En el marco del día Internacional contra la Corrupción, México enfrenta una situación compleja no solo por los grandes escándalos de corrupción que han impactado en la opinión pública, sino también por la falta del ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Por: Ernesto Madrid
De acuerdo con un estudio, los riesgos de corrupción en las compras públicas persisten y las instituciones encargadas de combatir los delitos de corrupción, -por ejemplo, las Fiscalías Estatales Anticorrupción- aún no cuentan con las capacidades suficientes para detectar, judicializar y sancionar.
Por lo anterior queda claro que aún queda mucho camino por recorrer para asegurar que lo público sea sinónimo de transparencia, eficiencia y cumplimiento de la ley ya que los esfuerzos por combatir la corrupción no se han materializado en el Sistema Nacional Anticorrupción, que constituye una apuesta por la coordinación entre las autoridades encargadas de la lucha anticorrupción y sus alcances aún son limitados.
El número de acciones emitidas por la auditoría durante 2020 y 2021, desprenden que el mayor riesgo de corrupción se encuentra en las compras públicas que realizan los gobierno -federales, estatales y municipales- de acuerdo con el puntaje presentado por el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO.
Ejemplo de ello es que los patrones de riesgo en las compras públicas identificados por el IRC coinciden con algunas anomalías en la gestión financiera de contratos documentadas por la ASF. Instituciones como el Insabi, el puerto de Salina Cruz y Liconsa, que tuvieron puntajes altos en el IRC por falta de transparencia, competencia y cumplimiento de la ley respectivamente, recibieron recomendaciones de la ASF por las mismas prácticas de riesgo en compras públicas.
El Insabi es un modelo de corrupción ya que adquirió 2,250 ventiladores sin proporcionar justificación de los procedimientos de contratación realizados. Esta irregularidad coincide con la falta de transparencia identificada en el IRC: en 2020 100% de las adjudicaciones directas del Insabi no tenían el documento del contrato disponible para su consulta.
Ahora bien, en 2020 el puerto de Salina Cruz obtuvo un nivel alto de riesgo en el IRC por la adjudicación directa de un contrato de 4 mil millones de pesos. Ese contrato fue fiscalizado posteriormente por la ASF, que detectó una obra pagada no ejecutada y sin evidencia documental por al menos 3.3 millones de pesos, así como la existencia de pagos indebidos.
Al igual, Liconsa fue una de las instituciones que presentó mayor riesgo en el IRC 2021 por el alto porcentaje del monto destinado a procedimientos de excepción (83%), la existencia de concursos con plazos cortos (26%) y el monto destinado a empresas de reciente creación.
Posteriormente la ASF encontró que algunas empresas contratadas presentaron inconsistencias entre la información contenida en los RFC y los datos presentados a Liconsa, y comprobó la participación de una empresa sancionada.
En paralelo Liconsa, Diconsa y Seguridad Alimentaria son las tres instituciones con mayor proporción de acciones por auditorías, con 45, 31 y 20 respectivamente. Diconsa obtuvo un puntaje de 53 de 100 puntos en el IRC 2020, lo que la ubica en la sexta posición con mayor riesgo de corrupción entre las instituciones con mayor gasto.
En 2021, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE fueron las instituciones con mayor nivel de riesgo de acuerdo con el IRC, y al mismo tiempo recibieron un número significativo de acciones por parte de la ASF: 20, 22 y 30 respectivamente.
En los dos primeros informes de fiscalización de 2021, 15 de las 22 instituciones federales que gastaron más de tres mil millones de pesos en compras públicas fueron auditadas por la ASF y evaluadas en el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).
Los patrones de riesgo en las compras públicas identificados por el IRC coinciden con algunas anomalías en la gestión financiera de contratos documentadas por la ASF. Por lo anterior el IMCO hace un llamado para que las instituciones federales utilicen las herramientas del IRC para identificar prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas con el objetivo de mitigar irregularidades y atender las acciones establecidas por la ASF ya que incluye prácticas de riesgo de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley de cada uno de los contratos de más de 260 instituciones federales entre 2018 y 2021.
