- Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum promete pacificar Michoacán con 57 mil millones de pesos y más de 10 mil efectivos federales, los corredores de adiestramiento criminal del CJNG siguen operando impunes desde hace años. En el escenario, la detención del supuesto “segundo tirador” del caso Colosio reaparece como el clásico telón de humo en un país donde los fantasmas del pasado sirven para distraer los fracasos del presente.
Este lunes amaneció con un desfile de uniformes y promesas en Michoacán. En las instalaciones de la 21 Zona Militar, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional arribaron con la encomienda de “restablecer la paz” dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, encabezado por el secretario de Seguridad estatal, Juan Carlos Oseguera, y anunciados días antes por el general secretario Ricardo Trevilla, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ernesto Madrid
El plan, bautizado con el nombre simbólico de ‘Operación Paricutín’, contempla el despliegue de 10 mil 506 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, además de mil 781 marinos. Según Sedena, el objetivo es contener la extorsión, los homicidios y el tráfico de drogas, y detener a los “principales generadores de violencia”. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 57 mil millones de pesos para el estado, en una operación mediática que, por su magnitud, busca tanto imponer autoridad como tranquilizar mercados y votantes.
El contexto, sin embargo, no da para aplausos. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la irrupción política de su esposa Grecia Quiroz, ahora alcaldesa interina, encendieron las alarmas en Palacio Nacional. Su discurso de toma de protesta —“El legado de Carlos Manzo va a seguir, el Movimiento del Sombrero no parará”— fue más que una arenga local: fue una declaración de autonomía emocional frente a un gobierno federal que intenta apagar el incendio con retórica.
La popularidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, según Enkoll (octubre 2025), ronda el 62%, aunque otros estudios, como el de México Elige (marzo 2025), lo colocan en el lugar 29 de 32 mandatarios con apenas 45.8% de aprobación. Cifras que, ante la crisis actual, parecen tan infladas como los informes de seguridad que cada semana presumen avances “irreversibles”.
La presidenta Sheinbaum, heredera del proyecto de la “Cuarta Transformación”, sabe que Michoacán no es un frente menor. La violencia en la entidad no sólo amenaza la narrativa de continuidad, sino que abre la puerta a la intervención norteamericana que tanto ha rechazado, invocando —como escudo simbólico— los versos del Himno Nacional. Sin embargo, mientras la retórica patriótica suena en los balcones, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue marcando el paso en el terreno.
La DEA, en su informe “National Drug Threat Assessment 2025”, describe al CJNG como la “principal amenaza criminal para Estados Unidos”, con presencia en más de 20 estados de México y operaciones en 40 países. Su dominio incluye una red de centros de adiestramiento en el occidente del país, donde adolescentes reclutados mediante ofertas falsas en redes sociales son convertidos —literalmente— en soldados del narco.
El Rancho Izaguirre, descubierto el 6 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, es sólo uno de los símbolos de este poderío: ahí, la violencia se industrializa y los desaparecidos son transformados en combatientes. De acuerdo con El Universal, las autoridades conocen la existencia de esta red desde 2017, pero la respuesta ha sido la habitual: comunicados, reuniones y, últimamente, planes con nombre de volcán.
Y mientras Michoacán arde, el gobierno federal desempolva fantasmas. El sábado, la Fiscalía General de la República anunció la detención en Tijuana del exagente del Cisen José Antonio Sánchez Ortega, señalado hace 31 años como el supuesto segundo tirador del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
A escasos diez kilómetros de Lomas Taurinas, donde ocurrió el magnicidio, la detención fue presentada como un acto de justicia histórica. Sin embargo, el expediente —con más de 70 mil fojas revisadas por cuatro fiscales, entre ellos Luis Raúl González Pérez— ya había descartado de manera concluyente cualquier participación de Sánchez Ortega. “No existe evidencia de un segundo tirador”, concluyó la investigación, abierta al público desde hace décadas.
El retorno de ese caso, justo cuando la violencia y la descomposición institucional exigen respuestas inmediatas, parece más una operación de nostalgia política que de justicia. Un gesto que, como tantas veces en la historia reciente, sirve para distraer, no para resolver.
El discurso oficial insiste en la continuidad del proyecto de López Obrador: “abrazos, no balazos”, aunque los abrazos ahora llegan escoltados por batallones y millones. La presidenta Sheinbaum, fiel hasta la devoción a su mentor político, parece decidida a defender ese legado incluso cuando la realidad lo contradice con crudeza.
Como ironía del destino —o coherencia de la transformación—, mientras el Estado invierte miles de millones para pacificar Michoacán, el crimen invierte en adolescentes para mantener su ejército. Uno entrena en campos con nombres heroicos; el otro, en la sierra, con armas reales. Ambos dicen buscar la paz.
La diferencia es que uno lo hace con boletines de prensa y el otro con balas.
@JErnestoMadrid
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