Al asumir el cargo como nuevo director de Canal 22, el cineasta señaló que el resto es encontrarse y conectarse con las audiencias
El cineasta Armando Casas, nuevo director de Canal 22, aseguró que este espacio es un pilar fundamental de la cultura mexicana que continuará como un canal independiente y libre, al servicio de una sociedad diversa, crítica e inteligente.
Al asumir el cargo ante Edgar San Juan, subsecretario de Desarrollo Cultural, destacó que “buscaremos hacer una televisión dinámica, audaz, crítica y creativa, donde prevalezca la imaginación, la libertad y el debate, una televisión entretenida y siempre, siempre inteligente”.
Indicó que es una “especial distinción para mí tener la oportunidad de dirigir este canal entrañable”, que a lo largo de 25 años “ha llevado lo mejor de la cultura a la sociedad mexicana indiscutiblemente, incluyendo a los que viven fuera de México”.
Armando Casas recordó que el Canal 22 se ha distinguido por ser un referente de la vida cultural de México, una ventana privilegiada para la difusión del arte y la cultura, tanto de nuestro país como del mundo.
Por ello, dijo, “estamos obligados a hacer una buena televisión, producir programas con contenidos relevantes para atraer a una audiencia cada vez más crítica y exigente, una audiencia que tiene a su alcance, como nunca antes, una oferta audiovisual con contenidos de gran calidad
Por este error del Gobierno no es delito fotografiar a mujeres en el metro CDMX
En mayo de 2018, los diputados locales de la Ciudad de Méxicoaprobaron reformas para que fotografiar o grabar a mujeres en el transporte público fuera considerado delito y se castigara con hasta tres años de cárcel; todo iba bien si no fuera porque al Gobierno capitalino en turno se le olvidó agregar estas modificaciones al Código Penal del Distrito Federal.
De esta manera, si un individuo es detenido por tomar fotos o video a mujeres, en el Metro por ejemplo, es muy probable que salga libre por la ambigüedad de los artículos 177 y especialmente del 179 del referido Código.
La idea de los legisladores era que al Artículo 179 quedara como sigue “(…) A quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe (…) en virtud de que se realiza sin el consentimiento de la víctima (…) fabrique, imprima, grabe, transporte, exhiba, venda, reproduzca o haga circular por cualquier medio imágenes con implicaciones sexuales(…) atentando contra su dignidad”.
Si bien las modificaciones al 179 contemplaban castigar a aquellas personas que graban a otras sin su consentimiento con fines sexuales, la principal motivación para la reforma era mejorar la seguridad de las mujeres que viajan en el transporte público, como quedó manifestado en el boletín número 394 de la ALDF.
La confirmación de que no es delito
Se entiende que las reformas aprobadas por los diferentes grupos parlamentarios nunca llegaron a la Gaceta Oficial y mucho menos al Código Penal, por lo que a la fecha permanecen no pueden ser aplicadas, pues nunca fueron promulgadas y en consecuencia entraron en vigor.
El último rastro sobre el proceso de publicación de estas reformas fue la acotación que el entonces consejero Jurídico, Vicente Lopantzi, hizo respecto a la posibilidad de que el tipo penal propuesto en la reforma pudiera generar interpretaciones equivocadas.
El pasado lunes la periodista Denisse Maerker entrevistó a Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas de la Procuraduría capitalina, y le preguntó si era delito tomarle fotografías sin su consentimiento a personas dentro del Metro, a lo que la funcionaria contestó que no
En el techo de la vivienda localizada en la esquina de las calles Ramón Noriega y Calle Diez, de la colonia El Palo Verde, en Hermosillo, Sonora; Gerardo amenazaba con quitarse la vida frente a su familia. Fue entonces cuando se solicitó la ayuda de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar de los hechos para percatarse que un sujeto de sexo masculino se encontraba en el techo del domicilio auto infringiéndose heridas en el brazo izquierdo con un arma punzo cortante tipo cuchillo.
A lo largo de varios minutos los policías trataron de dialogar con la persona, para que accediera a bajar del lugar y soltar el cuchillo. Sin recibir respuesta a su petición, a pesar de la instancia de un familiar que le pedía “Gera, papi bájate de ahí”, un elemento del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Policía de Hermosillo, intentó acercarse a la persona para mediar la situación.
Fue al momento de aproximarse que el individuo atacó y lesionó con el arma blanca al oficial en el antebrazo izquierdo.
Debido a la agresión y según el reporte médico realizado en el Hospital Chávez del Isssteson, el agente policiaco fue diagnosticado con herida por arma blanca en antebrazo izquierdo con lesión del nervio cubital por agresión de tercera persona, lesión que tarda más de quince días en sanar.
Los agentes que estaban de apoyo en la labor de convencimiento, al ver la situación inminente de riesgo accionaron sus armas de fuego en contra del agresor. La corporación lamenta el resultado de un policía herido y el deceso de una persona.
Ya se ha informado del suceso al Ministerio Público para que de curso a la carpeta de investigación correspondiente y se deslinden responsabilidades por el hecho. En la policía de Hermosillo lamentamos mucho llegar a este límite, nunca habrá mediación suficiente cuando alguien pierda la vida, pero siempre haremos el mejor esfuerzo para evitarlo.
En redes sociales se exige un castigo ejemplar para el oficial que actuó en legítima defensa personal.
La prisión preventiva oficiosa, es violatoria de los derechos humanos
El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que, desde la perspectiva de los estándares internacionales, la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos.
Consideró que “el Congreso debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta; más que discutir la eventual extensión, tendría que estar planteando la eliminación de ese tipo de reclusión”.
Al participar en la Mesa 2 “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa”, de las Audiencias Públicas sobre este tema, explicó que el planteamiento no es derogar la prisión preventiva justificada, ni dejar a todas las personas imputadas libres, pero hay que entender que la prisión oficiosa es automática, obligatoria y supone la privación de garantías procesales básicas.
Añadió que este tipo de reclusión aumenta el riesgo de tortura y no abona a superar la impunidad. “El denominador común de la arbitrariedad y del encarcelamiento injusto de inocentes es la mala investigación, y es importante señalar que esta medida no abona a que la indagación mejore”.
Jan Jarab dijo que determinar la prisión preventiva oficiosa sólo depende de la autoridad investigadora y de cómo califica el supuesto delito; es decir, decide si el imputado va a pasar largo tiempo recluido en espera de sentencia. Sin embargo, en un Estado de derecho, es el Poder Judicial el que tendría que resolver, de manera individual, si el imputado debe ser privado de su libertad bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.
Agregó que la impunidad en México coincide con la alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles, y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa –en muchas ocasiones de manera indebida– está en la lista de prisión preventiva oficiosa.
Recomendó estipular en la Constitución un catálogo de delitos en los que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar la prisión preventiva.
Al dar la bienvenida a los participantes, el diputado Héctor René Cruz Aparicio (PES), moderador de esta mesa, destacó que se trata de un tema relevante por el contexto social que conlleva la minuta, por lo que hoy se busca conocer las posturas de expertos que contribuyan en la discusión.
“De eso se trata el parlamento abierto; que su opinión lleve a los diputados a tomar una decisión en favor de los mexicanos”, expresó.
Subrayó la importancia de la participación de los especialistas y sus aportaciones en estas mesas de trabajo, “pero necesitamos las propuestas que ustedes nos hagan para sacar adelante una reforma que ayude a combatir la criminalidad, pues los delitos van a la alza en todo el país”.
El ciudadano exige respuestas y estamos obligados a dárselas, por eso estas mesas de trabajo son adecuadas y les pedimos que nos ayuden y “tengan la seguridad de que tomaremos la decisión más responsable”, enfatizó.
Maricarmen Color Vargas, Investigadora de la Comisión Mexicana y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que esta práctica es ilegal y arbitraria, por lo que no debe ser oficiosa, sino que debe mediar en su aplicación la racionalidad y la necesidad.
“No debe ser generalizada, deben analizarse alternativas previas a la reclusión, como el brazalete electrónico. No se observan las normas internacionales sobre juicio justo, pero es algo que puede ser aplicable en los casos de feminicidio, si es necesario”.
El magistrado Pablo Héctor González Villalobos, del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, aseguró que legislar para incorporar más preceptos en la prisión preventiva “es divorciar la justicia del derecho”.
“Hay legítimas preocupaciones en materia de seguridad que se cree que se pueden resolver con esto, pero ni siquiera desde el punto de vista de la necesidad hay justificación. La gente que quede detenida no tendrá estándares mínimos, las instituciones del Estado van a perder la superioridad moral; no vamos a distinguir entre una cárcel y la casa de seguridad de unos secuestradores”, manifestó.
José Antonio Caballero Juárez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirmó que la prisión preventiva oficiosa es un falso debate, porque los derechos de las víctimas no se oponen a la medida y, además, lo que oculta esa figura es un sistema indolente, negligente, corrupto y clasista.
“Es un subsidio absurdo, ridículo, a la ineficacia”, que provoca que la negligencia con que operan muchos funcionarios públicos se mantenga oculta. Agregó que la reforma constitucional no podrá resolver esos problemas y pidió no pensar “en fórmulas mágicas” ni caer en ingenuidades.
El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias Jiménez, se sumó a la iniciativa para acotar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pidió que se considere el robo de vehículos y transporte, pues en los últimos años este crimen incrementó 47.4 por ciento, al pasar de 66 mil 500 autos robados en 2015, a 99 mil 300 a diciembre de 2018. “Lo más grave es que de cada 10 robos, seis son con violencia y eso vulnera de manera importante a la población”.
Por lo que hace al robo de vehículos de carga pesada y mercancías en tránsito, señaló que se ha duplicado en los últimos cinco años. “En 2014 eran cerca de seis mil unidades robadas, en la actualidad son 12 mil 500, 32 al día. Si se considera que sólo 25 por ciento de ese tipo de vehículos está asegurado, la cifra real podría ser cuatro veces mayor”.
Además, ocho de 10 robos llevan uso de violencia, lesiones y daños a las víctimas y se acompaña de otros impactos negativos, como la menor recuperación, que en 2014 era de 50 por ciento y en la actualidad es de 35 por ciento.
La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Sofía Magdalena Cobo Téllez, dijo que sin la reforma propuesta, las estadísticas nacionales y estatales del sistema penitenciario reflejan un abuso en la prisión preventiva. Según el Cuadernillo Mensual de Información Estadística Penitenciaria de diciembre del año pasado, la población privada de la libertad, a nivel nacional, es de 197 mil 988 internos, de los cuales 165 mil 213 (83.45 por ciento), son por delitos del fuero común, y 32 mil 775 (16.55 por ciento) corresponden al fuero federal.
Agregó que están procesados 60 mil 653 (36.71 por ciento) internos del fuero común, y 14 mil 377 (43.86 por ciento) del ámbito federal. Es decir, que más del 40 por ciento de las personas privadas de la libertad se encuentran sin sentencia.
Subrayó que al aumentar el catálogo delictivo crecería la cantidad de internos e internas -si se considera que de 308 centros penitenciarios en el ámbito nacional, 103 están sobrepoblados, o sea 33.44 por ciento- y sin una correcta clasificación procesal colapsaría el sistema penitenciario.
Arturo Enrique Mendicuti Narro, vicepresidente de Seguridad de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), apoyó la propuesta del Poder Legislativo para incrementar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa con la reforma al artículo 19 constitucional. Pidió reconsiderar que no se contemplen únicamente las conductas graves que vulneran la seguridad el Estado, sino también a los ciudadanos y sus actividades productivas. Se requieren más herramientas legales para tener la ola de crimen, cuando aún es posible.
Solicitó que se incluya el robo a casa habitación, a negocio, vehículos y al transporte en todas sus modalidades, y extorsión o cobro de piso, que afectan el legítimo derecho a ganarse el sustento sin ser victimizado por el delincuente y revictimizado por el sistema judicial deficiente, para que ya no se empodere la delincuencia mediante el temor y la intimidación, sin permitir que continúe el cierre de negocios y el abandono de casas y poblaciones por falta de garantías.
José Refugio Muñoz López, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció a favor de que el robo al autotransporte de carga se considere grave y se imponga la prisión preventiva oficiosa. La afectación patrimonial por ese delito ascendió a 92 mil 500 millones de pesos, equivalente a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Sostuvo que se requiere un plan integral que atienda las causas y ataque los efectos de la inseguridad. Es evidente que falta un marco jurídico adecuado, porque es insuficiente considerar el robo de transporte de carga como delito federal. Propuso diseñar una estrategia para que el Sistema Penal Acusatorio funcione en favor de las víctimas y no, como ocurre hasta hora, en favor de los delincuentes.
José Antonio Mendoza Prieto, maestro en Derecho Penal, sostuvo que de incrementar el catálogo de delitos y aplicar la prisión preventiva, “estamos mal en el orden jurídico, porque significaría que todos estamos expuestos a que los derechos fundamentales sean vulnerados”.
Explicó que esta figura es una medida cautelar y sirve para garantizar la presencia del imputado en el proceso judicial. Sin embargo, “si se detiene sin investigar, estamos mal”. La gente reclama combatir la impunidad y la prisión preventiva oficiosa “no lo va a hacer, va a continuar la impunidad y fomentar la corrupción”, donde el ejercicio del derecho penal se ha prestado a ello. Aumentar el catálogo de delitos es incrementar la corrupción, advirtió.
Armando López Gutiérrez, coordinador de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), solicitó que el robo al autotransporte de pasajeros se considere como un delito grave y se ejerza la prisión preventiva oficiosa a fin de reducir la impunidad. Aclaró no estar en contra de la presunción de inocencia ni del debido proceso, pero la vida de los usuarios y conductores se debe salvaguardar y frenar a la delincuencia.
Destacó el papel estratégico de este sector para la economía nacional, al trasladar a 95.8 por ciento de los mexicanos, generando 2.54 por ciento del PIB en 2017 con un crecimiento de 300 por ciento en el último año. Por ello, debe protegerse y frenar la incidencia del delito. La prisión preventiva oficiosa tiene que considerarse como un elemento que no extinga el reconocimiento de otros delitos, porque actualmente los delincuentes que asaltan a los usuarios del autotransporte reinciden y cada vez con más violencia ante la falta de un Estado de derecho.
Cristina Reyes, colaboradora de México Unido contra la Delincuencia, exhortó a la Cámara de Diputados a que no se apruebe el dictamen del Senado. “Nos parece un gran absurdo que se pretenda continuar subsanando la incapacidad de argumentar en audiencia las razones por el cual un caso amerita las medidas”.
Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.
A favor del dictamen, Salvador Gonzáles Reyes, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo y otros órganos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC (Conatram), aseguró que la falta de esta figura es de vida o muerte, pues en todo el país los operadores de automotores son asaltados, vejados y asesinados, por lo que esta acción daría certeza a las inversiones; el robo a transporte se ha convertido en algo frecuente, algo está fallando.
“Tuvimos un caso en Guanajuato en que salió el Ministerio Público a amenazar al teléfono de quien estaba denunciando; la reincidencia se da por la falta de un modelo que someta a los responsables, pues de 120 imputados únicamente 62 se encuentran en prisión, a pesar de que son atrapados junto a los camiones robados y la mercancía”.
Francisco Gaitán, coordinador del Comité de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), dijo que el tema es que la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada; es decir, se sanciona al ciudadano previo a que se sentencie por un delito. “La presunción de inocencia debe prevalecer porque es un precepto constitucional”, enfatizó.
Pidió apuntalar la prisión preventiva justificada y “echarle ganas a las investigaciones”, pues en caso de que alguien ponga en peligro la integridad de una persona o de la sociedad, que pueda fugarse o que pueda obstruir la justicia, se le deberá de aplicar. “En esta oportunidad histórica los invito a que actúen bien”, expresó.
Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que no se oponen al uso de la prisión preventiva, sino que sea de manera oficiosa no justificada, además que desvía el tema central de la seguridad e impunidad, porque “parece que hay un concurso de gravedad de delitos”.
“Esto se combate con investigaciones serias, con procuración de justicia preparada, policías capacitados, no con cambios legislativos. Esta propuesta afecta a las personas pobres e inocentes, pues en todos los casos de encarcelamiento injusto, además de la tortura y el abuso sexual, hubo prisión preventiva”.
Rubén Quintino Zepeda, miembro de la Comisión Redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo que debe capacitarse a los distintos intervinientes del sistema acusatorio mexicano.
“El agente del Ministerio Público debe identificar cómo intervino el sujeto activo, ya sea como autor o como partícipe, pero si llega a tener esta herramienta jurídica a su alcance podría cometer errores garrafales”, planteó.
Por su parte, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) sostuvo que en el Revolucionario Institucional buscan una solución que mejore el sistema de justicia penal; sin embargo, dijo la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta.
“Todos queremos un mejor México y un país más seguro, pero reformar el 19 no es la solución; consideramos que podría ser que cambie la manera en que el Ministerio Público, unilateralmente, lleva o no a los imputados, procesados, detenidos en flagrancia ante el juez para que sea quien diga si esa medida se debe de tomar”.
La diputada Verónica Juárez (PRD) sostuvo que los delitos que ya están en el 19 Constitucional y que ya tienen prisión preventiva oficiosa, como la violación o el homicidio doloso, no han disminuido; es más, siguen incrementando. “Por ende esto nos podría llevar a pensar que ésta no es la solución que estamos buscando”.
Explicó que lo que se busca es cómo lograr que las personas que están cometiendo los delitos lleguen ante el juez para que él les pueda decretar su medida de prisión, o de quitarles el pasaporte, o de ponerles una pulsera para que no evadan la justicia.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) adelantó que en breve se estará presentando un paquete de iniciativas de reformas a la legislación penal, porque hay delitos graves como el caso de aquellos que atentan contra mujeres e infantes, por lo que deben endurecerse las penas. “Habrá que mandar una señal contundente de que no estamos dispuestos a permitir que ese tipo de conductas se sigan presentando”.
“Lo que necesitamos es perfeccionar a partir de la recuperación de los valores, y a partir, fundamentalmente, de que la gente de manera sencilla conozca cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno”.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena) resaltó que las personas ya no van al Ministerio Público, ni acuden a las fiscalías. Aseguró que de 100 por ciento de delitos, menos de 10 por ciento se denuncian. “Va uno al MP y la verdad, hasta da tristeza la forma en que te atienden”.
“Hay que profesionalizar, hay que buscar las soluciones en las fiscalías, por esa también corrupción que existe”.
Con esta reforma los delitos que serán sujetos de prision preventiva oficiosa serán los siguientes:
-Abuso o violencia sexual contra menores (recién adicionado) -Uso de programas sociales con fines electorales (recién adicionado) -Robo de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades (recién adicionado) -Robo a casa habitación (recién adicionado) -Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares (recién adicionado) -Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea (recién adicionado) -Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones (recién adicionado) -Feminicidio (recién adicionado) -Respecto de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. (Recién adicionado) -Delincuencia organizada (se mantiene) -Homicidio doloso (se mantiene) -Violación (se mantiene) -Secuestro (se mantiene) -Trata de personas (se mantiene) -Delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud (se mantiene) -Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos (se mantiene)
El politólogo español, asesor del grupo parlamentario de MORENA en el Senado de la República, Abraham Mendieta; dió una clara muestra de su intolerancia y falta de educación, luego de agredir verbalmente a Lorent Saleh, exlíder estudiantil y activista por los derechos humanos en Venezuela, quien acudió al Senado de la República invitado por el grupo parlamentario del PAN.
Lorent Saleh participaba en una conferencia de prensa de la bancada del PAN en el Senado, en el marco de la presentación de un punto de acuerdo para referirse a la crisis política de Venezuela; durante su intervención el venezolano expresó: "Si esto es intervención y esta es injerencia, perdóneme pero voy a intervenir y voy a hacer injerencia las veces que tenga que hacer, en favor de la democracia y en favor de la vida y en favor de los Derechos Humanos señor presidente López Obrador escuche al pueblo, no escuche al dictador".
Esta declaración encendió el mal humor del politólogo español, quien arremetió contra el venezolano, llamandolo injerencista, lo que provocó que el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, a través de un comunicado, condenara la agresión de la que fue objeto su invitado Lorent Saleh.
El agresor, cita el boletín, está identificado como Abraham Mendieta, quien en sus redes sociales @abrahamendieta se identifica como militante de un partido político extranjero (Podemos) y trabaja con el partido Morena en ésta cámara, como parte del equipo de la senadora por Chihuahua, Bertha Alicia Caraveo Camarena.
"Exigimos al Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, a la senadora Caraveo, y a la secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores del Gobierno federal que expliquen el status migratorio y laboral de Abraham Mendieta, ya que si se encuentra en México como turista no podría ser trabajador del Senado y, en caso de que se encuentre ilegal en el país, se le apliquen las medidas legales correspondientes", destaca.
Es inadmisible para el GPPAN en el Senado que los trabajadores asignados a los equipos de las senadoras y los senadores actúen como porros reventadores de acciones institucionales, como son las conferencias de prensa de este Grupo Parlamentario.
Invitamos finalmente a que el partido Morena tome las medidas internas necesarias para evitar que esta situación vuelva a suceder y se garantice la libertad de expresión de este grupo parlamentario.
Empresarios mexicanos y rusos anunciaron en el Senado de la República un acuerdo para trabajar, desarrollar y realizar una inversión por más de 15 mil millones de dólares en proyectos estratégicos de energía en México.
En la clausura del “Foro estratégico sobre energía e inversión: alternativas y propuestas para la generación de energía, gas, petróleo e infraestructura”, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso aseguró que los empresarios tendrán garantía, tranquilidad y certidumbre para sus inversiones.
Tienen confianza y creen en México. Es una gran forma de apostar por el desarrollo y ayudar a una nación que nuevamente se está levantando. México tiene un gran futuro, señaló la legisladora del PT.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico–África, dijo que con este Foro se ayudó a la construcción de acuerdos con las empresas productivas del sector energético del Estado mexicano y empresarios de Rusia.
Los resultados, indicó, serán para beneficio de ambos pueblos. Este gran esfuerzo derivará en muchas acciones positivas para ambos.
Destacó que Rusia se ha consolidado en los mercados energéticos internacionales, además de que ha incrementado la competitividad de sus productos y servicios en el mercado mundial.
Este modelo puede ser una influencia muy positiva para la nueva política energética del país.
Al anunciar el acuerdo, Edgar Huerta, director ejecutivo de la compañía Dragde, dijo que se concluyó -con un grupo importante de empresarios rusos y con Petróleos Internacionales del Caribe, México- trabajar, desarrollar y realizar una inversión por más de 15 mil millones de dólares en proyectos estratégicos de energía.
Celebramos este resultado sin precedente en el país. Tengan la seguridad que trabajaremos con una gran responsabilidad social y nacionalista, aseguró.
En su oportunidad, Michael Hood, presidente de Petróleos Internacionales del Caribe, México, comentó que están listos para desarrollar, implementar e invertir en todos los aspectos de ayuda que necesitará Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hay varias oportunidades y nuestras capacidades ya son reconocidas. Están registradas con Pemex para desarrollar e incrementar la producción, que es el factor número uno para México en este momento, abundó.
Precisó que se invertirá en los sectores más importantes en el Golfo de México y en la parte continental, sobre todo, en los campos que tienen reservas comprobadas pero que aún no se encuentran trabajando.
Se trata, recalcó, de un punto de urgencia porque se busca que en los próximos tres años se incremente la producción a su máxima capacidad y alcanzar 3.5 millones de barriles diarios.
Finalmente, Samarkina Anastasia Denisovna, directora general del Buro LEGINT, calificó el encuentro como “muy importante para los dos gobiernos y los negocios”. Informó que los resultados del Foro serán dados a conocer a los directivos de las “compañías más importantes de Rusia. Estamos viendo un futuro muy claro”.
Presenta Punto de Acuerdo para pedir al Ejecutivo una revisión exhaustiva de la estrategia para combatir el robo de combustible
Ciudad de México,- Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de la estrategia implementada para combatir el robo de combustible en el territorio nacional, así como a analizar la pertinencia de incrementar la vigilancia en los ductos y las instalaciones estratégicas, para evitar que se repitan hechos como los ocurridos en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.
A nombre de los legisladores priístas, la senadora hidalguense Nuvia Mayorga Delgado pidió al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) que, en el marco de sus atribuciones, investigue y, en su caso, emita las sanciones correspondientes sobre la posible omisión o negligencia en que incurrieron las autoridades del Gobierno Federal, al no haber desalojado a la población que por más de cuatro horas se expuso a una grave situación de riesgo.
El Punto de Acuerdo, aprobado de urgente resolución, solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se investiguen y, en su caso, se emitan a la brevedad posible las recomendaciones correspondientes por las presuntas omisiones y acciones de las autoridades federales en torno a los hechos ocurridos en el estado de Hidalgo.
Asimismo pide que se informe, en el plazo de cinco días contados a partir de la aprobación del acuerdo, cuáles son las líneas de investigación que están siguiendo, para identificar a los probables responsables de la manipulación del ducto de Pemex en dicho municipio.
Además se solicita al titular de Petróleos Mexicanos, remitir al Senado de la República un informe pormenorizado sobre las acciones que emprendió la empresa tras ser notificada una vez que fue notificada sobre la fuga en el ducto Tula–Tuxpan y que detalle los protocolos de acción y de seguridad para el manejo y flujo de combustibles por los ductos que recorren el territorio nacional, específicamente cuando se registran alteraciones en los mismos.
Por último, se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, brinden atención integral que incluya entre otras, el servicio médico hospitalario, quirúrgico, farmacéutico y psicológico a todas las víctimas directas e indirectas de la explosión en el municipio hidalguense.
La propuesta presentada como de urgente y obvia resolución, al no ser considerada como tal por la mayoría legislativa, fue turnada a la Comisión de Justicia.
Toda la administración pública federal estará colaborando con la investigación penal como fue instruido en el Decreto Presidencial: Encinas Rodríguez
Como parte de los compromisos adquiridos en la primera reunión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, este medio día se llevó a cabo una reunión entre integrantes de la Comisión y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en cumplimiento con una de las solicitudes en la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión.
En el encuentro participaron el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; una representación de los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas; y el Secretario Técnico de la Comisión, Félix Santana.
El Fiscal General se comprometió a crear una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, que reponga y dé un nuevo cauce a la investigación penal en el caso.
Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos, reiteró que toda la administración pública federal estará colaborando con la investigación penal, como fue instruido en el Decreto Presidencial.
Mientras que el Fiscal Gertz Manero informó que el objetivo principal de la Fiscalía Especial será dar con el paradero de los estudiantes, para lo cual trabajará en coordinación estrecha con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y reiteró que no alcanzar la verdad en casos como el de Ayotzinapa socavaría la credibilidad de la recientemente reformada institución de procuración de justicia.
El director general de la Asociación de Bancos de México, Juan Carlos Jiménez Rojas, anuncio que será el 21 y 22 de marzo
Acapulco, Gro.- La Asociación de Bancos de México (ABM), en voz de su director general, Juan Carlos Jiménez Rojas, confirmó que la edición número 82 de la Convención Bancaria, el evento financiero más importante del país se realizará nuevamente en este puerto del 21 y 22 de marzo.
Durante la presentación a medios de comunicación, el gobernador Héctor Astudillo Flores destacó la importancia de esta convención, a la que se dan cita desde candidatos a la presidencia de la República, directivos del sector financiero nacional y expertos internacionales en temas de este ramo.
Al respecto el mandatario guerrerense enfatizó: "Es un evento de los más importantes que hay en el año en Acapulco, recordarán ustedes que el año pasado y hace 7 años también han sido sedes precisamente de quienes han estado en campaña buscando ser presidentes y presidentas de México y esta reunión de banqueros de México llama la atención nacional, el 21 y 22 de marzo se van a a fijar posiciones, se van a hacer análisis respecto a lo local en cuanto a las finanzas, la economía y en lo internacional".
Astudillo Flores, comentó que a este acto de gran trascendencia ya confirmó su presencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asistirá a la ceremonia de clausura.
El Ejecutivo estatal sostuvo que para el gobierno de Guerrero es muy significativo que esta reunión de banqueros nuevamente se realice aquí en Acapulco, por ello expresó su agradecimiento a la confianza de la ABM hacia su administración.
Y precisó: "Es un acontecimiento que da mucho gusto a los guerrerenses que se realice nuevamente en Acapulco, de tal manera que desde este momento le damos la bienvenida y nos congratulamos de que este encuentro de banqueros se realice nuevamente aquí y que sería el cuarto evento en el tiempo en que un servidor es gobernador".
En su intervención, Juan Carlos Jiménez Rojas, director general de la Asociación de Bancos de México dijo que sólo eran rumores que la Convención Bancaria se iría de Acapulco y confirmó que la 82 edición se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo en Acapulco, en el hotel Princess, en la zona Diamante del puerto.
Agradeció al gobernador Astudillo por las facilidades que ha otorgado el gobierno del estado para llevar a cabo este evento trascendental para el país.
Resaltó que la Convención Bancaria en 2012 reunió a 900 invitados, mientras que en la edición del año pasado se congregaron mil 700 personas que dejaron una derrama económica importante en Acapulco.
"Vamos a tener un programa muy interesante, va a venir gente de prestigio internacional y en pocos días daremos a conocer el programa, vamos a tener una muy buena convención", aseguró Jiménez Rojas.
Mientras que el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que este fin de semana, los destinos turísticos de Guerrero alcanzaron un promedio de 92 por ciento en su ocupación hotelera, además de que el crucero Magellan sale de Acapulco, siendo puerto de embarque y que el gobernador Héctor Astudillo gestionó durante su gira en Miami.
Refirió que también se consolidó un nuevo vuelo de Guadalajara hacia Acapulco con la empresa Volaris que inició operaciones este domingo, con lo que se han concretado 27 vuelos con destino a Acapulco.
En la presentación y confirmación de la Convención Bancaria también estuvieron Seyed Rezvani, director general de Mundo Imperial y José Miguel Domínguez y Camacho, director de Relaciones Institucionales de la ABM.
“El Plan de Combate a la Inseguridad implementado en 17 regiones del país, tiene el objetivo de fortalecer las localidades que se consideran prioritarias a través de una estrategia integral de prevención del delito, reducción de la violencia y la criminalidad, particularmente en el tema de homicidios dolosos”
Las 17 regiones prioritarias son: Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; Acapulco de Juárez, Guerrero; Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, Jalisco; Benito Juárez, Quintana Roo; Salamanca, Irapuato, Uriangato y Celaya, Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Monterrey, Nuevo León; Chilpancingo, Guerrero; Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El secretario Durazo Montaño detalló las acciones inmediatas para el desarrollo de este plan, entre las que destacan: agregar un estado de fuerza de 600 elementos en cada coordinación regional, en aquellas zonas de mayor incidencia delictiva, con elementos de la Marina, Sedena y como complemento un grupo de la Policía Federal, que actuará como primer respondiente, como lo dispone la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Desplegar de manera inmediata la estrategia de prevención de la violencia en estas regiones en coordinación con la Secretaría de Gobernación; acelerar la operación de todos los programas integrales de desarrollo del gobierno federal, en cada una de estas regiones; incorporar a las comisiones estatales de derechos humanos, al sector privado, así como a organizaciones sociales y académicas los trabajos de seguridad.
Así como también impulsar programas transversales contra la corrupción y la impunidad en cada una de estas coordinaciones regionales, y darles prioridad en el diseño de los lineamientos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
Durante su exposición, Durazo Montaño insistió en la necesidad de contar con la Guardia Nacional, un instrumento que permitirá reclutar nuevos elementos y ampliar el estado de fuerza para cubrir, con fuerza pública, de manera permanente cada una de las 266 regiones administrativas en las que está dividido el país.
Con un presupuesto de 9 mil 751 millones de pesos se operan 146 programas de asistencia social
Por: Mitzi Granciano*
La doctora Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México, Almudena Ocejo Rojo, impartió la conferencia magistral: “Programas Sociales y Ciudadanía”, destacando que "la administración capitalina trabajará con una política de inclusión y bienestar social, con enfoque en derechos y perspectiva de desarrollo de capacidades".
El programa“Jóvenes Construyendo el Futuro”, que actualmente nos ha permitido contar con un apoyo económico mientras somos capacitados, debería de ser ampliado para beneficiar a personas discapacitadas y en situación de calle.
Este año se cuenta con un presupuesto de 9 mil 751 millones, que se distribuirán en programas sociales de 31 instancias participantes, incluidos el gobierno central y las alcaldías; teniendo gran relevancia los programas enfocados a los adultos mayores.
La diputada Zúñiga Cerón adelantó que se modificará el nombre de su Comisión para armonizarlo con los entes de la Administración Pública Local.
“No será sólo un cambio de nombre, es un cambio conceptual de la política social de la ciudad; la inclusión y el bienestar social serán el estandarte que represente el cambio que todos esperamos, para recuperar los valores de solidaridad, fraternidad y honestidad en comunidad”, dijo.
La legisladora invitó a las organizaciones sociales a trabajar en conjunto para atender las necesidades de la población; “este es un parlamento abierto para realizar mesas de trabajo, foros, consultas, y de esta manera marcar una ruta que junto con la Secretaría de Inclusión y Bienestar podamos dar un rostro diferente a la política social de esta ciudad”.
Tipo de Programas: 34% Inclusión y Bienestar 16% Educación, Ciencia y Tecnología 9% Desarrollo Cultural 13% Salud y Activación Física
Distribución de los programas: 36% Adultos 23% No edad especifica 8% Adolescentes 13% Niños y Niñas 4% personas Morales 4% Adultos Mayores 8% Jóvenes
Aprueba Pleno que a partir del 21 de febrero, cada semana, una persona indígena haga uso de la tribuna y hable en su lengua nativa
El Pleno de la Cámara de Diputados acordó celebrar en 2019, el Año de las Lenguas Indígenas, por lo que otorgará un espacio para que en el Salón de Sesiones, cada semana, una persona sea invitada, haga uso de la tribuna y hable en lengua nativa.
El propósito es reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, así como proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades, el impulso del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas.
Conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado en votación económica, las intervenciones se realizarán al inicio de cada sesión ordinaria previa autorización del presidente de la Cámara una vez por semana y, en este caso, los días martes. La primera intervención será el 21 de febrero (Día Internacional de la Lengua Materna).
Dichas participaciones serán hasta por cinco minutos, después de que el presidente de la Cámara conceda el uso de la tribuna al invitado o invitada y se deberán expresar libremente a la conmemoración a que se refiere en este acuerdo.
En su intervención, el invitado o invitada no podrá ser interrumpido y será facultad del presidente de la Cámara, velar porque se respeten las disposiciones constitucionales y legales, atendiendo lo previsto en el acuerdo.
El documento menciona que en la siguiente sesión, la Secretaría de Servicios Parlamentarios proporcionará a las diputadas y diputados, una versión traducida de la intervención y la información sobre el pueblo y las comunidades indígenas, misma que se publicará en la Gaceta Parlamentaria.
Además, se instruye a la Secretaría General para que a través de sus áreas competentes, realice los trámites administrativos y presupuestales necesarios para brindar facilidades y apoyos a las mujeres y hombres invitados a usar la tribuna.
De igual modo, se les reconocerá por su participación en este ejercicio de inclusión, así como establecer la comunicación con las dependencias y unidades administrativas federales para cumplir con el objetivo de este acuerdo, así como su transmisión y difusión en medios electrónicos.
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