La insuficiencia de presupuesto para las instituciones del sistema de justicia penal, así como las evidenciadas por la distribución y sobrecarga de trabajo de los operadores, propician, en gran medida, que el 91.8% de los delitos investigados queden impunes a nivel nacional revela un estudio anual denominado ‘Hallazgos’ presentado por la organización México Evalúa.
Por: Ernesto Madrid
En el documento destaca que el presupuesto del sistema de justicia penal a nivel estatal aumentó sólo 0.07% con respecto a 2020. De este presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, afirmó Edna Jaime, directora general de México Evalúa, en la presentación del informe.
Aunado a esto señala que las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo, por ejemplo en 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional; cada perito atendió 356 solicitudes; cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
En el ámbito federal el estudio ‘Hallazgos’ encontró deficiencia sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
Destaca que la Guardia Nacional acumula cada vez más quejas por presuntas violaciones a derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
En este contexto resalta que el reporte acumula que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y que sólo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con una certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones policiales.
“El Estado Mexicano no puede postergar más el compromiso con la justicia, ni negar su responsabilidad frente a las demandas de verdad y reparación. Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
La novena edición del reporte Hallazgos realizó un seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal y por primera vez, el reporte incluye un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos. Los delitos de desaparición forzada (98.9%), extorsión (98.2%), violencia familiar (97.1%) y homicidio doloso (96.9%) reportan los mayores porcentajes a nivel nacional.
Ante esto hizo las siguientes recomendaciones:
1. Reducir las asimetrías institucionales que afectan en mayor medida a defensorías públicas, asesorías victímales y unidades de medidas cautelares.
2. Fortalecer a las instancias de coordinación de las instituciones de justicia penal, las cuales deben tener facultades para lograr un funcionamiento sistémico.
3. Orientar los esfuerzos hacia una persecución estratégica que dé respuestas diferenciadas a los casos y eficiente el uso de los recursos.
4. Reducir la impunidad aumentando el uso de la justicia alternativa, revisando la tipología de los casos que van al archivo temporal o en los que se decreta el no ejercicio de la acción penal, para proponer soluciones de mayor calidad.
Ernesto Madrid Facebook
@JErnestoMadrid Twitter
ernestomadrid1 Instagram
