- La presión de Washington escala. Trump amenaza con intervenir, su fiscal anuncia más acusaciones contra políticos mexicanos, y en México la respuesta presidencial insiste en cifras de seguridad mientras evita el tema más delicado: los narcopolíticos.
La presión de Estados Unidos contra México en materia de narcotráfico dejó de ser retórica diplomática. Se está convirtiendo en un problema político de alto nivel. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a lanzar una advertencia directa desde la Casa Blanca: si México no hace el trabajo contra los cárteles, Estados Unidos lo hará. No fue una frase aislada.
Trump presumió el éxito de las operaciones marítimas contra el narcotráfico y anunció que Washington ha puesto en marcha una operación terrestre, anticipando que vendrán también para México. “Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos. Y ellos lo entienden”, dijo.
Ernesto Madrid
La advertencia llegó acompañada de un mensaje todavía más inquietante.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó que vendrán más acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado. No sólo eso. Blanche dejó claro de dónde proviene parte de la información: de los propios capos que han sido extraditados a Estados Unidos. “Una consecuencia de haber traído a muchos líderes de cárteles a Estados Unidos es que algunos van a cooperar”, dijo.
Y esa cooperación —agregó— podría llevar a nuevos cargos contra funcionarios mexicanos. El mensaje es claro: los expedientes no han terminado. De acuerdo con versiones que circulan en círculos judiciales y políticos en Washington, las primeras investigaciones apuntan a figuras cercanas a Morena. Entre los nombres mencionados se encuentran los gobernadores además de Rubén Rocha Moya: Marina del Pilar Ávila (Baja California); Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas).
Las investigaciones estarían relacionadas con el caso del empresario Sergio Carmona, señalado como operador financiero del narcotráfico que habría financiado campañas de Morena en 2021. Pero la presión no termina ahí. De acuerdo con versiones periodísticas, también aparecen en el radar estadounidense figuras nacionales del partido, entre ellas: Mario Delgado y Luisa María Alcalde. Mientras que en México han comenzado a circular versiones sobre posibles investigaciones que podrían alcanzar incluso al senador y exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Trump con una defensa de su estrategia de seguridad. Aseguró que México sí está actuando contra los cárteles y citó varios indicadores: una reducción cercana al 50% en homicidios dolosos, más de 2,500 laboratorios de drogas destruidos y una disminución del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. “Nosotros estamos actuando”, dijo.
El problema es que esa respuesta evita el centro del debate. Porque la presión estadounidense ya no gira únicamente en torno al combate a los cárteles. La discusión empieza a moverse hacia otro terreno: la posible infiltración del narcotráfico en la política mexicana. Ahí es donde entran revelaciones recientes.
El periodista Carlos Loret de Mola publicó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría estado al tanto de los canales de comunicación entre el gobierno de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa. Según sus fuentes, el propio gobernador Rubén Rocha Moya habría informado a López Obrador sobre esos contactos.
El acuerdo —según la versión citada— implicaba que el cártel ayudaría electoralmente a cambio de libertad para operar. Es una acusación grave.
Y se suma a otra investigación documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que reveló que socios empresariales vinculados a los hijos de Rocha Moya recibieron contratos públicos por cerca de 15 millones de pesos en el DIF y en los Servicios de Salud de Sinaloa.
Los contratos, según la investigación, involucran redes empresariales conectadas con funcionarios del propio gobierno estatal. Todo esto ocurre mientras Sinaloa vive una nueva espiral de violencia. En Culiacán, la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa —Los Chapitos y La Mayiza— ha provocado cierres de negocios, pérdida de empleos y decenas de locales abandonados.
Basta recorrer la avenida Álvaro Obregón para encontrar una señal del colapso económico: anuncios de “Se renta” por todas partes. Ese es el telón de fondo de la disputa política. Estados Unidos presiona. El gobierno mexicano responde con estadísticas. Pero evita el punto más incómodo: la posible relación entre narcotráfico y poder político.
Mientras tanto, otra señal comienza a circular en los pasillos financieros. Según versiones que han trascendido dentro del sistema bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habría recibido solicitudes para revisar movimientos financieros vinculados a figuras políticas.
Entre los nombres mencionados están Mario Delgado y Adán Augusto López.
Las revisiones —según esas versiones— habrían sido solicitadas a través de la Secretaría de Gobernación. No hay acusaciones formales. Pero cuando los expedientes financieros empiezan a moverse, suele ser porque algo más grande está en proceso.
Y esa es la pregunta que hoy comienza a recorrer Washington y también algunos círculos políticos en México: si las acusaciones que vienen serán sólo contra criminales… o si por primera vez alcanzarán también a quienes los protegieron desde el poder.
Porque si eso ocurre, la crisis ya no será de seguridad. Será una crisis política de Estado.
@JErnestoMadrid
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