- La inminente salida del fiscal Alejandro Gertz Manero no responde a un arrebato institucional ni a un súbito despertar ético: es, más bien, la consecuencia natural de un fiscal que filtró demasiado golpeó a quienes no debía y amenazó con ventilar historias que podrían comprometer al expresidente López Obrador y a parte del corazón de Morena.
En política, como bien dicta el viejo refrán, las casualidades no existen. Mucho menos en un país donde el mapa del poder se traza entre Palacio Nacional… y Palenque. Así que la inminente renuncia —o remoción quirúrgica— de Alejandro Gertz Manero no obedece a un súbito ataque de institucionalidad, sino a que el fiscal, después de siete años, comenzó a resultar demasiado caro para el régimen que dice combatir la corrupción pero que ha demostrado alergia a ciertas verdades incómodas.
Ernesto Madrid
Según reveló Carlos Loret de Mola, ya hace un mes se había intentado quitarlo del camino. No cuajó el intento, pero dejó sembrada la idea: Gertz, con su estilo de francotirador archivístico, estaba filtrando expedientes sensibles que abrían cloacas que ni en los tiempos de la “mafia del poder” se habían atrevido a destapar. Y eso, para la presidenta Claudia Sheinbaum, dejó de ser útil y comenzó a ser peligroso.
El primero de los estallidos ocurrió con el expediente del “huachicol fiscal”, donde no solo aparecían mandos castrenses, sino los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda. El escándalo salpicó, para mal, a personajes cercanos al expresidente, incluido su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Aquello encendió focos rojos en el círculo más íntimo del movimiento que lleva su nombre.
Luego vino la joya: “La Barredora”, un caso que rozó a Adán Augusto López y al grupo Tabasco. Aunque el gobierno estatal de Javier May se deslindó, el mensaje fue claro: Gertz estaba jugando sin avisar y con pólvora fina.
Pero el verdadero rompimiento llegó con el expediente de Rubén Rocha Aguilar, empresario de Miss Universo y presunto operador de huachicol, tráfico de armas y otros dulces ilícitos. La Fiscalía habría negociado un criterio de oportunidad sin avisar a la Presidencia. En Palacio se leyó como un acto de mala fe. Fue la gota que derramó el vaso… y el vaso llevaba meses temblando.
El caso Rocha abrió caminos hacia personajes que el régimen preferiría mantener lejos de cualquier expediente penal:
- El Grupo Virreyes, con operaciones sospechosas de combustible barato en Tamaulipas, asociado a:
- Mario Giordano,
- Adán Augusto López (actual líder de Morena en el Senado),
- Mario Delgado (exlíder de Morena y hoy secretario de Educación),
- y operadores ligados al círculo íntimo de López Obrador.
Las huellas conducían a grupos empresariales y políticos con vínculos que, de escalar, podrían incendiar no solo al morenismo, sino al propio legado de López Obrador.
Y esa es una línea que el nuevo gobierno no está dispuesto a permitir que cruce.
La causa penal 307/2025 —luego trasladada a Querétaro como 495/2025— exhibió una red que mezclaba funcionarios de energía, mandos de la FEMDO, una jueza federal, operadores de Segalmex y empresarios sospechosamente bien conectados.
Todo detonó con una denuncia anónima presentada dos semanas después de que el gobernador de Tabasco insinuara que sus antecesores —entre ellos Adán Augusto— “tendrían que responder por la violencia del estado”.
Una denuncia que cayó como un rayo en el corazón político de Morena.
Para colmo, resurgió un reporte que circuló en seguridad federal durante el sexenio pasado: la participación de Raúl Rocha Cantú en el financiamiento ilegal de campañas de Morena, junto a Mario Delgado, Ricardo Peralta y los hermanos Carmona, “los Reyes del Huachicol”, todo, según reveló Latinus está en los expediente de las propias autoridades.
La oficina donde presuntamente operaba la red —Paseo de las Palmas 910— es ya una pieza de colección en la narrativa del financiamiento político turbio del obradorismo.
Ese archivo, dicen, era uno de los que Gertz podía desempolvar a conveniencia.
¿Quién quiere el trono vacío?
La salida de Gertz abre un nuevo tablero en la lucha por la Fiscalía. En Palacio se mueven cuatro piezas:
- Arturo Zaldívar, arquitecto jurídico del obradorismo y operador de confianza de Sheinbaum.
- Ernestina Godoy, símbolo de lealtad absoluta y mano dura en la Ciudad de México.
- Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, que haría feliz a más de un operador político.
- José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, opción técnica y perfil “autónomo” en el sentido más flexible del término.
Cada nombre implica un estilo distinto de control. Pero todos tienen una virtud común: ninguno filtraría expedientes que puedan rozar al expresidente López Obrador o al círculo dominante de Morena.
La pregunta final
La caída de Gertz no es cuestión de estilos ni desgaste institucional.
La verdadera razón es sencilla: dejó de ser funcional al proyecto político, se volvió impredecible y mostró que, si quiere, puede llevar los expedientes hasta donde el obradorismo no piensa permitir.
A veces, la autonomía tiene precio. Y en México, cuando un fiscal empieza a tomarla demasiado en serio, la factura siempre llega.
@JErnestoMadrid
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