Ernesto Madrid
En política, los relatos suelen resistir más que los hechos. Pero hay momentos en los que la realidad comienza a filtrarse por todas las grietas del discurso. Eso parece estar ocurriendo hoy con Morena tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante años, el movimiento de la llamada Cuarta Transformación construyó una narrativa moral de superioridad política: la promesa de que el nuevo régimen representaba una ruptura definitiva con la corrupción del pasado. Sin embargo, las investigaciones judiciales que avanzan en Estados Unidos han empezado a cuestionar algo más profundo que un caso aislado.
Lo que está en juego no es únicamente la carrera política de Rocha Moya. Lo que se encuentra bajo escrutinio es la posibilidad de que el crimen organizado haya tenido una relación funcional con estructuras políticas que acompañaron el ascenso territorial de Morena desde 2018. Y frente a ese escenario, el partido gobernante parece optar por una estrategia conocida: administrar la verdad mientras se intenta contener el daño político.
El caso de Sinaloa se ha convertido en la primera pieza visible de una investigación que, según fuentes del United States Department of Justice, podría extenderse a otras entidades gobernadas por Morena. La hipótesis que investigan las autoridades estadounidenses es inquietante: que organizaciones del narcotráfico habrían intervenido indirectamente en procesos electorales para favorecer determinadas candidaturas, generando redes de protección política a cambio de tolerancia operativa.
Si ese patrón se confirma, el caso Rocha Moya no sería una anomalía.
Sería simplemente la primera ficha de un dominó político más amplio. Por eso la preocupación dentro del círculo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum no radica solo en el gobernador sinaloense, hoy convertido en una figura políticamente expendable. El verdadero temor es que algunos de los implicados busquen refugio en el sistema judicial estadounidense mediante acuerdos de cooperación. En otras palabras: que el silencio político se rompa en una corte federal.
La reacción del partido gobernante frente al escándalo ha sido reveladora. En el Congreso Nacional de Morena celebrado en el World Trade Center Ciudad de México, el nombre de Rocha Moya prácticamente desapareció del discurso oficial. Ni defensa entusiasta ni condena directa. Simplemente silencio.
En su lugar, se ofrecieron declaraciones abstractas contra la corrupción. Entre ellas destacó la de la nueva dirigente nacional, Ariadna Montiel, quien prometió que Morena no permitirá candidatos con “trayectoria cuestionable” en el futuro. La afirmación habría pasado desapercibida si no fuera porque la propia Montiel fue señalada públicamente por Marcelo Ebrard —el eterno aspirante presidencial— por presuntas irregularidades millonarias en la operación de programas del bienestar durante la disputa interna por la candidatura presidencial. La escena tiene algo de ironía política: un partido prometiendo depuración ética mientras algunos de sus árbitros morales han sido acusados de lo mismo que dicen combatir.
A pesar del intento de Morena por aislar el caso Sinaloa, la crisis inevitablemente alcanza al liderazgo histórico del movimiento. El respaldo explícito durante el congreso partidista se dirigió hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo legado político se presentó como el eje moral que aún guía al partido.
Sin embargo, ese legado enfrenta hoy un problema estructural: las investigaciones judiciales estadounidenses parecen dirigirse hacia el periodo en que ese proyecto político consolidó su expansión territorial. Durante años, López Obrador defendió una estrategia de seguridad basada en la premisa de “abrazos, no balazos”, bajo el argumento de atacar las causas sociales de la violencia.
Sus críticos, en cambio, sostienen que esa política generó espacios de tolerancia que permitieron a los cárteles fortalecer su control territorial. Si los expedientes judiciales en Estados Unidos logran establecer conexiones entre estructuras criminales y procesos electorales, la discusión sobre esa estrategia cambiaría radicalmente. El problema para Morena es que la defensa del legado obradorista se vuelve cada vez más difícil cuando las investigaciones comienzan a mirar hacia arriba en la cadena política.
El caso del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ilustra otra dimensión del problema. Durazo, una de las figuras históricas del obradorismo, ha sido uno de los principales defensores del cierre de filas dentro del partido. Sin embargo, su entorno familiar aparece vinculado a investigaciones sobre presuntos esquemas de corrupción relacionados con el llamado “huachicol fiscal”.
Una investigación documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha señalado transferencias financieras que conectan a familiares cercanos del mandatario con empresarios investigados por operaciones irregulares en el mercado de combustibles. El caso añade un elemento incómodo al discurso anticorrupción: la posible utilización del sistema financiero —incluidas instituciones bancarias— como bóvedas para la circulación de recursos vinculados a redes ilícitas.
Si estas investigaciones avanzan, la narrativa de Morena como movimiento regenerador podría enfrentar un problema mayor: la evidencia de que las mismas prácticas que prometió erradicar podrían haberse reciclado dentro del nuevo régimen.
Fuentes en Washington han señalado que los expedientes del United States Department of Justice no se limitan a Sinaloa. Entre los nombres que aparecen en distintas líneas de investigación figuran gobernadores en funciones y exdirigentes del partido, como Mario Delgado mencionado en investigaciónes y Adán Augusto actual senador de Morena.
El elemento más delicado es el uso potencial del mecanismo de testigos protegidos, una herramienta central del sistema judicial estadounidense. Si alguno de los implicados decide colaborar con la fiscalía, el proceso podría escalar rápidamente hacia niveles políticos más altos. En ese escenario, la crisis dejaría de ser un problema de reputación política para convertirse en una investigación judicial transnacional sobre la posible infiltración del crimen organizado en el poder político mexicano.
Durante los últoimos ochos años, Morena logró dominar el debate público mediante un relato poderoso: el de un movimiento moralmente superior que llegó al poder para limpiar la corrupción del viejo sistema. Hoy ese relato enfrenta su prueba más difícil. El intento de administrar la verdad mediante silencios, discursos abstractos y apelaciones a la soberanía puede funcionar en el terreno político durante algún tiempo.
Pero cuando las investigaciones cruzan fronteras y entran en tribunales federales, el control narrativo pierde eficacia. La pregunta que comienza a surgir no es si el caso Sinaloa es un episodio aislado. La pregunta es otra, mucho más incómoda: si el proyecto político que prometió acabar con la corrupción terminó reproduciendo —o incluso profundizando— las mismas redes de poder que decía combatir.
Y si esa hipótesis llega a probarse judicialmente, el problema para Morena no será únicamente político. Será histórico.
@JErnestoMadrid
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