- Las víctimas del Grupo Mexico formarán un frente unido y protestarán contra Germán Larrea.
Integrantes de la Sección 65 informaron a este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS un Manifiesto a la Nación y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este, los afectados anuncian que exigirán a Germán Larrea la reparación del daño y que pague por los delitos cometidos por Grupo México.
En un frente unido, "vamos a salir como un solo hombre el viernes 20 de octubre, en busca de Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, que es el verdadero responsable de todas las tragedias en perjuicio de los habitantes de Cananea".
Exponen que "los mineros de la Sección 65 del S.N.T.M.M.S.S.R.M. exponemos que durante más de 16 años de lucha constante a la vez que desigual en contra de Grupo México ha sido por la defensa de nuestros derechos humanos y laborales que arbitrariamente trataron de aniquilar".
Precisan que "fue hasta el 28 de mayo de 2021 que la C.I.D.H. admite nuestras denuncias al habernos negado el acceso a la justicia en nuestro país contemplado en los tratados internacionales (OEA)".
Lo anterior, "basados en los principios de la C.I.D.H donde el Estado Mexicano, nuestro sindicato y las víctimas trabajadores mineros de Cananea y sus familias (caso 14575) hemos logrado acuerdos que han beneficiado a los 657 mineros".
Por ello, "seguimos avanzando en el acuerdo de solución amistosa propuesto por la C.I.D.H.".
Agregan que "hoy vemos que en el gobierno que usted dignamente preside, ya no manda Grupo México de Germán Larrea Mota Velazco".
En este sentido, "aplaudimos la labor tan importante que viene realizando la Semarnat, en su dictamen que emite al reabrir el caso sobre la contaminación emitida el 6 de agosto de 2014 por el derrame de acidulados de cobre cargados de metales pesados a los ríos Bacanuchi y Sonora por la empresa propiedad del magnate Germán Feliciano Larrea Mota Velazco dueño de Grupo México".
Los trabajadores "advertimos y denunciamos ante la Profepa EXP. PFPA/SON/DQ/78/0016-08, con anticipación las graves condiciones de seguridad en la minera causando el peor desastre ambiental en la historia de nuestro país".
Ello mediante la corrupción y el tráfico de influencias con la que se conducían, los 3 niveles de gobierno lavaron y limpiaron los derrames provocados por Grupo México".
Hoy "vemos que su gobierno reabre estos expedientes secretos para poder tener acceso a la verdad, comprobando en su gobierno los graves niveles de contaminantes que existen desde Cananea hasta Hermosillo, poniendo en riesgo la salud de los habitantes por la explotación desmedida, rapaz y agresiva de la minera Buenavista del Cobre".
Dicha empresa día a día "saquea la riqueza de nuestro país a costa de lo que sea, lo que la convierte en una empresa enemiga de los trabajadores y de los habitantes de las comunidades".
Ante estos hechos criminales de Grupo México y su dueño Germán Larrea, "los mineros de la Sección 65 hemos acordado en nuestra asamblea de fecha 9 de octubre continuar con las protestas en contra de Grupo México por todos estos abusos en contra nuestra y de los habitantes de Cananea".
Por lo anterior, "vamos a salir como un solo hombre el viernes 20 de octubre en busca de Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, que es el verdadero responsable de todas las tragedias en perjuicio de los habitantes de Cananea".
"Estamos muy ofendidos por todos estos hechos tan lamentables que no sólo marcaron nuestras vidas".
Además "afectaron las generaciones futuras en venganza por señalar su lado más oscuro e inhumano a la sociedad mexicana".
Grupo México "ha utilizado la corrupción para la destrucción no sólo de la gran familia minera de la Sección 65 sino además, con este grave atentado al medio ambiente que afecta a miles de personas que hoy padecen las consecuencias de lo tóxico de sus aguas de sus ríos contaminados con la aprobación de la impunidad de sus gerentes de Estado que se lo permitían".
Sonsienen que "no permitiremos más atropellos en contra de los sonorenses, como Sección 65, nos sumamos y respaldamos con acciones fuertes en contra de Buenavista del Cobre".
"Estamos dispuestos a recuperar nuestra materia de trabajo que se nos arrebató ilegalmente con el uso de la fuerza pública, no nos van a poder callar y lo vamos hacer cueste lo que cueste, hasta que la justicia llegue para quedarse y se haga costumbre, todo esto en apoyo a la decisión tomada por nuestra instituciones que usted dignamente dirige y que ahora en su gobierno se tocan a estos empresarios corruptos que desde el Salinismo fueron intocables y gozaban de total impunidad que los gobiernos neoliberales les otorgaban".
Por ello exigimos "reparación y restitución de nuestros derechos humanos y laborales que desde la llegada de Grupo México a Sonora ha venido violentando sistemáticamente con los 3 niveles de gobierno".
Además, "castigo ejemplar a Grupo México y su dueño Germán Larrea Mota Velazco para que estos hechos criminales no se repitan".
También solución a las 3 huelgas mineras Taxco, Guerrero, Cananea, Sonora y Sombrerete Zacatecas.
Se vende la "Abelardo L. Rodríguez" y se tira el Acueducto Independencia
Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Hermosillo, Sonora (IN).- La ambición no tiene límites y menos cuando de recursos públicos se trata en Sonora.
Disponer discrecionalmente del erario, es una costumbre de políticos, gobernantes y empresarios que sin pudor, despojan lo pìblico a la sociedad.
Y lo peor aún, convertir el acueducto que costó más de 5 mil millones de pesos en un "elefante blanco" como tantas obras de gobierno en Sonora.
Hoy, la presa "Abelardo L. Rodríguez" y el Acueducto Independencia serán despojados a los hermosillenses.
El Plan Hídrico del gobernador Alfonso Durazo así lo contempla.
Primero, vender el 75 % de los terrenos del embalse de la presa, unas 2 mil 100 hectáreas, en 5 mil millones de pesos a empresarios y constructoras.
Con esos recursos que pretenden obtener, planean financiar la construcción de tres represos y las obras de "La Sauceda".
A más de 5 meses del anuncio de la remodelación del parque recreativo, niegan corrupción por 100 mdp porque ni siquiera han licitado la obra pues el Gobierno del Estado carece del proyecto ejecutivo.
Entonces, ¿de qué sirvió la devastadora guerra mediática y la división de Sonora en Norte y Sur a causa de los múltiples litigios si el Acueducto Independencia no tendrá el uso para lo cual fue construida?
Más de 4 mil millones de pesos en la construcción y mil millones en pagos de desplegados, banners publicitarios, propaganda impresa y volantes a la basura.
Comentarios en radio, compra de conciencias de periodistas sin escrúpulos, reportajes en televisión, publicidad casa por casa y un desgaste socio-político, no fueron suficientes para utilizar de manera digna la obra hidráulica que representa la caja de los huevos de oro del ex gobernador Guillermo Padrés.
Despojo de tierras, demandas, extravío de documentos oficiales como cartas de derechos de agua, extorsión, persecución política, hostigamientos, amenazas a jueces, ambición, tráfico de influencias, agresiones físicas, mentadas de madre y un derroche inmisericorde de recursos públicos han sido la constante en esta batalla entre los del Norte y los del Sur.
Hoy, la intención de Durazo es
cancelar la presa "Abelardo L. Rodríguez" y en vender terrenos.
“La presa Abelardo L. Rodríguez después de 75 años de uso está completamente azolvada y hace 50 años que no aporta una sola gota de agua a la capital", argumenta.
Además, "en cambio, tenemos un acueducto de la presa del Novillo que lleva entre 20 y 30 millones de metros cúbicos de agua a la capital”.
El gobenador dice que "si le diéramos uso a esa presa, podríamos dejar el Acueducto Independencia como recurso de emergencia y aprovechar óptimamente el agua de la presa el Molinito“.
El Plan Hídrico contempla cancelar la presa "Abelardo L. Rodríguez", continuar el desarrollo urbano del Vado del Río en Hermosillo y dejar sólo un vaso regulador en la presa.
Además crear un fideicomiso de 5 mil millones de pesos con la venta de 2 mil 100 hectáreas de terrenos de la presa.
Utilizar lus 5 mmdp para construir tres represos:
Las Chivas, Sinoquipe y Del Sol.
También construir un acueducto en cada una de las 3 nuevas presas que lleven agua a Hermosillo.
Dejar de utilizar el Acueducto Independencia.
Se construirán tres presas para abastecer a Hermosillo y estarán listas en 2027 para asegurar agua en próximos 30 años.
La Comisión Estatal del Agua (CEA) del Gobierno de Sonora proyecta construir tres presas.
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano dice que "Sidur le comunicó al gobernador que se podía arrancar en este año una primera etapa de 100 mdp; sin embargo, al no contar con el proyecto ejecutivo, porque la empresa no hizo buen trabajo, no está listo, no hay ingenierías listas, ni los costos definitivos para ir a una licitación".
Justifica que "quien observe o visite 'La Sauceda' dirá ¿dónde hay 100 mdp?, la pregunta es ¿ya se licitó? no, no se ha licitado”.
El secretario de Hacienda, Omar del Valle dice que "eso es tema que tendrá que hacer Cedesen su administración, cuánta gente va a ocupar para administrar cada una de estas secciones".
Afirna que "se va a hacer, pero se tiene que hacer con etapas y con mucho cuidado y comunicándolo mejor, al día de hoy es interés del gobernador y es nuestro compromiso sacarlo adelante”.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el pasado cuatro de octubre, la salida de Roció Nahle al frente de la secretaría de Energía para buscar ser la primera mujer gobernadora de Veracruz, el cuarto estado más poblado del país, cinco nombres se barajean. para llegar al cargo.
Por: Ernesto Madrid
Quién llegue, tendrá el compromiso de echar a andar una de las obras emblemáticas del presente gobierno, la refinería de Dos Bocas, cuestionada por un sobrecosto de 16.000 millones de dólares, el doble de lo que se dijo costaría, además de estar envuelto en conflictos de intereses, corrupción y opacidad e incluso a la fecha no ha refinado ni un litro de gasolina.
Un candidato que suena fuerte es Miguel Ángel Maciel Torres, actual Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía nombrado por Roció Nahle. Al momento de su nominación, era Gerente del Proyecto de Desarrollo Lakach, un proyecto en estancamiento al que se le invirtieron cuantiosos recursos que son costo hundido.
Maciel realizó el Análisis Costo-Beneficio del contrato 420834802 "Ingeniería, procura y construcción de la Estación de Recolección de Gas en el Campo Lakach" donde determinó que el proyecto era técnicamente viable a pesar de que todos los indicios eran negativos. El precio del gas era reducido lo que generaba pérdidas potenciales enormes.
Los datos indican que el proyecto causó un perjuicio a Petróleos Mexicanos no cuantificado en el que se habla de más 3 mil millones de inversiones sin que se haya producido gas por lo que se menciona un daño patrimonial por gastos no recuperables por un monto de 38 millones. de pesos es decir 875 mil 585.44 más aproximadamente, más los 3 millones de pesos en su equivalente en dólares americanos, correspondientes a lo que se conoce como Gastos No Recuperables a favor de la empresa Arendal S. de RL de CV, una empresa con historial de irregularidades en Pemex.
La realidad del caso es que reactivar el campo Lakasch implicó un contrato con la empresa New Fortress Energy que tiene los siguientes inconvenientes: Se involucra un contrato de mil 500 millones de dólares. Un pago oneroso de más de dos millones de pesos sin negociar descuentos como es normal en la industria con la empresa SAIPEM. Para que este contrato no fuera delictivo tendría que haber un dictamen de Auditoría, lo cual no fue el caso, pero si, esa erogación desestabilizo aún más las finanzas muy deterioradas de Pemex, lo que provocó retrasos en los pagos a proveedores situación que amenaza con afectar tremendamente la producción de Pemex y para intentar quitarse su mala administración financiera la administración de Pemex acusó a la SHCP de sus machos dando a conocer públicamente un oficio de Pemex a la SHCP. (Ver anexo).
Otro de los nombres que suena es el de Manuel Rodríguez González, actualmente es Diputado Federal por Mayoría Relativa por el distrito 4 de Tabasco, puesto que ocupa desde el 1° de septiembre de 2018, en el cual cabe destacar que, respecto a la Ley Minera, iniciativa del presidente de la República, el diputado Manuel Rodríguez aclaró que no será posible que las reformas salgan en el período de la sesión, mientras su compañero de bancada Ignacio Mier aseguró lo contrario. Esto evidencia el juego de facciones al interior del partido gobernante.
También están incluidos los nombres de la comisionada Paola Elizabeth López Chávez quién es ingeniera petrolera pero no tiene mucha experiencia en el campo energético ya que es una nueva funcionaria de la cuarta transformación y pese a que el presidente la tiene en buena estimación, el amigo de López Obador, Octavio Romero, director de Pemex, la quiere sacar porque denunció a Miguel Ángel Lozada Aguilar que fue destituido en 2019 de la dirección general de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex-PEP) Exploración y Producción e inhabilitado por 10 años tras verso implicado en la “Estafa Maestra, lo que constata que la comisionada, no es a fin a la corrupción.
Abraham David Alipi Mena, el actual director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural es muy amigo del hijo del presidente 'Andy', Andrés López Beltrán por lo que resulta ser el candidato del primogénito del presidente, que no tiene un historial muy limpio por privilegiar a sus amigos.
Y por último está la Senadora Rocío Abreu Artiñano, quien también aspira al cargo, solo que fue sorprendida de recibir dinero en Cash en Campeche además de ser una exmilitante priista aliada a Alejando Moreno 'Alito' y es protegida de la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores que no tiene un historial muy honesto detrás de su carrera política.
Le preguntará sería a ¿quién cree usted que nombrará secretario de Energía el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias/Corresponsal en México
Ciudad de México (IN).- La hora del juicio llegó para el Grupo México.
La denuncia penal interpuesta por la 4T contra la poderosa transnacional minera propiedad de Germán Larrea, es el principio del fin.
Tras el anuncio de la titular de Semarnat, la empresa registró pérdidas millonarias en sus acciones.
Grupo México perdió 12,067 millones de pesos en valor de capitalización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Las víctimas del abuso, devastación, contaminacíón, muerte, corrupción e impunidad, alzarán la voz y exigirán justicia que será escuchada en todos los rincones del mundo.
Este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, publicó un posicionamiento nacional de la Sección 65 donde pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador "reabrir todos los casos impunes de Germán Larrea".
Lo anterior, porque "Larrea debe pagar por todos sus delitos en Sonora y México".
En este sentido se pronunció la Sección 65 que enlistó una larga "estela de corrupción e impunidad del dueño de Grupo México coludido con autoridades de los tres niveles de Gobierno y Poderes de la Unión".
Además piden al presidente que "no le tiemble la mano" y lleve a juicio al empresario.
Los mineros huelguistas de Cananea expresan que "una vez más el barón Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, se ve envuelto en serias acusaciones que lo señalan en actos delictivos como ya es su costumbre".
Por ello "es oportuno señalar que ahora no son las víctimas los que los acusan de innumerables atropellos, sino nada más y nada menos que el gobierno de la 4 Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador".
Lo anterior por desconocer los acuerdos firmados "por los directivos de Grupo México y el Gobierno federal de retirar las demandas por 5 mil millones de pesos, por el tramo 5 sur del tren Maya y la retención de recursos públicos propiedad del Estado mexicano, después de haber dado por terminado el contrato por incumplimiento.
Esto derivó que tomara posesión la Marina para continuar con este importante proyecto que beneficiaría a miles de mexicanos en el Sureste del país.
Precisan que "para nosotros, como víctimas de este barón Germán Larrea, no es nada nuevo, hay que recordar que aún tiene deudas pendientes no sólo en Sonora".
Describen que la huelga que mantienen los mineros de Cananea pertenecientes a la Sección 65, misma que "desde su inicio fue legal luego de recorrer todos los tribunales en materia de trabajo el 14 de abril de 2009, así nos la teconocen y al mismo tiempo una jugada perversa e ilegal de parte de la empresa y autoridades del Trabajo con el apoyo y respaldo de unos de sus abogados más corruptos, Fernando Gómez Mont".
El ex secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón "y su porro Javier Lozano Alarcón; los 3 en la nómina de Grupo México los mismos que golpearon al SME y a Mexicana de Aviación".
Ellos "nos robaron el estado de Derecho, al negarnos garantías judiciales, obstaculizando en todo momento el acceso a la justicia".
Este grupo formuló "la terminación de la huelga por causas de fuerza mayor no contemplada en la ley y con una inspección por parte de sus cómplices de la Secretaría de Economía que nunca se llevó a cabo y que el día 6 de junio de 2010, rompiera la huelga con más de 5 mil elementos de la Policía Federal comandada por el hoy delincuente preso en EU, acusado por delincuencia organizada y narcotráfico, Genaro García Luna".
Narran que "en ese entonces, el único que se pronunció por los mineros, aparte de sus dirigentes nacionales y locales, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador".
El presidente "calificó el acto como abuso de poder, por el tráfico de influencias y las malas decisiones de las autoridades".
Sin embargo, "esto no limitó nuestra lucha como mineros, sino todo lo contrario, de la mano de nuestros dirigentes del Sindicato Minero Nacional buscamos la justicia en el plano internacional".
De esta manera "fue como se llegó a la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humano), quien después de valorar nuestro caso en mayo del 2021, aceptó las graves violaciones a nuestros derechos humanos".
En la estela de impunidad está la peor tragedia ambiental en la historia de la minería moderna de México.
En esta tragedia "se derramaron más de 44 mil metros cúbicos de acidulados de cobre cargados de metales pesados, esta pudo ser evitada si las autoridades hubieran atendido las demandas de los mineros de la Sección 65".
Desgraciadamente, "el 6 de agosto de 2014 la vida les cambió y afectó severamente a más de 25 habitantes de los 8 municipios de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, quedando demostrado que los gobiernos de Enrique Peña Nieto fueron cómplices directos del barón Germán Larrea".
El propio gobierno levantó la contingencia dejando "abandonados a su suerte a los afectados, sin remediar los ríos más importantes del estado de Sonora".
De esta manera, "se les negó la reparación integral de los daños provocados al verter sustancias tóxicas cargadas de metales pesados y que hasta el día de hoy la empresa responsable Grupo México sigue gozando de total impunidad".
El 9 de julio 2019, la empresa Metalurgia de Cobre S. A. de C. V. subsidiaria de Grupo México, derramó más de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, sin que hasta el momento se le aplique un castigo.
Además de los innumerables volcamientos de las pipas de Ferromex que a diario transitan por las vías que conectan hacia el extranjero con Nogales y Agua Prieta.
En múltiples ocasiones han generado varios descarrilamientos y derrames en Esqueda, Sonora, Agua Prieta Naco y Santa Cruz, Nogales, sin que las autoridades se atrevan a tocar ni con el pétalo de una rosa.
Son innumerables los "actos delictivos los que se le atribuyen al barón, nunca olvidaremos el homicidio industrial causado en contra de los compañeros mineros de Pasta de Conchos en Coahuila, donde hasta la fecha siguen sepultados 63 de ellos bajo toneladas de odio y desprecio de este barón Germán Larrea, quien nunca hizo el intento de rescatarlos".
Lo anterior, al contar siempre con el apoyo de la autoridad, "dando por terminada la búsqueda y cancelando el rescate al quinto día de la tragedia, olvidándose de sus viudas y los huérfanos".
De igual manera, "las huelgas mineras de Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas que desde su inicio fueron legales y hasta la fecha no ha habido autoridad que logre sentar al barón de la minera y pueda solucionar las 3 huelgas de las Secciones 17, 201 y 65 perteneciente al Sindicato Nacional que encabeza nuestro presidente y Secretario General, senador Napoleón Gómez Urrutia".
Lis mineros de Cananea señalan "que este barón es y ha sido uno de los principales opositores a la 4 Transformació de nuestro país y enemigo público #1 de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que siempre ha manifestado su descontento hacia su persona, quien además públicamente y mediante una carta firmada por él, solicitó a los trabajadores del país no votar por nuestro presidente".
Su temor más grande "fue ya no tener el control en la Presidencia y las Secretarías de Estado que siempre estuvieron a su favor en contubernio con los poderes Legislativo y Judicial que siempre estuvieron a su servicio".
La corrupción permitió todos los privilegios "al barón que fueron desde no pagar impuestos hasta obtener concesiones mineras, carreteras, explotación de los recursos energéticos puertos marítimos, los que ha obtenido bajo la estela de la corrupción y siempre amparado por los gobiernos en turno quienes le permitieron todos estos abusos para saquear al país".
Como víctimas de todos los agravios cometidos contra el pueblo de México, "sólo exigimos justicia para todas las víctimas que por muchos años hemos buscado el acceso a la justicia, sólo pedimos señor presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiemble la mano para reabrir cada caso y que tengamos las garantías judiciales para poder obtener la justicia tan anhelada que nos fue negada por Germán Feliciano Larrea Mota Velazco y los gobiernos neoliberales".
Esta impunidad y corrupción le permitieron "generar riqueza que lo convirtió en el segundo hombre más rico de nuestro país y el 53 más rico del mundo, pasando para ello por encima de nuestros derechos humanos, que en todo momento debieron ser tutelados por las autoridades en turno y sólo demostraron su empatía y obediencia al barón señalado como el más corrupto de todos los tiempos".
Ernesto Madrid
