Se aprueba ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal
El vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Salomón Jara celebró la aprobación por unanimidad de la Ley que expide el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.
Destacó que este organismo no será sectorizado, tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
Al presentar el dictamen el legislador de Oaxaca explicó que el objetivo de este instituto será definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de estas comunidades, así como su desarrollo integral, sostenible, fortaleciendo sus culturas e identidades.
Esta ley representa un gran avance para nuestro país porque dará más certidumbre a la atención y la organización, promoción y difusión de todos los programas para los pueblos indígenas,garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género, señaló Jara Cruz.
Además, se crearan Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas en las comunidades, para promover y ejecutar las medidas pertinentes y necesarias para la defensa e implementación de los derechos, así como su desarrollo integral y sostenible.
También se abrogó la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde precisa que el Instituto reconoce a los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas como sujetos de derecho público.
Mencionó que el Instituto participará con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación de proyectos de presupuesto consolidados para los pueblos indígenas; así como gestionar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los recursos presupuestales para garantizar el reconocimiento e implementación de sus derechos y desarrollo integral, intercultural y sostenible.
