Despojan de sus derechos económicos a socios de la empresa Sello Rojo en contubernio con el sistema judicial de Jalisco.
En un presumible contubernio con el Poder Judicial de Jalisco, los hermanos Rubén y Abraham González Uyeda, Presidente y Director de Sello Rojo, la tercera compañía lechera más grande del país, han llevado una serie de acciones ilegales para consolidar un fraude corporativo y despojar a diversos socios de la empresa de sus beneficios económicos y legales, además de quedarse con el control total de la firma.
Mayari y Paloma González Rodríguez, hijas de José Luis González, socio fundador de la empresa, denunciaron que autoridades del Poder Judicial de Jalisco, notarios y autoridades del ministerio público local, han incurrido en serias irregularidades en el marco del diferendo que tienen los socios de Sello Rojo, en beneficio de Abraham y Rubén Masayi González Uyeda.
Haciendo uso indebido de sus relaciones, así como de la compra” de jueces, notarios y ministerio público de ese estado, los hermanos González Uyeda han logrado “deshacerse” de algunos de los socios de la empresa lechera, entre ellos dos de sus hermanos, con base un “modus operandi”, constante en Jalisco, por el cual se efectúan fraudes corporativos, se desplaza a socios de empresas y se obtiene el control de las mismas.
Con el apoyo de despachos de abogados involucrados en otros casos fraudulentos como el de la Fundación Jenkins en Puebla, el del World Trade Center, Tequila Centinela y el de la empresa Omnlife, los hermanos González Uyeda quieren ahora despojar de un patrimonio de 60 años al señor José Luis González de 85 años, padre de las denunciantes y tío de los hermanos González Uyeda.
De igual manera denunciaron que a partir de que Abraham González tomó las riendas de la empresa, ésta no ha entregado cuentas, ha presentado pérdidas en sus ganancias anuales por cerca del 30%, además de que, con base en un supuesto estudio económico, hecho por el contador público Joaquín Ramos Ramos, que estuvo en prisión por intento de homicidio y quien es socio del licenciado Virgilio Rincón Salas, fichado por la Interpol y prófugo de la ley, “argumentaron” un supuesto riesgo de quiebra en la empresa, lo que les ha permitido modificar el estado legal de la misma para dañar a un grupo de socios y hacerse de control absoluto de Sello Rojo.
Abraham y Rubén González Uyeda inconformes con una votación en la que la mayoría de los socios exigieron que no siguieran al frente de la empresa, pusieron a Sello Rojo en un entorno legal que los mantiene al frente de la compañía y amenazaron a otros socios de dejarlos sin recursos si no se desistían de sus acusaciones, además de no entregar a su padre José Luis González un solo peso de dividendos cuando la firma tiene ventas anuales por seis mil millones de pesos.
En julio de 2019, Rubén Masayiu González abrió además una carpeta de investigación ante el Ministerio Público Federal, acusando a sus tíos de fraude cibernético y robo, cuando éstos son adultos mayores de 85 y 90 años, no forman ni han formado parte de la administración o cualquier función dentro de la empresa, la cual les otorgó medidas de protección penales para que ninguno de los socios y algunos ahora exsocios pudieran acercarse a los hermanos González Uyeda, prohibiéndoles además, en un hecho sin precedentes, su derecho a voto en asambleas, lo que les dio la posibilidad de cambiar los estatutos de la misma y apoderarse de Sello Rojo
Las medidas cautelares civiles y penales otorgadas mediante acciones a todas luces irregulares a los a los hermanos González Uyeda les permitieron crear diferentes clases de socios, dejando sin derechos a sus tíos y buscar “blindarse” ante cualquier acción legal por parte de los socios a quienes no han logrado intimidar.
Expusieron que, en el 2019, sus padres ganaron un amparo, mismo que regresaba a la empresa al estado en el que estaba antes de la toma hostil de la emrpesa, sin embargo, el juez séptimo de lo mercantil nunca lo ha ejecutado, ante lo cual los acusados han cambiado en diversas ocasiones de juzgado para establecer nuevas medidas cautelaras y seguir protegiendo sus irregularidades.
Resulta increíble, añadieron Mayari y Paloma González, que por 36 meses Abraham y Rubén González Uyeda hayan incurrido en un claro desacato federal “sin que ninguna autoridad judicial jalisciense o del resto del país” les haya obligado a cumplir el mandato de la ley.
Asimismo hicieron mención del caso de su hermano Luis Rabinal González, quien fue víctima el viernes pasado del embargo de una propiedad de su hijo, promovido por Abraham González Uyeda, por parte del juzgado primero de lo civil que actuó a petición de la jueza décimo séptima oral mercantil de Guadalajara, sin tomar en cuenta que tiene una suspensión de amparo, lo que refleja la prepotencia de González Uyeda, quien tiene la impunidad de sobornar sin que nadie le haga nada al poder judicial de Jalisco
Recordaron que Abraham González fue subsecretario de Gobierno en Segob durante el gobierno de Felipe Calderón y previamente había sido secretario de Desarrollo Económico en el gobierno jalisciense de Francisco Ramírez Acuña; en tanto su hermano Rubén ha sido presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco y coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, lo que les ha permitido establecer una importante serie de relaciones también en el poder judicial de la entidad.
Asimismo Abraham González, añadieron, se jacta entre sus amigos de tener amistad y cercanía con el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Ante este a todas luces fraude y despojo corporativo y lo que denominaron la “pulverización de los socios de Sello Rojo”, las demandantes solicitan la intervención directa del Poder Judicial local, del Congreso de Jalisco, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Poder Judicial a nivel federal o de la Presidencia de la República, e incluso de instancias legales que protejan al adulto mayor, para que conozcan este caso, la corrupción que prevalece en instancias del sistema judicial de Jalisco, con el fin de que puedan apoyar la justa causa de un grupo de socios de esta empresa mexicana e incluso proteger a los trabajadores que han recibido maltrato laboral y que pueden estar en riesgo.
Lo anterior, concluyeron, debido a que existe la posibilidad de dañar a alrededor de 8,000 personas y sus familias, que viven de su trabajo en Sello Rojo tanto en Jalisco como en diversos estados de la república, ante la posibilidad de un paro de labores pues se tiene conocimiento que la empresa permanece en estado de huelga, con la consecuente pérdida económica para toda la cadena de proveeduría de esta importante empresa mexicana.
