- El país enfrenta simultáneamente el avance de tecnologías de vigilancia estatal, una estrategia de seguridad estancada y un deterioro institucional que permite la expansión del crimen organizado; datos de México Evalúa revelan un panorama que desmiente la narrativa oficial.
Te despiertas, vas al supermercado, intentas pagar y la tarjeta es rechazada. No porque no tengas dinero, sino porque tu identidad —tu existencia digital— ha sido bloqueada. Tu banco no te reconoce, la app se congela, tu identificación no se valida. Una supuesta “alerta política” aparece en tu expediente. No hiciste otra cosa que opinar, cuestionar, disentir. Ciencia ficción, diría cualquiera. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo ya construyen sistemas de Identidad Digital programables capaces de hacerlo realidad.
Ernesto Madrid
Europa prueba billeteras de identidad digital; Canadá vincula identidades con datos bancarios; México y América Latina expanden bases biométricas bajo la promesa de “seguridad”. Pero no es seguridad: es control. Un sistema centralizado que puede rastrear compras, opiniones, movimientos y bloquear a cualquiera —sin aviso ni derecho a defensa— sería el mecanismo perfecto para un Estado que ha normalizado la opacidad y la persecución política.
Aunque las cifras nacionales muestran una ligera baja en homicidios, México Evalúa advierte que 16 estados mantienen niveles críticos de violencia. Las disputas entre grupos criminales, la debilidad operativa del gobierno federal y la presión de Estados Unidos para contener a los cárteles han dejado un mosaico de riesgos que el discurso oficial no reconoce.
Tabasco empeora: registra un alza anual en homicidios. Durango mejora: sostiene una baja continua. Pero la lectura de fondo es inquietante: la estrategia de seguridad no avanza, solo se estanca o retrocede según la región.
El caso de Michoacán es ejemplar. El nuevo “Plan por la Paz y la Justicia” podría desatar más fragmentación criminal si no se acompaña de instituciones locales fuertes. Sin policías capacitadas ni municipios empoderados, cualquier intervención federal es temporal, vulnerable y potencialmente contraproducente.
México Evalúa lo resume así: sin fortalecimiento local, la política federal no sirve; el impacto se evapora y el riesgo de escalamiento permanece.
Otro dato demoledor:
- Gasto en seguridad por persona en 2026: 2,668 pesos.
- Costo del delito por persona afectada en 2024 (INEGI): 6,225 pesos.
Es decir: el crimen cuesta casi el triple de lo que el Estado invierte para combatirlo. Y, aun así, el gobierno insiste en que tiene “otros datos”.
Nunca como ahora se había visto un gobierno tan complaciente con el crimen organizado, tan incapacitado para contenerlo y tan dispuesto a negarlo. El presupuesto no alcanza para cubrir la corrupción que se volvió rutina desde la llegada de la Cuarta Transformación y su llamado “segundo piso”.
El cinismo, antes un vicio político, hoy es una amenaza a la seguridad nacional. La ceguera —premeditada y conveniente— ya es política pública. La ineptitud, antes un rasgo de estilo hoy afecta la vida diaria de millones.
Frente a cualquier evidencia, la respuesta oficial es siempre la misma: complot, derecha, politización. No escuchan, no corrigen, no aceptan la realidad. La historia ya lo advirtió: la ceguera colectiva no se cura con marchas de apoyo ni con propaganda convertida en religión.
El clima político se ha contaminado de arrogancia e insensibilidad. México evalúa la violencia; el gobierno evalúa enemigos. El caso del senador Gerardo Fernández Noroña lo exhibe sin matices: calificó de “fascista” a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del presidente municipal asesinado. La acusó de usar la tragedia como plataforma política. Un acto que revela una profunda perversión moral y un desprecio inadmisible hacia las víctimas.
Mientras tanto, marchas financiadas con presupuesto público intentan sostener la narrativa del “Tigre” y del pueblo agradecido. Pero el hartazgo social ya no se calla con pensiones, ni con propaganda, ni con amenazas veladas.
Quizás ha llegado el momento de que la sociedad civil —la que no tiene padrinos, contratos ni nóminas— ocupe el espacio que la clase política ha vaciado. Porque quienes hoy gobiernan se acostumbraron a manipular, chantajear y prometer sin cumplir. Se llevan la mayor tajada mientras exigen gratitud a quienes apenas reciben migajas.
Y mientras el Estado avanza hacia una Identidad Digital que podría convertir la disidencia en delito informático, México enfrenta violencia persistente, instituciones débiles y un gobierno que prefiere negar que gobernar.
El país está en un punto crítico. Y la voz que falta —la decisiva— es la de una ciudadanía que ya despertó, pero aún no toma el lugar que le corresponde.
@JErnestoMadrid
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