Avances en la Regulación de la Reproducción Asistida en México: Propuestas para un Futuro Inclusivo
Ciudad de México.- En un esfuerzo por actualizar el marco normativo y garantizar la seguridad en los tratamientos de fertilidad, la diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) ha señalado la necesidad de regular la reproducción asistida en México con estándares internacionales y criterios bioéticos. Su objetivo es evitar conductas antisociales, delitos o riesgos para la salud de los pacientes que recurren a estos procedimientos.
La urgencia de una regulación efectiva
Durante la presentación del libro Diálogos parlamentarios: ¿Cómo mejorar el modelo de la Reproducción Asistida en México?, en la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero enfatizó que la falta de regulación puede derivar en prácticas ilícitas y consecuencias adversas. “Si no se regulan algunas conductas dentro de esta realidad social, si no se reglamentan, podemos caer en ilícitos, en conductas antisociales y hasta en delitos. Entonces, hay que regularlo y esta es una gran oportunidad”, expresó.
La diputada recordó que ha habido intentos previos de legislar en esta materia, pero todos han fracasado. Aclaró que este tema no debe ser visto como una cuestión política, sino como un asunto científico y social que afecta a miles de familias. También señaló que una de las razones por las que la iniciativa trabajada en el Senado no prosperó fue la inclusión del tema de la subrogación del vientre, el cual considera un debate separado y más complejo. “Aquí no estamos tratando de ninguna manera la subrogación del vientre; esta es simple y exclusivamente reproducción asistida”, puntualizó.
Los desafíos de la infertilidad en México
En México, una de cada seis parejas en edad reproductiva enfrenta problemas de fertilidad, situación que se agrava debido a la falta de regulación y al acceso limitado a tratamientos de reproducción asistida. En este contexto, la jornada de Diálogos Parlamentarios ha permitido la discusión de propuestas clave para mejorar el panorama de la reproducción asistida en el país. Estas se centran en seis áreas fundamentales:
- Legislación y regulación efectiva: Se propone la creación de un marco legal específico para las clínicas de reproducción asistida. Actualmente, más de 100 centros operan sin supervisión adecuada, lo que pone en riesgo la seguridad de los pacientes.
- Acceso universal a tratamientos: Es fundamental que los tratamientos de infertilidad estén al alcance de todos, independientemente de su situación económica. Se busca impulsar políticas públicas que garanticen equidad en el acceso a estos procedimientos.
- Capacitación para profesionales de la salud: La detección temprana de problemas de fertilidad es clave. Se propone mejorar la formación de médicos generales y especialistas en ginecología para que puedan identificar y manejar estos casos de manera eficaz.
- Prevención y diagnóstico en salud reproductiva: Se plantea la implementación de programas de detección de infecciones de transmisión sexual y la mejora en los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.
- Mejora en la infraestructura de atención: La ampliación de clínicas especializadas y la implementación de modelos mixtos de atención permitirán reducir costos y aumentar la disponibilidad de estos servicios.
Conciencia pública y educación en salud reproductiva: La educación es fundamental para que las parejas conozcan sus opciones y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.
Las propuestas discutidas en Diálogos Parlamentarios representan un paso importante hacia la mejora del acceso y la regulación de la reproducción asistida en México. La colaboración entre legisladores, profesionales de la salud y la sociedad civil será clave para implementar estos cambios y garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de formar una familia sin enfrentar barreras económicas o legales. En un país donde la infertilidad afecta a una parte significativa de la población, la regulación y el acceso equitativo a los tratamientos de reproducción asistida son una necesidad urgente en materia de salud pública.
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