EN RIESGO LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD SI NO SE PUBLICA EN TIEMPO LA REFORMA DE AMPLIACIÓN DE GUBERNATURA EN BAJA CALIFORNIA: EXPERTOS
Critican que el Presidente de la República se deslinde y se lave las manos sobre este ataque antidemocrático en la entidad
La Ley Bonilla es anticonstitucional y el ataque más grave a la incipiente democracia, al violentar todos los derechos electorales, señalaron expertos en materia jurídica durante el conversatorio “Ampliación de Mandato en Baja California: Atropello a la Democracia”, organizado por la plataforma Futuro 21.
En la sede del PRD, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró como grave la aprobación de la ampliación del período de la gubernatura en Baja California, ya que "afecta a la democracia del país en donde el Presidente se deslinda y se lava las manos en una reforma tan grave para la democracia del país”.
En ese sentido, lamentó que las libertades y derechos se están perdiendo con este nuevo gobierno. "Alteraron la base electoral y los principios básicos de una elección democrática, porque ésta debe ser libre, auténtica y periódica. Los electores deben saber cuáles son las reglas de este juego electoral”, expresó.
Adelantó que una vez que sea publicada la reforma en el Diario Oficial, se debe promover desde la ciudadanía y las instituciones, juicios de amparo en contra de la norma que puedan ser interpuestos por cualquiera que viva en la entidad, así como juicios ciudadanos electorales.
En su momento, Rosa María Cano, candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Granada, España, enumeró las vías legales que se pueden usar para cambiar la Ley Bonilla, mismas que consisten en las acciones de inconstitucionalidad que los partidos políticos, los ayuntamientos e incluso la Comisión de Derechos Humanos pueden interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, dijo que existe el juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos que puede ser interpuesto por los habitantes de Baja California, a través del Instituto Electoral Local, para modificar la constancia de mayoría y evitar el periodo ampliado, con el fin de cerrar las puertas para resolver de fondo y de forma definitiva.
En ese escenario la Doctora señaló los riesgos que serían la publicación de la reforma previo a que inicie su periodo de gobierno, y en consecuencia el juicio ciudadano no procede, por tanto habría que tener listas las acciones jurídicas e interponerlas a tiempo.
En su intervención, el excandidato de este instituto político a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz acusó que se generó una cortina de humo para impedir que el tema de las violaciones electorales de la candidatura de Bonilla quede sin investigación, "nunca debió haber sido registrado ni siquiera como candidato", señaló.
Recordó que Bonilla no cumple con la residencia y nacionalidad mexicana por 15 años como lo establece la normatividad electoral, por lo que se entregó a la SRE certificados apostillados por autoridades norteamericanas para solicitar la anulación de su nacionalidad.
Reiteró su denuncia al asegurar que como Director de Agua de Otay, Bonilla diseñó un esquema para instalar una planta desalinizadora de agua marina en playas de Rosarito, que abastecería hasta 151 millones de litros diarios a Estados Unidos, por lo que anunció que acudirá a instancias norteamericanas.
Señaló a Jaime Bonilla de cometer conflicto de intereses, pues impulsó como solución definitiva al problema de escases de agua la construcción de plantas desaladoras para su beneficio.
A su vez, el integrante de la DNE, Ángel Ávila Romero expresó que han trascurrido 15 días que el PRD interpuso la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para desconocer la nacionalidad de Jaime Bonilla por no contar con 15 años de residencia en la entidad para ser candidato a gobernador.
Sin embargo, “estamos a tiempo, porque según la ley se tienen 30 días para dar la respuesta”.
Además, el dirigente perredista afirmó que se tiene hasta el próximo 1 de noviembre para interponer todos los recursos de inconstitucionalidad posible.
Destacó que todos los documentos que ha presentado Martínez Veloz en conjunto con el PRD ante la Fiscalía General de la República así como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, han sido certificados por abogados de México y Estados Unidos.
