... ¡NO JODAN! DICE EL CCE, PERO AMLO LO CONTRADICE
Por: Ernesto Madrid
“Para querer quitar una manzana podrida, lo que está tratando de hacer la autoridad es tumbar los árboles, no jodan, en vez de quitar las manzanas podridas, talan el árbol y nos quedamos sin nada”, expuso ante líderes empresariales Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el tema de la iniciativa para prohibir la subcontratación laboral, conocido como outsourcing.
No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le respondió está mañana al señalar que las platicas van por buen camino, pero le recordó que en la mesa de negociaciones deben de estar los trabajadores porque “no se vale que contraten a las personas y no les den sus beneficios de ley” que es lo que ha sucedido.
En el fondo, subcontratación laboral, conocido como outsourcing, es porque los empresarios no están dispuestos a ceder en largas contrataciones porque para ellos genera altos costos, no están dispuestos tampoco al reparto de utilidades y no están dispuestos a pagar por ellos el ISR y el IMSS a quienes sostienen con su trabajo, a esos empresarios que detrás tienen sólo la ambición propia, “ganar-ganar”.
Por eso para el dirigente del CCE “La política pública no se la podemos dejar solo a los políticos, porque a veces sus intereses son o de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias en las actividades”, es su justificación.
Pero en fondo, como lo dijo este jueves el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda que si bien el outsourcing ilegal se encuentra tipificado en la reforma fiscal-penal, en la iniciativa presidencial que prohíbe la subcontratación se calificó el esquema como delito de defraudación fiscal y prisión preventiva para conseguir un efecto inhibidor de ese esquema de contratación.
Dicho más claro las empresas que han incurrido en estas prácticas tienen la oportunidad de regularizarse, de lo contrario, la autoridad tendrá que aplicar las consecuencias legales sea quien sea, dijo el procurador fiscal, lo cual no le cae muy bien a los empresarios porque en el fondo saben que están incurriendo en prácticas en las que solo se ven beneficiados ellos.
Sin embargo el dirigente de la máxima cúpula empresarial insiste en que el ejemplo del outsourcing y el insourcing, con prácticas de subcontratación laboral y de cómo una orientación que puede ser muy positiva y mal implementada tiene consecuencias puede tener consecuencias ‘desastrosas para la economía’.
“Esto es lo que hemos intentado hacerle ver a la autoridad, a veces sin mucho efecto, sin mucha suerte de poderlos convencer”, apuntó el presidente del CCE.
Pero para el Procurador Fiscal de la Federación al participar en el Parlamento Abierto en materia de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, señaló que la iniciativa busca terminar con los casos de defraudación fiscal, con la subcontratación de personal y la simulación de prestaciones de servicios especializados, lo que trastoca los derechos de los trabajadores y ocasiona perjuicio al fisco.
Lo cierto es que la discusión sobre la iniciativa del outsourcing entre el sector privado y el Ejecutivo se extendió durante esta semana a la espera de ser convocados probablemente este viernes para alcanzar una conclusión, dijo Salazar Lomelín el 30 de noviembre.
Mientras que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, calificó como productivo el diálogo con el sector privado por lo que hay margen para realizar algunas adecuaciones a la propuesta presidencial en materia de subcontratación.
El martes, líderes parlamentarios de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados accedieron a los acuerdos en Palacio Nacional, y acordaron posponer hasta la semana próxima el dictamen, discusión y votación de la propuesta.
