La inversión privada necesita certidumbre, no discursos. Y hoy en México, esa certidumbre no existe. El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sacudió a la opinión pública y dejó en el aire una pregunta clave: ¿estamos atendiendo la inseguridad o solo administrando la narrativa?
Ernesto Madrid
La presidenta Claudia Sheinbaum, sorprendida por el crimen en plena conferencia del Pueblo, pidió no especular: “No tenemos conocimiento de amenazas… son compañeros que no usan vigilancia”. Pero en un país donde las autoridades no anticipan ni protegen a sus propios colaboradores, porque son del pueblo, la incertidumbre es inevitable.
El problema es estructural. La violencia no es una excepción, es la norma. De acuerdo con México Evalúa, grupos criminales están disputando el control de municipios en entidades como Veracruz, donde el riesgo electoral ya no viene de la polarización política, sino del narcotráfico. “La inversión no prospera donde rige la ley del más fuerte”, advierte el think tank en su análisis más reciente. Y ese principio se extiende ya por buena parte del territorio nacional.
En paralelo, la confianza en las instituciones de justicia es prácticamente inexistente. En la CDMX, más del 80% de los ciudadanos percibe corrupción en el Ministerio Público. La idea de elegir jueces por voto popular —como plantea el gobierno— no resolverá el verdadero problema: fiscalías débiles, sin autonomía ni eficacia. Y sin justicia, no hay inversión posible destaca el análisis del organismo.
A la inseguridad se suma otro fenómeno igual de preocupante: la censura. El intento del Tribunal Electoral de Tamaulipas por silenciar al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal, tras la publicación de una columna que liga al poder judicial local con el crimen organizado, encendió las alarmas. El uso de datos personales del padrón electoral para perseguirlo —con la colaboración del INE— podría configurar una violación constitucional.
Más allá del caso, el mensaje es claro: quien se atreva a denunciar los vínculos entre política y crimen será castigado. Así no se construye un Estado de derecho. Se construye miedo. Y el miedo es el enemigo número uno de la inversión.
El llamado Plan México, con el que el gobierno busca proyectar estabilidad ante los mercados internacionales, luce cada vez más frágil. A las amenazas externas —como las presiones de Donald Trump o los vaivenes del T-MEC— se suma una crisis interna más profunda: la descomposición institucional que arrastramos desde sexenios anteriores, hoy agravada por la concentración del poder y la falta de contrapesos con el proyecto de la transformación.
La visita de Sheinbaum a Sinaloa el próximo fin de semana, una de las regiones más golpeadas por la violencia desde 2023, será breve y simbólica. Se anunciarán programas sociales, se repetirá el mensaje de que "la seguridad se está atendiendo". Pero la realidad no se resuelve con actos protocolarios ni frases de ocasión.
México necesita instituciones fuertes, justicia imparcial y una prensa libre. Solo así podrá ofrecer la certidumbre que exige el capital productivo. Lo demás —programas, planes, giras y discursos— son castillos en el aire.
Y todo, en el preámbulo de la llegada del embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson, que le presentó sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum.
@JErnestoMadrid
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