- El nuevo sistema de identidad digital promete eficiencia y transparencia, pero concentra tanto poder y datos que podría convertir la modernización en un acto de fe... o de vigilancia. Sin contrapesos, el progreso corre el riesgo de volverse el mejor aliado del control.
México quiere entrar al siglo XXI con huella digital y escaneo de iris incluidos. A partir del 16 de octubre, la nueva CURP Biométrica se expande en todo el país con la promesa de facilitar trámites, reducir corrupción y modernizar el Estado. Sin embargo, detrás del discurso del progreso se asoma un dilema: ¿avanzar hacia una economía digital o consolidar un sistema de vigilancia con uniforme administrativo?
Ernesto Madrid
El país ocupa el lugar 59 de 67 en el Ranking de Competitividad Digital Mundial 2024 (IMD), un espejo incómodo que refleja el rezago en infraestructura, talento y confianza. El mismo estudio sugiere que México podría detonar su desarrollo si fortalece su ecosistema digital. Pero las prisas legislativas y la tentación de fiscalizarlo todo parecen llevar el proceso por una ruta más burocrática que innovadora.
Durante el periodo extraordinario del Congreso, entre junio y julio de 2025, se aprobaron seis reformas y cuatro nuevas leyes para “modernizar” el sistema digital. En teoría, buscan eficiencia; en la práctica, concentran los datos más sensibles de ciudadanos y empresas —biométricos, fiscales, financieros, médicos y hasta penales— en manos del Estado, sin controles judiciales sólidos ni órganos independientes de vigilancia, tras la desaparición del INAI.
La Segob y el Renapo serán los guardianes de esta bóveda de información. Los precedentes internacionales —Estonia, India o Brasil— muestran que una digitalización masiva sin contrapesos puede derivar en lo que todo gobierno teme admitir: el fracaso del progreso por exceso de control.
A esta ecuación se suma el Paquete Económico 2026, que permitiría al SAT acceder en tiempo real a la información de plataformas digitales y sancionar con bloqueo de servicios o cancelación de RFC a quienes incumplan. En un país donde el 2024 cerró con 324 mil millones de intentos de ciberataque, según el Global Threat Landscape Report 2025 de Fortinet, la vulnerabilidad no es un riesgo teórico: es una amenaza diaria.
“Digitalizar sin garantías es como entregar las llaves de la casa al ladrón con la esperanza de que sólo mire los muebles”, advirtió un especialista de México Evalúa, que propone crear un organismo rector independiente, ratificar el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y establecer auditorías externas obligatorias.
El dilema no es menor. Las sanciones desmedidas y la centralización de datos pueden ahuyentar inversiones, generar incertidumbre jurídica y abrir la puerta a controversias internacionales. En la economía global, la confianza digital es tan valiosa como la estabilidad macroeconómica.
La suspensión definitiva concedida a Artículo 19 contra el paquete normativo marca el inicio de una batalla legal que definirá si México será un referente en innovación democrática o un experimento de vigilancia con rostro tecnocrático.
Al final, la nueva CURP Biométrica es el espejo de una paradoja nacional: queremos un país moderno, pero seguimos confiando más en el poder que en las instituciones. Y aunque el futuro sea digital, la pregunta sigue siendo muy humana: ¿quién vigilará a quienes vigilan?
@JErnestoMadrid
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