Los 40 mil desaparecidos que se heredaron de pasadas administraciones constituyen la herencia más dolorosa y más triste que recibió el nuevo gobierno, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó este saldo como el fruto podrido de la política neoliberal.
Ante familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda, ofreció que para la atención del problema no habrá techo financiero, porque se trata de una responsabilidad de Estado.
Familiares de las víctimas reconocen que los resultados tardarán.
Su grito de lucha llega a las entreñas de Palacio Nacional: Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por fin se levanta un halo de esperanza. La palabra empeñada desde la más alta investidura institucional para resolver la grave crisis expresada en la desmesurada cifra de 40 mil desaparecidos en México les genera una optimista sensación tras años de incertidumbre. Aunque dejan muy en claro: sólo resultados y acciones que lleven a la verdad y a la justicia los hará creer nuevamente en las instituciones.
Decenas de familiares de personas desaparecidas atestiguan la ceremonia de relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sí, hay confianza por la posición asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno frente al tema, pero esto no será un cheque en blanco. Lo principal es que comiencen a encontrar a nuestros desaparecidos, valoran.
En breve, ex funcionarios tendrán que responder por desvíos en Sedatu y Sedesol.
En los próximos días están citados a declarar ante un juez de control Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y José Antonilo Orozco Hernández, ex director general de coordinación de delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el desvío de mil 900 millones de pesos, a través de contratos y transferencias irregulares, entre otras, a universidades públicas, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga entre 2012 y 2018.
El primero está vinculado con la firma del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/ 339901.03/2016, en febrero de 2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo y por el cual Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de dicha secretaría, fue vinculado a proceso la semana pasada por el presunto desvió de 185 millones de pesos.
