¿Qué posición está adoptando el gobierno del Presidente López Obrador en materia de liberalismo económico?
Tomemos como guía el presupuesto de 2019 y cotejémosle con las recomendaciones de política del famoso Consenso de Washington (CdeW) que es el Corán del neoliberalismo.
1. “Bajo nivel de endeudamiento del gobierno. Evitar grandes déficits fiscales en relación con el PIB”; Durante la campaña y en sus discursos de toma de posesión y ahora al presentar el presupuesto para el 2019, se aseguró que no se elevará la deuda externa. Al mismo tiempo se subrayó y lució la propuesta de que durante este ejercicio fiscal, se tendrá un superávit primario de 1% del PIB. Se confirman dos de las políticas neoliberales de evitar el déficit fiscal y el sobrendeudamiento del gobierno.
2. “Reorientación del gasto público de los subsidios (´especialmente los subsidios indiscriminados´) hacia la prestación de servicios clave en favor del crecimiento y de los pobres, como la educación primaria, la atención primaria de la salud y la inversión en infraestructura”. La segunda parte de esta política que recomienda redirigir el gasto público hacia la prestación de servicios en favor de los pobres y la educación está cubierta, aunque se tienen que esperar los resultados de la abrogación de la reforma educativa y cómo se reorientará el gasto, por ejemplo en las cien universidades. El programa de distribución de recursos para educación a los jóvenes y a los adultos mayores coincide con esta odiosa política neoliberal, al igual que la atención a la salud con la dotación de medicinas gratuitas para todos, la consolidación de los servicios de salud como el IMSS y el Seguro Popular que se fusionará en un solo sitema, o el antiguo Médico en Casa en Ciudad de México. Y se cierra el círculo con el apego a la recomendación del Banco Mundial de hace 30 años de incrementar la inversión en infraestructura, como lo prueban los megaproyectos de los Trenes Maya y Transístmico, además de la refinería en Dos Bocas y otras más, la red de carreteras vecinales en Oaxaca y otros proyectos. La nueva administración 2018-2024 ha dado claras señales de que continuará por el camino de aumentar las inversiones que requerirán los proyectos de infraestructura que, de hecho ya han comenzado o están por comenzar.
3. “Reforma fiscal, ampliación de la base impositiva y adopción de tasas fiscales moderadas” En el tema fiscal la reducción de impuestos en la frontera y el establecimiento de la zona libre son una aplicación clara de esta sugerencia de política del CdeW, el cual se redondea con la repetida declaración del propio presidente López, que no se elevarán los impuestos. De cualquier forma, en el presupuesto de ingresos se anticipa un aumento en la base impositiva, con lo que se cubre en buena medida esta recomendación de política fiscal.
4. “Tasas de interés determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en términos reales” Sobre esta recomendación vinculada a la inversión nacional y extranjera, México ha optado por alinear esas tasas con las establecidas por las autoridades hacendarias de EUA, como sucedió la penúltima ocasión el 18 de noviembre, con la elevación del 7.5% a 8%. El Banco de México, anunció por su parte que se autorizó ya una nueva alza de 8.00% a 8.25%, como reacción inmediata a la segunda elevación que aprobó la Reserva Federal el día 19 de diciembre.
5. “Tipos de cambio competitivos”. Este es un tema complejo porque refleja la relación entre la producción, dinero en circulación, reservas internacionales, comercio internacional, productividad de la planta productiva e innovación científica y tecnológica, solo por citar los componentes más importantes. Al final de cuentas, también es una de las resultantes de las otras políticas: evitar el sobrendeudamiento externo, una política fiscal eficiente y grandes apoyos a los sectores productivos públicos y privados en materia de inversiones, investigación y desarrollo, creciente apoyo a la ciencia y la tecnología y, obviamente un gobierno eficiente. Nadie en su sano juicio puede rechazar como política económica el mantenimiento de tipos de cambio competitivos. En el presupuesto se utiliza una plataforma básica de $20.00 como tipo de cambio peso/dólar y no se ha escuchado que se cambiará la política monetaria de mantener una flotación controlada. Es clara la alineación del actual gobierno con esta otra medida neoliberal.
6. “Liberalización del comercio: liberalización de las importaciones, con especial hincapié en la eliminación de las restricciones cuantitativas permisos de importación, etc.); toda protección comercial que deba proporcionarse mediante aranceles bajos y relativamente uniformes.”. El gobierno del presidente López no sólo envió a un representante a las negociaciones trilaterales con Canadá y Estados Unidos, sino que se pronunció en favor de suscribir un acuerdo trilateral y ha hablado con el presidente 45 y con el primer ministro Trudeau sin dar ninguna señal de estar en contra de esa, la política estrella del neoliberalismo. Seguramente también está consciente de que México es uno de los países que ha suscrito el mayor número de acuerdos de preferencias arancelarias. En este continente desde los años sesenta con los países de ALALC, luego ALADI y más recientemente con los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y con otras regiones como el Caribe. La renovación del acuerdo con la Unión Europea y el importante acuerdo con Japón, que remató durante la administración del presidente Peña con la suscripción del TTP. Y todo ello con el telón de fondo de la Organización Mundial de Comercio como el organismo global eje de esa política de liberalización del intercambio mundial. En otras palabras, el gobierno actual tiene que jugar esta partida de la economía liberal que inclusive va más allá de las recomendaciones de la década de los ochenta.
7. “Liberalización de la inversión extranjera directa entrante”. La inversión extranjera directa ha sido un tema polémico tanto por sus implicaciones financieras cuanto por sus derivaciones tecnológicas y de interdependencia asimétrica con los países industrializados en relación con los precios de las materias primas y los bienes manufacturados. El tema se inserta en el ámbito político internacional, pues toca fibras nacionalistas de los países en desarrollo y políticas de los países desarrollados. Históricamente nuestro país ha sido receptor de inversión extranjera directa en montos relativamente menores a los que reciben otros países, con lo que ha completado a la inversión nacional, tanto pública como privada con destinos mayores en bienes industriales avanzados y servicios. El ambiente para que eso suceda está en el principio de liberalizar el acceso a la IED donde México tiene limitaciones en el sector de la energía, tanto el petróleo como la electricidad, debido a las reglas constitucionales, pero el resto de los sectores no las tiene. Al final de cuentas se tiene que recordar que la inversión privada representa alrededor del 85% de la inversión total del país.
8. “Privatización de las empresas estatales”. Este tema fue superado ampliamente por México desde la administración del presidente Salinas, cuando se llevó a cabo la venta de las empresas productivas del estado. Salvo petróleo, electricidad, petroquímica básica, por ejemplo, se vendieron a intereses privados más de mil emprendimientos propiedad del estado. La política que seguirá el gobierno del presidente López no ha sido revelada con claridad, pero se ha anticipado una preferencia por aumentar la participación del estado en la vida económica, esencialmente en el sector de la energía. También se ha anticipado una activa presencia en el sector agroforestal con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, aunque se desconoce todavía si será un emprendimiento propiedad del estado, privado, ejidal, etc.
9. “Desregulación: supresión de las normas que impidan la entrada en el mercado o restrinjan la competencia, excepto las que se justifican por motivos de seguridad, protección al medio ambiente y al consumidor, y prudente supervisión de las instituciones financieras.”. No escapará a la atención del lector que en este grupo de políticas que se cuenta con una serie de instituciones y políticas que han eliminado restricciones pero reglamentado la entrada en México de todo tipo de bienes y servicios, desde la Cofepris o el Instituto del Consumidor y otros más. Tal vez la excepción es la protección al medio ambiente, donde por ejemplo se ha titubeado en la eliminación de las bolsas de plástico en los supermercados.
Se puede afirmar sin tintes ideológicos, que la presente administración del presidente López muestra un elevadísimo apego a las políticas macroeconómicas recomendadas por el Consenso de Washington, es decir las famosas “recetas neoliberales”.
Como lo demuestran las variables del presupuesto 2018 antes mencionadas algunas están alineadas en gran medida a las recomendaciones de la economía liberal, es decir el neoliberalismo, como lo llaman peyorativamente algunos de los círculos ideológicos que conviven en MORENA.
Por otra parte, convivirán también con algunas de las políticas distributivas y clientelares para atender a los pobres, como las transferencias a los jóvenes, a los adultos mayores, a los grupos vulnerables con alguna discapacidad y la universalización de los servicios de salud y medicinas, todo lo cual también se recomienda en el primer grupo de políticas liberales.
Como se decía en párrafos anteriores, el neoliberalismo es un modelo económico bastante imperfecto, que en México se ha aplicado con bastante éxito en lo que se refiere a la búsqueda de una estabilidad macroeconómica. Durante todos esos años que se ha practicado ese modelo, la clase política, los partidos y los gobiernos anteriores, no pudieron poner en práctica políticas eficientes con fines de reducir las ancestrales desigualdades política, social y económica, que se señalaban en entregas previas.
Así que la corrupción no se puede establecer como el resultado de las políticas económicas encaminadas a buscar cierto equilibrio macroeconómico, sino más bien las políticas sociales fallidas que no acompañaron ese largo periodo de políticas neoliberales que, por lo menos a corto plazo, no se podrán eliminar, como lo muestran tanto el presupuesto 2019 cuanto algunas políticas del gobierno actual.
El cambio que propone la 4-T (proyecto aún) tal vez aspira a seguir una ruta distinta en favor de un mayor peso del estado en la vida económica y social pero los resultados los veremos solamente en el mediano y largo plazos. Pero el fin de la corrupción, aun si se lograse dejar atrás el neoliberalismo económico, seguirá estando atada a eliminar la impunidad que es un tema de aplicación de la justicia.