- La SICT y la presidenta lo justifican y alegan soberanía y Canaero pide dialogo
El discurso de soberanía aeroportuaria que acompañó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha encontrado una fuerte turbulencia. Esta vez no proviene de la oposición ni de los usuarios nacionales, sino de Estados Unidos.
Ernesto Madrid
En un comunicado directo, el secretario de Transporte estadounidense, Sean P. Duffy, acusó que México “rescindió abruptamente” en 2022 las franjas horarias de vuelo para aerolíneas norteamericanas en el AICM y “obligó” el traslado de operaciones de carga al AIFA. Tres años después, el funcionario reclamó que la remodelación prometida del AICM no se ha materializado y que el cambio ha representado un sobrecosto millonario para las empresas afectadas.
La respuesta mexicana no tardó. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista motivo para sanciones: “¿Qué se privilegió? La seguridad”, respondió. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ahora bajo la dirección de Jesús Esteva, defendió la reubicación como una medida estratégica, sustentada en un estudio técnico que detectó saturación y riesgo en el AICM. Pero Estados Unidos ya tomó medidas: las aerolíneas mexicanas deberán entregar sus horarios operativos al Departamento de Transporte antes del 29 de julio y obtener aprobación previa para vuelos chárter de carga o pasajeros hacia o desde territorio estadounidense.
El conflicto es más que técnico: refleja el choque entre una política de infraestructura centralizada, militarizada y justificada en términos soberanistas, frente a los compromisos comerciales y logísticos de un tratado como el T-MEC. Y el ruido no es solo diplomático, sino económico.
Un aeropuerto caro y otro más costoso
La defensa presidencial insiste en que se “ahorraron” 300 mil millones de pesos al cancelar el proyecto del NAIM en Texcoco, y que el AIFA fue una alternativa más económica. Pero los datos no cuadran tan fácil. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el costo de cancelación del NAIM ascendió a 113 mil millones de pesos, 232% más de lo estimado originalmente. Otras estimaciones —que incluyen deuda, indemnizaciones y costos hundidos— colocan la cifra en más de 331 mil millones de pesos. Es decir: lo que se ahorró fue una ilusión contable.
Por su parte, el AIFA, proyectado como obra austera, terminó costando alrededor de 116 mil millones de pesos —más del 50% por encima del presupuesto inicial—. Y eso sin contar costos de operación, mantenimiento y conectividad, que siguen sin resolverse del todo.
La presidenta repite que la decisión fue sometida a “consulta popular”. Pero ni los vuelos internacionales ni las empresas de logística fueron consultadas. Y hoy, esa falta de diálogo tiene consecuencias: sanciones comerciales, reclamos diplomáticos y un aeropuerto militar que carga con más propaganda que carga real.
Cargas sin conectividad
Los afectados no son solo las grandes firmas extranjeras. El cambio de operaciones al AIFA también impacta a miles de empresas nacionales. La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) ha pedido diálogo técnico y cooperación bilateral ante las restricciones impuestas. El problema es que el país no solo rediseñó su infraestructura aérea sin consultar, también centralizó las decisiones en el Ejército y marginó a quienes producen y mueven la economía.
El INEGI, con sus Censos Económicos, ha mostrado que el 95.5% de las unidades económicas en México son microempresas. Sin embargo, generan solo el 17.1% de los ingresos. En contraste, las grandes empresas —que representan apenas el 0.2%— concentran el 43.5% de los ingresos y más de la mitad del valor agregado. A ellas se les dificultan los costos logísticos, la falta de infraestructura conectada al AIFA y la incertidumbre regulatoria.
Pero al final, todo se le otorgó a la defensa nacional. La militarización de la infraestructura no solo ha alterado la planeación logística del país, también ha opacado la rendición de cuentas, el análisis técnico y la capacidad de corregir errores.
Las decisiones de la 4T respecto al espacio aéreo mexicano no fueron técnicas ni estratégicas, sino políticas. Hoy, esa apuesta —hecha entre mitos de corrupción y promesas de soberanía— enfrenta su aterrizaje más forzoso: Estados Unidos ha encendido las luces rojas, y la turbulencia apenas comienza.
@JErnestoMadrid
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