- EU crea segunda zona militar restringida en la frontera
La política exterior de Estados Unidos le lanzó a México una moneda con dos caras.
Por un lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) eliminó el arancel del 25% a las autopartes mexicanas, una decisión celebrada por la presidenta Claudia Sheinbaum como un gesto de confianza hacia la economía nacional.
Pero apenas unas horas antes, el Comando Norte de EE. UU. anunció la creación de una segunda zona militar restringida en la frontera con México. ¿Agradecimiento o advertencia?
Ernesto Madrid
La contradicción es solo aparente. Washington habla con dos voces: una económica y otra militar. Con la primera, reconoce el papel estratégico de México como socio comercial número uno, como país receptor de relocalización industrial (nearshoring) y como un actor económico clave para reducir la dependencia de China. Con la segunda, recuerda que México sigue siendo, para ellos, un vecino inseguro, infiltrado y políticamente frágil.
Es aquí donde el mensaje se vuelve más nítido —y más incómodo—: Estados Unidos no solo quiere comercio. Quiere control, rendición de cuentas y sanciones visibles contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado. En lenguaje diplomático lo llaman una “relación intolerable” entre el poder político y los cárteles. En términos reales, es una demanda directa: Washington espera que el gobierno de México actúe contra ciertos perfiles dentro de Morena que, según sus agencias, han sido omisos, permisivos o cómplices del crimen.
La militarización de la frontera, por tanto, no es simplemente una medida de seguridad. Es también una señal política. Un recordatorio de que, si bien Estados Unidos invierte y comercia con México, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante la impunidad de ciertos sectores del poder mexicano. La zona militar no sólo protege territorio: presiona simbólicamente al gobierno mexicano a tomar decisiones que no ha querido o no ha podido tomar.
El problema es que la narrativa oficial insiste en que “todo va bien”. Se presume un aumento al salario mínimo, inversiones por 200 mil millones de dólares, estabilidad macroeconómica, y una política social robusta. Pero esos logros, aunque reales en parte, no borran el deterioro institucional, la infiltración del crimen en gobiernos locales y la pasividad federal frente a ciertas élites criminales que operan con absoluta impunidad. Tampoco anulan la creciente percepción internacional de que México no le teme al narco, sino que a veces parece gobernar con él.
¿Es justo que Estados Unidos exija justicia cuando ellos mismos son el mayor mercado de drogas del mundo? Tal vez no. Pero la hipocresía del vecino no exime de responsabilidad al gobierno mexicano. La legitimidad no se hereda ni se compra con crecimiento económico: se construye con el valor de enfrentar al crimen, incluso si eso significa romper con aliados incómodos dentro de tu propio movimiento.
La moneda está lanzada: aranceles abajo, fusiles arriba. Y en esa paradoja, se juega el verdadero lugar de México en el nuevo orden global. Lo demás —inversión, tratados, megaproyectos— es solo el decorado de una obra donde el crimen y el poder siguen actuando demasiado cerca del mismo libreto.
@JErnestoMadrid
