El Estado mexicano asume la responsabilidad de buscar sin tregua a las personas desaparecidas y trabaja en coordinación con gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para hacer justicia ante una tragedia dimensiones históricas. Con la intervención directa de familiares de víctimas se dará puntual seguimiento a cada uno de los compromisos que buscan sentar bases hacia la paz, el bienestar y la justicia.
Así lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Palacio Nacional, sobre el cual resaltó:
“Este es un acto trascendente porque se trata de asumir el compromiso de la búsqueda de desaparecidos y lo estamos haciendo con absoluta consciencia y responsabilidad.”
El mandatario expresó que, más allá de la corrupción y la impunidad, el legado desastroso que deja el régimen anterior recae en las víctimas de una errática estrategia de seguridad:
“Es muy triste, muy doloroso este tema, este asunto de desaparecidos y del sufrimiento de los familiares. Es la herencia más triste, dolorosa, que recibimos al llegar a este nuevo gobierno.”
Por ello, dijo que el principal objetivo del Gobierno de México será la búsqueda de personas desaparecidas sin escatimar recursos:
“Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos… Es una responsabilidad de Estado, es decir, todas las instituciones, todo el gobierno. Ese es el compromiso, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera.”
Que nunca más se tenga a los cuerpos recorriendo calles, es inhumano
El mandatario expuso que el primer compromiso que se asume desde el gobierno federal se refiere a dar dignidad a las víctimas fatales localizadas, al mismo tiempo que se busca sistematizar su registro:
“Hay que identificar los 26 mil cuerpos que están en instalaciones forenses. Eso urge, lo tenemos que resolver lo más pronto posible, que nos fijemos una fecha para la presentación de un programa con la participación, desde luego, de familiares, de los ciudadanos gobernadores que nos ayudan, de las distintas organizaciones de defensa de derechos humanos; pedir la cooperación a organismos internacionales especializados y elaborar un programa específico con este propósito. Que nunca más [ocurran] situaciones tan lamentables como el tener a los cuerpos en tráileres, en camiones, recorriendo las calles, es dantesco e inhumano.”
En segundo término, invitó a las y los titulares de los Ejecutivos estatales a conformar las instancias de búsqueda para afianzar los esfuerzos coordinados:
“Los gobernadores, estoy seguro, van a cumplir, los que no tienen todavía sus comisiones para que, a más tardar en septiembre, tengamos ya las 32 comisiones de búsqueda. Ya lo están haciendo algunos estados y hay que reconocerlo, han tomado ya esta iniciativa. Ahora vamos a actuar de manera conjunta.”
La nueva política en seguridad pública se sustenta en el desarrollo y el bienestar
El tercer compromiso asumido por el Ejecutivo federal es propiciar un nuevo encuentro para evaluar los avances en este tema de primera importancia.
“Recapitulando: primero, lo de las instalaciones forenses para la identificación de cuerpos; segundo, la instalación de las comisiones en todos los estados y, tercero, que evaluemos aquí, en tres meses, reunirnos de nuevo para saber cómo avanzamos.”
Asimismo, reiteró que, para el nuevo régimen, el objetivo central es atender las causas que dieron origen a la grave crisis de inseguridad y violencia, por lo que gran parte de los esfuerzos se dedican a ofrecer verdaderas alternativas de empleo, con énfasis en la atención a las personas jóvenes:
“Eso es lo que constituye la nueva política en materia de seguridad pública, se sustenta en el desarrollo, en el bienestar, el buscar la felicidad de nuestro pueblo.”
No haremos uso de la fuerza para enfrentar problemas de origen social, no es la Ley del Talión
A lo anterior se suma, señaló el presidente, una visión clara en torno a lo que no debe repetirse en la actuación de las fuerzas de seguridad:
“No vamos a utilizar el uso de la fuerza para enfrentar los problemas de origen social, no es la Ley del Talión, no va a ser ojo por ojo, no va a ser diente por diente. Nos quedaríamos tuertos y chimuelos todos.
“A eso apostaron las anteriores autoridades, a querer resolver el problema sólo con el uso de la fuerza. Les digo: el Estado mexicano que represento no va a actuar con arbitrariedad, no vamos a violar derechos humanos.”
A propósito de lo anterior, reiteró que la Guardia Nacional propiciará un giro importante en la actuación de las fuerzas del orden público respecto a la relación que deben entablar con la ciudadanía, por lo que “ahora en las escuelas de Marina, en las escuelas de la Secretaría de la Defensa, en el Colegio Militar, va a ser ya una materia básica, no optativa, la de derechos humanos. La otra materia será el uso gradual, el uso regulado de la fuerza…”
Finalmente, señaló que, aun cuando “estamos constatando que continúa la violencia en el país..., estamos trabajando todos los días de manera coordinada, estamos atendiendo lo fundamental”.
Finalmente, el mandatario se dirigió a familiares de víctimas:
“Ustedes siempre van a tener la atención del gobierno con toda libertad. Cuando voy a las giras, que encuentro familiares, sobre todo madres, me jalan, me sacuden, me gritan, lloran: aguanto todo porque sé lo que están sufriendo sin sus hijos, sin sus seres queridos.”
En la ceremonia de Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas participaron:
Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población (Segob).
Además, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República; y Luis García López, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, Karla Irasema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; Edna Dolores Rosas Huerta, titular del Consejo Ciudadano; y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Igualmente, Martín de Boer, jefe adjunto de la delegación en México del Comité Internacional de la Cruz Roja; Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas; y Luis Ernesto Vargas Silva, representando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
