-
Carlos Roberto Matty
- Sonora
“No veo el que vayan a ver asesinatos políticos como el que se dieron en algún tiempo, toco madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narco Estado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al descartar que la delincuencia pueda inmiscuirse en las elecciones.
Ernesto Madrid
No obstante, hay muchas señales de lo contrario, la más inmediata, las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) y autoridades de seguridad del gobierno federal que acordaron medidas para garantizar la protección a candidatos y candidatas, así como en eventos como los debates.
De no ser cierto, ¿cómo se explicaría el presidente los 177 mil 942 homicidios dolosos en 62 meses de su gobierno? y su insistencia de que México era un país pacífico y que la incidencia delictiva se ha ido reduciendo, como lo reiteró el lunes pasado el periodista Jorge Ramos que le dijo que es “el presidente con las peores cifras desde la Revolución”.
¿Cómo justificar las y los 102 candidatos que fueron asesinados en las elecciones de 2021 de los cuales 36 eran candidatos o precandidatos, 29 hombres y 7 mujeres, según datos que de la consultora Etellekt?
No por nada, diversos especialistas advierten que estas elecciones de 2024 serán las más violentas que se haya tenido registro, pues en lo que va del actual proceso electoral, han sido asesinados en nuestro país al menos nueve políticos, de los cuales la mayoría eran precandidatos a algún cargo de elección popular.
Por algo el analista Rubén Aguilar advirtió en su columna de Animal Político, que las estadísticas apuntan a que este proceso electoral podría rebasar las alarmantes cifras de aspirantes a políticos asesinados en la elección federal anterior, es decir, la de 2021.
Anote usted a lo anterior, la preocupación de Estados Unidos en donde el exfiscal general de los estados Unidos William Pelham Barr advirtió, antes de las trágicas elecciones de 2021 que “siempre -les- ha preocupado que el gobierno de México vaya a compartir la soberanía con los cárteles y llegar a un modus vivendi con ellos”, lo cual no es casualidad ya que la política, es el difícil arte entre lo posible y lo deseable.
Por eso no resulta casual, porque en política, nada es fortuito y en tiempos electorales, no hay coincidencias, que la información que desmintió el periodista Ciro Gómez Leyva sobre los nexos del López Obrador con el Cartel de Sinaloa en la elección de 2006, que lo habrían financiado, este buscando presentadores de medios, que apoyen su narrativa de que todo es un ‘complot’ en su contra.
Vamos porque las fuentes, en un trabajo periodístico, tiene la misma validez incluso legal, que los documentos, videos, audios, que dan un hecho consumado y más si las revelaciones de la investigación llevada a cabo por la DEA, una agencia que depende del Departamento de Justicia estadounidense —no del Departamento de Estado como erróneamente señaló López Obrador y el periodista— es solo, una señal más de un largo esbozo de información sobre el presunto matrimonio entre funcionarios de la cuatroté y el crimen organizado.
Y así, incluso lo reconoció el propio presidente al señalar que probablemente terminaría su sexenio con un acumulado de 190 mil homicidios, y admitió que “ya no me va a alcanzar el tiempo” para resolver la crisis que en los días de su campaña había prometido arreglar en cuestión de meses, dicho más claro la realidad es contraria a lo que dice, donde se vea hay registro de violencia desbordada y ahí mismo, hay muertos e impunidad, sin contar la corrupción.
Cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que “no somos como los de antes, nosotros somos diferentes”, la realidad es que los datos muestran que su tendencia es igual o peor ya que durante 2023, el 80% de los contratos se entregaron por adjudicación directa.
Ernesto Madrid
Lo anterior se desprende de la vigilancia periódica sobre el gasto público que realiza Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el proyecto de ‘Nuestro Dinero’, en el que desglosa los problemas en las compras del gobierno durante todo 2023.
En el documento, señala que, el gobierno de la ‘transformación’ aumentó de manera inusual los límites legales de montos para exceptuar las licitaciones públicas hasta en 153% lo que le permite entregar contratos cada vez más grandes por adjudicación directa o invitación restringida en lugar de por licitación.
Advierte incluso que IMSS, ISSSTE y DICONSA encabezan la lista de más dinero entregado por adjudicación directa con 97, 33 y 13 mil millones de pesos sin licitación, respectivamente.
Señala que Birmex, la misma empresa que se vio beneficiada con la MegaFarmacia, no tiene ni un solo documento para un contrato de más de 840 millones de pesos para adquisiciones de vacunas, en contraste, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía reportó más del 30% de sus contratos, en total 107, sin subir un solo documento.
En general, señala que, más de 8,600 contratos por adjudicación o invitación restringida no tienen una justificación de por qué no se hizo una licitación pública lo que sin duda, implica huecos de información en el gasto de más de 116,000 millones de pesos.
Lo anterior, como consecuencia de que, en 2023, el número de contratos en los que se publicó la convocatoria de licitación pública después de que inició el contrato fue el doble que en 2022.
Dicho de otra forma, unió de cada 4 pesos que se gastaron en contratos durante 2023 estaban mal clasificados en la plataforma CompraNet: se registraron como “otros”, en lugar de señalar si era licitación pública, adjudicación directa o invitación restringida.
Aunado a lo anterior, precisa que, en 526 contratos, no hay disponible ni un solo documento del proceso de contratación cuyos contratos suman más de 1,708 millones de pesos.
Al cierre de 2023, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda pública a nivel federal– fue de 14.87 billones de pesos (46.8% del PIB) cuyo saldo es 9.6% mayor, en términos reales, al observado en diciembre de 2018 (10.55 billones de pesos), cuando representó 43.6% del PIB.
Ernesto Madrid
Lo anterior implica que, en 2023, el déficit del sector público presupuestario registró su mayor nivel como proporción del PIB desde, por lo menos, 2006 y al cierre de 2023, el déficit público representó el 3.4% del PIB, mientras que el déficit primario fue equivalente al 0.1% del PIB.
Lo anterior se desprende del proyecto #EnLaMira, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que anunció que analizará trimestre a trimestre, a partir de esta primera edición, la situación de las finanzas públicas a nivel federal con el propósito de identificar sus principales avances y retrocesos.
Señala que el creciente nivel de la deuda pública en un contexto de elevadas tasas de interés se reflejó en un incremento en el costo financiero de la deuda del sector público, que ascendió a 1.05 billones de pesos en 2023 –un promedio de 87.1 mmdp al mes– cuyo monto es 21.5% (229.9 mmdp) mayor, en términos reales, al registrado en 2022 (815.2 mmdp), por lo que representó el 12.9% del gasto total del sector público.
Otro dato preocupante, es que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) registró un saldo de 40.5 mmdp al cierre de 2023 el cual es (-)88.7% menor en términos reales al observado a finales de 2018 (279.8 mmdp), equivale a apenas 0.6% de los ingresos estimados para 2024 en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), excluyendo los ingresos derivados de financiamientos (7.33 billones de pesos).
GASTOS
En contraste, en 2023, el sector público registró un gasto neto total de 8.12 billones de pesos (25.6% del PIB): monto 1.8% mayor en términos reales al reportado en 2022 (7.55 billones de pesos) que, en comparación con 2019 (5.79 billones de pesos), esto representa un aumento de 2.33 billones de pesos o 12.6% en términos reales.
Señala que “aunque el gasto en desarrollo social representa el 65.3% del gasto programable total (5.90 billones de pesos), rubros específicos como la educación han perdido peso a lo largo de los últimos 17 años. Mientras que en 2007 la educación representaba el 19.9% del gasto programable, en 2023 dicha proporción bajó al 15.7%: una caída de 4.2 puntos porcentuales”.
En lo que respecta al gasto en pensiones (no incluye los programas de pensiones para el bienestar) este fue de 1.30 billones de pesos y representó 16.0% del gasto total cuya proporción es 7.1 puntos porcentuales mayor a la registrada en 2006 (8.9%) y se explica por el rápido crecimiento de este rubro a lo largo de los últimos 18 años: entre 2006 y 2023, el gasto en pensiones creció a una tasa promedio anual real del 6.8%.
También precisa que, en 2023, el gasto federalizado por habitante fue de 18 mil 210 pesos en donde, la entidad federativa que más recursos federales per cápita obtuvo fue Campeche, con 26 mil 891 pesos, seguida de Colima, Tabasco, Baja California Sur y Nayarit. El Estado de México, con 15 mil 198 pesos por habitante, se ubicó en el último lugar a nivel nacional en esta métrica, todos de Morena a excepción de Colima.
En un escenario en que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una aprobación de 54% de acuerdo con una encuesta de El Financiero, pese a ser acusado de proteger el trafico de influencias y exigir al gobierno de Estado Unidos que se disculpe si no tiene pruebas de que recibió dinero del narcotráfico para su primera campaña presidencial, ahora festejo la postura de la oposición de que apoye la aprobación de la reforma a las pensiones en México.
Ernesto Madrid
No obstante, renegó en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que la Segunda Sala terminó anular su Ley de la Industria Eléctrica el miércoles 31 de enero y advirtió que el Gobierno de México impugnará la resolución bajo el argumento de que es una prueba más del “entreguismo que existe” entre los y las ministras.
“Me dio mucho gusto ayer que los del PRI y hasta los del PAN, fíjense a qué nivel de desesperación o lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle derechos a los trabajadores en cuanto a sus pensiones, primero Zedillo y luego Calderón” dijo AMLO, y aprovechó para pedirles que ahora “ojalá y nos apoyen con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer la industria eléctrica y las empresas públicas.
“Una reforma a la Constitución para que el texto regrese a como estaba antes de la reforma energética (…) “Dejarla como la dejó el presidente López Mateos, porque si no imagínense, cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público”, reclamó.
En el fondo quizás de lo que se trate, por parte de la oposición es un truco por al ver a detalle lo que expresó tanto Rubén Moreira, como Xóchitl Gálvez es con base en una cantidad de condicionamientos a ese presunto respaldo, que, en realidad, no transcenderá, pero para para la sociedad, es sembrar el mensaje opuesto a López Obrador, de que la oposición si está de acuerdo en apoyar a las y los mexicanos.
Lo anterior, porque la oposición estableció de dónde vendrían los fondos para financiar una reforma a pensiones de estas características porque en la propuesta de López Obrador, en el sentido de que al eliminarse los órganos autónomos saldrá el dinero para financiar la reforma de pensiones, es falso ya que, de ninguna manera alcanza.
Y como ‘el diablo está en los detalles’ el mensaje fue claro, que los ciudadanos entiendan que la oposición está más que puesto para la reforma al sistema de pensiones, solo que la instancia que no quiere asegurar los fondos para pagar las pensiones es el gobierno.
Y mientras López Obrador entretenido en defender ante los señalamientos de que esta coludido con el crimen organizado, por eso dijo, sobre los reportajes que los involucran con el narcotráfico que “no acepto eso, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el Presidente de México tiene autoridad moral y autoridad política y si no tiene pruebas tienen que disculparse” a lo que se sumó su candidata Claudia Sheinbaum que aseguró que jamás harán pactos con criminales o pactos criminales.
Y además con la amenaza de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez que respondió que tiene las pruebas que le pidió el presidente, una audioteca de pruebas que no ha hecho pública para no hacer daño al gobierno de AMLO ni a la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero advirtió recibir amenazas de muerte y de entrada, compartió un audio en el que se escucha a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, negociar la recontratación de trabajadores de Notimex.
Al concluir que la propuesta de pensionar a los trabajadores al 100% tal como lo propone el presidente Andrés Manuel Obrador, no tiene sentido si no se focaliza y justifica a qué trabajadores se quiere ayudar, Citibanamex estimó que los costos fiscales podrían representar 430 mil millones de pesos en 2025 (1.3% del PIB), y que aumentarían rápidamente hacia 2% del PIB en menos de diez años.
Ernesto Madrid
Destacó que reconociendo los sesgos actuales de la política social (apoyos a personas de la tercera edad, abandono de la niñez, pagos en efectivo en lugar de dotación de servicios de calidad), debe de precisar a qué personas se va a apoyar ya que pretender una tasa de reemplazo de 100% es excesivo cuando se observa lo que otros países hacen y cuando se reconocen las muy diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes.
En este sentido destaco que, debe reconocerse que el gran problema de los sistemas de pensiones en México es la magnitud del sector informal, que da al traste con los años de cotización que una persona realiza durante su vida laboral: el trabajador típico sólo cotiza la mitad de los años que trabaja.
¿POR QUÉ FOCALIZAR Y A QUIENES?
En primer lugar, por la demografía, ya que las estimaciones de tasas de reemplazo en el marco actual de los regímenes de pensiones, para estimar el costo total adicional de los posibles cambios, se debe referir al total de personas involucradas ya que por ejemplo en 2025 habrá alrededor de 11.5 millones de personas de más de 65 años en el país (de todos los niveles de ingreso, con o sin derecho a pensión formal).
Asegurados activos del IMSS, alrededor de 23 millones. Pensionados por el régimen del IMSS, 5.4 millones, 90% de los cuales pensionados por ley 1973, y 10% por ley 1997 y en 2035 esas cifras podrían ser de 18, 28, 8 y 1.9 millones, respectivamente, por lo que el costo fiscal con nuevas medidas, adicional al ya previsible por medida pasadas, será explosivo por la demografía.
Ante esto advierte que la tasa de reemplazo es especialmente sensible a la tasa de rendimiento y a los años de cotización y si la idea es subir la tasa de reemplazo con relación a los últimos salarios de fin de carrera, también son importantes los aumentos del salario.
Lo lamentable señal es que, aunque los partidos de oposición no conocen los detalles de la propuesta, ya han señalado que la apoyarán, lo cual hace factible que se apruebe, incluso como reforma constitucional, es decir, buscar que las personas se pensionen con 100% de sus últimos salarios, no se alcanzaría con el sistema actual, ni en 2063, aún bajo los supuestos de 40 años de cotización”.
LA OTRA ALERNATIVA
En paralelo, México ¿cómo vamos? advierte que la eliminación de los órganos autónomos para financiar la pensión al 100% no representaría un recorte significativo en el gasto público ya que, por ejemplo, los recursos públicos destinados a organismos autónomos como el INAI y el IFT no alcanzarían para financiar mejoras en el bienestar de las y los pensionados, justificación que ha mencionado el presidente López Obrador.
La mejor opción señala es incrementar la cobertura de servicios de salud, siendo que hasta 2022 se registraban 50 millones de personas en México sin acceso a esos servicios que, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, este año, el INAI y el IFT tendrán recursos por 2 mil 777 millones de pesos cuya cifra representa apenas 2% de los recursos asignados este año al Tren Maya y tan solo 0.14% del presupuesto contemplado para pensiones, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024.
Asimismo, estos organismos han sido debilitados presupuestalmente durante esta administración, por ejemplo, en 2023 el INAI ejerció mil 042 mdp, un recorte de 28% frente al cierre del sexenio pasado, mientras que el IFT gastó 2 mil 070 mdp, 21% menos y, de hecho, todos los órganos autónomos han sufrido recortes presupuestales frente a 2018, mientras que los Ramos Administrativos acumulan un incremento del 31%.
De esta forma, la desaparición de los órganos autónomos mermaría el bienestar y el correcto funcionamiento de nuestra democracia de manera cotidiana, cancelando el esfuerzo de más de dos décadas de la sociedad civil organizada por contar con instituciones que garanticen la rendición de cuentas y sean un contrapeso al poder público, es decir, es una falacia presidencial, que solo servirá para su narrativa y culpar a la oposición de no querer apoyar a las y los mexicanos.
Luego del reportaje de ProPublica, firmado por Tim Golden (ex The New York Times y premio Pulitzer) que enriqueció Anabel Hernández en el portal de Deutsche Welle (DW) que acusa a el presidente Andrés Manuel López Obrador de haber sido financiado por el Cártel de Sinaloa en su campaña de 2006, este desmintió y rechazó la publicación.
Ernesto Madrid
Como suele suceder, cuando salen acusaciones documentadas en contra del presidente de México, López Obrador señaló que “no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores. ¿Dónde estás las pruebas?” de las que Golden se basa en más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos y documentos gubernamentales revisados por ProPublica.
En estas, expone que el dinero se entregó a asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes, en dónde destaca que Roberto López Nájera, la fuente de la DEA, afirmó que se convirtió en uno de los brazos derechos de Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” y declaró que “La Barbie” les dio a miembros de la campaña de Andrés Manuel López Obrador alrededor de 2 millones en efectivo.
¿QUÉ DICE EU?
En el contexto, cabe recordar que el exfiscal general de los estados Unidos William Pelham Barr en tiempos de Donald Trump y antes de ser sucedido por Merrick Garland en diciembre de 2020 señaló que en dos ocasiones estuvo en la Ciudad de México “para ver si podíamos endurecer la columna vertebral de este presidente -López Obrador- que cree en los abrazos y no en las balas y está perdiendo el control del país en mi opinión”.
Barr destacó en ese momento que “los cárteles tienen decena de miles de millones de dólares a su disposición, pueden corromper a quién quieran ahí, y tienen ejércitos, literalmente, ejércitos que son cada vez más paramilitares, vestidos como militares y vehículos blindados”.
Y recordó que “cuando intentamos arrestar al hijo del Chapo aparecieron con 700 tropas paramilitares con metralletas calibre 50 montadas en la caja de camionetas. Y el ejército mexicano se retiró. Lo que siempre me ha preocupado es que el gobierno de México vaya a compartir la soberanía con los cárteles y llegar a un modus vivendi con ellos. Nosotros no tenemos nada de control sobre ese territorio y ahora ya perdimos control de la frontera”, advirtió el exfiscal estadounidense.
Pero López Obrador dijo que “es completamente falso, es una calumnia” lo publicado por Tim Golden ya que “están desde luego molestos y lamentablemente la prensa, no solo en México, sino en el mundo, está subordinada al poder”, pero aclaró que no tienen pruebas, como ocurre cada vez que se documentan casos de corrupción en su gobierno.
Lo cierto del caso es que el periodista estadounidense dijo que la investigación de la DEA no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los narcotraficantes, ni siquiera si sabía de ellas.
¿QUIÉNES Y CÓMO?
No obstante, Golden, en las pruebas expone que el dinero se entregó a asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes, pero perdió por un margen muy estrecho, -luego de recibir entre 2 y 4 millones de dólares- en contra de Felipe Calderón quién combatió al crimen organizado, pero que también, destaca la investigación, recibió dinero del Cártel de Sinaloa que recibió protección por parte de diferentes autoridades, principalmente el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Mientras que Anabel Hernández destaca que el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarrealo alias "La Barbie” uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva. Roberto Acosta Islas alias "El R”, uno de los lugartenientes de "El Barbas” y encargado financiero. Y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México.
Entre “los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO” y que el tabasqueños que trabajo cera de López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014 saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX.
Lo interesante del caso es que el gobierno federal, construye la estación Tulum al lado del parque turístico propiedad de la familia Mollinedo Portilla y administrado por los hijos de “Nico”: Nicolás, Samuel e Isaac René un terreno de 64 de 64 hectáreas que compró su hijo mayor en octubre de 2018, dos meses después de que el presidente anunciará la construcción del Tren Maya y que reveló Latinus en septiembre de 2023.