- Durante años México buscó explicaciones para una economía que no terminaba de despegar. La respuesta no estaba solo en la burocracia o la falta de reformas. También estaba en un sistema criminal que distorsionó mercados, capturó territorios económicos y debilitó la confianza de los inversionistas.
Durante años México se preguntó por qué su economía no terminaba de despegar. El país tenía todo lo que las teorías económicas consideran ventajas estratégicas: acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos, tratados comerciales, mano de obra competitiva y, más recientemente, el fenómeno del nearshoring que prometía atraer industrias desplazadas desde Asia.
Sin embargo, el crecimiento seguía siendo mediocre. La explicación oficial apuntaba a los factores conocidos: burocracia, infraestructura insuficiente, reformas pendientes, incertidumbre jurídica. Pero en esa lista faltaba un elemento incómodo que durante mucho tiempo se evitó mencionar. La economía mexicana también estaba siendo intervenida por el crimen organizado.
Ernesto Madrid
No como un fenómeno marginal, sino como un sistema económico paralelo que empezó a penetrar cadenas productivas completas. Hoy se sabe que organizaciones criminales operan como recaudadores informales sobre amplios sectores de la economía: agricultura, transporte, comercio, construcción, turismo e incluso minería.
La extorsión dejó de ser un acto aislado de violencia. Se convirtió en un costo estructural de producción. Hay regiones donde el precio del limón, del aguacate o incluso de la tortilla incluye un componente invisible: el derecho de piso que cobra el crimen organizado. En términos económicos, eso equivale a un impuesto clandestino que encarece insumos, distorsiona mercados y desplaza inversiones.
El impacto es difícil de medir con precisión, pero algunas estimaciones ubican el costo del crimen entre 1% y hasta 18% del PIB, dependiendo de si se consideran únicamente pérdidas directas o también efectos indirectos como inversión perdida y productividad reducida. Esa distorsión económica tiene un reflejo claro en los indicadores empresariales.
El indicador de confianza empresarial lleva más de un año en terreno de pesimismo, por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que significa que la mayoría de las empresas considera que no es un buen momento para invertir.
Las propias evaluaciones del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) han advertido que el crecimiento del país se mantiene débil, con estimaciones cercanas a 0.2% del PIB, una expansión prácticamente marginal para una economía del tamaño de México.
La desaceleración también alcanza al empleo. El índice global de personal ocupado de los sectores económicos muestra retrocesos, mientras el empleo formal mantiene una expansión cercana a 0.8% anual, reflejando el enfriamiento de sectores clave como la construcción y la manufactura.
Frente a este panorama, el gobierno ha intentado enviar señales de confianza.
Uno de esos intentos es el llamado Plan México, acompañado de iniciativas como el “Pacto de Acero”, que busca impulsar la industria siderúrgica mediante la compra obligatoria de acero nacional en proyectos públicos.
La lógica es clara: utilizar el poder de compra del Estado para estimular la producción interna y enviar un mensaje de certidumbre a los mercados. En ese escenario, el respaldo reciente del sector privado al llamado Plan México impulsado por el gobierno federal —con medidas para agilizar inversiones, simplificar trámites y reducir cargas regulatorias— representa un intento por enviar señales de estabilidad.
Pero la ecuación es más compleja. La relación económica entre México y Estados Unidos atraviesa tensiones políticas y de seguridad que han escalado en los últimos meses. Desde Washington se ha incrementado la presión para que el gobierno mexicano actúe contra funcionarios y estructuras políticas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Porque la inversión no se detiene únicamente por trámites burocráticos o reformas pendientes. También se frena cuando el territorio económico está intervenido por estructuras criminales. Cuando las empresas deben pagar cuotas para operar. Cuando los transportistas deben negociar rutas con grupos armados. Cuando los productores agrícolas dependen de la autorización de organizaciones criminales para cosechar o exportar.
En ese entorno, la economía deja de funcionar bajo reglas de mercado. Empieza a operar bajo reglas de control territorial. Durante años esta realidad fue tratada como un problema exclusivamente de seguridad pública. Pero las investigaciones periodísticas y judiciales que en meses recientes han comenzado a exponer vínculos entre estructuras políticas y organizaciones criminales sugieren algo más profundo.
El crimen organizado no prospera solo. Necesita protección institucional.
Necesita redes financieras. Necesita operadores políticos. Por eso la presión internacional —particularmente desde Estados Unidos— no se limita a perseguir a los cárteles. El objetivo también son los facilitadores políticos y financieros que permiten su funcionamiento.
Si esas redes comienzan a desmontarse, el impacto no será únicamente judicial. También será económico. Porque durante años la narcopolítica no solo debilitó la seguridad pública. También encareció la economía, distorsionó los mercados y minó la confianza que el país necesita para atraer inversión.
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser criminal. Se convierte en un problema estructural de Estado. Uno que ayuda a explicar por qué México, a pesar de sus ventajas estratégicas, sigue enfrentando una paradoja persistente: tener oportunidades históricas… pero una economía que avanza mucho más lento de lo que debería.
@JErnestoMadrid
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