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“El golpe de estado”, “el golpe aguado” y la incertidumbre por la Reforma Judicial

  • Claudia Sheinbaum envío al Senado los cambios a leyes secundarias que detallan cómo va a ser la elección popular de jueces

Sin un análisis de por medio, sin tomar en cuenta a los trabajadores del poder judicial y sin un calculo puntual de las repercusiones que podría traer consigo la puesta en marcha de la Reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Senado la batería de cambios a las leyes secundarias para la modificación a la Ley General de Procedimientos Electorales y Medios de Impugnación para la elección de jueces, magistrados y ministros.

Ernesto Madrid

Lo anterior, con la premura y la prisa que les dio la la Suprema Corte que aprobó estudiar y/o solo analizar los cambios realizados a la Constitución en materia judicial, en dónde la ministra Lenia Batres acusó la existencia de un “golpe de Estado” y la presidenta Sheinbaum denunció un “golpe aguado”, sin considerar que una modificación constitucional, en lo general, puede quedar sujeta a una suspensión de la Corte si se considerara violatoria de derechos fundamentales.

Esto al menos es lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero en donde, además, el Poder Judicial, juega un papel determinante en las democracias contemporáneas, como la mexicana, ya es un mecanismo de control constitucional por lo que tiene derecho de cuestionar si una modificación de cualquier ley viola o no los derechos humanos o los derechos civiles fundamentales. 

Quizás en el clima de inversiones aún no se vean los efectos que podría tomar la determinación apresurada y urgente para concretar el regalo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y hayan sorteado, hasta este momento lo efectos que pudiera representar.

Los que si están preocupados son los empresarios, que han respaldado la decisión de la SCJN de revisar la Reforma Judicial para garantizar su constitucionalidad y respeto a la división de poderes porque en una democracia, es necesario evitar que se vulnere a las instituciones y se afecte la confianza de inversionistas y el crecimiento económico.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dejo en claro que la revisión de esta reforma subraya la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo ante presiones políticas y económicas que hasta este momento, ha generado una gran incertidumbre, no solo entre los jueces y magistrados, sino también en la comunidad empresarial nacional e internacional, y la sociedad civil ya que” pone en riesgo el equilibrio entre poderes y, por ende, la estabilidad económica y social del país”.

Lo anterior se puede observar en el nerviosismo en los mercados ante eventos geopolíticos luego de la recuperación de la semana pasada, en dónde a las 13:00 el peso retrocede ligeramente frente al dólar al cotizarse en 19.31 y el el IPyC de la Bolsa Mexicana de Valores retrocede -1.1%, mientras que en renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EUA a 2 y 10 años escalan a 4.00% (+7pb) y 4.02% (+6pb), mismo orden, los Bonos M a los mismos plazos llegan a 9.96% (+10pb) y 9.57% (+5pb), respectivamente y el precio del petróleo Brent sigue aumentando, se cotiza en 81.04 dólares por barril.

No es que todo sea culpa de la incertidumbre de la Reforma Judicial pero si incide en el mercado local, sobre todo ante la postura de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta de que sea revisada rápidamente en el Senado, bajo el argumento de que estas iniciativas son importantes y el miércoles se abocadaran en el Pleno, porque según dice la 4T el pueblo así lo quiere.

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